Con la entrada al corro bursátil caraqueño de Corporación Berakah, el joven Julio Mendoza Delgado corona su éxito casi instantáneo en la actividad minera de Guayana. Claro: solo si por éxito se entiende la incorporación de empresas fantasmas con sedes intangibles, la puesta en marcha de una procesadora de arenas auríferas sin casi ninguna factibilidad económica que no hace más que demandar nuevas inversiones, y la obtención de unos cuantos contratos estatales. Según coinciden expertos consultados, el oro no es precisamente lo que acá brilla.
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“Padrinos mágicos”. Fueron esas dos palabras las que dijeron sus jefes a los funcionarios de la empresa estatal Corporación Venezolana de Minería (CVM), dependiente del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, cuando les presentaron una nueva empresa productora de oro que se erigía en el estado Bolívar, sur de Venezuela. Lo que la distinguía era que los dueños de la compañía tenían sus padrinos mágicos, y eran, por lo tanto, intocables; léase como “inmunes a fiscalizaciones”.
Esa empresa, Corporación Berakah, C.A., acaba de ser noticia en agosto de 2023. Fundada en 2017, con oficina en Upata, capital ganadera y agrícola del municipio Piar de esa región del país, se convirtió en la primera compañía minera en emitir papeles comerciales en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC). Su dueño, Julio Ernesto Mendoza Delgado, había logrado con ello visibilizar más su emprendimiento ante potenciales inversionistas, aunque ya la publicidad oficial había hecho lo propio.
Desde su fundación, los órganos propagandísticos del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y de la CVM han dado a Corporación Berakah un trato cuando menos preferencial en sus reseñas, destacando las proyecciones de producción de lingotes de oro, nombrándola como empresa aliada y publicitando labores altruistas, como entregas de medicinas en ambulatorios del sur de Bolívar.
Pero en la historia de Berakah, tanto como lingotes, hay baches. Por ejemplo: una lista de empresas cuyas sedes, registradas a nombre de Mendoza, no existen; inversiones millonarias en dólares en tiempos en que esa moneda era criminalizada por el gobierno de Nicolás Maduro; y el favor gubernamental que ha tenido desde sus primeros tiempos, todo eso sin contar entuertos técnicos que precisan fuentes consultadas por Armando.info.
Se trata de la parábola de un joven anónimo y audaz que, de repente y entre aplausos gubernamentales, levanta una estructura con inversiones millonarias en dólares en torno de la que no hay garantías de retorno de ganancias. En suma, una historia en la que no todo brilla como el oro.
En febrero de 2017, en el Registro Mercantil Primero del estado Bolívar, en Puerto Ordaz, Julio Ernesto Mendoza, entonces de 30 años, y Katerin Yuliet Ribeiro, de 26, constituyeron Corporación Berakah, C.A., cuya primera sede estaba en Las Manacas, carretera nacional El Dorado, en la vía a Santa Elena de Uairén. Su objeto comercial fue “análisis de suelos, actividad de exploración, explotación, compra y venta de minerales como oro, cobre, hierro, coltán y diamante”. La distribución accionaria se estableció en 90% para Mendoza y 10% para Ribeiro (900 y 100 acciones, respectivamente). Hasta hoy, tanto los socios como la distribución accionaria son los mismos.
En el expediente mercantil de la empresa consta que, en septiembre de ese año, Mendoza y Ribeiro aprobaron en asamblea, basados en la “norma internacional de contabilidad número 21”, el uso del dólar como moneda funcional. Era aquel un momento en el que el acceso a divisas para importaciones distintas de comida y medicinas era impensable. El gobierno de Maduro, abiertamente, criminalizaba el uso de esa moneda.
Allí también consta la contratación de la empresa Construcciones Doble AA para el levantamiento de la Planta Berakah, proyecto Fundo Moriche. Se trata de una empresa familiar cuya sociedad comparten Julio Mendoza y su padre, Alexis Mendoza. La sede está registrada en la calle Rómulo Gallegos del sector José Félix Ribas, en Maracay, estado Aragua.
Para este trabajo, el reportero de Armando.info visitó la dirección de Construcciones Doble AA. Allí no encontró una constructora, sino una casa corriente. “Que yo sepa, no hay una empresa allí. Es una casa de familia. Empresas aquí no hay”, dijo un vecino al ser consultado al respecto.
Pero en esa dirección no está registrada sólo Construcciones Doble AA. Lo están también otras cinco empresas dedicadas a ramos diversos: Hogar y Equipos Domésticos, C.A. (comercialización de muebles y de equipos de línea blanca); Autorepuestos CR7, C.A. (comercialización de repuestos para carros); Alimenca 86, C.A. (distribución de comida); Mediven JM, C.A. (comercialización de medicinas, fármacos y equipos médicos); y JM Electronic 86, C.A. (distribución de muebles electrónicos). En total, seis empresas sobre las que ningún vecino conocía.
En Aragua están las direcciones de otras empresas en situación similar. En la urbanización La Barraca, de Maracay, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC), funcionan Corporación de Alta Tecnología, C.A. (diseño de proyectos de ingeniería y de construcción); Corporación Induven, C.A. (comercialización de motores, turbinas y grúas); y Corporación Químicos Industriales, C.A. (venta de productos químicos y pinturas). “Ni las he escuchado, y he estado aquí años”, dijo una vecina al ser consultada. En el local, una casa de dos plantas con las puertas cerradas con candados, sólo había un letrero: “Se alquila”.
No fue todo. En un galpón de La Providencia, en Turmero, también en Aragua, según el RNC están las sedes de Corporación Petroven, C.A. (investigación, explotación y exploración de petróleo, gas natural y otros) y de Corporación Textiven, C.A. (venta de telas, lencería, calzados, equipos de seguridad industrial y maquinaria textil). Los vigilantes de esa zona industrial no sabían ni de una ni de otra. Tampoco los de otra zona industrial en Cagua, llamada Corinsa, donde está el Centro Empresarial Parra Díaz, y donde está registrada la Distribuidora Casprin, C.A. (comercialización de insumos de salud, equipos de oficinas, electrónicos y tecnológicos, y alimentos).
Todas estas empresas, además de ser invisibles para los residentes y trabajadores de esas zonas y de pertenecer a ramos tan dispares entre sí, tienen otros puntos en común: están inscritas en el RNC y, salvo por el caso de Construcciones Doble AA, C.A., en todas son socios Mendoza y Ribeiro, los dueños de Corporación Berakah.
Si en 2018, con el proyecto apenas levantándose, la productividad no era factible en Corporación Berakah, sí lo era, en cambio, la inyección de fondos. Ese año se amplió el valor de la obra tres veces. De 4,42 millones de dólares previstos el año anterior, se pasó a 5,93 millones de dólares, aprobación que se registró el 10 de enero.
El 15 de junio hubo una nueva variación: ahora el proyecto aumentaba a 10 millones de dólares. El año cerró con otro incremento en el costo de la obra: 16 millones de dólares. “Se requiere la ampliación de capacidad de procesamiento, lo que demanda una mayor cantidad y capacidad de equipos y redimensionamiento de la infraestructura física para instalarlos y realizar las operaciones; por tanto, también implica una gran variedad de obras físicas conexas que justifican la necesidad de la ejecución de módulos de servicios que atiendan los requerimientos de espacios para su instalación y operaciones en la etapa productiva”, se explicaba en cada caso. En 2023, de acuerdo con el prospecto que la compañía presentó ante la Bolsa de Valores de Caracas para convertirse en emisora de papeles comerciales, el costo del proyecto suma 23,4 millones de dólares.
Los costos de la planta eran oficiales en un contexto económico hostil, en el que el régimen de Nicolás Maduro, además de criminalizar el uso del dólar, hacía la guerra al sector privado. ¿Cómo, entonces, una empresa de emprendedores jóvenes como Corporación Berakah podía proyectar sus planes en dólares y revalorizar con frecuencia el costo de la planta? Para tener respuestas, Armando.info solicitó una entrevista a Julio Mendoza a través de WhatsApp y a los correos electrónicos de él y de Ribeiro. Aparte, se envió a la oficina de la empresa, en el centro comercial La Pradera, de Upata, un cuestionario, que también fue remitido tanto por WhatsApp como por correo electrónico a Mendoza y a Ribeiro. Por ninguna vía hubo respuestas hasta el cierre de la edición de este trabajo.
En marzo de 2018 se aprobó el comodato de una línea de trituración con la empresa Corporación Alta Tecnología, C.A. Sí: otra en la que Mendoza y Ribeiro son socios. “Cuando vimos los reportes de inversión de esta empresa, llevaba más de 10 millones de dólares. ¿De dónde sale ese dinero? ¿A través de qué ente financiero?”, recuerda hoy un exfuncionario de la CVM, cuyo nombre se omite por seguridad, sobre aquellos primeros años de Corporación Berakah, la misma época en la que se les advertía que la empresa era intocable.
En efecto, la Planta Berakah se construyó en la cercanía de Cupapui y Santa María, al sureste de Upata, municipio Piar, cerca de otra planta de procesamiento de oro, Sarrapia, que también ha sido publicitada por el gobierno de Nicolás Maduro.
“Me dijeron: es una empresa que tiene padrinos mágicos. Véanla por encima pero no se metan. Eran muy buenas instalaciones, y para poner eso en mitad de la nada tienen que hacer un esfuerzo brutal”, añade.
¿Qué funcionario emitía las órdenes de proteger Corporación Berakah? La fuente identifica a Víctor Hugo Cano, quien ejerció desde agosto de 2017 hasta junio de 2019 los cargos de presidente de la Corporación Venezolana de Minería y ministro de Desarrollo Minero Ecológico: el padrino mágico de la historia.
“Esa orden de no tocar es una línea que te ponen (…) cada área respondía a un plan de inversión, que se divide en cinco categorías. Y ese seguimiento con esa empresa, por ejemplo, no se hace. ¿Hicieron una pared? Chévere. ¿No la hicieron? También chévere”, ejemplifica el exfuncionario.
De acuerdo con documentos revisados para este reportaje, la producción en la planta está diseñada en seis procesos: trituración, molienda, lixiviación, elución, electrólisis y fundición. La capacidad instalada actual es de 500 toneladas métricas por día. La proyección con las inversiones que se capten a través de la emisión de papeles comerciales es llevar esa capacidad a 1.000 toneladas métricas por día.
Corporación Induven (cuyos socios son, de nuevo, Mendoza y Ribeiro, junto con Eduardo Martínez Sanoja) es propietaria del terreno, evaluado en 297.000 dólares, donde se construye la planta. Luego de cinco años como compañía en etapa preoperativa, un informe de la sociedad calificadora de riesgos A1a Calificadores, C.A., sostiene que entre noviembre y diciembre de 2022, Corporación Berakah comenzó a producir a razón de 5,216 kilos de oro fino por día. La producción desde entonces hasta ahora fue una de las respuestas que faltaron por parte de Mendoza para este reportaje.
En un informe, fechado en agosto de 2022 e incluido en el prospecto, los auditores independientes Márquez, Perdomo y Asociados, miembros de Crowe Global, llaman la atención sobre la necesidad de recuperación de inversiones en propiedades, plantas y equipos.
Entre Corporación Berakah y el Estado hay dos alianzas estratégicas suscritas. La primera está convenida con la Corporación Venezolana de Minería para el aprovechamiento de arenas auríferas derivadas de la pequeña minería. El contrato inicial, de agosto de 2017, era de 2,5 millones de dólares. Hoy, extendido a diez años a partir del 28 de junio de 2022, es de 22,3 millones de dólares. La segunda es con el Instituto Autónomo Minas Bolívar, dependiente de la Gobernación de Bolívar (dirigida por Ángel Marcano, exsindicalista del sector aluminio afín al chavismo). Entre ambas instituciones han cedido 849 hectáreas de explotación a la empresa.
La protección estatal por parte de la Corporación Venezolana de Minería y del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico no salvó, sin embargo, a Corporación Berakah de una falla de origen: la planta, al margen de la inversión y las previsiones tecnológicas con las que fue construida, no estaba “atada a una mina” por no tener un yacimiento cercano por explotar, como coinciden fuentes consultadas.
En otras palabras, es una planta de alta tecnología construida en un terreno inadecuado, lo que multiplica los costos por acarreo y delata fallas en los estudios de factibilidad. “Berakah ha tenido problemas de rentabilidad y adquisición de arena porque no tiene minas que provean oportunamente la materia prima. ¿Por qué pasa eso y se invierten 16 millones de dólares en una planta que no tiene cómo funcionar? Puede ser un lavado, ¡cómo no! Pero [al menos] hay ignorancia académica en cuanto a la geología y a la geometalurgia. Siempre hay encantadores de serpientes que dicen: ‘Allí hay oro. Dale, que vas a revertir esa inversión en menos de dos años’. ¡Mentira!”, explica una fuente que estuvo relacionada con el proyecto inicialmente. Su identidad se resguarda para efectos de este reportaje.
Por separado, el exfuncionario del Ministerio se pregunta: “¿Cómo haces para tener una planta sin tener una mina? Es que ni siquiera está cerca de un yacimiento. Cuando uno inspeccionaba, te dejaban muchas preguntas. Pero me decían en la cara: ‘de esta empresa no quiero ver ni un reporte’. Por dónde pasa ese dinero, cómo se lleva la legislación, quién lleva la regulación… Nadie lo sabe. Es una caja negra. Y son órdenes. Si no te quieres meter en problemas, ni siquiera preguntas”.
Otras fuentes consultadas por Armando.info refieren que la mina más cercana queda a 40 minutos de Planta Berakah. No sólo eso: los yacimientos de la zona están dominados por pandillas y por militares. Todo esto supone una inversión adicional en el acarreo de las arenas, y estos costos “siempre matan un proyecto minero, y más ahora”.
A pesar de esos escollos, en 2019 la propaganda gubernamental ponía en el pináculo a Corporación Berakah. Varias notas de prensa del Ministerio y de la CVM resaltaban que “la nueva planta en el Arco Minero del Orinoco” produciría 600 kilos de oro por año”.
La planta de Berakah está ubicada en el estado Bolívar, al sur de Upata, municipio Piar.
Con Arco Minero del Orinoco (AMO) se refiere al proyecto ideado en 2011 por Hugo Chávez como un área de explotación de minerales que abarca 111.843,70 kilómetros cuadrados. El proyecto, concretado en febrero de 2016 por Nicolás Maduro, en la práctica sólo ha fomentado la devastación ambiental y el otorgamiento de concesiones sin licitaciones ni controles a empresas cercanas a los funcionarios de turno en los ministerios afines.
En junio de 2023 se aprobó la modificación del objeto social de la empresa, para incluir el “almacenamiento de sustancias peligrosas”; específicamente, cianuro.
Otra buena nueva de este año es, por supuesto, la incorporación de la empresa en la Bolsa de Caracas, en agosto de 2023. Al conversar con Armando.info respecto a esta novedad, el presidente de la BVC, Gustavo Pulido Medina, expresó sentirse “muy impresionado por la empresa, con el desarrollo y por la innovación dentro del mercado”, pues “en Venezuela necesitamos emprendimiento y creatividad”.
Explica que Corporación Berakah, C.A. fue sometida a debidas diligencias por parte de Mercosur, Casa de Bolsas, C.A. (el agente colocador); la Superintendencia Nacional de Valores; la Caja Venezolana de Valores y la misma Bolsa de Valores de Caracas.
“Creo que hay apertura gubernamental sobre el oro con empresas que han desarrollado proyectos”, añade. “Todo lo que sea formalizarse me parece positivo. En este caso, todo está en el prospecto y pusieron un video y estaba la mina y todo salía de ahí. Es más, el video es buenísimo”. El contraste es absoluto, si se atiende la observación de las fuentes técnicas que estuvieron en el sitio y que insisten en que la lejanía de los yacimientos representa un escollo para la producción de Corporación Berakah.
¿Le preocupa a Pulido Medina el contexto de las demás empresas de Mendoza? Él solamente, explica, puede responder por Corporación Berakah y nada más. “Yo tengo que ver es con la empresa que emite. Si tienen negocios conexos, no los conozco. Yo te respondo por Berakah y mis oficiales de cumplimiento no dieron señal de alerta. Aquí vinieron los accionistas, sus administradores e hicieron la presentación”.
Los negocios dentro de la zona especial Arco Minero del Orinoco han sido utilizados durante ocho años para favorecer a empresarios cercanos al chavismo. El testimonio de Mendoza para este reportaje era clave para determinar cómo fue el proceso de licitación que siguió para que empresas del Estado le otorgaran más de 800 hectáreas para explotación.
“La minería es uno de los sectores más riesgosos del mundo. Los riesgos son de hasta 50%. Regularmente una sola persona no asume la inversión. A partir de allí es que levantas ese capital. Había personas, de Berakah y de otras empresas, que no sabían qué era la minería. Por eso embaucaron a tantos. Mucha gente salió con las tablas en la cabeza. La trataron de vender como algo que te daba retribución de capitales muy rápidamente y no era así”, remata el exfuncionario de la CVM.
Un entramado casi interminable de empresas, socios, direcciones y países, construido con precisión de relojero, dificulta seguir los pasos de un comerciante del oro venezolano devenido ganadero en Colombia. Se libró de la redada emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra las mafias mineras, pero otros escándalos que han salpicado sus negocios, incluyendo el reciente asesinato a manos de sicarios de dos de sus empleados, van dejando algunas pistas de sus opacos mecanismos lucrativos.
En Puerto Ordaz lo señalaron como contrabandista, en Boa Vista como blanqueador de capitales y en La Romana como el hombre fuerte detrás de una red de aviones que transportaban minerales clandestinos. Las aventuras de Roberto Espejo son legendarias desde los tiempos del exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, y el rastro elusivo de sus negocios ayudan a armar el mapa del tráfico de oro en el Caribe.
Construyó una integración vertical del ciclo del oro ilegal, desde la extracción en reservas indígenas de la Gran Sabana hasta su transporte a Florida, donde blanqueaba y procesaba el mineral. Era una época en la que contaba con el favor de las autoridades venezolanas. Pero la suerte de Andrés Antonio Fernández Soto, ‘Toñito’, empezó a torcerse cuando debió agregar a su negocio una escala en Brasil. Ahora el traficante, que hasta herido de bala salió de una fuga de película, enfrenta un juicio en ese país y, tras más de un año con una tobillera electrónica, desde marzo reciente está de nuevo prófugo.
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Asociado a las redes de tráfico de mercurio y de otras mercancías ilícitas en el noreste de la cuenca amazónica, el comercio clandestino del metal precioso que se extrae en Venezuela atraviesa las selvas del país vecino del este. A pesar de la pandemia y otros frenos, la producción local muestra un incremento de casi una tonelada, volumen que con probabilidad procede de la Guayana venezolana. Exportadores de escala industrial compran sin distingo el 'oro de sangre' a militares corruptos, mineros artesanales y guerrilleros, para luego blanquearlo con envíos a refinerías que lo venden a algunas de las más importantes corporaciones globales.
Eduardo Rivas salió de la nada para consagrarse como el zar de la explotación del oro, el último maná que permite obtener divisas para las arcas del Gobierno después del colapso de la industria petrolera. Se expuso a la luz pública por primera vez en 2018, al frente de un complejo de procesamiento del metal precioso, pero desde entonces hace sentir su poder al sur del Orinoco mediante campañas de prensa regional y el amedrentamiento con su guardia pretoriana constituida por agentes de la contrainteligencia militar. Más que por credenciales técnicas o antecedentes -casi nulos- en la actividad minera, debe su figuración a la cercanía que tiene con los Nicolás Maduro, padre e hijo.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
Zona de explotación de minerales de 111 mil kilómetros cuadrados. Ideado por Hugo Chávez y fundado por Nicolás Maduro en 2016, ha sido espacio de crímenes, devastación medioambiental y minería no sustentable.
Fundada en 1947, es una institución de carácter privado en donde se gestan todo tipo de acciones de compra y venta de activos. Se rige mediante la Ley de Mercado de Valores.
Ingeniero geólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Fue funcionario del gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Entre 2017 y 2019 fue ministro de Desarrollo minero ecológico y presidente de la Corporación venezolana de Minería.
Vicepresidenta de la junta directiva de Corporación Berakah, C.A. Sus funciones principales en la empresa son las de manejo de recursos humanos, toma de decisiones ante terceros y manejo de asuntos administrativos y legales.
Ingeniero civil egresado de la Universidad Santiago Mariño. Es el dueño de Corporación Berakah, C.A., y de otras empresas, registradas principalmente en el estado Aragua.
Empresa productora de oro, ubicada en Piar, Bolívar, en la zona bautizada por el chavismo como Arco Minero del Orinoco. Fundada en 2017, en 2022 comenzó a producir. Desde 2023 cotiza en la Bolsa de Valores de Caracas.
