Como parte de su red de negocios con base en México y un pie en Dubai, ambos comerciantes diseñaron una manera de suplantar el funcionamiento de las grandes franquicias internacionales de tarjetas de crédito, si estas llegaban a abandonar el mercado venezolano por causa de las sanciones de Washington. El planeado sistema de pagos electrónicos, Paquete Alcance, se proponía capturar cientos de millones de dólares en remesas enviadas por expatriados y financiar con ellas las compras en las Tiendas CLAP.
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Si Joaquín Leal, con Alex Saab luego, fueron los encargados -a pedido inicial de la vicepresidenta Delcy Rodríguez- de concebir y activar en 2019 una red para comercializar materias primas venezolanas, de modo de bypassear así las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Caracas, era solo cuestión de tiempo que debieran enfrentar el reto de solucionar el torniquete que Washington con sus medidas punitivas le había aplicado al acceso de los venezolanos a uno de los bienes importados que más escaseaban: el dólar.
La fórmula con la que dieron en sus planes empezaría a esbozarse a partir de una solicitud de aclaratoria expresada en un correo electrónico con fecha del 16 de julio de 2019, apenas un mes más tarde de la primera operación “humanitaria” de la red mexicana de Leal con Venezuela, un trueque presunto de dos millones de barriles de petróleo por camiones cisternas y maíz blanco: “¿A qué en específico se va a dedicar Paquete Alcance? Lo consulto porque en el documento constitutivo colocaron un objeto sumamente disperso y diverso, ligando el tema de alimentación con tecnología”, se lee en la comunicación, que forma parte de la filtración de miles de documentos que el diario EL PAÍS de Madrid y Armando.info obtuvieron y revisaron en conjunto para producir la presente serie de reportajes denominada “El bypass mexicano contra las sanciones”.
La consulta y el correo electrónico provenían de la abogada venezolana Roxana Daneska Mundarain López. La abogada ya era alguien de cierta confianza para Leal en Caracas y lo había representado en Venezuela en las operaciones de Libre Abordo, la empresa mexicana que primero sirvió de pivote al esquema -con tentáculos en 30 países- para esquivar las sanciones financieras y comerciales de Estados Unidos.
También correspondió a Roxana Mundarain registrar en Venezuela, en septiembre de 2019, la empresa por la que preguntaba en su correo de julio del mismo año: Paquete Alcance.
Paquete Alcance era el juego de palabras, ciertamente sugestivo y pegajoso, con el que Leal bautizó un sistema alternativo de compras, delineado para sustituir en Venezuela el uso de las tarjetas de crédito y pago de Visa y Mastercard “en caso de que salgan del país”, y servir a los programas sociales del gobierno a través de un sistema propio de tarjetas prepagadas y hasta cobrar las remesas enviadas por los venezolanos en el exterior. Así consta en una presentación de diapositivas que también está incluida en la filtración que EL PAÍS y Armando.info recibieron.
Aunque registrada en México, se preveía que Paquete Alcance quedara integrada a Mystic Universe, el holding de Joaquín Leal en Islas Vírgenes Británicas, con espejo en Canadá. Ambas sociedades fueron registradas en mayo de 2019 cuando, precisamente, empezaban los viajes de Leal a Caracas, así como sus transacciones de miles de millones de dólares, según sus propios datos. El paraguas de Mystic también cobijaba a Libre Abordo, usada desde poco antes en los negocios encubiertos con Caracas y a la postre sancionada por Washington, justo antes de declararse en bancarrota en junio de 2020.
Luego de las preguntas por correo electrónico de Mundarain, el objeto de la compañía quedó por fin establecido en sus documentos de registro con foco en la prestación de un “servicio de recarga de saldo o crédito para consumo de bienes o servicios” y de “servicios de envío y recepción de fondos desde y hacia el exterior”, según se lee en el expediente mercantil.
Paquete Alcance logró un hito inusual en la burocracia estatal, por lo general poco dada en la Venezuela chavista a facilitar la constitución de compañías: que la Sudeban, el organismo regulador de bancos e instituciones financieras, aceptara la inscripción de la empresa sin siquiera haber protocolizado el registro mercantil.
Definido el negocio, quedaba avanzar en la plataforma operativa para captar las remesas de la migración venezolana, casi en simultáneo con el interés de Nicolás Maduro, tan creciente como la tasa hiperinflacionaria, por “digitalizar” la economía.
Al plan de Joaquín Leal y su compañía Paquete Alcance todavía le faltaba un aliado en Venezuela, uno que pudiera aportar los establecimientos comerciales con los puntos de venta necesarios para que los usuarios cobraran o canjearan las remesas recibidas desde el exterior. Ese aliado iba a ser Alex Saab con sus Tiendas CLAP, manejadas por él a través de la empresa Salva Foods 2015, luego de que Maduro privatizara subrepticiamente muchos locales hasta entonces adscritos a la fracasada red estatal de los Abastos Bicentenario.
Desde finales de 2017, la entonces desconocida Salva Foods comenzó a anexarse locales de la Abastos Bicentenario para montar las Tiendas CLAP. La empresa está presidida por Carlos Rolando Lizcano Manrique, también de nacionalidad colombiana y operador en Venezuela de Alex Saab y del socio de este, Álvaro Pulido Vargas.
Los documentos de Paquete Alcance indican que los establecimientos de Salva Foods se prestaban para servir de “canales de comercialización” donde los clientes del sistema canjearían las remesas enviadas por vía electrónica o comprarían mercancía con cargo a las tarjetas prepagadas. El otro canal sería “institucional o gubernamental para atender los programas de emisión del gobierno”.
En el primer año de funcionamiento en Venezuela, Paquete Alcance proyectaba emitir 10 millones de tarjetas y desplegar de 80.000 a 100.000 puntos de venta, con una inversión de 30 millones de dólares.
Los papeles en poder de EL PAÍs y Armando.Info reflejan la magnitud que Leal y Saab se disponían a dar al negocio: en promedio cada tarjetahabiente movería 140 dólares anuales, calculaban, lo que equivalía a capturar el tránsito de unos 1.400 millones de dólares al año. La tesorería de la compañía estaría en México y en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, una jurisdicción en la que tanto Leal como Saab suelen domiciliar el registro de sus empresas.
De acuerdo a la presentación del proyecto, Leal y Saab se planteaban como premisa la captación de esos 1.400 millones de dólares de un total de 7.000 millones de dólares, que era el monto en el que situaban el volumen de remesas enviadas por los expatriados a sus parientes y corresponsales en Venezuela. Quiere decir que aspiraban a canalizar 20% del flujo de divisas. Pero cifras de consultoras especializadas mo Ecoanalítica en Caracas sitúan recientemente el valor anual de las remesas en 3.500 millones de dólares, la mitad de lo estimado por la compañía controlada por Joaquín Leal, con lo que la meta de los empresarios supondría captar 40% de las remesas. En cualquier caso, Leal y Saab apostaban a quedarse con un pedazo de ese pastel, alimentado por los venezolanos en el exterior.
En varias de las presentaciones de Paquete Alcance se asegura que la compañía contaba con cuatro años de experiencia en México, un mercado enorme para las transferencias y encomiendas desde el extranjero, “al encontrar un nicho de mercado en las remesas” e ir “contra grandes empresas que sólo buscan extraer la mayor cantidad de recursos de los migrantes”.
Sin embargo, no hay constancia de que la experiencia de la que se jactaban fuera cierta. En realidad, para operar en Venezuela los promotores del sistema buscaron una alianza con Edenred, la compañía francesa que maneja servicios para las empresas y el pago de beneficios a través de las tarjetas Cesta Ticket.
En efecto, los documentos que sustentan este reportaje confirman que el equipo de Joaquín Leal y Paquete Alcance estableció contactos en Caracas con los directivos locales de Edenred. En un correo electrónico del 10 de julio de 2019, el propio Leal escribió a un ejecutivo de Edenred: “Por este medio te adjunto la presentación que comentamos el día de ayer. Quedo en espera de tus comentarios y siguientes pasos”.
La intención de Paquete Alcance era que Edenred proporcionara la plataforma de funcionamiento para las remesas, así como la conexión con las Tiendas CLAP y con los eventuales programas sociales del gobierno de Maduro que este designara para usar el sistema. Todavía en septiembre de 2019, los abogados de Paquete Alcance y Edenred sostenían reuniones en las que, en representación de Leal, participó Haymel Brito, una pieza clave en la conexión del empresario mexicano con las autoridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que se trata de una ciudadana venezolana.
Un año después de esas comunicaciones y reuniones, todo se torció para Joaquín Leal y el propio Alex Saab. Leal fue sancionado por el Departamento del Tesoro el 18 de junio de 2020, tras señalarlo como cabecilla de un esquema para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos a la estatal petrolera venezolana Pdvsa. Por su parte, Saab quedó detenido una semana antes en Cabo Verde, cuando hacía escala en esa nación africana para seguir un itinerario que debía llevarlo a Irán en representación del propio Nicolás Maduro y con un presunto cargo diplomático, según alega la defensa del mercader colombiano tras su captura.
Puede que ambos sucesos, la acusación contra Leal y el arresto de Saab, hayan frenado el negocio que ambos concibieron para captar las remesas de los venezolanos en el exterior. Aunque Maduro sigue insistiendo por estos días en la necesidad de avanzar hacia una economía con una moneda digitales, no hay constancia de que el plan de Paquete Alcance se haya concretado o siquiera haya transmutado en sistemas de funcionamiento más o menos similar, como el ya desplegado bajo el nombre de Carnet de la Patria.
Los últimos rastros que todavía quedan en redes sociales de la iniciativa de Paquete Alcance datan de un lapso que va del 7 de julio al 3 de agosto de 2020, poco después de que el infortunio, en vez del paquete de millones que esperaban, alcanzara a Leal y Saab.
La estructura empresarial que Alex Saab hizo registrar en Turquía, dada a conocer en 2018 por un reportaje de Armando.info, apenas sirvió como una partida en falso para sus planes de exportación del carbón venezolano. Casi en simultáneo, el mercader colombiano hacía contacto con su par mexicano Joaquín Leal para urdir una red que no solo comercializaría crudo de la petrolera estatal venezolana PDVSA como parte de una maniobra evasiva de las sanciones impuestas por Washington, sino que se haría cargo de un esquema para exportar el carbón extraído de las minas del Zulia, al occidente de Venezuela. Con la jugada, miles de toneladas, valoradas en millones de dólares, terminaron en puertos de México y Centroamérica.
Los documentos filtrados sobre Libre Abordo y el resto de la red opaca que Joaquín Leal manejaba desde México, con tentáculos en 30 países, para comercializar crudo de PDVSA y otras materias primas que el régimen de Caracas necesitaba colocar en mercados internacionales al margen de las sanciones, muestran que el empresario aseguraba contar con el visto bueno del gobierno mexicano y suministros de Segalmex, un ente oficial. Más allá de esos indicios, hay evidencias de que Leal tenía acceso privilegiado al vicecanciller para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.
Cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez acudió a un grupo de amigos y socios mexicanos para aliviar la nueva emergencia eléctrica en Venezuela, puso la piedra fundacional para un atajo por el que chavismo y sus aliados comerciales han esquivado las sanciones impuestas por Washington a las exportaciones de crudo de PDVSA. Desde entonces, con Alex Saab, Joaquín Leal y Alessandro Bazzoni como figuras prominentes, el circuito se ha extendido por una treintena de países para comerciar con otras materias primas venezolanas. Es parte de lo que revela esta serie de investigación conjunta entre el diario El País y Armando.info, desarrollada a partir de una filtración de miles de documentos.
Ni el cautiverio en Cabo Verde detuvo los negocios del 'trader' colombiano. Para asegurarse de que así fuera, tejió una red de compañías fantasmales en distintas partes del mundo que, como en un juego de seudónimos, parecían nombrar a distintas personalidades que al final eran la misma gente: el propio Saab y dos cómplices, el mexicano Joaquín Leal y el italiano Alessandro Bazzoni. El esquema les permitió seguir comerciando en todo el planeta con millones de barriles de crudo de Pdvsa frente a las narices del Departamento del Tesoro y sus sanciones. En México, por ejemplo, trataron de hacer negocios con la estatal Pemex, amparados tras empresas de maletín con nombres rimbombantes y cartas de recomendación forjadas.
Fue una de las últimas fórmulas que el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde, ensayó para burlar las sanciones internacionales contra el régimen chavista. Consistió en escenificar un “intercambio humanitario” de crudo de Pdvsa por camiones cisternas y maíz. Al final, hubo indicios de que la mercancía no llegó completa a Venezuela -aunque el Gobierno lo niega-, mientras los cómplices mexicanos del esquema terminaron en aparente bancarrota, bajo investigación de las autoridades antilavado de dinero de su país y medidas del Departamento del Tesoro estadounidense.
Una desconocida empresa llamada Salva Foods 2015, creada meses antes de que Nicolás Maduro asomara su idea de establecer una red de tiendas para el programa estatal de los Comité Locales de abastecimiento y Producción (CLAP), es la beneficiaria actual de ese negocio. Se llaman Tiendas CLAP y se confunden con una empresa estatal, con expendios de alimentos en los que alguna vez fueron locales de los Abastos Bicentenario. Detrás de esa operación reaparece la sombra de los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, quienes desde inicios de 2017 están vinculados a los CLAP gracias a una fantasmal sociedad registrada en Hong Kong.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
