Podemos, el partido de moda en España, vivió sus pininos revolucionarios en América del Sur. Sus líderes trabajaron como asesores para los Gobiernos ‘bolivarianos’ y ‘progresistas’ en Venezuela, Bolivia y Ecuador a nombre del Centro de Estudios Políticos y Sociales, CEPS. Precisamente los creadores del CEPS, los juristas Roberto Viciano y Rubén Martínez Dalmau, trajeron sus ideas sobre un nuevo constitucionalismo popular, cuando participaron en la elaboración de las Constituciones de esos tres países. Y ahora una de las consignas de Podemos es hacer una Asamblea Constituyente. Esta es la historia de cómo un experimento en Los Andes tal vez prefigure el futuro de España.
En la sede de la contrainteligencia militar de Ciudad Bolívar conviven, a su pesar, buena parte de los acusados por los más sonados casos de corrupción en Guayana. Comparten los espacios de esta casa, a solo tres cuadras del penitenciario de Vista Hermosa, los imputados por el comercio furtivo del hierro de Ferrominera. ¿Cómo llegaron a estar juntos? Un melodrama de la justicia venezolana.
No gozaba de poder alguno en Mérida, pero fiel a su convicción revolucionaria, denunció la corrupción de Pdvsa en El Vigía. Este 27 de mayo cumple tres meses desaparecido y la explicación que al misterio dio su jefe inmediato, el secretario de Gobierno, fue: “Eso le pasó por hablar pistoladas”.
La guatemalteca Gloria Álvarez, la misma que se hizo popular por denunciar el populismo de América Latina en octubre del año pasado, también encontró críticas en el cono sur. El sitio uruguayo Sudestada.com.uy analizó su discurso y doble discurso.
Complemento de la reportería de la nota ‘En el fondo, las casas eran la excusa para los dólares’, publicado en Armando.info el 26 de abril de 2015.
Una de las pocas historias de relativo éxito en las comunas socialistas que el Gobierno venezolano impulsa en propiedades rurales incautadas por todo el país es El Maizal, en el estado Lara. Pero desde diciembre pasado una decisión del Tribunal Supremo, que llegó a anular los efectos de un documento entregado por Hugo Chávez, ha puesto en entredicho la propia existencia del proyecto. Si bien el fallo está en revisión, dejó lastimados sin remedio a la autonomía de la justicia, a los derechos de los antiguos dueños, y a los productores agrarios, presas por igual de un proceso confiscatorio compulsivo.
En esta segunda entrega sobre los trasvases de divisas estatales a cuentas privadas mediante el sistema Sucre, se rastrean diversos esquemas usados para captar los codiciados dólares preferenciales de Cadivi: sobreprecios, facturaciones falsas con prestanombres, empresas fantasmas sin domicilio físico o meras casillas postales, unos entramados creativos que con frecuencia llegaban hasta Miami.
La complicidad entre operadores de ambos países convirtió el fingimiento y la sobrefacturación de exportaciones de Ecuador a Venezuela en un negocio pingüe, pues daba acceso a liquidaciones en dólares preferenciales de Cadivi, todo ello en el marco del Sucre, el sistema de compensación de pagos creado por los países del Alba. Un ejemplo de tales esquemas es el caso en que una empresa, el Fondo Global de Construcción, en 2012-13 recibió de contratistas del Estado venezolano al menos 159 millones de dólares para el suministro de casas prefabricadas, pero solo entregó productos equivalentes a 3 millones de dólares.
Muchas viviendas en poco tiempo; tecnología y experiencia del extranjero: eran los atractivos de las casas prefabricadas como solución al déficit habitacional en Venezuela. En la danza de millones de dólares correspondiente a los contratos otorgados por el Gobierno, tomaron parte iraníes, uruguayos, portugueses y, según ahora aparece, hasta la empresa de la tesorera del club de fútbol Barcelona. Pero la improvisación y la falta de controles por parte de las autoridades desembocaron en retrasos, incumplimientos, pleitos judiciales y, en definitiva, la frustración del sueño de vivienda propia de miles de venezolanos.
Se llama Herald Crespo y era director de Agroflora, la empresa del Estado que resultó de la expropiación de la legendaria "Compañía Inglesa", o Vestey Farms, la ganadera más grande del país. Pero ahora está preso en Apure. La Fiscalía lo imputó por robo de ganado. Él no niega que vendía reses de la empresa estatal a precios no regulados (asegura que el ministro Yván Gil lo sabía), pero afirma que lo hacía para ayudarla a subsistir. Un caso que muestra las zonas grises y contradicciones generadas por los controles del mercado y que explican, en buena parte, la actual escasez de la carne.
Las cenizas de uno de los hombres fuertes de la llegada de los españoles a América estaban guardadas en la gaveta del cronista de Ciudad Ojeda desde hace 33 años. Tres décadas después, y luego de que el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, propusiera cambiarle el nombre a la capital del municipio Lagunillas, la alcaldía ha recuperado los restos con la esperanza de construirle un mausoleo.
Leonel González construyó en un terreno del municipio San Francisco de Maracaibo su propia utopía de comunismo primitivo, agrupada en torno a una singular visión del credo adventista. Allí nada es de nadie y a la vez es de todos. Con fondos del gobierno y su organización colectivista, se anotó varios éxitos en la gestión cooperativa que, sin embargo, le ganaron la animadversión de la alcaldía y fiscalía chavistas, que no pierden oportunidad para acosarlo con constantes acusaciones de abuso sexual y hasta de fraude tributario a las que da pie el extraño comportamiento de ‘El Profeta’.
Una nueva filtración desde Estados Unidos muestra que la empresa Derwick Associates, de los llamados ‘bolichicos’, aprovechó la crisis eléctrica venezolana para ganar, solo por su intermediación, más que su socio técnico, y todo por vender como nuevas algunas turbinas usadas que rescataron de sumideros de todo el mundo. La mayoría de esos equipos están parados o en mantenimiento, rindiendo menos de lo requerido.
El prisionero político más afamado del chavismo cumplió en febrero su primer año tras las rejas. En ese tiempo ha enfrentado un juicio lleno de incidencias, al que todos suponen condenatorio, y vejaciones en la cárcel militar de Ramo Verde. Una visita a una de sus audiencias, y las respuestas a un cuestionario que se le hizo llegar a prisión, dan cuenta de las vicisitudes por las que ha pasado.
En su prédica por los pobres, el expresidente Hugo Chávez anunció un programa social para subvencionar a madres de niños especiales. Pero detrás de los anuncios empieza a saltar una retahíla de números de cédula, cuyas titulares denuncian que no son ellas las que han recibido las pensiones. El Banco de Venezuela, entretanto, se lava las manos y el Gobierno no sabe, no respondió…
Cinco años después del llamado Radiocidio, la libertad es una especie en extinción en las ondas hertzianas de la República Bolivariana. Conatel cerró más de 30 emisoras el 1 de agosto de 2009 y suavizó esos espacios con aliados o contenidos asépticos y hasta religiosos. Esta es la segunda pieza que el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) publica como parte de una investigación que presenta como “Propietarios de la censura en Venezuela”.
De la petrolera estatal se sabe que ha servido tanto de caja chica para la revolución bolivariana como de todo lo demás: productor y distribuidor de alimentos, transportista, patrocinante deportivo. Al largo etcétera que sigue, se suma el rol de editor de medios en cuencas petrolíferas del interior del país, donde la corporación se hace del control de televisoras y periódicos mediante el programa de Empresas de Producción Social o capitalizando sus acreencias. Este reportaje forma parte del proyecto “Propietarios de la censura en Venezuela” del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela), que desde hoy comienza a dar a conocer las distintas modalidades por las que la propiedad de medios ha cambiado de manos durante los últimos años.
Venezuela se ha convertido en uno de los principales compradores de ganado brasileño. Pero las masivas importaciones apenas dejan notar algunas irregularidades, como casos de sobreprecios en el transporte marítimo, o las discrepancias entre los registros de los dos países, cuyas diferencias establecen que 100.000 cabezas de ganado dejaron de llegar a su destino.
