Un secreto a voces rompe el cerco que la cautela impone en el barrio El Callejón de la ciudad de Cúcuta: Nicolás Maduro Moros pasó temporadas en la casa número 8-98. Los vecinos saben que allí habitan, como fantasmas, algunas claves para descifrar hasta dónde llega la raigambre colombiana del presidente venezolano. Algunos susurran sus hipótesis, la mayoría callan sus certezas. La vivienda quedó a cargo de un primo del mandatario, que ahora la alquila a extraños.
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Cúcuta. - Las paredes tienen manchas de grasa y moho negro, y la capa de pintura se está desconchando. La casa está completamente pintada de verde, con excepción de algunos bordes. Tiene dos ventanas y tres puertas: metálicas, de color blanco, también sucias. En la parte de arriba, 12 columnas de cemento se alzan en la construcción de un segundo piso que no se culminó.
Para llegar a la casa verde, número 8-98, hay que cruzar la frontera con Colombia por el estado Táchira, entrar al Departamento Norte de Santander (al noreste del país) y caminar por el Barrio El Callejón de la ciudad de Cúcuta hasta la avenida 9. En las aceras hay grandes árboles que sombrean las calles bajo un sol que arrecia hasta elevar la temperatura a unos 33 grados.
--¿Es allí donde vivió Nicolás Maduro?
--¿Por qué lo pregunta? -contesta con recelo un mecánico que trabaja en uno de los siete talleres de la cuadra. No quiere ser él quien lo diga: llama a un compañero para que responda.
--¿Qué voy a saber yo? Pregunta allá— dice el otro riéndose, con picardía. Y señala a los mecánicos del taller de al lado.
Allí también callan por unos segundos. Uno de los trabajadores rompe el silencio: asiente y no dice más.
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Por El Callejón circula un secreto a voces: el ahora presidente de Venezuela estuvo ahí; algunos –vecinos y diputados venezolanos– dicen que vivió por temporadas en la casa verde. De eso se habla con cautela en el barrio. Algunos comerciantes bajan la mirada, no dan información. Uno de ellos dice: “La gente tiene miedo (…) Yo escuché que a algunos vecinos los amenazaron para que no hablaran”. El temor se extiende por esa zona de Cúcuta donde la cotidianidad transcurre con aparente normalidad: la gente saca las sillas a las aceras por las tardes para charlar con sus vecinos; hay panaderías, abastos, talleres mecánicos, hoteles, farmacias. Está la iglesia San Martín, el colegio Antonio Nariño.
Allí saben que en el país de al lado, Venezuela, hay dudas sobre la nacionalidad del Presidente y, por lo tanto, hay quien cuestiona de la legitimidad de su Gobierno. Y que por esa razón, políticos y reporteros los visitan a ese rincón cucuteño en busca de respuestas en torno a esa casa.
La vivienda era de Emma Moros, tía de Nicolás Maduro, quien falleció de un infarto hace seis años. Los vecinos cuentan que se esmeraba en arreglarla, que la pintaba cada diciembre. Pero que desde que ella no está, se ha ido desgastando, de a poco. Quedó en manos de Nelson David Moros Toscano, sobrino de Emma y primo de Maduro. Nació en Cúcuta el 12 de enero de 1976, es técnico superior universitario en Electrónica, y para el año 2007 estaba residenciado en la avenida Las Palmas de Caracas.
Los vecinos lo describen como un hombre alto y robusto, como Maduro. Mientras algunos aseguran que está en discordia con él, otros dicen que se beneficia de su parentesco. “Una vez contó riéndose que qué se creían los guardias de la frontera [colombo-venezolana] que no le querían dejar traer una caja de cervezas. Que cuando les dijo que era el primo de Maduro, lo dejaron quieto”, relata alguien que, como la mayoría de los consultados, se abstiene de identificarse.
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El 26 de octubre de 2013 fue un día inusual en El Callejón. Había micrófonos y cámaras en la avenida 9. Diputados de la oposición venezolana llegaron allí dispuestos a demostrar que el presidente es colombiano. Walter Márquez, Abelardo Díaz, Homero Ruiz, Leomagno Flores, Luis Barragán, William Dávila y María Corina Machado –esta última, despojada luego de su fuero parlamentario por la bancada mayoritaria del oficialismo–, dieron una rueda de prensa frente a la casa verde que –dijeron entonces– los llevaría a la verdad. “Aquí se crió Nicolás Maduro”, afirmó Márquez en aquella oportunidad.
Ese mismo año, Brígida Salinas, una anciana de 80 años que vive cerca, le dijo al canal colombiano RCN que Maduro había vivido con Emma y que luego regresó en épocas de vacaciones. Ahora, meses después, habla con temor y prisa:
--¿Conoció a Nicolás Maduro?
--Sí, yo lo veía jugar afuera, pero él venía de Caracas, él nació en Caracas-- dice y se mete a su casa.
Isabel Durán, de 74 años, y algunos pocos vecinos, cuentan sin titubeos que lo vieron paseando en las calles del barrio cuando su madre, Teresa Moros Acevedo, lo llevaba a casa de su tía Emma, quien era la directora del colegio San José. La recuerdan alta, de contextura gruesa, con el cabello oscuro y corto por encima de los hombros. “Doña Emma era Maduro sin bigote”, dice Silvana García, una de sus exalumnas.
Después de la adolescencia, no lo vieron más. Maduro ni siquiera regresaría para asistir al funeral de su tía –cuando falleció el 10 de mayo de 2008–, según la investigación realizada por el diputado Márquez para tratar de establecer su supuesta doble nacionalidad.
Las pruebas son estas, de acuerdo a Márquez: un facsímil del Acta de Bautismo de su madre, Teresa, con fecha de 01 de junio de 1929 y ubicada en el libro 1, folio 195 de la parroquia San Antonio de Padua (Cúcuta). “El Registro Civil en Colombia se inició en el año 1936, por lo que las actas de bautismo anteriores a esa fecha son el medio de prueba idóneo para demostrar el nacimiento”, señala un informe elaborado por el historiador y político tachirense y, para más señas, exembajador de Venezuela en India del gobierno de Hugo Chávez.
De ser cierto, Maduro, si vivió en Cúcuta, también sería colombiano: la Ley de ese país indica que los hijos de personas nacidas en Colombia tienen la nacionalidad si se domicilian en territorio colombiano o si se registran en una oficina consular. Y no es un asunto menor: de ser colombiano o contar con cualquier otra nacionalidad, además de la venezolana, no puede ser presidente de la República de Venezuela, porque la Constitución nacional lo prohíbe en su artículo 227.
En esos casos, los aspirantes a la Presidencia deben renunciar a sus otras nacionalidades –y quedarse exclusivamente con la venezolana– antes de postularse, explican los abogados Luis Enrique Ferrer (especialista en Derecho y Política Internacional) y Jesús Silva (constitucionalista).
Acuciado por las dudas –dudas que, por cierto, desde 2013 han cedido en la agenda pública de la oposición–, Maduro dice que Teresa nació en Rubio (estado Táchira), un pueblo fronterizo que está a unos 27 kilómetros de Cúcuta. Y así lo apuntó él mismo en 1994 en su Acta de Defunción, presentada ante la Primera Autoridad Civil del municipio Sucre del estado Miranda. Por eso el diputado Márquez lo acusa también de aportar información falsa para un documento oficial.
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Aunque en El Callejón lo recuerdan, Maduro no menciona sus vacaciones allá cuando habla de su infancia. “Soy caraqueño de nacimiento, crianza y de vida, de lucha, de todo”, dijo en su primera entrevista como presidente encargado, realizada por el periodista Eduardo Rodríguez del canal Venevisión. Solo habla de la parroquia El Valle, ubicada al sur de la ciudad, como el escenario de su niñez.
“Él es colombiano. La mamá es cucuteña y el papá es ocañero [de otra ciudad del mismo departamento] (…) ¿Cómo lo sé? Si eso todo el mundo lo sabe. Salió en la prensa y todo”, dice una señora que conversa con su amiga en la puerta de su vivienda en la cuadra donde está la casa verde. Los habitantes de El Callejón le dan crédito a lo publicado por reconocidos medios colombianos como RCN, El Tiempo, El Espectador y La Opinión, que confirmaron en la Registraduría –que ejerce las funciones de Registro Civil en Colombia– que la cédula colombiana de Teresa Moros es 20.007.077, expedida el 9 de diciembre de 1956 en la ciudad de Bogotá. Y que Nicolás Maduro García, el padre, se graduó de bachiller en 1947 en el Colegio Nacional José Eusebio Caro, de Ocaña, a unas tres horas de Cúcuta.
El morbo y el miedo se han instalado en El Callejón con el enigma sobre las raíces colombianas de Nicolás Maduro Moros. Pero hasta aquellos vecinos que se dicen convencidos de que Maduro es colombiano, no lo tienen en alta estima. “Fregó en Venezuela y también trata de fregar aquí, porque a nosotros nos ha perjudicado muchísimo ese señor”, dice Isabel Durán. Critican el cierre nocturno de la frontera (entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana) decretado por el gobierno venezolano desde agosto pasado. El objetivo es combatir el contrabando que se produce con la venta de artículos venezolanos en Colombia hasta 10 veces por encima de su precio oficial, debido a la brecha generada por el control cambiario aplicado desde 2003 en Venezuela.
Esa medida convirtió a la frontera en un caos: hay militares por todos lados, que decomisan los productos a los viajeros que quieren pasar al lado colombiano. Hay tráfico, mucho. Y personas cruzando a pie, porque es más rápido. Los roductos decomisados (alimentos, artículos de limpieza) están apilados en montones que custodia la Guardia Nacional.
Los ciudadanos dicen que eso afectó el tradicional negocio fronterizo. Por eso lo rechazan: “Quédenselo”, “Mejor que no resulte colombiano”, “No demuestren nada de su nacionalidad”, son algunas de sus palabras.
El malestar se extiende por el resto de Colombia de acuerdo con un estudio realizado por la empresa de opinión y estudios de mercado Gallup en octubre que indica que es la figura pública de mayor rechazo en el país: 86% de los 600 consultados por esa firma en las cinco principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga) afirmó tener una imagen desfavorable del presidente venezolano.
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Cuando Emma Moros murió no había herederos: nunca tuvo hijos ni se casó. Ese año el avalúo de la casa era por 40 millones 530 mil pesos y cuatro años después, en 2012, cuando aún se definía la sucesión de los bienes, aumentó su valor a 94 millones 230 mil pesos, según un documento expedido por el juzgado séptimo civil municipal de Cúcuta. La Cooperativa Interdepartamental Familiar de Servicios, Serintercoop, asumió como acreedor hereditario, debido a una deuda hipotecaria de 7 millones de pesos. Son documentos inéditos de la investigación parlamentaria de Márquez.
Nelson Moros, el sobrino de Emma que ahora está a cargo del inmueble, es hijo de José María Moros Acevedo, hermano de Emma y Teresa. Nelson, como los demás familiares colombianos de Maduro, mantiene bajo su perfil: no contestó a las solicitudes de entrevista. Casi no lo ven por El Callejón, dicen los vecinos. La casa está alquilada: nadie de la familia Moros reside allí.
Una niña vive con su madre en una de las habitaciones. Sale al llamado de una de las puertas.
--¿Está tu mamá?
--No, llega en la noche.
--¿Vives aquí?
--Sí, alquilada.
--¿Conoces a Nicolás Maduro?
--No.
--¿Quién les alquila la casa?
--La señora Miriam (madre de Nelson). Ella no está aquí, vive en Caracas.
Desde que comenzó la migración masiva de venezolanos a través de las fronteras terrestres han salido del país más de un millón de niños, de los que cerca de 25.000 lo han hecho a Colombia y Brasil sin la compañía de algún representante o familiar. Parten escasos de cualquier recurso, muchas veces buscando al padre o la madre que los dejó atrás o simplemente en pos de un trabajo que les permita conseguir un sustento. Las motivaciones para esta silenciosa Cruzada Infantil son tan poderosas como para que los menores de edad superen el temor natural a un recorrido de miles de kilómetros por lo desconocido y amenazante.
Como virus en un entorno hostil, la red de empresas que los dos colombianos crearon para importar alimentos y productos de primera necesidad para el programa CLAP de Nicolás Maduro, cambia de aspecto y se adapta a la presión de las sanciones estadounidenses. Nuevas marcas y empresas que aparecen en los combos que reciben los hogares venezolanos pertenecen en realidad al mismo entramado. Es el caso de 4PL, una empresa que opera desde Cartagena pero que, a pesar de su súbita aparición, ya estaba en la mira de los anticuerpos de los organismos internacionales contra la corrupción.
Dentro del millón y medio de personas que han emigrado de Venezuela a Colombia en los últimos tres años, hay miles de personas con origen colombiano y derecho a la nacionalidad. El problema es que muchas de ellas no tienen cómo demostrarlo y quedan en un limbo sin cartografiar entre la corrupción y el quiebre de las instituciones en Venezuela, y la corrupción y la falta de preparación de Colombia para el aluvión de refugiados. A la ya precaria situación económica de la mayoría, se suman los rigores de un sistema burocrático a veces inclemente que los mantiene como indocumentados.
La migración wayuu aumenta la presión en La Guajira. Una alianza de medios colombianos –unidos con el nombre de Liga Contra el Silencio– advierte sobre un fenómeno de "indígenas retornados", que vienen cruzando la frontera para establecerse en los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha. Viven en asentamientos que crearon y en las rancherías de sus hermanos establecidas a lo largo y ancho del desierto.
En 2015 miles de colombianos que tenían hasta 20 años viviendo en Venezuela fueron deportados abruptamente del país, que entonces comenzaba a mostrar los quiebres de una crisis que hoy no tiene comparación en la región. Cuatro años después estas familias no recuperan la prosperidad que alguna vez les brindó Venezuela y apenas sienten un alivio al ver la debacle del otro lado de la frontera
Militante de la causa palestina, nacido en Colombia y nacionalizado panameño, Gassan Salama cuelga con frecuencia mensajes de apoyo a las revoluciones cubana y bolivariana en sus redes sociales. Pero esa inclinación no es el principal indicio para dudar de su imparcialidad como observador de las elecciones en Venezuela, función que ejerció en los cuestionados comicios en los que Nicolás Maduro se ratificó como presidente. De hecho Salama, un empresario y político que ha llevado a cabo controvertidas búsquedas de pecios submarinos en aguas del Caribe, encontró su verdadero tesoro en el principal programa de asistencia y control social del chavismo, los Clap, por el que recibe millonarios pagos en euros.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.