La vertiginosa carrera de Kristina Antonorsi en los negocios con el Estado tuvo un final abrupto que debió advertir a toda una camada de ‘traders’ de hidrocarburos de que algo malo se les venía encima, semanas antes de que estallara el llamado caso de Pdvsa-Cripto. Si su arresto en octubre pasado no sirvió como alerta temprana, al menos queda como moraleja sobre la hubris y la codicia, rasgos que se observan en una serie de documentos internos de sus empresas.
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“No podemos ser tan ineficientes, F. ¿Cómo justifico una nómina en un departamento legal completo si ni eso tengo? (...) No te estoy pidiendo un escrito complicado. Hay que resolver. No puede haber tantas excusas”: tal fue el mensaje que envió Kristina Antonorsi a uno de sus empleados de confianza en el Grupo Orinoco 2021 C.A., la compañía matriz desde la que gestó la operación de decenas de sociedades en Venezuela, Estados Unidos, España y Emiratos Árabes Unidos.
Era abril de 2020. Recién se iniciaba la pandemia de Covid-19, que llegaría a detener la actividad comercial en el mundo. La queja de Antonorsi para su empleado tenía fundamento: la ventana de oportunidad de la que disponía para consolidar su abanico de negocios con las industrias más estratégicas del Estado venezolano podía cerrarse. Casi por milagro, la pandemia ofrecía una tregua invaluable para poner orden en la trama comercial, cada vez más vasta y frenética.
“Esta época [la cuarentena] es el momento de PONERTE AL DÍA con todas esas cosas”, instruía la economista en esos días, haciendo referencia a las renovaciones de contratos y a la solicitud de permisos sanitarios para transportes. “Ahora te mando el feedback del contrato de Ferrominera”, ordenaba, añadiendo otra empresa del Estado venezolano al portafolio del holding, en el que ya se contaban el Ministerio de Alimentación, Pdval, CASA, Mercal y el Ministerio de Industria.
Pero ninguna relación tuvo tanto impacto en sus negocios como la que sostuvo con la petrolera estatal Pdvsa, por la que mantuvo contratos a través de la representación de distintas compañías privadas.
Ese vínculo privilegiado fue, tras comenzar en 2019, fuente de grandes ingresos. Pero a la larga representaría el lastre que ocasionó la caída a plomo del imperio comercial de Kristina Antonorsi, quien fue a dar a prisión apenas antes de que una serie de redadas, ampliamente publicitadas por el régimen de Nicolás Maduro, defenestraran al hasta entonces poderoso Vicepresidente, Tareck El Aissami, y llevaran tras las rejas a casi un centenar de funcionarios y empresarios, presuntamente implicados en irregularidades en el manejo y venta de cargamentos de petróleo.
De esa parábola de auge y desgracia informan documentos confidenciales del Grupo Orinoco 2021 C.A. a los que Armando.info tuvo acceso.
El 9 de octubre de 2022, seis meses y nueve días antes de que la administración de Nicolás Maduro reconociera públicamente el robo de un monto entonces cuantificado en 3.000 millones de dólares de las cuentas por cobrar por venta de petróleo y denunciara la existencia de una trama de corrupción detrás de la petrolera, Kristina Antonorsi fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía y acusada de pertenecer a “un grupo de delincuencia organizada que comercializó de manera ilícita el crudo de Pdvsa en el exterior”. A diferencia de lo que medio año después ocurriría con los 75 indiciados de la trama Pdvsa-Cripto, ella no fue mencionada oficialmente por la Fiscalía, no lució en los medios gubernamentales la braga anaranjada ni su audiencia fue pública. Aún son pocas las pistas sobre su proceso judicial.
Todavía lo que difundió el medio oficialista Últimas Noticias, a pocas horas del arresto, sigue siendo la fuente principal sobre las acusaciones que cursan contra Antonorsi. Entonces se enumeraron cuatro cargos: legitimación de capitales, contrabando agravado de combustible, tráfico ilícito de materiales estratégicos y estafa agravada.
Según la misma versión periodística, que decía citar a fuentes de la Fiscalía, la empresaria venezolana actuó como “intermediaria” para colocar un cargamento de 1,9 millones de barriles de crudo en China. En la operación presuntamente hubo “alteraciones de facturas” con las que Antonorsi habría buscado especular “con el contrato para incrementar el costo de los servicios y comercializar incumpliendo los parámetros de Pdvsa”.
El arresto y su publicación dieron a conocer por primera vez los lazos de Antonorsi con el negocio petrolero y con Arco Services, una compañía del estado Monagas que figuraba entre los deudores de Pdvsa por cargamentos que no habían pagado.
Antes de eso, en 2020, Armando.info había perfilado a la empresaria, que para entonces protagonizaba una expansión acelerada de sus negocios. Controlaba al menos 27 sociedades en Venezuela y otras 17 en Estados Unidos, que constituyó en conjunto con Jean Carlos Paredes Marshall, su primo, mentor y socio. Solo una de las compañías de Kristina Antonorsi mostraba relación con el ramo petrolero, entre 2011 y 2014, y había sido constituída con su padre, Raúl Antonorsi Marshall, en Florida.
Pero en simultáneo el creciente holding logró expandirse a Emiratos Árabes Unidos para atender el negocio petrolero, según se desprende de una filtración de 200 archivos del Grupo Orinoco 2021 C.A. a los que tuvo acceso Armando.info. Además, los documentos consultados permiten descifrar las operaciones de la corporación entre 2019 y 2022 en Venezuela, así como sus ramificaciones en los distintos sectores de la economía que se amplió a través de 50 firmas.
¿Cómo fue el inusitado ascenso de Kristina Antonorsi? A lo largo de su corta carrera, la interrogante surgió entre antiguos proveedores. Comentó una fuente que en uno de sus almuerzos empresariales le preguntaron “¿por qué abres tantas empresas?”, a lo que respondió: “Porque voy a ser millonaria”. Paseaba sus ínfulas en una camioneta Toyota 4Runner acompañada de guardaespaldas, según cuentan quienes compartieron con ella.
La incorporación de la economista graduada en la Universidad Metropolitana de Caracas ofreció un rostro fresco para los negocios que realizaba la familia paterna desde 2006. Su llegada al grupo de empresas representó el inicio de un proceso de consolidación que desembocó en 2008 con la constitución del Grupo Orinoco 2021 C.A. en las manos de Edward Marshall Frank junto a Jean Carlos Paredes Marshall, y cuyo objeto fue la prestación de servicios profesionales de consultoría y asistencia técnica. En Venezuela las operaciones fueron centralizadas en el Centro Comercial Banaven, conocido como el Cubo Negro y ubicado en Chuao, una urbanización del sureste de Caracas.
Armando.info intentó contactar a Jean Carlos Paredes Marshall a través del correo electrónico pero no respondió a la solicitud de entrevista. Las direcciones de contacto de las páginas del Grupo Orinoco 2021 y GO Group Holdings INC se encuentran deshabilitadas. En las oficinas en el Cubo Negro no hay indicios de personal laborando.
En 2019 se constituyó GO Group Holdings INC en la Isla de Nevis (de la nación insular de Saint Kitts and Nevis, o San Cristóbal y Nieves), un paraíso fiscal en el Caribe. Al mes la compañía fue registrada en Miami. De allí en adelante, las firmas vinculadas a la nueva corporación tuvieron como socios o apoderados a un puñado de parientes cercanos a Kristina Antonorsi. El perfil en línea de la corporación fue borrado, pero el registro archivado que estuvo en línea hasta 2021 presentaba al holding como “una empresa multinacional dedicada al suministro y distribución de algunos de los productos de mejor calidad del mercado en la industria del petróleo y el gas”.
De hecho, se puede comprobar en registros que tras la detención de Antonorsi, en octubre pasado, y siguiendo esa costumbre, familiares de la empresaria han quedado a cargo de sus compañías. La compañía matriz constituida en Venezuela y con un espejo en Estados Unidos pasaron mediante poderes, ambas, a nombre de terceros como Susana Antonorsi Quintero, su hermana. Lo mismo ocurrió con otras cinco empresas que siguen activas en Florida. Las operaciones de las tres empresas en Dubai siguen siendo gestionadas por la red de máxima confianza de la economista venezolana, incluída Isabel Cristina Quintero de Antonorsi, la madre, según confirmaron cuatro fuentes independientes entre sí.
GO Group Holdings INC mantuvo una relación comercial de bajo perfil con Pdvsa. No hay informes ni notas de prensa que lo indiquen, pero sí correspondencias y poderes.
Antes de la acusación en Venezuela, Kristina Antonorsi impulsó a través de las redes sociales su perfil como una exitosa “capitalista de riesgo”. Había llegado a España en 2021, a los pocos meses de enterarse de que la justicia venezolana le pisaba los talones por una denuncia de extorsión que la señalaba de manera directa como responsable, según comentó una fuente.
En una estrategia de contención de daños, Kristina Antonorsi renovó su reputación y marca en 2022. Una serie de artículos y un blog personal en la red Medium intentaron enterrar en los buscadores sus vínculos con el chavismo y validarla como experta.
En una de los sitios web, al intentar definir su perfil profesional, la describen: “Con un total de doce empresas a su nombre, Kristina [Antonorsi] ha encontrado el éxito en una amplia gama de industrias. Su giro principal es su holding, el cual se enfoca en la distribución, producción e importación de productos de consumo en las áreas de alimentos, higiene y bebidas alcohólicas. La compañía también brinda servicios legales, financieros y de recursos humanos para asegurar inversiones y maximizar los ingresos”.
En la red profesional LinkedIn se presentaba como directora de Innovak Ventures, una empresa de inversión con conexiones que llegan a Medio Oriente, Asia y Estados Unidos. En Caracas, la firma es representada por Innovak Services C.A. cuyos socios son Isabel Quintero Gimón -madre de Antonorsi- y Arsen Dernersissian Kichichian, un ingeniero armenio-venezolano.
Pero nada de eso la vacunó contra los riesgos de la corrupción en el negocio petrolero, que a la larga serían su condena.
“Según la versión ahora de la madre [Isabel Quintero], ella [Kristina Antonorsi] se asoció con unos árabes para ser intermediaria en llevar buques de petróleo para China y Rusia. Quería ayudar al gobierno por las sanciones que le fueron impuestas, se ofreció a hacerlo porque tenía los contactos para hacer esos traslados, pero nunca pasó”, explica a Armando.info un extrabajador del Grupo Orinoco 2021. Añade que “los buques se quedaron varados durante varias semanas sin poder hacer nada y las personas en que confió la jodieron”.
Entre los archivos obtenidos de GO Group Holdings Inc, se encontró una comunicación enviada a Kristina Antornosi desde Bariven, la filial de Pdvsa especializada en la compra de insumos para la industria petrolera y gasífera en el mercado internacional.
La carta, con fecha del 30 de enero de 2020 y firmada por el entonces presidente de Bariven, Frank Lynch Dávila, confirmaba que la filial de Pdvsa depositó un anticipo en el Bank GBP (JS) de Moscú relacionado con una orden de compra y cuando intentaron “movilizar esos fondos para el cumplimiento de las obligaciones, fueron congelados motivados a las sanciones internacionales contra Venezuela”. El funcionario explica que el proveedor -a quien se cuida de mencionar- decidió rescindir el contrato y, por esa razón, la presidencia de Bariven solicita a GO Group Holdings “el reintegro del anticipo recibido con motivo a que ha transcurrido más de ocho meses desde que se le notificó al proveedor la devolución de 2.634.720 euros”.
La misma fecha, Lynch Dávila dirigía otra comunicación a una empresa panameña, Rodian Internacional S.A., que preside Hollman Cárdenas, un socio de Raúl Antonorsi. En ella, Bariven le otorgaba un plazo de 60 días para que realizara los trabajos de reparación “establecidos en el contrato”. Se trataba de la adquisición de cabos de amarre para las monoboyas del Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo José Antonio Anzoátegui. En su respuesta, la empresa privada se comprometió con el trabajo asignado y sumó a otra proveedora, Inteco Monagas C.A.
Ambas compañías, Rodian e Inteco, son tan fantasmales como sus operaciones, y tienen sede en el estado Monagas, una provincia agrícola y petrolera del oriente venezolano, tal como la ya mencionada Arco Services C.A. La acusación contra Kristina Antonorsi la puso en evidencia como intermediaria para colocar en China un cargamento de crudo asignado a la empresa Arco Services C.A.
Los archivos del Grupo Orinoco 2021 también dan fe de que la empresaria venezolana representaba de manera exclusiva a Well Services Carvallino, otra petrolera privada que había obtenido contratos millonarios con Pdvsa en la exploración de los pozos del sector El Furrial y Punta de Mata, estado Monagas, y había mantenido alianzas con Arco Services, la manzana de la discordia que llevó a la detención de Antonorsi. El poder legal que tenía la presidenta del Grupo Orinoco 2021 C.A. a nombre de la petrolera le permitía actuar ante todas las instituciones gubernamentales, comerciales e incluso ante los bancos para “hacer lo que sea necesario en el mejor interés de la compañía”.
Mientras se expandía en la esfera petrolera, Antonorsi también incursionó en un sector que ha cobrado relevancia en la Venezuela depauperada de hoy: la exportación de chatarra.
Antonorsi constituyó en años recientes Orchid Star Group en Dubai, un holding de tres empresas que además de ofrecer suministros, transporte y servicios para la industria de petróleo y gas, vende chatarra.
A través de estas compañías, Antonorsi obtuvo la visa emiratí, según comentó el abogado venezolano Salvador Pimentel, representante legal del Observatorio Venezolano Económico contra la Legitimación de Capitales (Asoveca), con sede en Madrid, quien le ha seguido la pista a los negocios de la empresaria venezolana por “usar el sistema financiero español”, según comentó a Armando.info en una investigación anterior.
Los archivos filtrados muestran que la actividad de las empresas en Dubai se concentró en la intermediación para petróleo y chatarra en el mercado extranjero.
Una de las empresas del trío, Orchid Star Project Management -antes Orchid Star Investment LLC-, estuvo vinculada a la comercialización de chatarra amarilla -la que proviene de maquinarias pesadas- y naval, que eran colocadas en Turquía. En este caso, la operación fue descrita a través de contratos exclusivos de “servicios de intermediación internacional” entre proveedores y clientes, donde la compañía representada por Kristina Antonorsi era la bisagra del engranaje.
Orchid Star era identificada como una sociedad dedicada al saneamiento ambiental, biorremediación y reciclaje de material ferroso, por lo cual adquiría chatarra amarilla y naval picada de una empresa venezolana aliada para ser entregada a otra que se encuentra registrada en Turquía, pero cuyo beneficiario final es Victor Hugo Visconti Guillén, un veterinario venezolano.
El documento al que tuvo acceso Armando.info explica que “la intermediaria se obliga a adquirir los bienes y entregarlos a la contratante” a cambio de un monto de dinero acordado y se compromete a consignar todos los documentos de origen, así como los permisos de exportación que otorga la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez), encargada de centralizar los registros de exportación del material estratégico. En total se negociaron 65.000 toneladas métricas de chatarra con un precio unitario de 68 dólares por tonelada, en 2020, para totalizar 4,42 millones de dólares.
La deriva del grupo Antonorsi pronto la llevaría también a la minería. Los documentos revisados por Armando.info revelan el nombre de Havan Chang de Venezuela como parte del holding.
En el pasado, Carlos Eduardo Antonorsi Marshall -tío de Kristina Antonorsi- fue socio de Manuel Chinchilla Da Silva, contratista de Citgo Petroleum y de Pdvsa a través de Havan Chang Holding LLC y Southern Procurement Services (SPS). Ambas petroleras operaban en Caracas desde las oficinas del Centro Banaven o Cubo Negro de Chuao, en el sureste de la capital venezolana, que compartían con otras sociedades del Grupo Orinoco 2021.
Havan Chang consiguió en 2017 un contrato con la recién creada Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), para desarrollar un parque industrial de producción de oro a través de Havan Chang Holding. En paralelo, hubo un segundo contrato con Camimpeg para la explotación petrolera a través de SPS.
La homónima venezolana Havan Chang enfocó sus operaciones en el estado Cojedes, de los llanos occidentales, en 2018, en la explotación y comercialización de minerales metálicos y no metálicos en alianza con la gobernación en manos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Los archivos internos del Grupo Orinoco 2021 confirman que otras dos compañías fueron constituidas con el fin de comercializar, comprar y vender minerales estratégicos como el oro y no metálicos. Ninguna de esas sociedades registraba entre sus socios nombres relacionados con la red empresarial, pero todas otorgaban un poder general y autenticado a Kristina Antonorsi.
Un desprendimiento de esa incursión en la zona minera de la Guayana venezolana fue el proyecto del Frigorífico Grandes Hermanos. Aunque se dedicaba a la comercialización de todo tipo de productos alimenticios, su ubicación en una zona de extracción aurífera le permitía acceso al oro a cambio de la venta de comida. El negocio estaba ubicado en la troncal 10 del sector Las Claritas, en Tumeremo, estado Bolívar.
De acuerdo con los archivos del Grupo Orinoco 2021 consultados para este reportaje, el holding diseñó un sistema administrativo para registrar las compras de material aurífero y lo contabilizó en un reporte de caja o transferencia bancaria.
“Ese era un proyecto que ella [Kristina Antonorsi] quería que le fuera bien porque aparte que se ubicaba en Las Claritas, una zona de explotación minera, Grandes Hermanos era una especie de bodegón y le invirtió bastante dinero. En estos momentos está en venta”, explicó una fuente que pidió mantener su nombre en reserva.
Así como ocurrió en otras ocasiones, Kristina Antonorsi presidía la empresa a través de un documento notariado. En 2022 se incorporaron como socios su madre, Isabel Quintero, y su padre, Raúl Antonorsi Marshall.
“¿Venganza? ¿Traición?”, se pregunta uno de los entrevistados para este reportaje para buscar una definición que ilustre con precisión el motivo de la caída en desgracia de Kristina Antonorsi. Pero no tiene respuesta. El rastro de la empresaria quedó expuesto después de unos cálculos fallidos y de unas movidas audaces. Antonorsi sigue detenida mientras sus oficinas en el Cubo Negro quedaron cerradas. Los nombres de sus socios fueron borrados de los buscadores. La derrota es huérfana.
Arco Services es un 'holding' familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego, su vínculo con una exitosa empresaria e intermediaria que ahora enfrenta un proceso penal por presuntos ilícitos en la comercialización de crudo.
Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
Los Antonorsi Marshall tienen puestas varias picas en negocios de alimentos, petróleo, servicios y hasta productos de limpieza, entre otros. Pero parte de ese emporio tuvo origen en el último balido de la moda agroindustrial chavista, la cría y explotación de cabras. El patriarca del grupo, Raúl Antonorsi, no aparecía en el radar de la atención pública antes de 2016. Solo entonces empezó a experimentar un auge que abarca también a una de sus hijas y a un primo de esta, todos bajo la tutela del superministro del sector y ex comandante del 4F, Wilmar Castro Soteldo, apóstol de una especie de 'capitalismo rojo'.
En este distrito del sureste de Caracas se preguntan quién manda a quién: si la alcaldía local o su proveedor de recolección de basura, del que el influyente abogado José Simón Elarba es dueño. En este caso, la duda no ofende. Desde que Fospuca obtuvo la concesión en 2015, corre un historial de complacencias del gobierno de Baruta con las demandas de la empresa, aunque implique transgredir normas o perjudicar los propios ingresos del municipio. Y lo que falta, porque todo indica que en 2025 se renovará la adjudicación por una década más.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
Holding venezolano constituido en 2016 que se enfocó en el área de servicios y expandió sus operaciones a todo tipo de sectores económicos. En 2019 constituyó GO Group Holdings en Isla de Nevis y Estados Unidos. Sus socios Kristina Antonorsi y Jean Carlos Paredes Marshall.
Empresario venezolano y contratista del Estado, de profesión abogado. Socio de Grupo Orinoco 2021 C.A. y GO Group Holdings INC, con redes en Venezuela, España y Estados Unidos.
Empresaria venezolana, de profesión contadora. Es la madre de Kristina Antonorsi.
Empresario venezolano y contratista del Estado. Socio de las empresas de agroinversión del Grupo Orinoco 2021 C.A. Es el padre de Kristina Antonorsi.
Empresaria venezolana y contratista del Estado. Socia del holding Grupo Orinoco 2021 C.A. que llegó a reunir al menos 44 sociedades en Venezuela y Estados Unidos hasta 2021. Actualmente detenida por cinco delitos, entre ellos estafa a Pdvsa.
