Haciendo gala de una habilidad para combinar las facetas de empresario, abogado y cabildero, este socio principal del bufete Venezuelan Attorneys sortea señalamientos públicos y controversias judiciales mientras amplía una robusta red de negocios y relaciones con el poder. Parte de esas destrezas quedan demostradas en el expediente del caso Pdvsa-Cripto y en documentos a los que tuvo acceso Armando.info.
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Las cuatro facturas suman casi 1,05 millones de euros. En todas se registra el mismo concepto: “Asesoría financiera y servicios profesionales”. Todas son emitidas por Chokmah LLC, una empresa registrada en Florida, Estados Unidos, para Venatt International Advisors KFT, un bufete de abogados registrado en Delaware, una especie de paraíso fiscal también en Estados Unidos.
Las facturas, a las que, entre otros documentos, Armando.info tuvo acceso, describen pagos del año 2019: 280.000 euros el 5 de agosto; 398.350 euros el 11 de septiembre; 233.040 euros el 23 de septiembre; y 135.000 euros el 5 de diciembre. El millón y pico citado de entrada.
Los papeles, que podrían pasar por evidencias de unos pagos rutinarios, en realidad muestran un rizo en el que el dueño registrado de Chokmah LLC, Julio Ernesto Mendoza, propietario en Venezuela de la empresa de producción de oro Corporación Berakah, C.A., sirve de fachada para algunos de los negocios del dueño de Venatt International Advisors KFT. Su nombre es Roberto Antonio Tadeo Leyba Morales.
Venatt tiene su origen en la contracción de dos palabras: Venezuelan Attorneys, denominación inicial de una firma de abogados con sede en Estados Unidos, frente a la que se encuentra Leyba, un jurista, empresario, contratista del Estado venezolano y, en algún momento, pareja de María Gabriela Chávez, segunda hija del fallecido presidente Hugo Chávez.
Más allá de su pasada filiación amorosa con la hija del exmandatario, Leyba supo situar su firma de abogados en diversos ámbitos clave, siempre cerca de los centros de poder del gobierno chavista-madurista. Así como se hizo del control de la empresa Naviera Paraguaná, lideró la defensa judicial de los integrantes del llamado Cártel de Paraguaná, una banda de narcotraficantes. También esa habilidad le puso a litigar en diversos casos que quedaron registrados hasta en el expediente del caso conocido en medios como Pdvsa-Cripto.
Con la combinación de sus diversas facetas, Leyba penetró en dos rubros extractivos cuyos ingresos han sido decisivos para el sostenimiento del régimen de Nicolás Maduro, el petróleo y el oro. Ambos están minados por sanciones internacionales y circundados por un contexto de corrupción, declive industrial y mafias. No obstante, sobre todo ello ha navegado Leyba, favorecido por esa movilidad, logrando descollar a la vez tanto como un exitoso abogado de negocios petroleros y como un inversionista, desde las sombras en este rol, en la industria del oro.
Roberto Leyba es oriundo del costero estado Falcón, en el noroccidente de Venezuela, según precisa a Armando.info un abogado de la región cuyo nombre se omite a petición. Desde allí comenzó a expandir sus negocios.
“Acá hay dos casas en Adícora [un balneario de la península de Paraguaná] que están a su nombre. Una está en venta y la otra es la que guarda para sí. También aquí, en Falcón, ha extendido su bufete con dos manos derechas: las abogadas Betania Ulacio y Dalia Betancourt. Ellas son las encargadas de vigilar y de mantener todo al día para Leyba”, detalla.
Ha trazado una vida profesional que desde 1991 fluctúa –o, con más exactitud, se amalgama– entre el derecho y los negocios. Esto es lo que se deduce de una revisión del Registro Nacional de Contratistas (RNC) de Venezuela, donde está inscrita la empresa Grupo Atlantik, fundada ese año y a través de la cual inicialmente prestó servicios a la estatal Pdvsa, en el suministro de sal y salmueras livianas.
De fechas más recientes son su Asociación Cooperativa Nacional de Servicios y Suministros R.S., fundada en 2008 y dedicada al comercio de cualquier tipo de mercancías; Agropecuaria La Habana, de 2013, orientada al ramo de transporte de productos comerciales; y Piera Tours, de 2016 y de carácter turístico. En esta última es socio de Raúl José Rodríguez Ugarte, director y socio también de Venezuelan Attorneys.
Con estas empresas, registradas a su nombre, Leyba cimentó su grupo comercial de una manera más discreta. El pináculo de su éxito ha sido Venatt, que, como se explica unas líneas arriba, se fundó como Venezuelan Attorneys Asociación Civil, en 2015. Luego, con los años, adoptó el nombre actual.
Venatt fue pronto un nombre referencial en el régimen de Maduro. No sólo por las contrataciones que con este hicieron instituciones estatales, como el Banco Nacional de Desarrollo (Bandes), que especifica el archivo del RNC, sino por otras relacionadas con Pdvsa y que ahora se dejan colar en el expediente del caso Pdvsa-Cripto, el mismo que precipitó la renuncia de Tarek El Aissami como ministro de Petróleo y su desaparición de la vista pública, en marzo de 2023, debido a la pérdida irregular de al menos 16.000 millones de dólares que debieron llegar a las arcas de la petrolera estatal.
Uno de los nombres principales de esa trama y parte de la veintena de detenidos, el coronel Antonio Pérez Suárez, quien se desempeñaba como vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de la petrolera, fue cliente habitual de Leyba a través de Venatt. De hecho, la comparecencia de Leyba en los interrogatorios del sonado caso es uno de los capítulos gruesos del expediente. Desde 2017, Leyba asesoró a Pdvsa.
El 28 de abril de 2023, cuando el país tenía aún fresca la imagen que los medios difundieron, en la que Pérez Suárez y otros detenidos aparecían caminando, esposados y con bragas naranja para su presentación ante un juzgado improvisado, acondicionado con sillas para fiestas, Roberto Leyba declaraba para un tribunal acerca de la vinculación de él y de su bufete con Antonio Pérez Suárez y Pdvsa.
De acuerdo con las palabras de Leyba, recogidas en el expediente, todo comenzó en 2017, cuando fue contactado para defender a la petrolera estatal por un delito medioambiental.
“Ejerzo [como abogado de la petrolera] desde 2017, cuando fui contratado según oferta de servicio para realizar un levantamiento y estudio de las causas penales en materia ambiental en las que la estatal petrolera haya fungido como perpetradora de los hechos”, explicó Leyba en su declaración al exponer la vía rutinaria, casi tradicional, por la que dice haber sido contratado: “Fue por medio de una noticia que apareció en los portales de periódicos sobre delitos ambientales cometidos por Pdvsa. En tal sentido ofrecimos presentar un contrato en el que le daríamos solución a eso”.
Las soluciones que desde su bufete planteó se bifurcaron en dos estrategias: promover sobreseimientos para causas medioambientales de “menor relevancia”, o asumir los costos de los saneamientos cuando hubiese razones de peso que pudiesen llevar a la empresa a perder los casos. El método gustó. En adelante se profundizó una estrecha vinculación comercial entre Leyba y la estatal petrolera.
Desde entonces, los servicios del abogado no cesaron. Al menos hasta la detención de Pérez Suárez. No había ningún caso en el que el excoronel detenido no apelara a los servicios del bufete, ya entronizado como uno de los preferidos dentro del régimen de Nicolás Maduro.
Entre 2017 y 2018, Venatt se dedicó de manera exclusiva a casos ambientales. Luego vinieron actuaciones de mayor calado que Leyba asumió. En 2018, Rocío Goitía, entonces consultora jurídica de Pdvsa, propuso a Venatt contratos para asesoría y representación jurídica internacional en materia de reclamos, arbitrajes, juicios “y demás ramas del derecho para la defensa de activos e intereses” de la empresa, presidida por el general Manuel Quevedo en ese momento, pero con el coronel Pérez Suárez como hombre fuerte en la parte operativa y comercial.
Las tareas recién asumidas ascendieron a “recuperación de buques tanqueros arrestados sobre los que recae una medida de embargamiento por parte de acreedores de Pdvsa”. Sumados, fueron diez buques recuperados entre Curazao, Aruba, Bonaire, Panamá, Argentina y Portugal. En momentos de sanciones y de deudas, Roberto Leyba sumaba puntos para ser un abogado consentido del madurismo.
No fue lo único que asumió entonces, pues en aquel año se hizo pública su relación con María Gabriela Chávez a través de una fotografía que ésta publicó en su cuenta de Instagram, en la que ambos aparecen retratados en unas dunas del estado Falcón. La imagen fue publicada con una leyenda: “Siempre contigo, mi Roberto… ‘y que el placer que juntos inventamos sea otro signo de libertad (J. Cortázar)’. Gracias por tanto, amado compañero”.
Aunque la relación tuvo notoriedad en aquellos tiempos de frenesí, hoy su desenlace es una incógnita. Pero la misma María Gabriela Chávez dejó una pista elocuente: de su cuenta de Instagram desaparecieron todas las fotos de y con Leyba.
En su declaración ante el tribunal, Leyba, aunque con parquedad, se erigió como una suerte de acusador contra Pérez Suárez, su otrora cliente. Como preámbulo de su interrogatorio y a modo de avanzadilla, dejó en claro que en 2022, pocos meses después de que Leyba recibiera de Antonio Pérez Suárez documentos e información para atender un nuevo caso, sabía que estaba ante “un fraude no aislado sino estructurado por un grupo de delincuencia organizada internacional”, según declaró.
En mayo de ese año, Pérez Suárez, a través de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro que dirigía, convocó a Leyba para presentarle el caso del buque tanquero Amoroza, sobre el cual pesaba una deuda de 86 millones de dólares por una carga con destino a China.
Además del monto en dólares, precisiones en el informe apuntan que el Amoroza debía transportar un millón de barriles de crudo pesado. Otros nombres afloran dentro de la trama, como el del funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro, Heinrich Chapellín, hombre de confianza de Pérez Suárez; y de dos empresas: United Petroleo Corporation ("petroleo" sin tilde, tal y como aparece en los documentos mercantiles de la compañía), registrada en Panamá a nombre de Rogers Ramírez Dorante, compañero de Pérez Suárez en la promoción de 1999 Coronel Miguel Antonio Vásquez del Ejército venezolano, y de Montblancs International Services Ltd, con sede en Londres, Reino Unido. Las dos empresas, refiere Leyba, fueron utilizadas para desfalcar a Pdvsa mediante esquemas ilegales por los que, por ejemplo, Pdvsa dejó de percibir esos 86 millones de dólares.
“[Detecté] ocultamiento de identidad de los representantes de las empresas, el uso de una estructura legal constituida en el Reino Unido sin capacidad financiera ni patrimonio para asumir la responsabilidad que genera el incumplimiento de los pagos establecidos en el contrato spot, así como también la falta de determinación de la vendedora United Petroleo Corp., supuesto fronting de Pdvsa, para ejecutar acciones que le permitieran identificar realmente a los compradores y recuperar los recursos que pertenecen a Pdvsa”, concluyó Leyba en su declaración.
Así, en lo que pudiera haber servido como una confesión pero terminó siendo un señalamiento contra terceros, reconoció haber detectado un año antes la estrategia de la que se lucró, entre otros, Pérez Suárez, y que llevó a su hundimiento. ¿Formuló denuncias al respecto durante la etapa de las investigaciones? Es algo que el expediente no deja en claro. Pero las palabras arriba citadas son un abecé del esquema utilizado: empresas de maletín que se crearon para desaparecer el dinero de Pdvsa sin dejar rastros. En el momento en que Pérez Suárez desfalcaba a la petrolera, Leyba rescataba buques y ganaba demandas. Su nombre en el gobierno de Maduro generaba respeto. Y así, además, se movió como pez en el agua en el desprestigiado mundo de la industria petrolera venezolana.
A raíz de la publicación en octubre reciente de un reportaje en Armando.info que sintetizaba el ascenso del joven Julio Mendoza en el mundo de la producción aurífera a través de la Corporación Berakah, una planta construida con inversiones dolarizadas y milmillonarias en el municipio Piar del estado Bolívar, sureste de Venezuela, una fuente asegura que detrás de esa empresa hay un inversionista oculto. Se trata del mismo Roberto Leyba.
Si bien no hay rastro de Leyba como socio de Corporación Berakah, el expediente mercantil de la empresa, revisado para la investigación sobre la empresa aurífera, sí deja una certeza sobre la relación entre Mendoza y Leyba.
En agosto de 2017, en una asamblea de accionistas, Corporación Berakah aprobó la contratación de Venezuelan Attorneys, C.A., para la representación de la empresa aurífera para trámites administrativos y jurídicos.
La fuente explica que Leyba era el asesor de los negocios de Julio Mendoza, y que éste último consultaba todas las operaciones al abogado. En sus palabras, Leyba es el dueño y dice lo que hay que hacer. También asegura que participaba en las reuniones de los accionistas.
Según la fuente, quien pidió mantener su nombre en reserva, es eso lo que explica las transacciones entre Chokmah Gold LLC y Venatt International Advisors. Estas se completaban, pero, para justificarlas ante los bancos en paraísos fiscales, se diseñaban facturas digitales forjadas, entre las que están las cuatro a las que tuvo acceso Armando.info, y que suman más de un millón de euros.
“Los paraísos fiscales no piden muchas explicaciones, pero esperan al menos que digas de dónde sale el dinero. Por eso, Leyba le decía a Julio Mendoza que facturara servicios para que no lo auditaran. Por eso, todas las facturas de Venatt son manejadas como servicios y asesorías”. En otras palabras, se forjaban. Pero fue de esa manera que Leyba también sacó partido de otro negocio desprestigiado pero rentable en la Venezuela del chavismo, el oro.
Para contrastar esta versión, Armando.info envió una solicitud de entrevista a Leyba a las direcciones de correo electrónico de Venatt Attorneys, Naviera Paraguaná, Agropecuaria La Habana y Piera Tours. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas de su parte.
Armando.info también corroboró que un cliente frecuente de Leyba fue el estatal Banco Bicentenario. Junto con su socio principal, Lewis Mavares, Leyba defendió la institución en un caso de 2017, relacionado con la demanda contra la Agropecuaria Rincón de Prenda.
Mavares es el socio de Leyba en Leyba & Mavares, A.C., la firma a través de la que ambos son dueños de Naviera Paraguaná, una empresa fundada en 2014. Aún existente, la compañía ofrece traslados marítimos en ferry para pasajeros a la isla de Margarita, en el nororiente de Venezuela, punto turístico de fama en el Caribe.
Reportes periodísticos señalan que Nelson Colmenarez, socio en la naviera a través de la empresa Agrotrading Venezuela, C.A., denunció que Leyba solicitó al también estatal Banco de Comercio Exterior más de ocho millones de euros para la adquisición de un ferry. La solicitud fue aprobada. El detalle: la embarcación tenía un costo de 4,4 millones de euros, según cita del expediente en una de esas notas periodísticas.
Colmenarez tenía otra razón de peso para denunciar, como en efecto hizo ante un tribunal del estado Falcón: su porcentaje accionario original en Naviera Paraguaná era de 50%. Leyba invirtió en la empresa y la capitalizó al punto de desplazar a Colmenarez y dejarlo únicamente con 4% de las acciones.
Colmenarez denunciaba en 2016 que, por la influencia de Leyba, ni él ni el abogado del caso, Édgar Cordero, habían tenido acceso al expediente y, además, el proceso se ralentizó. En 2024, Colmenarez sigue figurando como accionista en Naviera Paraguaná.
De este entuerto Leyba también salió ileso. Probó una vez más que, pese a su bajo perfil, la ventisca en el negocio marino no desvió su curso. Como ocurre también con su movilidad en el oro y en el petróleo.
La triple habilidad como abogado, negociador y lobbista ha sido el eje en la vida de Roberto Leyba. Siempre inmune a los escándalos, su fuerte ha sido compaginar los negocios con el ejercicio del derecho, sin que ello haya sido asumido como un conflicto de interés. Así, ha sabido ganar su puesto como uno de los abogados preferidos en el régimen de Nicolás Maduro.
Un triángulo de influencias sobre decisiones de las cortes venezolanas, conecta al abogado Gustavo Ernesto Mendiri Borges con dos viejos amigos suyos: el Fiscal General, Tarek William Saab y el grandeliga y dueño de la aerolínea Rutaca, Carlos Alberto Silva Caraballo. Tras bastidores, Mendiri ha actuado como un cabildero que mueve los hilos de la justicia para favorecer a sus allegados o clientes, muchos venidos, como él mismo, de la gerencia de equipos de ligas deportivas.
Con la entrada al corro bursátil caraqueño de Corporación Berakah, el joven Julio Mendoza Delgado corona su éxito casi instantáneo en la actividad minera de Guayana. Claro: solo si por éxito se entiende la incorporación de empresas fantasmas con sedes intangibles, la puesta en marcha de una procesadora de arenas auríferas sin casi ninguna factibilidad económica que no hace más que demandar nuevas inversiones, y la obtención de unos cuantos contratos estatales. Según coinciden expertos consultados, el oro no es precisamente lo que acá brilla.
La vertiginosa carrera de Kristina Antonorsi en los negocios con el Estado tuvo un final abrupto que debió advertir a toda una camada de ‘traders’ de hidrocarburos de que algo malo se les venía encima, semanas antes de que estallara el llamado caso de Pdvsa-Cripto. Si su arresto en octubre pasado no sirvió como alerta temprana, al menos queda como moraleja sobre la hubris y la codicia, rasgos que se observan en una serie de documentos internos de sus empresas.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Isaac Sultán Cohén llegó a ser el venezolano con más dinero en el Credit Suisse, de acuerdo con los datos de la filtración Suisse Secrets de 2022. Alcanzar la pulcritud de las bóvedas suizas requirió primero ensuciarse en embarcaderos del Caribe, como Puerto Cabello, donde lidiaba con los contenedores de comida de ‘Pudreval’, o en la oscura jurisdicción de Islas Caimán, donde constituyó un entramado de sociedades que controlan cuentas bancarias, lujosas propiedades y obras de arte en todo el mundo.
Eduardo Rivas salió de la nada para consagrarse como el zar de la explotación del oro, el último maná que permite obtener divisas para las arcas del Gobierno después del colapso de la industria petrolera. Se expuso a la luz pública por primera vez en 2018, al frente de un complejo de procesamiento del metal precioso, pero desde entonces hace sentir su poder al sur del Orinoco mediante campañas de prensa regional y el amedrentamiento con su guardia pretoriana constituida por agentes de la contrainteligencia militar. Más que por credenciales técnicas o antecedentes -casi nulos- en la actividad minera, debe su figuración a la cercanía que tiene con los Nicolás Maduro, padre e hijo.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
Empresa de transporte marítimo de pasajeros, fundada en 2014, de la que Roberto Leyba es accionista. Otro de los socios, Nelson Colmenarez, denunció a Leyba por haberlo desplazado del porcentaje accionario valiéndose de sus influencias.
Con el ministro de Petróleo Tarek El Aissami involucrado, fue un caso de corrupción que se hizo público en marzo de 2023. Su ejecución supuso la pérdida de entre 16.000 y 21.000 millones de dólares para Pdvsa.
Segunda hija del expresidente venezolano Hugo Chávez, fallecido en 2013. Ejerció el cargo de primera dama de la República desde 2003 hasta la muerte de su padre. Actualmente es embajadora de Venezuela ante Naciones Unidas.
Empresa venezolana de producción de oro, fundada en 2017. Tiene sede en el municipio Piar, estado Bolívar, y su dueño es Julio Mendoza, empresario venezolano relacionado con Roberto Leyba.
Bufete de abogados venezolanos, cuyos socios principales son Roberto Leyba, Lewis Mavares y Raúl Rodríguez, todos accionistas de otras empresas dentro de Venezuela.
Abogado y empresario venezolano. presidente y socio del bufete venezolano Venezuelan Attorneys (Venatt). Accionista de Naviera Paraguaná, Agropecuaria La Habana y otras empresas. Fue uno de los declarantes en los interrogatorios del caso Pdvsa-Cripto.
