Cinco años después del llamado Radiocidio, la libertad es una especie en extinción en las ondas hertzianas de la República Bolivariana. Conatel cerró más de 30 emisoras el 1 de agosto de 2009 y suavizó esos espacios con aliados o contenidos asépticos y hasta religiosos. Esta es la segunda pieza que el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) publica como parte de una investigación que presenta como “Propietarios de la censura en Venezuela”.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
“La carta de Conatel, en la que se exigía el corte de la transmisión, la recibió un técnico a las 6 de la mañana el sábado 1 de agosto de 2009. Era como para ponerse a llorar...Nunca pensamos que sería así”, recuerda con tristeza el presidente del Circuito Nacional Belfort (CNB), Nelson Belfort, mientras recorre los pasillos y estudios de lo que fue la sede de 102.3 FM, una de las emisoras más populares de la región capital, en la urbanización La Carlota del este de Caracas.
Un espacio que fue diseñado exclusivamente para el funcionamiento de esa radio, se reduce ahora a un par de muebles viejos, máquinas de escribir, televisores sin funcionamiento y una consola en desuso. En sus paredes se encuentran aún colgados los premios que alguna vez recibieron, las carteleras que alguna vez usaron y un papel que reza: “Tenemos tanto miedo que…¡Seguiremos informando!”.
En julio de 2009, el aquel entonces ministro de Obras Públicas y Vivienda (Mopvi) y director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello –hoy presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)–, bajo la consigna de “democratizar el espectro radioeléctrico”, abrió procedimientos administrativos para recuperar las concesiones de 86 emisoras AM, 154 emisoras FM y de 45 televisoras (10 VHF y 35 UHF) .
El 1 de agosto de 2009, las amenazas de cierre que recibieron se hicieron realidad para solo 32 emisoras y dos televisoras ubicadas en distintos rincones del país. De estas emisoras, siete transmitían en el Distrito Capital, y cinco formaban parte, en distintas zonas del país, del circuito CNB: 102.3FM Caracas, 101.1FM Valencia, 94.5FM Táchira, 96.1FM Punto Fijo y 102.1FM Maracaibo.
El circuito radial que creó el programa Aló Ciudadano, conducido por Leopoldo Castillo originalmente y retransmitido luego en formato televisivo por Globovisión, fue el gran perdedor de la jornada. “Éramos un grupo a nivel nacional de diez emisoras de radio. Sin la emisora matriz y otras importantes, el circuito se vio muy comprometido. De manera directa quedaron sin trabajo 240 empleados, sin contar los talentos indirectos que dependían de nosotros,” explica Belfort.
A más de cinco años de esa razzia, no hay ningún caso en el que hayan procedido ni los amparos constitucionales ni las medidas cautelares presentadas ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para solicitar protección al derecho al trabajo. Tampoco tuvieron efecto las denuncias hechas por Belfort ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la actualidad, el antiguo dial de CNB Caracas está ocupado por la radio de la Asamblea Nacional, que tomó la frecuencia apenas una semana después del cierre de la emisora comercial. Otras cuatro emisoras pertenecen ahora a YVKE mundial (Mérida 106.3FM, Nueva Esparta 92.9FM, CNB Táchira 94.5FM y CNB Zulia 102.1FM), de propiedad estatal. Y Sucre 103.3FM es el canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela (RNV), también del Estado.
Dos de las frecuencias desocupadas, ambas del estado Amazonas (1130AM y 107.5FM), no han sido tomadas a la fecha, ni tan solo por radios comunitarias.
Otros diales fueron tomados por emisoras comerciales. Tales son los casos de Bolívar 96.9F, ahora Radio Nikra; Carabobo 100.1FM, actualmente radio Wama; y Zulia 105.1FM que se conoce hoy como la Radio del Pop.
Vargas 106.9 FM fue tomada por una radio cristiana. Y Carabobo 98.3FM es conocida como Extrema "la emisora popular de Libertador", según su lema. Sin embargo, esta última no aparece en el directorio de emisoras comunitarias oficiales proporcionado por Conatel.
El único dial que se mantiene como emisora CNB es 95.3FM en Mérida, ya que la concesión estaba a nombre de Nelson Belfort, y no de su padre. Las estaciones que no fueron cerradas, pertenecientes al circuito, se mantienen al aire pero con otro nombre. Los programas de opinión disminuyeron y confiesan que tienen extremo cuidado al cumplir con la ley de contenido: “Hay que evitar problemas con el regulador para que no haya excusa para decir ‘pusiste una coma donde no era’ y me vayan a cerrar por un tecnicismo”, explica Belfort.
Sobre la lista con los nombres de los 251 medios restantes que en julio de 2009 aparecían como sancionables no se supo más. Tampoco hubo otra jornada comparable a la de ese 1 de agosto, que pasó a ser conocido en la opinión pública como el Radiocidio. Desde entonces Conatel ha venido cerrando radios de manera silenciosa y paulatina en el interior del país.
Ya en enero de 2012 el diario El Universal de Caracas publicaba que durante el año anterior Conatel había procedido al cierre de 27 emisoras de radio alrededor del país.
Una de las emisoras mencionadas en aquel entonces era Cosmopolitan 107.9 FM, en el estado Carabobo. Se habló que su salida del aire se debía a la aplicación de un proceso administrativo por parte del ente regulador. Sin embargo, la institución negó las acusaciones y explicó, a través de su entonces Gerente General de Operaciones, Enrique Quintana, que se trataba de una simple inspección “como cientos que se realizan trimestralmente por denuncias de interesados que operan el espectro radioeléctrico”.
En la actualidad ya no existe Cosmopolitan. Su frecuencia pertenece a la emisora Frenesí. Su dueño, Ezequiel Zamora, asegura que cuando comenzaron a tener problemas administrativos con Conatel en 2011, decidió darle fin la relación con los socios de Cosmopolitan y crear –en la misma frecuencia– este nuevo medio. Pero no solo cambió de nombre y de socios. La programación pasó de tener una clara tendencia opositora a la completa asepsia política.
Mareline Sánchez, quien trabaja en Frenesí, aseguró que aunque en su programa Punto en Boca da lectura a los diferentes titulares y noticias diarias, evita caer en temas políticos.
Durante el 2011, en el mismo estado, Conatel también cerró temporalmente la emisora Carabobo Stereo 102.3 FM bajo el argumento de que actuaba de manera clandestina. Bajo el mismo alegato, en noviembre de ese año, funcionarios de la institución y efectivos de la Guardia Nacional incautaron los equipos de nueve emisoras, dos en el estado Falcón, tres en el estado Zulia y cuatro en Monagas.
La Caicareña 100.5 FM y VIP 93.1 FM del estado Monagas fueron sacadas del aire durante el año 2012. En la actualidad operan en la misma frecuencia una radio comercial y una radio cristiana, respectivamente. Los programas de opinión son escasos en ellas, así como en las demás emisoras que siguen funcionando en el estado.
La locutora de XL 106.7FM, Silvia Sánchez, opina que más de 95% de las emisoras del estado Monagas están plegadas a los intereses del gobierno nacional o tienden a la autocensura. En la radio en la que trabaja es la conductora del único programa de opinión. “Hay libertad de opinión dependiendo del dueño de las emisoras y sus intereses”, dijo Sánchez.
El conductor de El Humor y el interés en Tu Preferida 104.5FM, Antonio Marcano, también del estado Monagas, coincide con Sánchez y subraya: “La autocensura es muy marcada. Los dueños de las radios no quieren provocar la ira del gobierno”. Asegura que es el único mecanismo de defensa que tienen para sobrevivir.
Otra emisora que ha dado de qué hablar en Monagas es Líder 100.7FM. Fue sacada del aire por Conatel en marzo de 2012, pero volvió al aire a los pocos días, una vez que el exalcalde de Maturín, José Vicente Maicavares, hizo distancia del ex gobernador José Gregorio Briceño, un disidente del PSUV que fue expulsado de las filas oficialistas.
La radio se ha visto afectada también en el estado Barinas, tierra natal del difunto presidente Hugo Chávez y baluarte político del oficialismo. El 2 de mayo de 2012, productores independientes de la emisora Sensacional 94.7 FM de Barinas, denunciaron que Conatel puso condiciones para renovar la concesión que permite operar legalmente a la radio. Los tres años anteriores a este hecho, periodistas de la emisora habían estado denunciando que recibían amenazas y mensajes intimidatorios por realizar su trabajo. Finalmente el 19 de agosto de 2014, se ordenó su salida del aire.
En septiembre de 2013, cuatro emisoras salieron del aire y sus equipos fueron decomisados al sur del país, en el estado Amazonas: Voz del Orinoco 98.5 FM, Impacto 97.5 FM, La Deportiva 99.9 FM y Shamanika 101.1 FM. El ministro de Turismo, Andrés Izarra, declaró sobre el hecho a los medios: “No hay más radio fascista en este estado. Se acabó. Conatel sigue monitoreando, metiendo el ojo”, refiriéndose a la Voz del Orinoco.
Los problemas en Shamanika 101.1 FM comenzaron debido a unos comentarios emitidos al aire por Jackson Márquez, diputado del Consejo Legislativo del estado: “Márquez hizo señalamientos personales en su programa sobre dos generales de guarnición, Jesús Zambrano y el general Pinto Gutiérrez. Zambrano me llamó dos veces y Pinto Gutiérrez una”, explicó el director del medio, Augusto España. Pinto Gutiérrez, excomandante del Comando Regional número 9 (Core 9) en Amazonas, figura entre 2003 y 2006 como accionista de la empresa Romana International Holdings Ltd, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, según los documentos publicados por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) con los nombres de personas vinculadas a empresas en paraísos fiscales.
Shamanika 101.1 FM recibió una multa de 25.000 unidades tributarias por operar sin habilitación y con el cierre quedaron 60 personas sin empleo.
En el caso de la Voz del Orinoco, unos 30 empleados fueron cesados de sus cargos. Adriana González, alcaldesa del municipio Atures, estaba dentro de la emisora cuando Conatel ordenó el cierre. “Fue un día negro para la libertad de expresión. La radio estuvo tomada desde las 10:00 am hasta las 8:00 pm y nosotros prácticamente secuestrados adentro. Fuera de la emisora se reunió gente del PSUV. No podía ni entrar ni salir nadie”, recordó. Los problemas con la Voz del Orinoco surgieron luego de la cobertura que este medio realizó durante la toma del Hotel Amazonas, en julio de 2013, un centro turístico que le fue despojado a la gobernación local –opositora- para asignarlo al ministerio de Turismo.
De 12 emisoras radiales en Amazonas, la mitad está asociada directamente al gobierno nacional. El resto son emisoras de música cristiana o de corte comercial. Las emisoras privadas que quedan en el aire decidieron ser más cuidadosas con las opiniones que se emiten al aire.
Simeón Rojas, director de Marawaka 103.1 FM, reconoció haber bajado el tono de la programación en los últimos meses: “Siempre hemos sido cuidadosos del contenido, pero después de septiembre comprendimos que debemos tener mayor responsabilidad y cuidado en el ejercicio de la libertad de expresión. En la radio no se puede decir todo lo que te dé la gana… Por algo mal dicho puede haber consecuencias”.
El gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, trasladó el programa de radio Sábados con Liborio de la Voz del Orinoco para Marawaka. “Si uno no quiere que terminen de cerrar todas las emisoras y que no quede ninguna ventana para dar información hay que ser inteligente al emitir opiniones. Indudablemente me estoy autocensurando. Estamos en un régimen con mucha represión y limitaciones”, afirmó Guarulla.
Según la memoria y cuenta del Ministerio para la Comunicación e Información (Minci) para el año 2011 en Venezuela operaban 938 radios y televisoras autorizadas. De ese número, 660 eran privadas; 235, comunitarias; y 43 públicas. De esa proporción se ha valido tradicionalmente el Gobierno para decir que aún la empresa privada, potencialmente opositora al proceso revolucionario, es mayoría en el espacio radioeléctrico.
Sin embargo, la fórmula no contempla las modificaciones y ajustes que en mucho de esos medios privados se han hecho para no irritar a las autoridades, sin contar con aquellas radioemisoras que son propiedad de partidarios abiertos del Gobierno.
Las cifras tampoco toman en cuenta el número de emisoras ilegales que siguen operando en el país. Los entrevistados coinciden que cada vez más diales son tomados por ilegales, que existen muchas concesiones vencidas y que las autoridades no hacen nada al respecto: “Todos en el país siguen funcionando con la concesión vencida. No la cierran porque no consiguen el punto político para hacerlo. Aunque desde que falleció el presidente Chávez pareciera que la moda no es cerrar, sino comprar. Si te pones duro, te cierro… Si accedes, te compro”, expone Belfort.
El principal diario del centro de Venezuela y segundo del país, ‘Notitarde’, sirve de escenario para un experimento, singular hasta para la era chavista, de clara impronta militar: un coronel del Ejército se puso al frente de la empresa. Fue parte de la racha de compras de medios que capitales cercanos a la revolución hicieron de manera nerviosa de 2013 a 2015. Los resultados, periodísticos y de negocio, dejan que desear. Pero el compañero de promoción de Carlos Osorio y Pedro Carreño sigue deseando aprender de los reporteros a su servicio.
“Cabezas” (por Hugo, su director) y “Coronado” (por Luis, mano derecha del anterior) son dos apellidos de evocación cefálica que se revelan claves en una trama de negociados tejida alrededor de la empresa que el Estado venezolano creó en 2013 para centralizar los suministros de papel imprenta importado a medios y editoriales. La privatización tras bambalinas de su razón de ser se consuma a través de redes de parientes en funciones ejecutiva, manipulación de las tasas cambiarias, vínculos con intermediarios privilegiados, y otras maniobras que permiten comprobar que el papel aguanta todo.
Las transmisiones deportivas de los canales MeridianoTV y Telearagua son un verdadero circuito cerrado de negocios para Trapiello, un veterano productor artístico, y su socio Harry Camba, presidente y vicepresidente de Telearagua y de la emisora de radio Aragüeña 99.5 FM, medios regionales financiados por la Gobernación. Pero ambos también se han proclamado dueños de TyH Producciones, una empresa privada que presta servicios a esas televisoras y que fue diseñada para esquivar cuestionamiento alguno sobre el conflicto de intereses entre la gestión de lo público y lo privado
Pase y póngase cómodo para ver la televisión de Petróleos de Venezuela. En 2012, el ex presidente Hugo Chávez lanzó al aire la idea: crear la primera televisión petrolera del mundo. Se materializó, formaron equipo, ocuparon un Bien de Interés de la Ciudad. Tras meses en prueba en la Televisión Digital Abierta y un año en emisión en la Web, aún no tiene, ni siquiera, programación continua.
La revista emblemática de la transición y del destape español al final del franquismo cayó en 2014, y tras cuatro décadas, en manos de dos inversionistas venezolanos. Son los hermanos Neri, contratistas en gran medida de la Alcaldía y el Gobierno capitalinos, en manos del chavismo. Ahora desde la revista, convertida en mensuario y con salas de redacción en Caracas y Madrid, dicen que quieren promover el diálogo entre los polarizados españoles, aunque no falte quien le achaque a la publicación el propósito de circular con “culos, autoayuda y picante”.
Del mismo modo como ocurre con los alimentos e insumos básicos en Venezuela, también existe el mercado negro del papel periódico. Empresas legalmente registradas, convertidoras y otros intermediarios entre la estatal Complejo Editorial Alfredo Maneiro y los medios acaparan la materia prima de los periódicos y la revenden a precios que les dejan jugosas ganancias.
Camuflado entre sus credenciales de ejecutivo de un bufete internacional y vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el nombre de Oscar Cunto André se encuentra en las pesquisas de la Policía Nacional española sobre el ‘caso Zapatero’. Aparece como representante de un par de empresas y dueño de otra que sirvieron de vehículos para pagos de servicios fraudulentos de consultoría que, en realidad, encubrían comisiones ilegales. Mantuvo también una estrecha vinculación societaria con uno de los titiriteros del esquema, Francisco Flores Suárez.
Una investigación sobre el secuestro del padre de un empresario francés del sector de las criptomonedas permitió rastrear parte del rescate pagado por su liberación hasta el monedero digital de una tal Isabel V. Esta, a su vez, resultó ser hermana de un exportador venezolano de especímenes de fauna silvestre y propietario de negocios para mascotas en Caracas. La mujer enfrenta en un tribunal cargos de lavado de dinero, mientras la conexión inesperada mantiene perplejas a las autoridades parisinas.
Ramón Gordils empezó a estudiar dos carreras en la UCV; no completó ninguna. Pero su aparente vocación de ‘todero’ encontraría un cauce cuando conoció a Nicolás Maduro, momento en el que se convirtió en portero de acceso al entorno del futuro dictador. Documentos de la Audiencia Nacional de España ahora lo muestran como un conector clave entre los accionistas venezolanos de la atribulada aerolínea Plus Ultra y la red de tráfico de influencias que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero presuntamente lideraba.
El contratista colombiano se quedó sin el plan B que ya fraguaba antes de que la captura de Nicolás Maduro lo dejara indefenso. Preparó el terreno para una ruta de escape hacia Italia, intentando despejar los cargos que desde 2020 pesaban sobre él y su pareja, Camilla Fabri, oriunda de ese país. También convirtió a los italianos presos en Venezuela en monedas de cambio para negociar su propia salida. Aunque las gestiones no alcanzaron a adelantarse a su remoción como ministro y su posterior “deportación” a Miami, extendieron un salvoconducto a su familia.
La sede en Caracas del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional hace tiempo dejó de ser un centro de detención transitorio. Se transformó en un reclusorio clandestino que llegó a albergar a 72 prisioneros. Hoy, sin embargo, apenas aloja a una mujer y cuatro hombres, todos ellos exalcaldes del estado Zulia, acusados por narcotráfico y arrestados en 2025 durante la operación policial ‘Relámpago del Catatumbo’. La exclusividad de esta cárcel se refuerza con la identidad de su carcelero VIP: Diosdado Cabello.
En 2024, el juicio público contra tres agentes de policía, una médico forense y un amigo de 'Canserbero' —todos acusados de participar en el encubrimiento del presunto asesinato del rapero— resultó contraproducente para la acusación. Las pruebas presentadas por la fiscalía de Tarek William Saab se desmoronaron bajo el peso de los argumentos de la defensa, el testimonio de algunos de sus peritos y las objeciones de la propia jueza, quien, no obstante, acabó aceptando sus implicaciones. Entre tanto, desapareció el expediente original de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar.
