La petrolera estatal se comprometió al pago, sin demora ni protesta, de cientos de millones de dólares a una compañía fraudulenta de mera fachada que, aunque nunca prestó el servicio acordado, tenía las cláusulas del contrato a su favor. Tras perder un arbitraje internacional, al menos 325 millones de dólares en alquiler de equipos destartalados a ese acreedor de Pdvsa siguieron en disputa en un tribunal del Reino Unido. Pero, de recuperarse, es más probable que su destino final esté en Estados Unidos o Malasia, que en Venezuela, de donde salieron.
Otrora una casa en ruinas ubicada en un islote, la Posada Isla Piscina cumple con todas las características del turismo VIP que desde hace unos años promueve el régimen venezolano: está ubicada en un ecosistema delicado, no queda claro si obtuvo los permisos correspondientes o cómo lo hizo, y su dueña es una empresa fantasmal. El proyecto, que se prepara para una segunda fase que incluye siete palafitos adicionales, endulza su difuso origen ayudando a erradicar el coral ‘Unomia’.
Un grupo de jóvenes, amigos de Yoswal y Yosser Gavidia Flores, dos de los hijos de la Primera Dama o ‘Combatiente’, son quienes están detrás de la nueva marca que desde hace poco promueve los deportes extremos y el turismo de aventura. El lanzamiento de Furia Energy, su propia bebida energética traída desde Turquía, ha sido el gancho para conquistar un campo virgen donde incluso alimentan aspiraciones ciertas de influir en la conformación de federaciones deportivas.
Como hongos brotan edificios de gran altura y arquitectura de avanzada en Las Mercedes, ‘zona rosa’ de Caracas que se convirtió en gueto del lujo. Si la tendencia contrasta con la prédica socialista oficial y con las crisis tanto del sector construcción como de la economía, eso no parece disuadir ni a la empresa Constructora HP, con participación en la mayoría de esas obras -en combinación con otros inversionistas de diferentes orígenes y experiencias-, ni a la alcaldía local, nominalmente opositora y exageradamente solícita con las demandas de la compañía.
Entre 2004 y 2019, tres presidentes de tres partidos distintos adjudicaron a Odebrecht obras por más de $10 mil millones. El capítulo panameño del Lava Jato duró más de una década, incluyó sobornos millonarios, acuerdos bajo la mesa y sobrecostos por más de $2 mil millones, sin ninguna consecuencia hasta ahora. Un viaje al centro de la corrupción nacional de Panamá
Pedro Luis Martín Olivares, exdirectivo de la policía política venezolana, buscado en Estados Unidos por presunto narcotráfico vinculado al Cártel de los Soles, tiene un perfil público deliberadamente bajo. Aunque no conserva el mismo poder del que gozó con Hugo Chávez, se las ha arreglado no solo para seguir impune frente a quienes intentan denunciar su doble vida entre los servicios secretos y las actividades ilícitas -de la extorsión al tráfico de influencias-, sino además para levantar un emporio empresarial mientras sus parientes acumulaban un valioso patrimonio inmobiliario.
Esquivando las sanciones occidentales contra el régimen de Nicolás Maduro, el contratista predilecto de este fue a dar con sus intereses a Moscú. Allí instaló una oficina céntrica y cercana al despacho de Putin, que ha seguido funcionando aún después del arresto del mercader en Cabo Verde. En la capital rusa no solo obtuvo refugio -al menos, temporal- para sus transacciones encubiertas y para su esposa, sino además una socia o delegada, también colombiana, a quien confió el negocio y la familia.
Como Mark Felt o Daniel Ellsberg, está destinado a pasar a la historia de los grandes delatores que cambiaron el periodismo para siempre. En su caso, fue quien filtró los millones de documentos procedentes del bufete Mossack Fonseca que no solo dieron al traste con este proveedor panameño, sino que ofrecieron una radiografía inédita del mundo offshore. Pero permanece anónimo, condición que no cree que abandone hasta su muerte. Ahora vuelve a buscar a los dos reporteros que recibieron la filtración para hacer una advertencia: el planeta atraviesa una situación de grave inestabilidad.
La operación Lava Jato puso en la cárcel a los dueños del PIB brasileño. En retaliación, la clase política destruyó al sistema anticorrupción que lo hizo posible. Ahora parece como si nunca existió.
Como en buena parte de América Latina, en Venezuela no hay ni juicios ni responsables derivados del caso Lava Jato. Hasta el sospechoso más conspicuo y habitual de la jerarquía chavista, el exministro El Troudi, obtuvo el visto bueno de un tribunal local. Pero que la justicia oficial vea a otro lado no quiere decir que las revelaciones se detengan: ahora se conoce que en Suiza los fiscales detectaron transferencias millonarias de la constructora brasileña para el entorno del general Gustavo González López.
Periodistas de nueve países agrupados en la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas examinan lo sucedido en los últimos años con el caso más emblemático de corrupción que sacudió a América Latina
La promesa de dinero fácil y rápido ofrecida por la empresa financiera Saint Michael Investment hizo implosión en marzo de este año. Aunque la operación estaba en Miami, la zona cero de su colapso financiero-jurídico es el estado Monagas, con cerca de 600 personas defraudadas a fondos perdidos. También afectó a figuras de la farándula. A todas ellas debe Elías Eduardo Navarro Cesín, yerno del diputado opositor Luis Martínez, tanto explicaciones como cerca de seis millones de dólares, según algunos estimados.
Los austríacos de Doppelmayr lo construyeron para Pérez Jiménez a mediados del s. XX y lo pusieron al día para operar con Chávez a inicios del XXI. Pero no les quedó más remedio que dejar de mantenerlo cuando el régimen de Caracas acumuló con ellos una deuda de más de 100 millones de euros. Entonces la contraparte venezolana se inventó sus propios proveedores: uno de ellos, una empresa desconocida de Panamá, constituida hace tres años por inversionistas del estado Lara y sin historia, para las reparaciones mayores de uno de los principales reclamos turísticos que quedan en la capital, ahora cerrado.
Ese es el nombre del grupo que mantiene las más grandes instalaciones en América Latina para la minería de criptomonedas, según su publicidad. Es parte de un auge del negocio en Venezuela, en el que algunos, no obstante, son más iguales que otros. Es el caso de esta granja, que tras una fachada de innovación y emprendimiento esconde fuertes lazos con el gobierno regional del estado Aragua.
Bolipuertos cedió las operaciones de “ejecución y seguridad” de la descarga de buques graneleros en el puerto más importante del país a Servicios Colonial. Además de haber sido favorecida a dedo, la empresa está relacionada con una de las almacenadoras involucradas en el caso “Pudreval”, donde se pudrieron toneladas de comida adquirida por el Estado, y su dueño y cara visible ha sido socio del cuestionado excomandante de la Armada, Carlos Aniasi Turchio.
Justo en 1999, año de la inauguración de la presidencia de Hugo Chávez, Venezuela alcanzó su récord histórico de producción cafetalera: 95.000 toneladas. Algo más de una década después, el rubro había desaparecido de los mercados y marcas tradicionales dejaron de existir, por quiebra o por estatización, que vino a ser lo mismo. Ahora una cierta reactivación del sector genera exportaciones que, antes que las de petróleo, sortean las sanciones de Estados Unidos, pero solo beneficia a emprendimientos como Grupo Botalón, una iniciativa privada con aroma a negocio favorecido.
Si la llegada de Turkish Airlines a Venezuela, en 2016, fue parte del acercamiento de los regímenes de Nicolás Maduro y Recep Erdogan, en realidad se concretó gracias a la sociedad de un intermediario turco, Saffet Calarkan, con dos leales contratistas del chavismo, los hermanos Khalil. Desde entonces la ruta Caracas-Estambul no solo se desarrolló como un virtual puente aéreo por el que discurren misterios diversos, sino como punta de lanza de nuevos negocios entre los mismos socios.
Se revela que las únicas visas doradas concedidas por Portugal a venezolanos hasta 2014 -destinadas a inversionistas en inmuebles- fueron compradas con dinero de sobornos del Banco Espirito Santo y Odebrecht para dos altos funcionarios, el ex ministro Haiman El Troudi y un ejecutivo de Pdvsa, Abraham Ortega. En realidad, fueron a dar a venezolanas: las esposas de cada uno de ellos. Desde entonces el banco y Odebrecht cerraron sus puertas; Ortega fue sentenciado en Florida; pero El Troudi se hizo diputado y bloguero.
