Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Un suizo y un venezolano fueron los únicos autorizados por Claudia Díaz Guillén para custodiar 250 lingotes de oro de los cuales, al menos una buena parte, no se sabe dónde están. La inusual encomienda elevó el perfil de estos dos hombres –jóvenes entonces– que rozaron el círculo amistoso formado por Díaz, la actual alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y Norka Luque, y elevaron sus perfiles con propiedades y sociedades millonarias, aunque solo se dejan ver como mecenas de arte moderno en Londres.
En el estado de Roraima, al norte de Brasil, la organización delictiva ‘Primer Comando da Capital’ funciona como un grupo empresarial multinivel a cargo de negocios que van del tráfico de drogas a la minería y de la prostitición a las criptomonedas. Hoy, cuatro de cada diez integrantes del PCC en ese estado son venezolanos, inmigrantes a los que abre sus brazos para integrarlos a una gran hermandad criminal de la que solo se escapa a precio de la propia vida.
Este pueblo indígena casi extinto del Amazonas venezolano tuvo que abandonar sus tierras ancestrales para poner las aguas del Orinoco entre sus jóvenes y los reclutadores de la subversión colombiana. Pero el desplazamiento no les garantiza nada, excepto el deterioro de sus ya pobres condiciones de vida, frente a las tentaciones de las armas y el narcotráfico.
Un entramado casi interminable de empresas, socios, direcciones y países, construido con precisión de relojero, dificulta seguir los pasos de un comerciante del oro venezolano devenido ganadero en Colombia. Se libró de la redada emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra las mafias mineras, pero otros escándalos que han salpicado sus negocios, incluyendo el reciente asesinato a manos de sicarios de dos de sus empleados, van dejando algunas pistas de sus opacos mecanismos lucrativos.
Pese a la codicia que despiertan las riquezas minerales de ese territorio del sur del estado Bolívar, ningún grupo irregular ha logrado adueñarse de él gracias a la vigilancia de los pemones, sus propietarios colectivos. Sin embargo, las dragas de guyaneses y brasileños, conocidas como ‘misiles’, han llegado a Ikabarú y podrían causar una destrucción nunca antes vista.
En la República Bolivariana se ha vuelto práctica común detener y aplicar torturas a las parejas, hijos, nueras, cuñados e incluso primos lejanos de quienes acusan de golpistas. Los cuerpos de contrainteligencia han llegado a secuestrar perros para forzar la entrega de disidentes. Este es un relato de cómo el Estado venezolano toma represalias contra sus perseguidos usando a sus seres queridos como carnada, mediante técnicas nazis que importó desde La Habana.
Familiares de militares disidentes o de civiles considerados opositores al régimen de Nicolás Maduro son perseguidos y torturados con una técnica de castigo copiada de Alemania. Se llama Sippenhaft y su efectividad está asociada al quiebre emocional de los enemigos políticos y su entorno. Así logran obtener una confesión sobre el paradero del familiar perseguido, que éste se entregue o que acepte incriminarse o incriminar a otros. Se trata de una práctica establecida, desde, al menos, 2017.
Uno de los casos emblemáticos de Sippenhaft es el de Juan Pedro Lares Rangel, hijo del alcalde de Ejido, estado Mérida, Omar Lares, quien militaba en el partido opositor Voluntad Popular. Su detención, en 2017, fue arbitraria y clandestina, estuvo 10 meses en el Helicoide, sede del Sebin en Caracas, bajo torturas. Le decían que su liberación dependía de que su papá se entregara. Este caso está bajo investigación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica.
El Estado chavista ha patrocinado desde hace unos años una especie de gentrificación de la explotación del oro al noreste del estado Bolívar: los mineros artesanales e informales están siendo desplazados para abrir paso a operaciones de escala industrial. Alrededor de El Callao la tendencia adquiere matices de drama social, mientras prosperan alianzas mixtas de autoridades oficiales con sujetos de cuyas identidades y credenciales se sabe poco (excepto de su cercanía al gobierno).
Dos antiguas perlas del Caribe muy venidas a menos, Cuba y Margarita, han quedado conectadas desde el año pasado por una ruta ‘turística’ que un grupo de funcionarios diseñó para exprimir los ahorros de los emprendedores de la más grande de las Antillas. Cazadores de gangas que solo se dejan ver en hoteles del Estado chavista y en tarantines del decaído Puerto Libre, arrastran consigo maletas que apenas logran llenar para la reventa, así como algunos intentos de fuga y la vigilancia de los espías del castrismo.
Las propiedades inmobiliarias de lujo en el mercado francés han atraído durante mucho tiempo fondos ilícitos de todo el mundo. Un proyecto multinacional con bases de datos permitió rastrear en París y la isla caribeña de San Bartolomé inmuebles millonarios a nombre de la familia política del cuestionado diputado y exministro Haiman El Troudi, y del operador financiero Luis Oberto, respectivamente, como muestras de ese propósito de blanqueo de capitales con ‘savoir faire’.
La vertiginosa carrera de Kristina Antonorsi en los negocios con el Estado tuvo un final abrupto que debió advertir a toda una camada de ‘traders’ de hidrocarburos de que algo malo se les venía encima, semanas antes de que estallara el llamado caso de Pdvsa-Cripto. Si su arresto en octubre pasado no sirvió como alerta temprana, al menos queda como moraleja sobre la hubris y la codicia, rasgos que se observan en una serie de documentos internos de sus empresas.
Tiene un nombre de leyenda y una realidad cruda. El Dorado es un pueblo de frontera en el estado Bolívar que debe su existencia a la minería de oro y a las instalaciones penitenciarias. La confluencia de ambas ha dado lugar ahora a una especie de populismo delictivo por el que un ‘pran’ y su banda armada no solo controlan la vida de la localidad con la violencia necesaria y desde las sombras, sino que hacen actos cívicos y de beneficencia a través de una fundación que actúa a plena luz.
Parlamentario oficialista y proveedor del Estado, a José Leopoldo Matos las formas le tienen sin cuidado. Su empeño por encarnar simultáneamente a la revolución socialista y a la iniciativa privada, sin reparar ni en restricciones legales ni en coherencias ideológicas, equivale a procurar la cuadratura de la arepa. En todo caso, su relato de éxito como empresario del agro se tambalea, sostenido apenas sobre deudas y generosas asignaciones públicas.
Redvital pareció surgir casi de la nada, a pesar de que reivindica 40 años de historia. Al irrumpir en el mercado en 2021 se proclamó sin ambages como la “farmacia más grande de Latinoamérica”, y para cumplir esa autoprofecía ha terminado por devorarse a la franquicia holandesa que por tres décadas fue la cadena mayorista más importante del país. ¿De dónde sacaron los dueños venezolano-palestinos de ese emprendimiento el músculo financiero suficiente para quedarse con Makro? De un suplemento de dólares de Cadivi.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
