De la petrolera estatal se sabe que ha servido tanto de caja chica para la revolución bolivariana como de todo lo demás: productor y distribuidor de alimentos, transportista, patrocinante deportivo. Al largo etcétera que sigue, se suma el rol de editor de medios en cuencas petrolíferas del interior del país, donde la corporación se hace del control de televisoras y periódicos mediante el programa de Empresas de Producción Social o capitalizando sus acreencias. Este reportaje forma parte del proyecto “Propietarios de la censura en Venezuela” del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela), que desde hoy comienza a dar a conocer las distintas modalidades por las que la propiedad de medios ha cambiado de manos durante los últimos años.
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No se sabe aún cuántos millones de bolívares invirtió Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (Pdvsa), en el patrocinio de medios regionales. Tampoco, con exactitud, cuál es el motivo de ello, más allá del propósito –propio de un programa tradicional de publicidad corporativa– de garantizar una buena presencia en medios de las marcas y la agenda del holding petrolero estatal.
Lo cierto es que a través del Programa de Empresas de Producción Social (EPS), Pdvsa se hizo del control de canales de televisión y periódicos. Son los casos, por ejemplo, de Catatumbo TV, en el estado Zulia (Occidente del país, frontera norte con Colombia), de Televisora de Oriente (TVO), en Anzoátegui, y del diario El Oriental, en Monagas (los dos últimos en la región noreste de Venezuela).
En los casos de Catatumbo TV y El Oriental, en el propio registro mercantil de esas empresas se sella el convenio con la petrolera, mientras que en el de TVO, las millonarias cuentas por publicidad y por otros servicios prestados a Pdvsa se convirtieron en la práctica en la razón de ser de la televisora, que rubrica su compromiso con una programación dedicada a la imagen de la corporación. Sea como sea, el hecho es que la empresa viene mostrando un interés inusitado por controlar los medios en sus áreas de influencia.
El canal regional Catatumbo TV dejó de salir al aire, por unos meses, a principios de septiembre de 2014, justo después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que Rafael Ramírez dejaría de ocupar sus cargos simultáneos de presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ministro de Energía y Petróleo, para pasar a la Cancillería.
Un mes antes de ese anuncio y de la salida del aire de la señal, los funcionarios de Asuntos Públicos de Pdvsa Occidente, en Maracaibo (capital del estado Zulia), dejaron de comunicarse con la directiva de Catatumbo para pautarles la agenda diaria. El cese anticipó a los directivos del canal regional que se aproximaban los problemas. Y en efecto, tras la remoción de Ramírez, todos los empleados volvieron a casa, dándose por desempleados, y en espera del reenganche. ¿Qué podía vincular un cambio en el gabinete ministerial en Caracas, con el cierre de un medio en Zulia?
Lo explica un periodista que trabajó en la televisora desde 2011 y que pidió mantener su nombre en reserva. Está seguro de que el dueño del canal es Rafael Ramírez –algo que el tracto legal de la empresa no permite comprobar en los registros públicos– y que su cambio provocó el cierre inmediato de la emisora. En los años que estuvo como reportero, la fuente recibía órdenes directas desde el departamento de Asuntos Públicos de Pdvsa, mientras que su jefa nominal en el organigrama del medio, Judith Guevara, le dijo en varias ocasiones que lo importante para el canal no eran ni el Gobierno nacional ni Francisco Arias Cárdenas, el gobernador del estado por el oficialista Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV), sino las actividades de la estatal petrolera y los eventos de su brazo cultural, Pdvsa La Estancia, dirigido por la esposa de Ramírez, Beatrice Sansó de Ramírez. De acuerdo a ese mismo testimonio, en la pauta periodística del canal quedaban vetados los sectores de oposición. La opositora alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales, estaría al aire solo cuando hubiera que criticarla, prescribía además la línea editorial.
La señal de televisión volvió a mediados de noviembre de 2014. Según un empleado de la agencia de publicidad del canal, Douglas Pirela, Catatumbo TV dejó de salir al aire porque se dañó un transmisor y los empleados nunca dejaron su lugar de trabajo. “El canal se mantuvo operativo y nunca cerró sus puertas, solo que no se transmitía su programación”, explicó Pirela.
Según el documento constitutivo de Catatumbo TV sus dueños son David Pernía Requena y Luz Amelia Fuenmayor. Aunque la empresa fue registrada el 26 de marzo de 2010, en su registro mercantil se encuentra anexada una asamblea extraordinaria de fecha 26 de febrero de 2010, anterior a su constitución, en la que los dos accionistas consideraron suscribir a Catatumbo TV al Programa de Empresas de Producción Social (EPS), promovido por el Ejecutivo nacional e implementado por Petróleos de Venezuela.
“Entre otras cosas, el programa está compuesto por un conjunto de compromisos vinculados a la participación activa del capital privado en las contrataciones que realiza PDVSA y sus filiales, encaminadas al desarrollo económico y social del país, los cuales están constituidos por: la participación en el fondo social de PDVSA, desarrollar y acompañar a empresas pequeñas, lo cual incluye apoyar con desarrollo de sistemas y tecnologías y establecer programas permanentes que permitan la inserción de estas empresas en el sistema productivo…”. Básicamente, la estación se comprometía a adherirse a la agenda temática de Pdvsa. Estos compromisos los adquiere Catatumbo al suscribir un contrato con Pdvsa. En 2013, como último cambio plasmado en el Registro Mercantil, se incluyó a Judith Guevara como miembro de la directiva.
Pero el canal, que solo se transmitía por señal abierta, está suspendido del Registro Nacional de Contratistas (RNC) desde agosto de 2014 por no actualizar sus datos. Allí se especifica que Pernía y Fuenmayor son los presidentes, mientras que Guevara figura como vicepresidenta.
La relación de servicios solo muestra a Petróleos de Venezuela como cliente del canal, con contratos desde 2012. Aunque se trata de un canal que percibe ganancias a través de la publicidad, Petróleos de Venezuela le pagaba por la prestación de otros servicios: alquiler de equipos de cámara, transmisión de desarrollo habitacional Maisanta, transmisión de la graduación de la Misión Ribas, transmisión de apoyo informativo a Venezolana de Televisión, entre otros ejemplos.
Miguel David Pernía Requena y Judith Guevara son pareja. Pernía fue también vicepresidente de la Televisora de Oriente (TVO), canal regional de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.
Además, Pernía y Guevara tienen una empresa de publicidad en Maracaibo llamada Europea de Innovaciones, con un capital de dos millones 900 mil bolívares (unos 17.000 dólares, a la máxima tasa oficial de cambio vigente en la actualidad, Simadi). Sus clientes son la Televisora de Oriente (TVO), Catatumbo Televisión y Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. A la fecha Pernía no ha contestado las peticiones de entrevista a este reportaje.
La sede de Catatumbo se ubica en la calle 70 con avenida 27 del sector Santa María, en Maracaibo. Allí funcionó, hasta principios de 2009, el canal City Televisión, una televisora regional que, a juicio de Nikary González, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, a pesar de tener vínculos directos con sectores del Gobierno nacional, mostraba una programación medianamente balanceada y no muy identificada con el partido oficialista. Su director y fundador fue Oscar Silva Araque, un periodista de reconocida trayectoria en Maracaibo, que en 2014 pasaría a la alta plana ejecutiva del canal Globovisión en Caracas, tras su compra por nuevos inversionistas.
City se declaró en quiebra justo después de las elecciones regionales de 2008, en las que Manuel Rosales –ex gobernador del estado Zulia, y ex candidato presidencial de oposición en 2006 frente a Hugo Chávez– resultó electo alcalde de Maracaibo. En esos comicios Rosales, derrotó al candidato oficialista y alcalde en ejercicio, Giancarlo Di Martino.
Al menos tres periodistas, que no quisieron identificarse porque trabajan en medios oficialistas, aseguran que la derrota de Di Martino fue fundamental en el cierre de City Televisión. Oscar Silva, su presidente, también tenía una empresa de publicidad y asesoría comunicacional llamada Printers, con sede en Maracaibo. Sus clientes, según el Registro Nacional de Contratistas, fueron el Instituto Municipal de Vivienda de la capital del estado Zulia, La Energía Eléctrica de Venezuela (Enelven), el Metro de Maracaibo, la alcaldía de Maracaibo, el servicio municipal de gas, la petroquímica Pequiven, el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (Ince) y Pdvsa, todos anunciantes del Estado. Estos contratos vencieron antes de 2008, cuando Di Martino dejó la alcaldía.
Silva vendió el canal a Pernía, junto a una estación de radio, City Radio 99.1, que hoy es Catatumbo 99.1, todavía en funcionamiento. Silva, además de Globovisión, encontró sitio como asesor externo del diario El Universal luego de la controvertida venta del rotativo en 2014.
El esquema de EPS se repite en la documentación del diario El Oriental de Maturín, capital del estado Monagas, muy lejos de Maracaibo, a unos 1.000 kilómetros al este.
Aunque circula desde hace 32 años, El Oriental dio señales de un cambio estructural a partir de febrero de 2014. Entonces cambió de dueño según el Acta Constitutiva que reposa en el Registro Mercantil de Maturín. Sus nuevos dueños son Virginio y Gaetano Constatino Silvestri, dos hermanos con empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas, que prestan servicio de mantenimiento y construcción de obras civiles, la mayoría relacionadas con las gestiones de alcaldes o gobernadores. Las empresas tienen obras en los estados Anzoátegui y Monagas. Su capital es de un millón de bolívares (o 5.882 dólares, a la mayor tasa oficial de cambio).
Gaetano Constatino aseguró que hizo la inversión, pues siempre le “llamó la atención” el trabajo de los medios de comunicación. “Se dio la oportunidad. No he tenido jamás presión política”. El antiguo propietario era Tirso Ramos Linares, a quien siempre se le vinculó con sectores del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD).
Mercedes Marín, directora del medio, asegura que no hubo cambios en la línea editorial: “Este medio se maneja con amplitud, más que todo fue un cambio de procesos”.
En lo visible, el medio cambió de imagen y de diseño. Sobre los periodistas que se fueron tras el cambio de propietarios, Marín señaló que ellos mismos se excluyeron “al no poder adaptarse a los cambios”. Constantino afirmó que al asumir el impreso solo contaban con cuatro bobinas de papel que eran prestadas, una situación que, en cualquier caso, ya superaron.
En su registro mercantil queda claro que El Oriental forma parte del Programa de Empresas de Producción Social (EPS) que promueve el Gobierno nacional y que administra Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (Pdvsa). Para poder participar en el programa, El Oriental se compromete a contribuir en el desarrollo de ese sistema, presentar obras “que mejoren la situación de las comunidades cercanas” y otros puntos que se concentran en un contrato con Pdvsa.
En la red de vínculos empresariales que pasan por el embudo de Pdvsa, el nombre de David Pernía, protagonista en el negocio de Catatumbo TV, aparece vinculado a la reciente historia de la Televisora de Oriente (TVO).
Fundada en 1985 por la familia Cirigliano, la Televisora de Oriente (TVO) es la referencia de la televisión regional en el estado Anzoátegui. Varias generaciones de periodistas se forjaron allí. Ahora, sin embargo, es una caja negra. De su contenido puede derivarse con facilidad que está bajo la égida de Pdvsa, programas como el Noticiero TVO, Diálogo Bolivariano, Ventana del Pueblo y Debate Necesario muestran una evidente inclinación al oficialismo. Sin embargo, a diferencia de Catatumbo TV, no participa del programa de Empresas de Producción Social (EPS).
En 2013, Pdvsa Petróleo Sociedad Anónima era el mayor deudor del medio, con una factura de 3 millones 334 mil 687 bolívares (entonces, poco más de un millón de dólares); mientras que Petróleos de Venezuela le debía 19 mil 550 bolívares. Además de las empresas del holding petrolero, TVO mantenía acreencias con otros anunciantes oficiales, como la Petroquímica de Venezuela por 33.790 bolívares, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) por 16 mil 187 bolívares, sumas importantes, pero apenas una fracción de lo que tenía que pagar Pdvsa a TVO.
En 2010, David Pernía, el mismo de Catatumbo TV, era vicepresidente del canal. Durante su gestión TVO tuvo jugosos contratos de publicidad con las alcaldías de los municipios Sucre, Anaco, Peñalver, Guana, Sotillo y El Morro. También sostuvo negocios con la Televisora Venezolana Social, la gobernación de Sucre y el Ministerio de Comunicación e Información, entre otros entes gubernamentales.
Ahora William Ramón Galvis Rodríguez es el presidente de TVO. Está allí desde 2012, justo cuando Alejandro Gabaldón, su antecesor en el cargo, y David Pernía, dejaron la empresa.
Galvis ha dejado un rastro claro en su paso por la administración de empresas públicas. En 2003 fue designado director de Finanzas y responsable de la Unidad Administradora Central del Consejo Nacional Electoral (CNE). Su gestión comenzó el 11 de noviembre de ese año según la Gaceta Oficial número 37.819.
Luego, en 2008, según lo anunciado en la Gaceta Oficial número 38.946, Galvis Rodríguez quedó a cargo de la Dirección General de la Oficina de Planificación, Presupuestos y Sistemas del Ministerio de Turismo. En 2009 era el director suplente de Venezolana de Turismo (Venetur), según el Registro Nacional de Contratistas. Sin embargo, en la página oficial de este organismo no aparece su nombre en el cuadro organizacional.
La familia Cirigliano Martínez fundó TVO en 1985, según consta en el Registro Primero Mercantil del estado Anzoátegui, y detenta el control de la empresa a través de otra persona jurídica, Promociones Club, que es a su vez la dueña de 90 por ciento de las acciones –o 49.850 acciones- de la televisora. Comenzó con un capital de un millón de bolívares. Galvis Rodríguez figura en los documentos como representante de Promociones Club en la directiva de la compañía.
Pascual Cirigliano Martínez fue el presidente de TVO hasta julio de 2010. Luego sigue un periodo de aparente inestabilidad. Renato Gutiérrez Padrón ocupó la presidencia hasta la llegada de la dupla de Gabaldón y Pernía. Luego renunciaron ambos y llegó Galvis. Para 2012 disponía de un capital mayor a los 20 millones de bolívares (alrededor de tres millones de dólares, al cambio oficial de la fecha).
Un importante ‘cold case’ de las altas finanzas bajo el chavismo al fin puede resolverse gracias a las revelaciones surgidas de la reciente intervención en Curazao del Banco del Orinoco N.V., una de las joyas del imperio financiero del magnate barinés: se trata de la compra frustrada en 2015 de Televén, uno de los principales canales privados de TV. De esa riesgosa aventura Vargas salió debiendo dinero a un poco recomendable acreedor. Después de dilaciones y presiones, para salir del apremio el banquero tuvo que echar mano a la facturación de sus empresas petroleras.
El principal diario del centro de Venezuela y segundo del país, ‘Notitarde’, sirve de escenario para un experimento, singular hasta para la era chavista, de clara impronta militar: un coronel del Ejército se puso al frente de la empresa. Fue parte de la racha de compras de medios que capitales cercanos a la revolución hicieron de manera nerviosa de 2013 a 2015. Los resultados, periodísticos y de negocio, dejan que desear. Pero el compañero de promoción de Carlos Osorio y Pedro Carreño sigue deseando aprender de los reporteros a su servicio.
“Cabezas” (por Hugo, su director) y “Coronado” (por Luis, mano derecha del anterior) son dos apellidos de evocación cefálica que se revelan claves en una trama de negociados tejida alrededor de la empresa que el Estado venezolano creó en 2013 para centralizar los suministros de papel imprenta importado a medios y editoriales. La privatización tras bambalinas de su razón de ser se consuma a través de redes de parientes en funciones ejecutiva, manipulación de las tasas cambiarias, vínculos con intermediarios privilegiados, y otras maniobras que permiten comprobar que el papel aguanta todo.
Las transmisiones deportivas de los canales MeridianoTV y Telearagua son un verdadero circuito cerrado de negocios para Trapiello, un veterano productor artístico, y su socio Harry Camba, presidente y vicepresidente de Telearagua y de la emisora de radio Aragüeña 99.5 FM, medios regionales financiados por la Gobernación. Pero ambos también se han proclamado dueños de TyH Producciones, una empresa privada que presta servicios a esas televisoras y que fue diseñada para esquivar cuestionamiento alguno sobre el conflicto de intereses entre la gestión de lo público y lo privado
Pase y póngase cómodo para ver la televisión de Petróleos de Venezuela. En 2012, el ex presidente Hugo Chávez lanzó al aire la idea: crear la primera televisión petrolera del mundo. Se materializó, formaron equipo, ocuparon un Bien de Interés de la Ciudad. Tras meses en prueba en la Televisión Digital Abierta y un año en emisión en la Web, aún no tiene, ni siquiera, programación continua.
La revista emblemática de la transición y del destape español al final del franquismo cayó en 2014, y tras cuatro décadas, en manos de dos inversionistas venezolanos. Son los hermanos Neri, contratistas en gran medida de la Alcaldía y el Gobierno capitalinos, en manos del chavismo. Ahora desde la revista, convertida en mensuario y con salas de redacción en Caracas y Madrid, dicen que quieren promover el diálogo entre los polarizados españoles, aunque no falte quien le achaque a la publicación el propósito de circular con “culos, autoayuda y picante”.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
