El reality show de la "casa-cárcel" de Bolívar

En la sede de la contrainteligencia militar de Ciudad Bolívar conviven, a su pesar, buena parte de los acusados por los más sonados casos de corrupción en Guayana. Comparten los espacios de esta casa, a solo tres cuadras del penitenciario de Vista Hermosa, los imputados por el comercio furtivo del hierro de Ferrominera. ¿Cómo llegaron a estar juntos? Un melodrama de la justicia venezolana.

16 mayo 2015

No se trata de una casa cualquiera. Detrás del muro de dos metros de altura, amarillo y verde, sin ventanas ni identificación en la avenida Angostura de Ciudad Bolívar (antigua Angostura, capital del estado Bolívar, sobre la margen sur del río Orinoco, sureste de Venezuela), duerme todas las noches el ex presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh. Allí también lo hace uno de los empresarios más prominentes de Guayana, Yamal Mustafá, conocido por el florecimiento de sus negocios bajo la égida del gobernador Francisco Rangel Gómez, amigo de ambos.

Junto a Mustafá permanece Numa Rojas, el ex alcalde de la ciudad de Maturín (capital del estado Monagas, oriente de Venezuela) y ex dirigente regional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que en diciembre de 2013 fue acusado por el Ministerio Público por supuestos actos de corrupción solo después de que decidiera distanciarse del partido progubernamental y lanzarse como candidato independiente a la gobernación de Monagas.

Bienvenidos al más vistoso, pero menos visto, reality show del estado Bolívar. Como si se tratara de un proyecto al estilo de Gran Hermano, en una misma vivienda quedaron agrupados –no es el caso de Numa Rojas– miembros de bandos distintos del elenco de un mismo drama: los señalamientos de corrupción en el manejo de Ferrominera Orinoco, extractora y comercializadora de mineral de hierro, uno de los bastiones del complejo siderúrgico de la industria pesada en la vecina Puerto Ordaz, a unos 100 kilómetros al este de Ciudad Bolívar.

No hay constancia pública de que cámaras de televisión graben día y noche lo que pasa en el interior de la casa. Lo que sí es seguro es que la casa, que está en la urbanización Vista Hermosa y a la que solo tres cuadras separan de la prisión homónima, guarda muchas comodidades imposibles en el cercano Centro Penitenciario de Ciudad Bolívar –su nombre oficial–.  Sirve de sede en la capital bolivarense a la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y, por vía de los hechos, tiene que hacer las veces –en estos tiempos de vendettas políticas– de la cárcel militar de Ramo Verde o el cuartel general del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) en Caracas: aloja a presos célebres.

La conversión de la central de inteligencia local en reclusorio de famosos empezó en junio de 2013.  Un secreto a voces, el de la presunta comercialización furtiva del mineral de hierro producido por la estatal, por parte de una red de individuos, estalló ese mes en manos del propio presidente de la República, Nicolás Maduro, como una bengala propicia para guiar su recién anunciada cruzada contra la corrupción. “Sea quien sea, tenga el cargo que tenga, ¡voy a fondo, con todo, contra los corruptos!”, decía eufórico el sucesor de Hugo Chávez, electo para la presidencia apenas dos meses antes, en cadena nacional desde el estado Trujillo.

“Las investigaciones bien conducidas nos llevaron primero a destituirlo (…) Está involucrado en mafias por todos lados en las empresas básicas”, dijo Maduro sobre Radwan Sabbagh, entonces presidente de Ferrominera. “Es inaceptable que se le dé a esta gente, a un funcionario, que se le dé toda la confianza pública y termine haciendo negocios con las empresas que le pertenecen al pueblo de Venezuela”, sentenció de antemano.

Fue así como Sabbagh y cuatro integrantes del equipo gerencial de la empresa –entre ellos, dos mujeres–, junto con el empresario Mustafá –presunto cómplice en el esquema de comercialización paralela–, cayeron en desgracia con el poder y tras las rejas.

Según testimonios, los primeros días de reclusión de los antiguos ejecutivos no fueron fáciles. Las comodidades fueron llegando solo según la estadía se extendía, y así fue cómo consiguieron las camas, los aparatos de aire acondicionado y, más pronto que tarde, los teléfonos celulares, la conexión a internet y hasta unas máquinas de hacer ejercicio.

Cazador cazado

No tuvo la misma suerte otro de los protagonistas de la historia, el coronel del ejército y oficial de Contrainteligencia, Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias El Tiburón, quien estuvo a cargo de las pesquisas que pusieron tras las rejas a los dos primeros y, aún antes, al llamado Rey de la Cabilla.

Nadie sabe exactamente qué pasó para que, dos años después de su llegada entre vítores a Guayana, aquel hombre cuarentón, alto, moreno, y de porte marcial, tras ser aclamado como héroe terminara como cazador cazado y en la misma celda junto a quienes comenzó a investigar.

Sonriendo juntos en 2011, ni el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, ni el ex presidente de Ferrominera, pensaron que las cosas cambiarían. Foto: William Urdaneta.

Los detalles de esta parábola se conocieron por el expediente Nº 47 16.156 – 13 que entonces reposaba en el Juzgado Cuadragésimo Séptimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y que, para junio de 2013, un informante entregó al diputado de la Asamblea Nacional, Andrés Velásquez.

Los relatos impresos en esos documentos revelan un daño patrimonial por más de 1.113 millones de dólares y en consecuencia, una red de extorsión que a cambio de silencio, movió montos superiores a los 23 millones de dólares a cuya cabeza estaba El Tiburón. Álvarez llegó a Guayana en 2011 con una misión propia de un Elliot Ness. Tenía que investigar la hasta entonces inexpugnable “mafia de las cabillas” que mortificaba al Gobierno Nacional, pues minaba el rendimiento de una de las principales empresas básicas del Estado y mermaba la distribución de un insumo esencial para la construcción de los grandes proyectos de viviendas que el Ejecutivo patrocinaba.

Como resultado de las pesquisas de Álvarez, quedó detenido Luis Velásquez, director de comercialización de Sidor (Siderúrgica del Orinoco, principal transformadora de hierro en el país, de propiedad estatal) y presidente de las comisiones de transición de las empresas Orinoco Iron y Matesi, amigo cercano del Gobernador del estado Bolívar, el ex general del Ejército Francisco Rangel Gómez. A Velásquez se le acusó de comandar una red paralela de venta de las cabillas producidas por la empresa estatal.

La detención de Velásquez –quien desde entonces pasó a ser conocido por la opinión pública con el mote de El rey de la cabilla– abonó la fama del coronel Álvarez como investigador recio y eficaz.

“El que tenga pruebas, hermano, que las presente; que no hablen tanta paja. Sencillamente, que las presenten. Es un compatriota nuestro, es parte del partido (PSUV), es un amigo nuestro y seguirá siéndolo”, sorteó Rangel Gómez al ser consultado por la prensa sobre las acusaciones contra Velásquez que amenazaban con salpicarlo.

Velásquez, que pasó un tiempo prisionero en las celdas de la DGCIM en el sector Boleíta Norte de Caracas, a la postre quedaría libre. Sin embargo, en esa oportunidad, su reclusión lució como un emblema de una campaña anticorrupción que esta vez sí partía en serio y que tenía en el coronel Álvarez Dionisi su campeón.

Antes de enrolarse en esa cruzada, Álvarez Dionisi había figurado como secretario privado del Gobernador del estado Carabobo (centronorte de Venezuela) entre 2004 y 2008, el ex general de la Guardia Nacional Luis Felipe Acosta Carlez. El Coronel llegó a sonar como posible candidato oficialista a la Alcaldía de Valencia (capital de Carabobo) en 2008.

Pero en algún momento la trayectoria del paladín se torció. Después de sus éxitos investigando Sidor, puso bajo su radar los negociados en el sector inmobiliario de Ciudad Guayana y en Ferrominera. El punto de quiebre pudo haber sido el mismo año 2011. Entonces, según el expediente, ya extorsionaba a los sospechosos de irregularidades, en lugar de presentarlos a la justicia. Siempre según los documentos filtrados, uno de los primeros a los que Álvarez llamó para plantear el chantaje fue al abogado y empresario Yamal Mustafá, contratista de la gobernación del estado Bolívar.

Asuntos internos

“Me increpó diciéndome que por yo ser amigo del gobernador (Francisco) Rangel, estoy señalado en un organigrama, que me mostró, donde aparecía, además de otras personas, mi nombre”, sale Mustafá declarando a la DGCIM.

Mustafá, abogado de origen palestino, ha sido conocido en Ciudad Guayana por su empresa de alimentos Corporación de Alimentos Brindisi (Corpobrica) y, más recientemente, por su papel de editor de medios al frente del diario Primicia, creado en 2011.

El diputado Andrés Velásquez ha denunciado de forma activa el rol clave de Mustafá en el entramado que controlaba los contratos de servicios otorgados por la gobernación local. Tanto que, en julio de 2013, puesta ya a la luz la olla de Ferrominera, el diputado opositor entregó a la Fiscalía documentos que mostraban cómo las empresas de la familia de Mustafá habían acaparado obras y servicios, que iban desde la entrega de canastillas hasta tickets de alimentación para los empleados regionales a través de la empresa Credilab.

A cambio de su silencio, testimonió Mustafá, El Tiburón le pidió un millón de dólares que, aunque no los pagó, “quedó la amenaza de que en cualquier momento me involucraba en este caso o en cualquier otro, ya que soy un empresario conocido en la región”.

El caso de las cabillas tenía especial importancia, pues, según Mustafá, “los medios de comunicación de la región, afectos a la oposición, pretendieron involucrar al ciudadano Gobernador del estado Bolívar y su familia, el cual evidentemente no estaba involucrado en el escándalo que produjo la investigación”.

Los pagos que el Coronel exigió se extendieron hasta el sobrino de 27 años de Mustafá, Manuel, propietario de las empresas Consorcio Ferromineral LLC, Metals Alloys LLC, Muszam Investment INC, DMG Audio, C.A y Gremaca –registradas en Venezuela y en el estado de Florida, Estados Unidos–, todas clientes de Ferrominera Orinoco, recién creadas ese año y con razones sociales tan diversas como decoración de interiores hasta importación y exportación de material ferroso. 

En determinado momento, los intercambios telefónicos entre el coronel Álvarez y el empresario se hicieron tan frecuentes que les pareció preferible encontrarse en persona. Las reuniones tuvieron lugar en Puerto La Cruz (estado Anzoátegui, noreste de Venezuela) y Puerto Ordaz, en la casa de Mustafá.

Al mismo tiempo, la persecución de Álvarez Dionisi se hacía “agobiante” para el entonces presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh Achkar, quien desde 2006 permanecía en el cargo.

Cuando otros gerentes entraban y salían de la dirección del atribulado grupo de fábricas del complejo ferrosiderúrgico, Sabbagh era referencia por su estabilidad y por ser el anfitrión favorito del fallecido líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en sus visitas a Guayana.

Algunos atribuían su estabilidad a su relación con el gobernador Rangel Gómez, con quien trabajó en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el 2002.

Sabbagh dijo haber conocido a El Tiburón por una llamada del abogado Gustavo Blanco, asesor de la empresa Comodities Minerals Enterprisde (CME), propiedad del empresario Tyrone Serrao, y entonces cliente de Ferrominera Orinoco.

Según el testimonio de Sabbagh, Blanco le llamó para decirle que estaba en Puerto la Cruz con Mustafá y que “se encontraron con una persona del DIM y que esa persona hablaba de una supuesta mafia del hierro”, dijo en su declaración a la DGCIM el 8 de mayo de 2013, a las 5:30 de la tarde.

En su teléfono le mostró fotografías del organigrama de la supuesta mafia del hierro. “Le pregunté (a Gustavo Blanco) de dónde conocía él a ese Coronel y él me respondió que él junto a Yamal eran abogados de Luis Velásquez, que había sido detenido meses antes por el caso de las cabillas y me dijo que Álvarez fue quien había llevado a cabo esa investigación”.

Sabbagh dijo estar dispuesto a reunirse con el Coronel pero, según su testimonio, Blanco le dijo que El Tiburón solo se reuniría con él en la casa de Mustafá.

“A finales del mes de noviembre de 2011 recibí la llamada de que ese día, a las cinco de la tarde, me debía dirigir a la casa del abogado Mustafá a reunirme con El Tiburón (…) fui guiado por teléfono por el propio abogado Yamal Mustafá, entré a su residencia y en la parte de atrás me esperaba el coronel Álvarez Dionisi”.

Sabbagh y El Tiburón quedaron solos. Conversaron por largo rato hasta que el Coronel se levantó, agarró una mochila, se puso la gorra e intentó salir.

“El abogado Yamal Mustafá, que se encontraba afuera de la sala, al ver que el Coronel se marchaba preguntó si todo estaba bien pero el Coronel respondió que pronto vendría una comisión a buscarme. Mustafá intercedió para hacerle entender al coronel Álvarez que eso no era conveniente, con lo cual el Coronel volvió a sentarse en el mismo sillón”.

El Tiburón habló a Sabbagh sobre el organigrama de la mafia del hierro y el barco con droga que se encontraba en el puerto de Ferrominera Orinoco “y yo le dije que fue la propia Ferrominera quien realizó la denuncia sobre esa droga”, relató el ex presidente.

En ese encuentro el Coronel les pide 20 millones de dólares para no generar “un escándalo” similar al de las cabillas. Pidió papel y lápiz y sobre un pedazo de cartón escribió el número 20 y luego lo quemó por seguridad.

"Yo le dije que todo eso era mentira, que era chisme (...) me respondió con una mirada fría que nunca olvidaré y me dijo textualmente: 'es más difícil demostrar la inocencia preso que en libertad".

Sabbagh accedió a pagar por temor a que tuviese alguna repercusión política, pues se le asociaba con Rangel Gómez y con el Gobierno. “Me fui a mi casa sin saber muy bien que es lo que iba a hacer y con ese gran sentimiento de impotencia de temor por lo que había pasado, pensé en cómo habían actuado en la zona cuando se llevaron a Luis Velásquez, el cual tenía dos meses preso sin juicio y en ese momento mi único hijo tenía diez meses de nacido. Pensé que el mundo se me venía encima”.

Así que consiguió el dinero a través de las empresas CME y Duferco que, a su vez, depositaban a las cuentas de Mustafá. “Le manifesté mi conformidad con el único propósito de solventar el problema con Manuel Mustafá”, declaró el empresario.

A Álvarez Dionisi lo llamaban El Tiburón y, aunque se movía como pez en el agua en los órganos de inteligencia del Estado, terminó como un cazador cazado.

Fue así como suministró una cuenta en Barbados a nombre de Logistic Trading and Services LTD para que los clientes hicieran sus depósitos y posteriormente él hiciera las transferencias al destino indicado por el Coronel; la misma cuenta en la que, según la denuncia del diputado Velásquez a la Fiscalía, se pagó la compra de unos autobuses de la Gobernación de Bolívar por una triangulación financiera.

De acuerdo al testimonio de Yamal Mustafá, de sus cuentas se hicieron 12 transferencias en dólares a Nueva York, Canadá y Florida, así como 27 operaciones en bolívares entre transferencias y dinero en efectivo; un total de poco más de 4,4 millones de dólares y 2,5 millones de bolívares.

Pero en 2012 y ya harto de la situación, Sabbagh denunció la extorsión al entonces presidente de la CVG, Rafael Gil Barrios, al mayor general Cliver Alcalá y finalmente al general Hugo El Pollo Carvajal, quien se desempeñaba como director de la DGCIM.

Otros recién incorporados a la cartera de clientes fueron sobornados por el Coronel, quien, con carpeta en mano y con el caso de las cabillas fresco, amenazaba a empresarios y gerentes.

Ante cualquier contratiempo, Álvarez Dionisi contactaba con Mustafá y con Carlos Vieira (de la empresa Viherca) y este a su vez con el presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, quien hacía los contactos y resolvía con los clientes el pago.

Con este mismo procedimiento el representante de la empresa Corinsur, Douglas Flores, accedió a pagar un dólar por tonelada de mineral despachado por Ferrominera Orinoco, aunque la aspiración de Álvarez –dijo Flores a las autoridades– era conseguir cinco dólares por tonelada.

Según Flores, el Coronel insistía diciéndole, “te meto preso y después averiguo, es mejor defenderse afuera que defenderse preso”. Fue así como accedió a pagar 800.000 bolívares. El dinero viajó en una caja desde el aeropuerto Manuel Carlos Piar de Puerto Ordaz.

Los favores que recibía Álvarez iban desde entrega de equipos de computación, cajas llenas de dinero, transferencias y, según Néstor Moreno, quien trabajaba con el Coronel desde el caso de las cabillas, en la última campaña electoral le depositaron “300 mil bolívares para hacer los bigotes para la campaña del actual presidente de la república”.

Otros funcionarios, como el ex gerente de comercialización y ventas de Ferrominera Orinoco, Juan Aníbal Vásquez, pagaron dos millones de dólares a través de “contactos internacionales” y su asistencia a la empresa Miami Trust.

Final del casting

A pesar de la abundancia y aparente solidez de los testimonios, el Ministerio Público solo imputó al coronel Álvarez Dionisi y tres presuntos cooperadores en la extorsión –Carlos Viera, Carlos Martínez y el primer teniente de la Guardia Nacional, Néstor Arturo Nieves.

Radwan Sabbagh, ex presidente de Ferrominera, hoy permanece preso en la sede de la contrainteligencia militar del estado Bolívar. Foto: Antonio García Jr.

Mientras que, por el desvío de una partida presupuestaria de 295 millones de bolívares, a Radwan Sabbagh y cuatro gerentes más, entre ellos dos mujeres.

Los primeros meses los imputados estuvieron detenidos en la sede del Sebin en Caracas. Allí estrenaron la célebre celda llamada La Tumba, según se denuncia en una solicitud de amparo presentado por los abogados de El Tiburón en 2013. En esa celda se somete a los presos a aislamiento total, supervisión de 24 horas por circuito cerrado de televisión y bajas temperaturas. Además de esos rigores, siempre según la denuncia, al Coronel se le privó el acceso a los medicamentos que regularmente se le administraban para combatir un cáncer de piel que sufría en la cara. Carlos Viera, el joven ejecutivo de Viherca, en esas condiciones intentó quitarse la vida durante 2013.

Apenas el pasado 23 de abril se celebró la primera audiencia preliminar del juicio, y mientras Álvarez Dionisi sigue preso en la sede de Ramo Verde, el resto de los actores siguen en esa cárcel especial de Ciudad Bolívar.

Casi en simultáneo, el proceso por las irregularidades en Ferrominera mostró un primer resultado: las exgerentes María Acosta y María Rodríguez se declararon culpables del desvío de una partida presupuestaria, y el 30 de abril el Tribunal 9º de Control del Área Metropolitana de Caraca les condenó a cinco años de prisión, de los cuales ya han pagado dos. Se les acusó de los delitos de peculado doloso y malversación agravada.

El ex gerente técnico de Operaciones, Ángel Ramón Campero Franco, también admitió responsabilidad por la comisión de los delitos de peculado doloso propio, en grado de cooperador y en poco menos de 12 meses saldrá en libertad.

Sabbagh y el consultor jurídico, Noel Ramírez, eligieron otro camino y mientras esperan su juicio buscan que se les rebaje la pena para admitir los hechos, como al resto de los imputados.

Al ex presidente de la estatal se le acusa de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación y concertación de funcionario público con contratista.

No es el caso del empresario Yamal Mustafá, a quien el tribunal de control le dio una medida de sobreseimiento luego de no encontrar elementos para mantenerlo preso la misma noche del 30 de abril, cuando todos fueron presentados en el Tribunal 9° de Control. La decisión, sin embargo, no se tradujo en su libertad pues los fiscales apelaron y minutos después exigieron una suspensión de la medida.

Esa es la razón que ha mantenido a Mustafá en las dos últimas semanas en Caracas, esperando la decisión de la Corte de Apelaciones. En el rotativo que dirige, el diario Primicia, han publicado un editorial titulado “La Doctrina de la Real Malicia y el Juicio Paralelo”, en la que defienden la sentencia y enfilan baterías contra el diario Correo del Caroní, el único medio impreso del estado Bolívar que ha reseñado los pormenores del caso desde 2012.

Ahora en espera obligada con Álvarez Dionisi, su alegado extorsionador, Mustafá, Sabbagh y el propio Coronel siguen aguardando para saber quién de ellos quedará nominado para la eliminación y quién seguirá formando parte de la vecindad. Hagan juego, señores.

De acuerdo con el expediente del caso, en Ferrominera hubo una serie de ilícitos que suman daños patrimoniales por al menos 1.113 millones de dólares. Foto: Anibal Barreto.

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