Un triángulo de influencias sobre decisiones de las cortes venezolanas, conecta al abogado Gustavo Ernesto Mendiri Borges con dos viejos amigos suyos: el Fiscal General, Tarek William Saab y el grandeliga y dueño de la aerolínea Rutaca, Carlos Alberto Silva Caraballo. Tras bastidores, Mendiri ha actuado como un cabildero que mueve los hilos de la justicia para favorecer a sus allegados o clientes, muchos venidos, como él mismo, de la gerencia de equipos de ligas deportivas.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Era enero de 2012 y el equipo campeón del baloncesto profesional de Venezuela, Marinos de Oriente, se disponía a presentar a sus nuevos directivos. La franquicia tenía un nuevo dueño: Carlos Alberto Silva Caraballo, un exlanzador que completó nueve temporadas en las Grandes Ligas del béisbol de Estados Unidos. Entre los rostros que quedaron ese día retratados en la prensa como asistentes al evento, despuntaron los de dos abogados y amigos cuya influencia mancomunada pronto iba a superar el ámbito deportivo y que, en pocos años, lograrían controlar buena parte del poder judicial venezolano: uno era el de Tarek William Saab, entonces gobernador del estado Anzoátegui -sede del equipo, sobre la costa nororiental del país-, quien lucía una camisa polo amarilla, cruzada por rayas blancas, con unos grandes lentes oscuros; y el otro era el nuevo presidente de la organización, Gustavo Ernesto Mendiri Borges, quien apareció con una camisa manga larga de tela azul marino.
Hoy los dos amigos representan dos caras distintas, pero complementarias, de un sistema de justicia sobre el que pesa la acusación de cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos. Saab es el todopoderoso Fiscal General de la República, designado por la írrita Asamblea Nacional Constituyente de 2017, mientras Mendiri es un conocido cabildero, una especie de consigliere, con capacidad para inclinar la balanza del máximo tribunal del país a dónde le sea más conveniente a sus amigos o al mejor postor.
La figura de las llamadas tribus judiciales ha sido muy recurrida para describir a los diferentes grupos de poder que conviven o se enfrentan en el sistema de justicia venezolano, sobre todo a raíz de la aniquilación de la independencia del Poder Judicial que ejecutó la autodenominada Revolución Bolivariana. Hace nada más un año, por ejemplo, el propio diputado chavista, Pedro Carreño, no tuvo reparos en referirse a las “magistradas 33 y 34” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -antes de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal que redujo el número de magistrados de 32 a 20-, para aludir a la influencia que entonces habrían tenido unas abogadas externas, Solchy Delgado y Evelyn Mendoza, en las decisiones de los tribunales penales de Caracas.
Un año y medio después de aquella pretendida reforma, que prometía eliminar el tráfico de influencias dentro del TSJ, lo único que parece haber cambiado son los nombres de los caciques de las tribus y de sus influenciadores. Entre todos ellos, destaca Gustavo Mendiri, el mismo abogado que hace más de una década se daba a conocer como presidente de Marinos.
Cuatro fuentes del Poder Judicial, que solicitaron la reserva de sus nombres por temor a represalias, indicaron, cada una por su cuenta, que el abogado de 42 años de edad se ha valido de su amistad con Tarek William Saab para reclutar a fiscales y jueces que han pasado a formar parte de su clan particular. “Es un operador, un mercenario, que maneja el tráfico de influencias dentro del TSJ”, indicó una de las fuentes.
Como se viene relatando, la vida pública de Mendiri se inició en la gerencia deportiva. Las primeras notas periodísticas que hablan de su labor en esta área se remontan a 2008. Con tan sólo 27 años de edad, el Flaco Mendiri, como se le apoda, ya se desempeñaba como gerente de operaciones del equipo de béisbol Caribes de Anzoátegui. Luego vino una seguidilla de puestos gerenciales en organizaciones deportivas como el también equipo de baloncesto Guaiqueríes de Margarita, o el equipo de fútbol profesional Monagas Sport Club. En 2013 ingresó como tesorero de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB), en cuya directiva se mantuvo hasta 2019.
Estas gestiones deportivas le sirvieron de trampolín para saltar a la política y frecuentar el alto poder judicial. Es así como se le ve en fotos junto a Aristóbulo Istúriz, el ahora fallecido dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que reemplazó a Tarek William Saab en la gobernación, o con el exalcalde del municipio Pedro María Freites de Anzoátegui, Daniel Florencio Haro Méndez (PSUV), conocido como el Rey de la Chatarra y que fue arrestado en febrero de 2022 bajo acusaciones de estar involucrado en el contrabando de combustible. Haro Méndez también fue miembro de aquella junta directiva de Marinos, presidida por Mendiri y endosada por Saab. El exalcade fue liberado dos meses después de su detención por el juez José Mascimino Márquez, arrestado en marzo de este año bajo acusaciones de corrupción.
Tras el nombramiento de Saab como fiscal del chavismo en 2017, Mendiri logró adentrarse en las más altas esferas del poder judicial. El éxito de sus gestiones en la corte radica en su articulación con los asistentes de los magistrados de dos salas clave del TSJ: la Sala Civil y la Sala Constitucional. La primera maneja casos que pueden involucrar altas sumas de dinero, como demandas de compañías, herencias o sucesiones, mientras que la segunda tiene la potestad, cuestionada por algunos juristas, de revisar las decisiones definitivamente firmes de las otras salas.
Los asistentes de los magistrados, por su parte, manejan información privilegiada como los proyectos de decisiones. En estos casos las gestiones de Mendiri han pasado a través de la abogada Veira Josefina Lozada de Caro, asistente de la presidente del Tribunal, Gladys Gutiérrez, y el coronel Jesús Arnoldo Rosales Castro, exconsultor jurídico del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceonfanb) y, hasta hace poco, asistente del presidente de la Sala de Casación Civil y segundo vicepresidente del TSJ, Henry José Timaure Tapia.
Una decisión de esta última sala ha resaltado la red de manejos que Mendiri mantiene dentro del TSJ. La sentencia, fechada el 3 de noviembre de 2022, de la que Timaure Tapia fue ponente, favoreció a la aerolínea Rutas Aéreas, C.A. (Rutaca) en una demanda por el cobro de una deuda de dos millones de dólares que la compañía mantiene con el empresario Julio César Cuesta Eisler.
La decisión inmediatamente levantó suspicacia dentro de los pasillos judiciales, pues a Rutaca, fundada hace casi 50 años en el sureño estado Bolívar, la adquirió el pelotero Carlos Silva Caraballo en aquel 2012 en el que presentaba a su “hermano” Mendiri, como lo llamó en una entrevista publicada en el diario El Universal, como presidente de su equipo de baloncesto. “La idea de comprar a Marinos nació de él [Mendiri]”, reconoció el ex lanzador en la misma entrevista.
El 12 de abril de 2021, después de una larga batalla judicial, los representantes legales de Cuesta Eisler consiguieron que un Tribunal de Primera Instancia de Bolívar, a cargo de Soraya Charbone Pérez, ordenara a Rutaca pagar los dos millones de dólares al empresario, incluyendo los intereses moratorios, así como los costos del proceso judicial de la parte favorecida. Antes del dictamen, el tribunal ordenó el embargo preventivo de dos hangares de la empresa en el aeropuerto de Ciudad Bolívar, la capital del estado, así como de dos aeronaves Boeing 737, con la finalidad de garantizar el eventual pago de la deuda.
La aerolínea había evitado pagar este compromiso durante más de 10 años, periodo en el que llegó a cambiar de dueños. De acuerdo con la versión de Cuesta Eisler, recogida en varias decisiones judiciales, todo empezó en 2005 cuando el entonces presidente de Rutaca, Eugenio Molina Anaya, le ofreció en venta una aeronave de la empresa por 2,5 millones de dólares. El acuerdo al que llegaron ambos, siempre según la versión de Cuesta Eisler, fue que el empresario iría haciendo pagos paulatinos y que al momento de alcanzar 65% del monto total- es decir, 1,6 millones de dólares- el avión sería entregado a Cuesta.
Sin embargo, en 2010, aunque Cuesta ya había completado pagos por 1,84 millones de dólares, no había recibido la aeronave. Entonces consiguió negociar un nuevo acuerdo con los deudores, por el que el monto hasta entonces desembolsado se convertía en un “préstamo para la adquisición de bienes y servicios” de la aerolínea. El 30 de enero de 2018 se firmó un nuevo compromiso por el que la deuda fue cedida al nuevo dueño de Rutaca, Carlos Silva, quien tampoco ha cumplido con el pago.
Pero la sentencia favorable a Cuesta en 2021, y su ratificación el 8 de octubre de ese año por otro juzgado superior del estado Bolívar, abrieron una oportunidad para activar una maniobra de influencia de Mendiri en el TSJ para favorecer a su amigo Silva Caraballo. Para la ocasión, los representantes jurídicos de Rutaca introdujeron un recurso extraordinario ante la Sala de Casación Civil, con la finalidad de que la sentencia fuera anulada.
La distribución del expediente aterrizó en el despacho más favorable para la aerolínea, esto es, al alcance de la influencia de Mendiri: el del ya mencionado Henry José Timaure Tapia, designado como ponente. Timaure es un general retirado que se graduó en la misma promoción militar que el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, hasta hace poco tenido como el número dos del chavismo y cabecilla de su ala militar-desarrollista. En la sentencia, que redactó Timaure, con fecha del 3 de noviembre de 2022, la Sala declaró con lugar el recurso de Rutaca, con el argumento de que no había un documento que comprobara la deuda. Sin embargo, en el contrato de cesión de crédito de enero de 2018, ya mencionado, la propia aerolínea reconocía la existencia del compromiso.
Por lo demás, hay un hecho que debió impedir a Timaure redactar esta sentencia y hasta provocar su inhibición del caso. Henry Antonio Timaure Colmenares, su hijo, es el director de mantenimiento aeronáutico de Rutaca. La web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) precisa que Timaure Colmenares está en la nómina de la aerolínea desde agosto de 2019.
Para su ejecución, la sentencia original a favor de Cuesta debía ser enviada, con sus sellos y firmas, al juzgado de Charbone Pérez en Ciudad Bolívar. Sin embargo, las fuentes consultadas para esta investigación explican que el expediente se “extravió” en su camino hacia el despacho de la jueza rectora del estado Bolívar, Mercedes Sánchez Rodríguez, a quien señalan como una ficha de Timaure y Mendiri. Este hecho irregular está reflejado en el expediente número MP-251725-2022 de la Fiscalía 11° Contra la Corrupción.
Entonces se inició un intercambio de comunicaciones cuyos términos dejan al descubierto la operación de influencia a favor de Rutaca. El 10 de noviembre, la juez Charbone Pérez se negó a suspender el embargo sobre Rutaca hasta tanto llegara la sentencia original. Cuatro días después, Sánchez Rodríguez dirigió una comunicación a Charbone en la que señalaba que había recibido la sentencia vía correo electrónico y, por lo tanto, le ordenaba darle ejecución.
La intervención de la jueza rectora no consiguió, sin embargo, extinguir las controversias. De hecho, el 5 de diciembre de 2022, al responder a una solicitud de los representantes legales de Cuesta en la que pedían una “explicación lógica” de la suspensión de su sentencia y copia certificada de todas las piezas del expediente que “por motivos insólitos se encuentra en reconstrucción”, la jueza Charbone reiteró que la suspensión del embargo se dio por “instrucciones emanadas de la Dra. Mercedes Sánchez Rodríguez”, quien le notificó “vía telefónica” y electrónica sobre la decisión. No obstante, insistió en su criterio de que la ejecución de las sentencias definitivamente firmes emanadas de la sala de casación del TSJ, “proceden una vez recibidas en este tribunal dichas actuaciones en original”.
Nueve días después, el 14 de diciembre, la Sala Constitucional se declaró competente para revisar la solicitud de revisión constitucional de la defensa de Cuesta Eisler “ante la posible transgresión”, del debido proceso y la igualdad ante la ley, establecidas en la Constitución. Esto desató un vendaval que se llevó consigo al coronel Rosales Castro, el asistente de Timaure, quien fue removido de su servicio en el TSJ y puesto nuevamente a la orden del Ministerio de la Defensa.
El círculo de amigos y contactos en el petrolero estado de Anzoátegui permitió al Flaco Mendiri incursionar también en negocios como los del petróleo y los seguros.
En 2015, en su posición de Marinos, el abogado hizo un viaje institucional a República Dominicana para estrechar lazos con el equipo de baloncesto de ese país, Soles de Santo Domingo. En las fotos de portales que reseñaron aquel viaje se ve al abogado acompañado por Nabetse del Valle Vásquez Gómez. Ambos aprovecharon esa estancia para inscribir dos empresas en la isla caribeña: Inversiones Mendiri-Vásquez y Mendiri-Vásquez Petróleo RD, esta última dedicada a la comercialización y distribución de derivados del petróleo.
Vásquez Gómez, también originaria del estado Anzoátegui, figura en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como integrante de la directiva de cinco empresas que tuvieron contratos en la Faja Petrolífera del Orinoco. Cómo lo indicó Armando.info en un reportaje anterior, Nabetse Vásquez estuvo entre los clientes de Eliminalia, una empresa española de gestión de reputación, para intentar borrar información de internet y redes sociales que la vinculan a los directivos de Conkor, la constructora de Alejandro Josué Ruiz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara, investigada por el Ministerio Público por presuntas contrataciones irregulares en la Faja Petrolífera del Orinoco.
La exfiscal general, ahora en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aseguró que Ruiz Mazzeo y Koury Guevara serían “testaferros” de su sucesor y archienemigo, Tarek William Saab. Conkor fue contratista de todo tipo de instituciones públicas, pero la mayoría de estos contratos fueron con organismos vinculados a la gobernación de Anzoátegui, entre 2006 y 2012, lapso en el que el hoy fiscal general presidía el ejecutivo regional.
En junio de 2016, Vásquez Gómez fue detenida bajo cargos de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y legitimación de capitales, de acuerdo con una sentencia de la Corte de Apelaciones de Anzoátegui. Pocos días después de su arresto fue puesta en libertad, pues el tribunal consideró que no había pruebas suficientes en su contra. La investigación policial reseñada en la sentencia, precisa que Vásquez Gómez había hecho dos pagos para la estadía de una embarcación, de nombre Open Bar, perteneciente a su pareja, Pedro Luis García Ramos, en la que se encontraron dos kilogramos de cocaína. Mendiri Borges fue uno de los abogados que representó a Vásquez Gómez, su socia en Dominicana, en ese caso.
Una de las peticiones de la consultora jurídica de Rutaca, Vicky Valero Méndez, formulada en noviembre de 2022 a la jueza Charbone Pérez, delata otra conexión de la aerolínea con Mendiri. La abogada pidió que el juzgado notificara de la decisión de la Sala de Casación Civil a la aseguradora Zuma Seguros, C.A., una compañía en la que Mendiri es directivo. A través de otras compañías venezolanas, Mendiri comparte las acciones de esta empresa, a partes iguales, con Jesús Antonio Camargo Morillo. En algunos casos, las compañías tenedoras de las acciones de Zuma Seguros son representadas por Renny José Calderín, quien acompañó al abogado en la directiva del equipo de béisbol profesional Caribes de Anzoátegui.
Mendiri, Camargo y Calderín han figurado en la directiva de Zuma Seguros CA Corp, una empresa espejo de la venezolana registrada en 2015 en el estado de Florida en Estados Unidos, y todavía activa. En esta jurisdicción, Mendiri constituyó otra compañía más que también está activa: ZGM Consulting LLC. A estas sociedades se sumó Jumpopia Development Inc., inscrita en Panamá en 2016 y que tiene como primer objeto la realización de operaciones comerciales y financieras.
El RNC deja en evidencia que, a partir de la llegada de Mendiri, la aseguradora tuvo una buena racha en el negocio de dar cobertura a las flotas de aviones de las aerolíneas venezolanas, entre ellas Rutaca, de su amigo Carlos Silva, y en cuya nómina estuvo Mendiri hasta 2016, de acuerdo con el Seguro Social venezolano.
Según los rastros verificables en el RNC, Zuma Seguros obtuvo otros dos contratos por el mismo concepto con la aerolínea Avior, entre 2018 y 2019, y con Turpial Airlines, entre 2019 y 2020. Esta última aerolínea es propiedad del coronel retirado de la Aviación, Pedro del Valle Cestari Navarro, vinculado al mayor general Giuseppe Yoffreda Yorio, un militar que acumuló gran influencia dentro de la autodenominada Revolución Bolivariana.
Con la llegada de Mendiri, Zuma Seguros también extendió sus servicios al sector petrolero. Por ejemplo, en octubre de 2018 prestó “servicios de equipos de pruebas de producción y evaluación de pozos productores” a la compañía Petrogas Supply & Services, C.A. y entre marzo de 2019 y 2020 obtuvo un contrato para un “servicio de alquiler de taladro para la perforación de pozos” de la empresa Petrovictoria -una entidad mixta entre Pdvsa y la rusa Rosneft- con la empresa Taladro Holdings Venezuela, C.A.
La aseguradora también incursionó en el sector de la construcción. El RNC muestra que en agosto de 2017 la sociedad obtuvo un contrato para la “culminación de 250 viviendas multifamiliares en el desarrollo habitacional Ciudad Belén”, ubicado en la ciudad de Guarenas del estado Miranda, a unos 30 minutos al este de Caracas. Además, fue contratada entre 2019 y 2020 por la empresa Proyectos y Construcciones Orión 1224, C.A. para la “ejecución de obras de infraestructura de centrales hidroeléctricas”.
Para esta historia se contactó a los representantes legales de Julio César Cuesta Eisler, quienes declinaron dar declaraciones indicando que prefieren limitar sus acciones al campo jurídico. También se enviaron cuestionarios a correos institucionales de Mendiri y de la empresa Rutaca, pero no se recibió respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota.
Dos de las fuentes del sector judicial indican que hace dos años Mendiri se vio obligado a salir del país debido a acusaciones en su contra relacionadas con su trabajo tras bastidores en los tribunales. Pero regresó a Venezuela con la venia de Tarek William Saab, quien no activó ningún procedimiento judicial en su contra.
A Mendiri no le tomó mucho tiempo retomar sus contactos en los despachos judiciales venezolanos, como evidencia el caso de Rutaca. Ahora ambas partes están a la espera de lo que decida la Sala Constitucional, con el curioso preámbulo de que la magistrada encargada de redactar el fallo en el que la Sala se declaró competente para revisar la sentencia de Timaure no fue Gladys Gutiérrez, sino Michel Adriana Velásquez Grillet, magistrada que en redes sociales asocian a la tribu de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Será esta magistrada la que tenga la palabra final en la disputa judicial, pero independientemente del desenlace jurídico de esta historia, el Flaco ya demostró que en el Tribunal Supremo el tráfico de influencia sigue teniendo alas.
La voluntad férrea de la jueza Carmen Porras para garantizar que las decisiones del poder judicial en Táchira se alinearan con los deseos del gobierno le ganó un apodo entre sus colegas abogados y un puesto en el Tribunal Supremo en Caracas. Allí estuvo una década como magistrada, conjugando jurisprudencia con una lealtad política que antes había ofrecido a otros partidos, hasta que el chavismo la descartó. Cuando eso ocurrió, ya tenía un futuro construido como propietaria de múltiples inmuebles en el sur de Florida.
Se aproxima la renovación del máximo tribunal de la República, un trámite destinado a designar desde la Asamblea Nacional oficialista a letrados que puedan demostrar su lealtad a la revolución, por encima de cualquier otra credencial. Por eso en la lista de 258 preseleccionados tras la primera criba, se cuelan sin pudor decenas de militantes del partido de gobierno, un buen número que fueron contratistas del Estado y otros que buscan reciclar sus carreras como burócratas del chavismo, transformados todos, como por arte de magia, en jurisconsultos.
Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Rafael Sarría y Fidel Ramírez, señalados como parte de intrincadas redes que medraban de Pdvsa mientras recibían decenas de millones de dólares en sobornos y comisiones. Como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquello no sería una rareza a no ser porque comparte con los susodichos la dirección o representación de varias empresas, recibió pagos desde cuentas tenidas por sospechosas y dirige una compañía con lazos necesariamente buenos con el Estado.
El escándalo de los diputados, entonces opositores, que hicieron gestiones en favor del empresario Alex Saab, cayó en el olvido: mientras los señalados parecen a punto de quedar reelegidos este domingo, los resultados de la investigación prometida hace exactamente un año por Juan Guaidó, como jefe de la Asamblea Nacional, aún no se conocen. Sin embargo, los testimonios que han trascendido de los parlamentarios involucrados en el caso e interrogados durante las pesquisas, así como de los trabajadores de la Comisión de Contraloría de la AN -donde se gestaron y a cuyo nombre se presentaron los documentos en apoyo de Saab- arrojan nuevos detalles sobre el desorden administrativo y caos institucional que reinaron en esa instancia del parlamento, dominado por la oposición desde 2015. Los favores al contratista consentido del chavismo no fueron ni una casualidad ni los únicos.
Audaz, bien conectado y fanático de la causa de los ‘underdogs’ en la City londinense, el abogado Sarosh Zaiwalla no cree en el bajo perfil para escoger a sus clientes, ni en la discreción para defenderlos. Una sonada victoria con la que logró levantar sanciones contra un banco iraní le abrió las puertas para litigar en casos de complejidad económica y política, como lo demuestra su prueba más reciente: representar al régimen de Caracas en tribunales británicos para la disputa legal por el control de 31 toneladas de oro de las reservas venezolanas atrapadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra, una pulseada en la que Juan Guaidó llevaba ventaja en el marcador, pero que el letrado de origen indio logró recientemente poner de nuevo cero a cero.
A sus tribunales de control llegan, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el Gobierno de Nicolás Maduro: el atentado con drones, la intentona del 30 de abril, entre otros. Pero esa confianza depositada en ella por el chavismo parece guardar una proporción inversa a su desempeño como abogada litigante, salpicada de incidentes en medio de una larga racha de reveses. Hasta llegó a estar arrestada por la forja de un documento. Ahora es el brazo ejecutor de sentencias prestablecidas.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
Abogada y asistente de la presidente del TSJ, Gladys Rodríguez. Es una de las personas con la que Gustavo Mendiri adelanta sus operaciones de influencia en el máximo juzgado.
Coronel, abogado y ex asistente del magistrado Henry Timaure Tapia. Fue removido de su comisión en el TSJ luego de las irregularidades en la sentencia del caso Rutaca.
Magistrado de la Sala de Casación y general retirado. Redactó la sentencia que favoreció a Rutaca al mismo tiempo que su hijo estaba en la nómina de la empresa.
Marinos de Anzoátegui. Es un cercano amigo de Gustavo Mendiri.
Abogado y fiscal general de Venezuela. Fue Defensor del Pueblo y gobernador de Anzoátegui, estado en donde desarrolló una cercana amistad con Gustavo Mendiri.
Abogado y amigo cercano del fiscal general Tarek William Saab. Fuentes del sector judicial indican que usa su amistad con Saab para influir en la decisiones del Tribunal Supremo de Justicia.
