A través de una empresa registrada en México, Consorcio Panamericano de Exportación, sin trayectoria o experiencia conocida, Joaquín Leal hizo una atrevida propuesta a la Corporación Venezolana de Guayana para “reactivar” la industria del aluminio, paralizada tras el apagón de marzo de 2019. El negocio planteaba pagar el suministro de electricidad a las empresas estatales a cambio de pagos en especie con el metal.
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Al mismo tiempo que Joaquín Leal, Alex Saab y sus socios aplicaban desde mediados de 2019 el virtual bypass para ayudar al régimen de Nicolás Maduro a sortear las sanciones estadounidenses con la venta de petróleo y carbón venezolano, intentaron estirar aún más el límite de sus negocios con el Estado chavista hasta llegar a las puertas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el conglomerado de empresas básicas, otrora baluarte en la producción de hierro y aluminio en el sur del país, pero hoy parte de la cosecha de escombros industriales que ha dejado tras de sí la autodenominada Revolución Bolivariana.
Según se desprende de un amplio legajo de documentos, obtenido y procesado de manera conjunta por el diario español EL PAÍS y Armando.info, y que ha dado origen a la presente serie de reportajes de investigación, “El bypass mexicano contra las sanciones”, una empresa desconocida en las lides de la producción de materias primas, de nombre Consorcio Panamericano de Exportación (Copaex), propuso a la presidencia de la CVG un plan para la “reactivación de la industria del aluminio en Venezuela”.
El proyecto con la CVG fue otra de las ideas del empresario mexicano Joaquín Leal Jiménez, aliado de Alex Saab en México, quien activó una red secreta de comercialización de commodities venezolanos diseñada a partir de una solicitud original de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para solventar los inconvenientes generados por el apagón nacional de cinco días continuos en marzo de 2019. Por una sutil ironía, había sido esa misma crisis eléctrica la que condenó a la inoperancia a la industria estatal del aluminio: la electricidad de Guayana -región venezolana al sur del río Orinoco, rica en minerales y caudales de agua-, hasta entonces abundante, continua y barata, es uno de los suministros indispensables para su producción. Para concentrar el aluminio en sus celdas, Alcasa y Venalum, las dos empresas de la CVG destinadas al mercado de ese metal, requieren de unos 1.500 megavatios al día.
El apagón representó el tiro de gracia para un parque industrial que llegaba a marzo de 2019 con una producción equivalente a apenas 10% de su capacidad instalada. Era la culminación de un declive que empezó en 2010, cuando el fallecido expresidente Hugo Chávez ordenó la paralización de la industria del aluminio para ahorrar energía eléctrica durante la primera gran crisis del servicio, oficialmente achacada a la sequía de ese año y a la reducción del nivel en la represa del Guri, sobre el alto río Caroní, en el estado Bolívar, uno de los tres -junto a Delta Amacuro y Amazonas- de la región de Guayana. Si desde entonces la producción de ese conglomerado de empresas transformadoras de minerales nunca volvió a ser la misma, con el apagón de 2019 cayó a cero.
La debacle, sin embargo, lucía como una oportunidad de negocios para Leal, quien despuntaba en México como empresario del sector eléctrico. Vio al alcance de la mano la posibilidad de añadir otra materia prima venezolana a su portafolio de productos para el mercado global.
A través de la desconocida Copaex, propuso a la contraparte venezolana hacer una sola inversión de 300 millones de dólares para proveer y transportar “plantas de generación a base de gas con capacidad de 200MV” que, junto a una alianza con la estatal venezolana Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), sería suficiente para activar, en nueve meses, 125 de las 905 celdas de aluminio paralizadas por el apagón de marzo de 2019.
Al cabo de un año más, según el documento que fue dirigido con toda familiaridad al “licenciado Pedro”, en referencia a Pedro Maldonado, presidente de la CVG y hombre de confianza del vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, Leal y Copaex calculaban que ya podían estar activas todas las celdas.
“Copaex enviará plantas generadoras a Venezuela a partir de Julio de 2019 y espera completar la capacidad instalada de 200 MV en los próximos 12 meses. Con los 16 MV se estima que se reactiven 10 celdas con una producción de 510 toneladas al mes. Para iniciar con la producción se requiere firmar un acuerdo de colaboración entre Venalum y Copaex en los cuales se determinaran [sic] las aportaciones de las partes y el beneficio de las mismas”, dice la propuesta en tono optimista, con fecha del 10 de junio de 2019.
Aunque en la carta dirigida al presidente de la CVG la compañía mexicana aseguraba que solo la movía a presentar la propuesta su “compromiso con el desarrollo industrial de Venezuela”, y destacaba que la experiencia de Leal se había acumulado en el negocio eléctrico, el plan se quedaba corto a la hora de avizorar el eventual rescate de la industria venezolana del aluminio.
La propuesta de negocios reconocía que para activar todas las celdas de aluminio hacía falta una generación de por lo menos 1.448 megavatios, pero no revelaba si la nueva capacidad añadida era parte del convenio propuesto o a cuántas plantas de generación eléctrica equivalía. De hecho, terminaba por asignar explícitamente a la estatal Corpoelec la responsabilidad de generar y suministrar unos 1.250 megavatios de los necesarios, desde la proyectada hidroeléctrica de Tocoma, sobre el cauce bajo del río Caroní, que nunca entró en servicio a pesar de que el Estado le inyectó cerca de 10.000 millones de dólares. Eso sí, deja claro que los servicios de Copaex le serían pagados “en especie con aluminio producido”.
La apuesta por el aluminio fue una maniobra que Leal intentó para canalizar ingresos hacia el mencionado Consorcio Panamericano de Exportación (Copaex), creado como una sociedad mercantil de capital variable en 1998 pero registrado finalmente en el estado mexicano de Guanajuato en 2017, con un amplísimo objeto social inclinado levemente a la actividad ganadera o agrícola. La empresa no fue creada por Leal, quien la adquirió luego a través de familiares.
La compañía fue registrada con un capital de 50.000 pesos y con tres miembros en su junta directiva hasta agosto de 2019, cuando fue modificado su objeto social inicial -también muy amplio pero ahora con alguna ambición en el campo del comercio de alimentos y aceites- y los tres directivos que constaban en su creación fueron cesados de sus cargos dando lugar a dos nuevos integrantes: María Guadalupe Villanueva Ayala y Francisco González Ramírez, este último el firmante de la propuesta a la CVG en su calidad de presidente del Consorcio, al que, según las fechas, acababa de ingresar.
En una Asamblea Extraordinaria celebrada en octubre de 2019, la empresa dio otro giro con el aumento de capital de 50.000 a 100.000 pesos mexicanos (de 2.500 a 4.500 dólares) y la inclusión de un nuevo miembro en la junta directiva, María Teresa Alfaro Castañeda, abuela de Joaquín Leal, lo que ratifica una práctica común en las compañías de Leal: no aparece en los documentos constitutivos de las empresas, sino que pone a sus familiares en ellos.
Tres meses después de esa modificación, la empresa hizo una transferencia a otra de las compañías del entramado de Leal, Libre Abordo, con un cheque de 15 millones de dólares que esta, a su vez, entregó a la estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) como parte de pago por las 210.000 toneladas de maíz blanco que, a la postre, intercambiaría por petróleo a Venezuela. Esa fue una de las primeras movidas de una sofisticada estructura corporativa, en la que también participaba Alex Saab, para obtener recursos a cambio de petróleo y evadir las sanciones estadounidenses. Luego llegarían el control del carbón, el interés por captar las remesas de los venezolanos en el exterior y el aluminio.
Un año después de esa firma, que significó la entrada de familiares de Leal en Copaex, en marzo de 2020, el capital social “variable” de la misma aumentó drásticamente a 100 millones de pesos (poco más de cinco millones de dólares); se multiplicó por 1.000. Los dos antiguos accionistas renunciaron, según consta en las actas a las que ha tenido acceso EL PAÍS y Armando.info, y a la abuela de Leal se une una nueva socia, Carlota Leal Jiménez, hermana de Joaquín, con una mínima participación de 0,5% de las acciones.
Mientras Copaex intentaba cerrar el negocio con la CVG, también ofrecía colocar un cargamento de 180.000 toneladas de carbón en puertos centroamericanos -específicamente en Guatemala- por un valor de 12,3 millones de dólares. Esta propuesta de venta tenía especificaciones técnicas mucho más claras que la propuesta de reactivación del aluminio. Aunque en ninguna parte el documento señalaba que el carbón era de origen venezolano, para ese momento la red de Leal y Saab manejaba las exportaciones de carbón de la estatal Carbozulia.
No hay indicios de que el negocio propuesto por el Consorcio Panamericano de Exportación se hubiera concretado. Reactivar a Alcasa y Venalum con una planta de gas de 200 megavoltios es prácticamente imposible. Un ingeniero con más de 20 años de experiencia en la industria del aluminio, que prefiere mantener su nombre en reserva, expone, a solicitud de los reporteros, lo que realmente hace falta para que esta empresa básica retome operaciones: “El requerimiento total de energía para una producción al 100% de la industria del aluminio está en el orden de 1.800 a 2.000 megavatios, equivalente a 18 o 20% de la capacidad de Guri con 10.300 megavatios de capacidad total. No se puede hablar de plantas de generación de paquete de este tamaño o de plantas seccionadas que van agregándose, se necesita un sistema dedicado de alta fiabilidad que requeriría de una gran inversión o de recuperar el sistema interconectado nacional dentro de una clara estrategia de balance entre consumo industrial y del resto del país”.
Para el empresario Joaquín Leal, en cambio, el esquema improvisado parecía un negocio redondo. Lo que comenzó bajo la apariencia de un “intercambio humanitario” de petróleo por bienes, le terminó abriendo una fuente de materia prima venezolana para alimentar su negocio energético en México, como en algún momento pensó, o para revenderla en un mercado global hambriento, justo antes de la irrupción de la pandemia, de mercancías como petróleo, carbón y aluminio.
Vástagos de estirpes distintas de magnates en Venezuela, Francisco D'Agostino y Eduardo Cisneros son parientes no consanguíneos. También fueron socios por breve tiempo en Elemento Oil & Gas Ltd, una empresa con sede en Malta de la que, a la larga, el joven Cisneros se adueñó por completo. Elemento fue protagonista en la red secreta de comercialización de crudo venezolano que desde México activó Joaquín Leal. Pero a la hora de imponer sanciones, Washington penalizó solo a D'Agostino, ¿por qué?
Como parte de su red de negocios con base en México y un pie en Dubai, ambos comerciantes diseñaron una manera de suplantar el funcionamiento de las grandes franquicias internacionales de tarjetas de crédito, si estas llegaban a abandonar el mercado venezolano por causa de las sanciones de Washington. El planeado sistema de pagos electrónicos, Paquete Alcance, se proponía capturar cientos de millones de dólares en remesas enviadas por expatriados y financiar con ellas las compras en las Tiendas CLAP.
La estructura empresarial que Alex Saab hizo registrar en Turquía, dada a conocer en 2018 por un reportaje de Armando.info, apenas sirvió como una partida en falso para sus planes de exportación del carbón venezolano. Casi en simultáneo, el mercader colombiano hacía contacto con su par mexicano Joaquín Leal para urdir una red que no solo comercializaría crudo de la petrolera estatal venezolana PDVSA como parte de una maniobra evasiva de las sanciones impuestas por Washington, sino que se haría cargo de un esquema para exportar el carbón extraído de las minas del Zulia, al occidente de Venezuela. Con la jugada, miles de toneladas, valoradas en millones de dólares, terminaron en puertos de México y Centroamérica.
Los documentos filtrados sobre Libre Abordo y el resto de la red opaca que Joaquín Leal manejaba desde México, con tentáculos en 30 países, para comercializar crudo de PDVSA y otras materias primas que el régimen de Caracas necesitaba colocar en mercados internacionales al margen de las sanciones, muestran que el empresario aseguraba contar con el visto bueno del gobierno mexicano y suministros de Segalmex, un ente oficial. Más allá de esos indicios, hay evidencias de que Leal tenía acceso privilegiado al vicecanciller para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.
Cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez acudió a un grupo de amigos y socios mexicanos para aliviar la nueva emergencia eléctrica en Venezuela, puso la piedra fundacional para un atajo por el que chavismo y sus aliados comerciales han esquivado las sanciones impuestas por Washington a las exportaciones de crudo de PDVSA. Desde entonces, con Alex Saab, Joaquín Leal y Alessandro Bazzoni como figuras prominentes, el circuito se ha extendido por una treintena de países para comerciar con otras materias primas venezolanas. Es parte de lo que revela esta serie de investigación conjunta entre el diario El País y Armando.info, desarrollada a partir de una filtración de miles de documentos.
Ni el cautiverio en Cabo Verde detuvo los negocios del 'trader' colombiano. Para asegurarse de que así fuera, tejió una red de compañías fantasmales en distintas partes del mundo que, como en un juego de seudónimos, parecían nombrar a distintas personalidades que al final eran la misma gente: el propio Saab y dos cómplices, el mexicano Joaquín Leal y el italiano Alessandro Bazzoni. El esquema les permitió seguir comerciando en todo el planeta con millones de barriles de crudo de Pdvsa frente a las narices del Departamento del Tesoro y sus sanciones. En México, por ejemplo, trataron de hacer negocios con la estatal Pemex, amparados tras empresas de maletín con nombres rimbombantes y cartas de recomendación forjadas.
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