El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra. De buena gana lo hizo, no solo gestionando empresas, sino participando de manera activa en la suscripción de contratos por servicios ficticios; luego, cuando el escándalo estalló, de mala gana se desligó de los negocios con clientes riesgosos como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar o Nervis Villalobos.
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Si no fuera tan antigua, podría decirse que la expresión “hacer su agosto” nació en 2012 a partir de la buena fortuna de una empresa panameña sin sede, teléfono o producto conocido, perteneciente a un venezolano también carente de trayectoria o currículum sugerente, con la excepción de ser primo de Diego Salazar, este a su vez primo de Rafael Ramírez, el antiguo zar del petróleo venezolano.
Fue el 14 de agosto de ese año cuando la compañía en cuestión recibió 55 millones de dólares girados a su cuenta bancaria corporativa en la Banca Privada de Andorra (BPA). Un gran mes, sin duda, pues diez días después recibió otros 880.000 dólares de parte del mismo cliente, la China Machinery Engineering Corporation (CAMC).
La empresa se llama Highland Assets Corp, y su beneficial owner, Luis Mariano Rodríguez Cabello.
Al cabo de ese año, Rodríguez Cabello -identificado esta semana en un reportaje como el sujeto de uno de los mayores casos de lavado de dinero en Wall Street- recibiría solo de ese cliente hasta 106 millones de dólares, según las pesquisas consignadas en la investigación del Tribunal Superior de Andorra sobre el capítulo venezolano del caso BPA. Las de agosto de 2012, aunque jugosas, son apenas un par de las decenas de transacciones identificadas de una tupida red de empresas de maletín a través de la cual Rodríguez Cabello y otros 27 venezolanos desviaron hasta 2.000 millones de dólares entre cobros de comisiones, sobornos y supuestas asesorías a empresas que buscaban -y a través de ellos, lograban, como la CAMC- ser contratistas de la otrora poderosa estatal petrolera Pdvsa.
A esas indagaciones en Andorra ahora se suman los hallazgos de los Pandora Papers, una masiva filtración de 11,9 millones de documentos financieros, recibida y procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés, con sede en Washington DC) y compartida con otros 150 medios de comunicación de 117 países --incluido Armando.info por Venezuela-, en la que participaron más de 600 periodistas.
Cientos de documentos contenidos en la filtración revelan que el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), uno de los más importante del país istmeño, fue en realidad, más que un mero prestador de servicios, un partícipe activo en la trama, principalmente para la creación de las empresas que una sucursal en Panamá de BPA, BPA Serveis, solicitaba abrir para asignarlas a los receptores de pagos irregulares. BPA Serveis, que hacía las veces de brazo captador de clientes en el continente americano, llegó a abrir en 2006 una oficina en Caracas, en una de las torres de oficinas del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) en Chuao, en el sureste de la capital venezolana.
Alcogal incorporó 29 de las 56 “sociedades instrumentales” que el Tribunal Superior de Andorra había logrado identificar, en el curso de sus diligencias, como integrantes de la red corrupta.
Pero los archivos de Pandora Papers arrojan luz sobre otras 22 sociedades de los funcionarios venezolanos envueltos en la trama y que, sin embargo, no se encuentran mencionadas en la investigación del tribunal andorrano. En suma: de las al menos 78 empresas conectadas a la red -entre las identificadas por el expediente en Andorra, y las que no estaban allí pero aparecen en los legajos filtrados del bufete panameño-, 51 fueron manejadas por Alcogal. Entre estas también se cuentan “fundaciones de carácter privado” que, a la postre, tuvieron cuentas bancarias que también formaron parte de la red.
El expediente de la justicia andorrana destaca que “el entramado societario offshore creado por BPA Serveis no tiene otra finalidad que la ocultación, pues las diversas sociedades controladas (...) operan como un centro único de negocio, dedicado a la corrupción, efectuando los pagos desde una u otra [sic] sociedad, indistintamente, sin tener en cuenta la actividad a la que supuestamente se dedica cada una, o las obligaciones contractuales que hayan contraído, pues son meros contratos simulados, sin prestación real”.
Los documentos permiten comprobar que, apenas publicado en 2015 el informe de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, equivalente a la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) que dio lugar a la intervención y posterior colapso de BPA y sus filiales, Alcogal renunció a ser agente residente y representante de 25 de estas estas sociedades. Pero, del mismo modo, mantuvo relaciones laxas y selectivas con otras, al menos por unos años más, lo que demoró su deslinde con clientes cuestionados como el exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Nervis Villalobos; Javier Alvarado Ochoa, también exviceministro de ese despacho y expresidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y Rodríguez Cabello, normalmente tenido como operador financiero de Diego Salazar, El señor de los relojes, principal intermediario de seguros de la petrolera Pdvsa durante la presidencia de su primo, Rafael Ramírez.
Alcogal precisa que su relación comercial con BPA empezó en 2007, “a raíz de una presentación realizada por el presidente de un reputado banco, que era cliente de Alcogal”. También detalla el bufete panameño, en una carta de respuesta a la solicitud de comentarios efectuada por el ICIJ para esta serie, que entonces “BPA gozaba de buena reputación. No teníamos ninguna razón para sospechar que BPA Andorra estuviera prestando servicios bancarios a algunos clientes dudosos”.
Las gestiones de bufetes como Alcogal incluyen servicios como el registro de la empresa, el cambio de miembros en las juntas directivas, elaboración de poderes, apertura de cuentas bancarias, emisión de acciones, entre otros, por cuotas no muy caras que se renuevan cada año según la duración de la vigencia de la compañía y los servicios requeridos.
Aunque el registro y el propio funcionamiento de empresas en paraísos fiscales no son ilegales, facilitan la evasión de impuestos y permiten el ocultamiento de la identidad de los dueños a través de “capas”, pues es frecuente que los agentes registradores sirvan como prestanombres de los verdaderos dueños de las empresas o beneficial owners (B.O.), como se les denomina en el inglés de la jerga del negocio bancario. El uso de estas sociedades es cada vez más frecuente entre venezolanos, según las revelaciones de Pandora Papers, pues Venezuela se encuentra en el séptimo lugar de los países con más nacionales que han registrado empresas en paraísos fiscales entre los agentes de servicios offshore comprendidos en la filtración. El listado lo encabeza Rusia.
Alcogal, en su respuesta al ICIJ, asegura que “solo prestábamos servicios corporativos (constitución y mantenimiento anual de empresas) a BPA para sus clientes. No prestamos ningún tipo de asesoramiento fiscal o transaccional a BPA ni a ninguno de sus clientes”. Sin embargo, se pudo detectar que sus servicios fueron mucho más allá de la creación de sociedades sin ninguna actividad real, y que algunos de sus agentes, como parte de juntas directivas de estas shell companies -compañías de cascarón- y en nombre de ellas, llegaron a participar activamente en contrataciones y compromisos de pagos de dudosa procedencia.
Un ejemplo contenido en la filtración: en 2014, entró en vigencia un acuerdo de negocios donde una empresa de nombre Brown Investments Ltd S.A, “representada legalmente por su Presidente”, Edgardo Eloy Díaz, se comprometió a ofrecer servicios de “asesoría técnica y financiera” en materia agrícola -específicamente para la producción de arroz- por un pago de 1,26 millones de dólares que haría la empresa Highland Assets Corp, propiedad de Luis Mariano Rodríguez Cabello.
Cada nombre de este acuerdo tiene relevancia: Edgardo Eloy Díaz es abogado de Alcogal y figura en cientos de directorios de empresas constituidas por el bufete a petición de sus clientes. Highland Assets Corp, por su parte, es uno de los nombres más importantes en el ramillete de empresas bajo control de Rodríguez Cabello, a quien la justicia andorrana identifica como el “operador del holding financiero” de Diego Salazar. Brown Investments Ltd fue creada en las islas Seychelles y pasó a jurisdicción panameña en 2013 sin que se le conociera alguna experticia en materia agrícola. En la trama andorrana, el pago de “asesorías” era el pudoroso concepto que con frecuencia amparaba las transferencias por pagos de comisiones o sobornos.
Según comunicaciones emanadas de la filtración, dos copias de ese acuerdo de negocios fueron enviadas a Aimara Guilarte, representante en Venezuela de Inversiones DM 2007 e Ismaval Supplies, empresas que, a su vez, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), son parte de un grupo de compañías que respaldan a otra de nombre Agropecuaria Tierra de Agua C.A. Esta última recibió en 2011 un “préstamo” de seis millones de dólares prometido por la misma Brown Investments Ltd.
Si se sigue tirando del hilo de Brown Investments Ltd, este arrastra consigo toda una maraña de conexiones que exponen la magnitud y complejidad de la red.
En enero de 2015, la sociedad firmó un contrato de servicios por 195.000 euros con Mariela Matheus Baptista para que esta le hiciera un “estudio actuarial”. Matheus Baptista, antigua supervisora de pagos de Pdvsa y de su filial aseguradora, Pdvic, fue identificada por la justicia de Andorra como parte del grupo para el cobro de coimas que lideraban Rodríguez Cabello y Salazar.
Otro hilo de esa misma red “agrícola” apunta directamente a Diego Salazar -arrestado en 2017 tras la caída en desgracia de Rafael Ramírez ante el régimen de Nicolás Maduro, y todavía hoy detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)- quien, a través de otra empresa manejada por Alcogal, Apolonia Services Inc., fue contratado para una “gestión y procura de equipos y/o maquinarias agroindustriales” por CIC Consulting Insurance Company. Esta otra empresa, también registrada por Alcogal, en el contrato aseguraba estar dando un servicio de “asesoría técnica” a Agropecuaria Tierra de Agua C.A.
Por Apolonia Services Inc. firmó el acuerdo su representante, Edgardo Eloy Díaz -el mismo de Alcogal y Brown Investments-, quien en junio de 2013 suscribió un acuerdo de “asesoría y servicios” directamente con Diego Salazar Carreño para ayudarle a “asistir al cliente en todos los aspectos legales y regulatorios respecto a sus iniciativas” y “crear todas las posibles sinergias entre las iniciativas del cliente y cualquier sujeto de interés”.
La agropecuaria en el centro de todas estas transacciones, Tierra de Agua C.A., registró una sede en Caracas, pero el local se encuentra vacío y no se recibió respuesta a un correo electrónico enviado por Armando.info con la solicitud de una entrevista.
Ni Apolonia Services Inc., Brown Investments Ltd. o CIC Consulting Insurance Company han sido mencionadas hasta ahora por el Tribunal de Andorra como parte de la trama de los venezolanos, lo que demuestra que las entidades involucradas en la misma eran muchas más que las 56 empresas identificadas a lo largo de la investigación judicial en el Principado, e introduce la posibilidad de que sean incluso más que las 78 que las nuevas revelaciones totalizan.
Aunque los primeros nombres que identificó la justicia andorrana como de creadores de la trama que canalizó el dinero de sobornos y pagos opacos a través de cuentas en la BPA fueron los de Diego Salazar y Luis Mariano Rodríguez Cabello, otro que se haría familiar para los investigadores fue el de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, viceministro de Energía de Venezuela entre 2004 y 2006, tenido entonces como mano derecha de Rafael Ramírez y sobre quien pesan tres procesos judiciales, en Estados Unidos y en España, además del de Andorra.
Dos empresas creadas por BPA Serveis con la ayuda de Alcogal, Josland Investments S.A. y Oswald International Limited S.A -cuyos propietarios finales son Villalobos y su esposa, Milagros Torres Durán-, también utilizaron los servicios de agentes del bufete panameño para hacer acuerdos de negocios con los que canalizaron millones hacia otra empresa de nombre Somerset Holdings Limited.
En algunos documentos de la filtración queda en evidencia que Josland, representada por Edgardo Eloy Díaz, de Alcogal, firmó un acuerdo de servicios de “asesoría y asistencia” por cinco millones de dólares en 2009, al mismo tiempo que Oswald International Limited hacía algo similar con otro contrato de asesoría por 3,96 millones de dólares. El representante y signatario por parte de Oswald para este último acuerdo fue José Cornelio Berdiales, de nacionalidad panameña y reconocido como testaferro en otras tramas de ocultamiento de dinero.
Por la beneficiaria de los pagos, Somerset Holdings Limited, firmó los acuerdos la ejecutiva panameña Thays Herrera de Salas -entonces miembro de otro bufete panameño, Anzola, Robles & Asociados-, un nombre que se repite sin descanso en cargos directivos de todo tipo en empresas creadas en paraísos fiscales y por lo tanto vinculada a algunos escándalos de desvío de fondos.
A pesar de su deliberada complejidad, el entramado no pudo evitar la repetición de nombres y personajes. Por ejemplo, otra empresa de Nervis Villalobos, Tristaina Trading Corp., registrada y manejada por Alcogal, firmó a través de su representante, el ubicuo agente Edgardo Eloy Díaz, otro contrato “por servicios profesionales y asistencia técnica” por un monto de 5,1 millones de dólares con la empresa Nizar Industries Corp., representada por Thays Herrera de Salas.
Aunque estos acuerdos comprometían abultados montos en dólares e intentaban dar base a una sofisticada maniobra de ocultamiento, resalta la informalidad en su redacción y presentación. Con la excepción de, quizás, un par de ellos, la mayoría no exceden las cuatro páginas, no cuentan con algún sello o logo de las empresas relacionadas, anexos o cronogramas que indiquen cómo se pensaba cumplir con las tareas y objetivos supuestamente acordados. Prácticamente ninguno tiene cláusulas penales o advertencias en caso de incumplimiento del contrato.
Todos los acuerdos protagonizados por empresas relacionadas con Villalobos, por ejemplo, ocurrieron justo después de que este dejara de ser viceministro, lo cual debió haber levantado algún seguimiento o alerta entre los agentes registradores, como Alcogal, y entidades bancarias, como la BPA y sus respectivas oficinas de comprobación de antecedentes o KYC (know your client o “conoce a tu cliente”), creadas precisamente para evitar operaciones de blanqueo o lavado de dinero.
Alcogal aseguró, sin precisar nombres, que “como hacemos con todos los clientes e intermediarios, realizamos la diligencia debida de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento”.
También señaló que BPA Serveis, la filial panameña de la BPA, “era una entidad jurídica independiente del banco andorrano (...) operaba con una licencia bancaria internacional emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá desde 2011 y también gozaba de una muy buena reputación en el sector”.
Para esa fecha y desde 2010, ya estaba en curso por parte de la fiscalía venezolana la investigación relacionada con la trama inicial de blanqueo de dinero, a raíz del descubrimiento de cuentas de ocho funcionarios en BPA. Esa primera pesquisa desembocó en algunas detenciones, confiscación de pasaportes, y una rogatoria de información para las autoridades del Principado.
Dos años más tarde, desde Andorra llegaría una petición equivalente para que el Ministerio Público venezolano, para entonces dirigido por Luisa Ortega Díaz -hoy disidente del chavismo y exiliada en Colombia-, requiriendo información adicional sobre otro grupo de venezolanos -de los que más de mitad eran funcionarios públicos- con cuentas en la misma entidad y cuyos movimientos bancarios expedían un tufo a blanqueo.
Este ping-pong de diligencias indagatorias de un lado al otro del Atlántico quizás se habría prolongado por un tiempo indefinido y oculto en las sombras de no haber mediado en 2015 el reporte de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el que revelaba que BPA -uno de los dos bancos principales de Andorra, un virtual paraíso fiscal- había alojado por años las transacciones de lavado de dinero de corruptos venezolanos, rusos y chinos. Con respecto a Venezuela, el informe destacaba que BPA se había convertido en “una institución financiera de interés primordial para el blanqueo de capitales” de una red de fondos de procedencia ilícita que se había construido “a través del desarrollo de empresas ficticias y complejos productos financieros para desviar fondos de la empresa pública venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa)- BPA procesó aproximadamente 2.000 millones de dólares en transacciones relacionadas con esta trama de blanqueo de capitales”. La subsiguiente sanción de Washington impedía a BPA seguir trabajando con el dólar estadounidense y el sistema financiero norteamericano, lo que en la práctica equivalía a una sentencia de muerte para su negocio.
Al reventar el escándalo de BPA en marzo de 2015 tras la publicación del informe de FinCEN, Alcogal pareció tomar cartas en el asunto. Sus ejecutivos requirieron informes internos sobre cuántas y cuáles empresas gestionaban por órdenes de BPA Serveis, y de inmediato el bufete renunció a 11 de las 50 empresas que manejaba entonces con beneficial owners que formaban parte del grupo de venezolanos mencionados como parte de la trama de blanqueo andorrana. En ese momento, detectó otras 14 compañías también relacionadas pero que habían quedado disueltas en años anteriores. El bufete reconoce que renunció a las empresas “envueltas en actividades ilegales”, pero no detalla qué pasó con las otras 25 sociedades de los clientes señalados, con las que se llegaría a las 50.
Entre estas se cuentan algunas de muchísima actividad en la trama de blanqueo según las justicia andorrana, como High Advisory and Consulting, High Rise Projects o Highland Assets Corp (de la dupla Salazar-Rodríguez Cabello), Lomond Overseas o Tristaina Trading (de Nervis Villalobos), sobre las que no adoptó medida alguna de suspensión o renuncia sino hasta dos o tres tres años después.
En algunos casos la reacción de Alcogal llegó a ser muy cautelosa. Especial atención merece el trato que recibió Luis Mariano Rodríguez Cabello, uno de los cabecillas de la trama, y su empresa High Advisory and Consulting, cliente de BPA Serveis y de Alcogal, quien levantó sospechas incluso entre personeros del alto gobierno panameño. Este, desde la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (UAF), solicitó información al bufete sobre esa empresa y quién era su beneficiario final.
En una carta enviada en noviembre de 2015, Alcogal ratificó que el último beneficiario de High Advisory and Consulting era Rodríguez Cabello, pero sin informar sobre el estatus o actividad de la empresa para la fecha. Solo sería en otra carta, dirigida al mismo despacho pero en 2017, cuando Alcogal destaca que había renunciado como agente residente de la empresa el 1 de febrero de ese año, casi dos años después de la intervención y cierre de BPA en Andorra.
Alcogal tardó lo mismo en deslindarse de Landstreet International, una de las sociedades que según investigaciones de la policía de Andorra funcionó como el epicentro de los pagos que hicieron las “sociedades instrumentales” de los venezolanos a los agentes de la BPA Serveis que facilitaron la canalización de dinero a través de cuentas en la BPA.
Uno de los más activos reclutadores para BPA Serveis, que recibió hasta 3,9 millones de dólares por parte de Landstreet International, fue Luis Alejandro Rivero García, identificado como tal por el Tribunal Superior de Andorra y, al mismo tiempo, testaferro de Nervis Villalobos a través de la empresa Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre). Tras ser requerido por la Fiscalía Nacional Anticorrupción de Panamá, Alcogal respondió que renunció a ser agente residente de la mencionada sociedad en 2017 “debido a noticias adversas publicadas (...) que involucraban a la sociedad en supuestas actividades ilícitas”.
Aunque la investigación sobre esta red en Andorra fue concluida en 2018, ninguno de los venezolanos señalados como participantes está bajo arresto. El juicio continúa paralizado. Con la declaración, esta semana, del directivo de la BPA y único detenido tras la intervención del banco en 2015, Joan Pau Miquel, la justicia andorrana parece dar un agónico paso para retomar el caso, cuyo segmento venezolano no menciona ni las gestiones ni el involucramiento de Alcogal, que salió ileso del embrollo. Hasta ahora.
(*) Brenda Medina, Joaquín Gil y Aníbal Pedrique colaboraron con esta historia.
Los negocios y propiedades offshore de políticos, millonarios, celebridades, fugitivos y hasta mafiosos quedan al descubierto en esta masiva filtración de documentos, que revela el funcionamiento interno de una economía en las sombras que beneficia a los ricos y bien conectados a expensas de todos los demás. Los casos del presidente de Ecuador; el Ministro de Economía de Brasil; el Rey de Jordania o magnates cercanos a Putin y Erdogan, permiten dar un vistazo a cómo las finanzas secretas han infiltrado la política internacional.
La mayor investigación sobre el mundo offshore realizada hasta ahora devela los secretos financieros de políticos, multimillonarios, celebridades y varios venezolanos vinculados a la élite del chavismo. El proyecto, liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y trabajado durante casi dos años, contó con la participación de más de 600 periodistas y 150 medios de comunicación de 117 países. Esta es su historia tras bastidores.
Según los documentos filtrados, Alcogal creó empresas offshore o extraterritoriales para 160 políticos y funcionarios públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países.
Hace seis años se revelaron los nombres de 28 venezolanos que, a través de empresas de maletín, manipularon contrataciones en el sector petrolero y eléctrico del país para adjudicarlas a proveedores que les pagaban comisiones disfrazadas como "asesorías". El colapso y posterior intervención de la Banca Privada de Andorra en 2015 revelaron los mecanismos que utilizaban estos para blanquear hasta 2.000 millones de dólares, pero hasta hoy nadie ha sido ni enjuiciado ni condenado, el proceso judicial está paralizado desde hace más de un año y, lo peor, hasta podría quedar anulado.
Una empresa en Barbados generó alertas bancarias por posible participación en el denso esquema de lavado de dinero a través de la Banca Privada de Andorra, por el que señalan al primo de Rafael Ramírez, Diego Salazar, y a su operador, Luis Mariano Rodríguez Cabello. La firma, que no fue incluida en ningún registro judicial del caso, tuvo en su directiva durante más de dos años a quien ha sido señalado en al menos tres países por blanqueo de capitales. La reaseguradora Energy Risk ahora se ha reinventado y ha obtenido calificaciones financieras para hacerse más internacional. La nueva vida también vino para Rodríguez Cabello, que evadió la extradición desde España y ahora, según su abogado, es un hombre libre en Madrid.
Dominique de Villepin ayudó, junto al ex juez español Baltasar Garzón, a que en 2014 el Principado de Andorra desbloqueara los fondos multimillonarios de Diego Salazar, congelados poco antes bajo sospechas de lavado de dinero. Un año más tarde, el ex jefe de gabinete de Jacques Chirac (2005-2007) intermedió para que Salazar, también conocido como el ‘Zar de los Seguros de Pdvsa’, además de primo del ex ministro venezolano y entonces embajador en la ONU, Rafael Ramírez, comprara un banco y dos compañías de seguro en Luxemburgo.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Ex presidente de Pdvsa, ex ministro de Energía y Petróleo durante el gobierno de Hugo Chávez. Actualmente en el exilio.
Ex presidente de Corpoelec, ex viceministro de Energía y ex presidente de Bariven, filial encargada de las compras de Pdvsa. Imputado por blanqueo en España, Estados Unidos y Andorra.
Exviceministro de Energía en Venezuela, imputado por blanqueo de dinero en España, Estados Unidos y Andorra. Fiscales españoles afirman que Villalobos actuó como testaferro de Rafael Ramírez Carreño, expresidente de Pdvsa de 2004 a 2013, exministro de Energía (2002-2013) y aliado principal del difunto líder venezolano Hugo Chávez.
Socio de Rodríguez Cabello y primo de Rafael Ramírez, parte de la trama de blanqueo investigada por Andorra.
Operador del “holding” financiero que blanqueó hasta 2000 millones de dólares de negocios con Pdvsa a través de la BPA.
Alemán, Cordero, Galindo & Lee. Bufete panameño fundado por el exembajador de ese país en Estados Unidos, Jaime Alemán, en 1985. Sus servicios llegan hasta Bahamas, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Chipre, Dubái, Ginebra, Hong Kong, Nueva Zelanda, Panamá, Seychelles, Singapur, Suiza, y Uruguay.
Sucursal en Panamá de la BPA. Cliente de Alcogal.
Banca Privada de Andorra, uno de los cinco bancos privados más grandes del Principado de Andorra, intervenido en 2015 por las autoridades.