Mauro Libi, el poder de la avena en revolución

El empresario Mauro Libi Crestani, el hombre detrás del éxito de la marca Avelina en el mercado venezolano de consumo masivo, tuvo hasta hace poco en Miami, Florida, a un vecino conspicuo: Samark López.

López, también empresario venezolano, fue señalado en febrero pasado por autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como testaferro de Tareck El Aissami, actual vicepresidente de Venezuela en el Gobierno de Nicolás Maduro. El Gobierno de Washington determinó que El Aissami controla una organización de tráfico de drogas, y ordenó por lo tanto la congelación de numerosas empresas y bienes atribuidos a El Aissami y a su presunto testaferro.

Reportaje en lasegunda.com sobre el caso de evasión de impuestos en Chile por las empresas de Serafín García

Entre las propiedades que tras esa orden los oficiales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) rastrearon y aseguraron, se encontraba una mansión de nueve habitaciones y nueve baños que Samark López adquirió en 2016 por 16,5 millones de dólares a través de una empresa de fachada panameña en el 325 de la calle (Drive) Leucadendra, en Gables Estates, una muy exclusiva urbanización de villas de predominante estilo mediterráneo sobre la costa de la Bahía de Biscayne, al sudeste de la ciudad de Coral Gables, en Florida. Allí habrían vivido, hasta poco antes de la sanción, la mujer de López, Loisette, y sus tres hijos.

A menos de 700 metros de distancia, cruzando el canal de aguas salobres que queda detrás de la suntuosa residencia, está otra quinta, sobre el 401 de la calle (Parkway) Arvida. Construida en 2013 -aunque su parcela fue adquirida en 2009-, tiene dos pisos y un poco más de 1.000 metros de área de construcción. Su propietario: Padova Investments LLC, una empresa incorporada en Florida en 2008 por Mauro Libi, su único director.

De hecho, para Libi la calle Arvida de Gables Estates puede lucir como un área estrictamente familiar.

Libi es yerno de Serafín García, conocido también como El rey de la manzana, un controvertido comerciante venezolano de origen canario, que protagonizó el llamado Escándalo del Ajo Chino durante el segundo Gobierno (1994-99) de Rafael Caldera, y a quien las autoridades chilenas investigan desde 2009 por presunto fraude tributario.

No muy lejos de la casa de Libi-Padova Investments, esta vez en el 631 de la misma calle Arvida, se encuentra una de las construcciones icónicas del conjunto residencial.

Si hasta 2016 estuvo bajo control de SGP Properties, una compañía de Serafín García, ahora la quinta de dos pisos aparece directamente a nombre de García y de su esposa, Irene Sáez Conde, la exmiss Universo de 1981, exalcalde por ocho años del municipio Chacao de Caracas, ex gobernadora del estado de Nueva Esparta (sobre el Caribe venezolano) y quien, como candidata, se midió en la campaña electoral de 1998 frente al eventual triunfador de los comicios, Hugo Chávez. Casados desde 2006, Sáez y García hicieron levantar la casa en 2009. El reciente cambio de estatus patrimonial parece tener una explicación: en marzo reciente la pareja sacó la propiedad a la venta, con un precio de lista en el mercado de 17 millones de dólares.

La propiedad del 431 de la calle Arvida -otra quinta, esta algo más pequeña, de un solo piso y 600 metros cuadrados de construcción- corresponde a Mijeka Properties LLC. Mijeka es un acróstico construido con las sílabas iniciales de los hijos de Serafín García: Michael, Jessica y Karina. Y, en efecto, son ellos cuatro, los hijos con el padre, los accionistas de la empresa. Pero la tenencia de la quinta (que está justo al lado oeste de la de Libi) le acaba de ser traspasada de su anterior propietario, Italespa Investments LLC, una empresa constituida inicialmente por dos socios: Serafín García y Mauro Libi.

Los números 105 y 115 de la calle Arvida pertenecen a la empresa Bidu Properties, cuyos directores son Serafín García y su hija Karina, o lo que es lo mismo, el suegro y la cuñada de Mauro Libi. Allí hay un terreno sin construir y otra quinta de dos pisos.

Pero si Libi no hubiera conocido de vista a su vecino, Samark López, tal vez podría haberlo tratado por negocios.

Samark López fue hasta 2013 accionista de un pequeño banco comunitario del sur de Florida, el Intercontinental Bank. Se trata de una operación casi doméstica, fundada por una familia cubana. El banco tiene oficinas y su única agencia sobre la calle Ocho de Miami, en la zona conocida como la Pequeña Habana. El directorio actual de la compañía tenedora de las acciones del banco, Intercontinental Bankshares LLC, sin embargo, está dominado por inversionistas venezolanos desde 2012 y muestra a varios nombres notables del empresariado criollo, entre ellos, Daniel Gorrín, Álvaro Gorrín Ramos y Pedro Torres Ciliberto. Así como, también, Mauro Libi.

Con todo, a pesar de tenerlo como vecino y de sentarse en el directorio del mismo banco en Miami, Libi dice desconocer a Samark López.

Así se lo aseguró a una comisión del parlamento venezolano, durante una interpelación que tuvo lugar en la sede administrativa de la Asamblea Nacional en octubre pasado. Y lo repitió ante los autores de este reportaje, durante una entrevista sostenida en sus oficinas en la zona industrial El Ingenio de Guatire, al este de Caracas, hace dos semanas.

El 5 de octubre de 2016, Libi acudió a la Asamblea Nacional a petición propia, alertado por una denuncia que dos meses antes había presentado el diputado del partido Primero Justicia (PJ) por el estado de Apure, Julio Montoya, ante la Comisión de Contraloría del parlamento. De acuerdo a Montoya, Libi era el titular de una red de seis empresas de maletín a la que el Estado venezolano habría favorecido con 615 millones de dólares a tasa preferencial.

La denuncia de Montoya se hacía eco de otra muy anterior, que en 2014 ventilaron los miembros de Marea Socialista, un grupo disidente del chavismo. Entonces difundieron los pormenores de un informe que aún se puede leer en el website Aporrea.org sobre diversas anomalías en la asignación de divisas, entre las que destaca el torrente aprobado a las empresas de Libi.

Ante los parlamentarios Libi refutó los señalamientos con una presentación de casi medio centenar de diapositivas. Sus líneas argumentales principales fueron: a) que no todas las empresas que se le adjudican son suyas; b) que sus empresas tienen una actividad productiva y comercial tangible; y c) que el monto de divisas que le fue liquidado llegó a 50 millones de dólares, una cantidad significativamente menor -por debajo del 10%- que la se le atribuía.

Su exposición resultó tan convincente que la Comisión de Contraloría le expidió una carta, con firmas de los diputados Carlos Berrizbeitia, Adolfo Superlano, Ismael García y Robert Alcalá, en la que informa que la investigación contra Libi ha quedado cerrada.

Desde entonces, Libi porta el documento, que comparte por correo electrónico a manera de un salvoconducto que ampara su honor. Sin embargo, seguramente para su frustración, ha tenido que seguir defendiéndose. En junio distribuyó un comunicado que llamó La verdad sobre Mauro Libi en el que se declara víctima de “sitios web con reputación dudosa” que procuran perfilarlo “como el típico dueño de empresas de maletín”.

El presunto asedio mediático cambió en fuerza y calidad la semana pasada, cuando el prestigioso Financial Times de Londres publicó una nota sobre la parábola empresarial de Libi bajo el título de Cómo la boliburguesía saca ganancias de los anaqueles vacíos en Venezuela.

Durante la entrevista para este reportaje, realizada antes de la publicación del Financial Times, Libi admitió sentir hastío por la obligación de dar la cara ante estas versiones, desviando tiempo y energías que preferiría dedicar a la manufactura, su verdadera vocación, según alega. Muestra en un rincón de las amplias naves de Inproceca -una de sus empresas en Guatire- un molino todavía en funcionamiento a pesar de que data de 1971; al exhibirlo busca certificar que el suyo no es un emprendimiento especulativo de hace un par de días, sino un compromiso de larga data que viene de su padre y que él, desde hace 26 años, ha asumido como propio.

Afirma ante quien lo quiera oír que los ataques a su reputación le cobran “mi decisión de quedarme a trabajar aquí”. Con “aquí”, desde luego, hace referencia al conjunto de controles y restricciones que los Gobiernos de la autodenominada Revolución Bolivariana impusieron al comercio y a la producción, agravado desde 2014 con una crónica escasez de divisas y materias primas para la industria. El conglomerado de Libi ha florecido justamente durante este periodo de torniquetes para los negocios, a contracorriente, se diría.

Como evidencia de que enfrenta las mismas dificultades que el resto del gremio empresarial, revela que en la actualidad apenas procesa 600 toneladas de avena al mes, cuando su capacidad de molienda es de 7.500 toneladas. Si la marca Avelina todavía parece verse en todos los supermercados, insiste, es porque concentra la distribución en la región capital.

Pero cabría anotar que el Grupo Libi no está hecho solo de avena. Tiene al menos tres patas sólidamente afincadas en el sector financiero. Una de ellas, como se ha visto, es el Intercontinental Bank de Miami. De acuerdo al relato del empresario, se trata de una inversión que su padre, Eleuterio, acordó en 2006 y solo se oficializó en 2010. Mauro Libi, asegura, no interviene en la operación y su participación, además, “está en venta desde hace año y medio”.

Otra es Banplus, un banco comercial venezolano de magnitud mediana fundado en 2007. Ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional enfatizó que allí tiene una participación minoritaria, de 30%, y que, por lo tanto, tampoco controla la operación. Pero no tiene empacho en aceptar que se trata de un buen negocio: “Era una entidad de ahorro y préstamo que fue intervenida, puesta en subasta y vendida nuevamente, y entramos allí mediante una operación que se hizo absolutamente en bolívares”, saca cuentas durante la entrevista.

La tercera resulta más polémica. Hasta mayo reciente Libi todavía figuraba en los archivos en línea del Registro Mercantil de España como uno de los cuatro directores de AFC Investments Solutions SL, con una participación accionaria de 18% adquirida desde 2010.

Dos de los colegas de Libi en la directiva son Cándido Rodríguez Losada, ex senador por Galicia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y hasta 2005 presidente del Banco Occidental de Descuento (BOD), la entidad bancaria venezolana liderada por Víctor Vargas, el magnate cercano al chavismo que a la vez es suegro de Luis Alfonso de Borbón, duque de Anjou y heredero de la corona de Francia; y Javier Ardura Gómez, venezolano, presidente de la Junta Directiva, a quien Libi dice que no conoce.

Esta empresa española, AFC Investments Solutions SL, era la propietaria de la colombiana Internacional Compañía de Financiamiento (ICF) S.A. intervenida en 2015 por las autoridades de Colombia, que además ordenaron su liquidación. Se trata del mayor escándalo financiero en los últimos 25 años en el país vecino.

Libi responde que vendió su participación en AFC antes del escándalo. Aunque ofreció suministrar documentos para probarlo, estos no habían sido recibidos al momento de redactar este reporte. De acuerdo a sus asesores de comunicaciones, los papeles que acreditan la venta todavía se están diligenciando.

El cuarto integrante de la Junta Directiva de AFC en España se llama Lucas Outumuro Grande. Es socio de Mauro Libi en dos corporaciones financieras constituidas en Barbados en 2014: BPLus International Holding Corp. y Finanplus Corporation. Sobre la primera, Libi dice fue constituida para financiar la venta de carros Renault y Toyota en Panamá a través de un concesionario que maneja Outumuro, y a la que solo habrían inyectado cerca de 200.000 dólares. También aporta una presentación en power point según la cual en 2016 la empresa obtuvo ingresos por intereses y comisiones cercanos a los 400.000 dólares.

En Panamá, Finanplus Sociedad Financiera, incorpora nuevos nombres en la junta directiva, además de Libi y sus socios de Barbados. Debutan otros personajes, como Leonardo Barrios Odremán y Yissell Abir Arangudi Centeno.

Un director de Finanplus Corporation de Barbados es José Gregorio Castillejos, directivo de Estar Seguros en Venezuela, y presidente de la Regional de Seguros-Estar Seguros en Panamá. Algunos allegados de negocios de Mauro Libi, en especial, Johan Chávez Gruber, forman parte del tren directivo de esa empresa aseguradora. Libi, si bien admite una relación de amistad con sus directivos y que los seguros de su grupo de empresas se contratan con esa compañía, niega cualquier otro vínculo con Estar Seguros, al recordar que la normativa venezolana “prohíbe participar en un banco y una empresa de seguros a la vez, y yo soy director en Banplus”.

En BPlus International Holding Corp de Barbados acompañan a Libi como directores algunos de los miembros de la junta directiva de Banplus en Venezuela: Reinaldo Wahnon, Pedro Negrón Méndez y Carlos Romero Márquez, además de Lucas Outumuro.

Se trata de una firma incorporada en Barbados para la adquisición y control desde 2015 en Puerto Rico de un banco, originalmente denominado BI Puerto Rico International Bank, hoy Banplus International Bank.

Carlos Romero Márquez es la cara ejecutiva de Banplus en Venezuela. Si en Bplus de Barbados firma con una dirección en el sector Oripoto del municipio El Hatillo, un barrio de clase alta en las colinas al sureste de Caracas, en Finanplus Corporation reporta como sitio de residencia un apartamento de la calle 65 de la ciudad de Nueva York. Su nombre puso a hervir las redes sociales en mayo pasado, con chismes y críticas que fustigaban su despropósito de organizar, justo a un mes de iniciadas las protestas callejeras de la oposición y en La Lagunita Country Club -también en el municipio El Hatillo-, una suntuosa fiesta para 1.500 invitados en ocasión de la boda de su hija.

Comparecencia Ante Asamblea Nacional Mauro Libi Crestani by ArmandoInfo on Scribd

Un lugar, muchas empresas

Aparte del mercadeo masivo y, aunque decline confirmarlo, de las finanzas, otro fuerte en los negocios de Mauro Libi es el de los bienes raíces. En registros en línea de Estados Unidos es posible detectar al menos nueve propiedades a su nombre, detentadas por personas jurídicas, por un valor en documentos de alrededor de 17 millones de dólares.

No hay duda de que la joya de su corona inmobiliaria es el apartamento dúplex en el One Beacon Court de Nueva York, sobre la calle 58 con la 151 de Manhattan, con vistas al Parque Central y al río Este. El apartamento perteneció, cuando era de estreno, al grandesligas venezolano Bob Abreu, que primero lo tuvo como inversión y luego como pied-a-tierre en la llamada Gran Manzana durante su traspaso de los Yankees de Nueva York, donde jugó tres temporadas, a los Angelinos de Los Ángeles. El pelotero venezolano, que en 2005 compró el inmueble por 3,8 millones de dólares, lo vendió en 2010 por 5,1 millones a un inversionista anónimo que creó ad hoc una empresa de responsabilidad limitada (LLC) para mantener la propiedad. La retuvo hasta 2016, cuando Mauro Libi la adquirió por 6,9 millones de dólares a través de una empresa bajo su control, Orele Investments Inc.

Aún así, quizás su propiedad más significativa sea un galpón de dos alas en Doral, la pujante ciudad en el oeste del condado de Miami-Dade que aloja a cientos de miles de emigrados venezolanos. La construcción de unos 650 metros cuadrados de superficie, comprada en 2008 por tres millones de dólares, se encuentra en el 1335 NW de la calle 98, unidades 11 y 12. Aunque se identifica ante el público con un rótulo de A&M Global Solutions, una empresa de exportación e importación participada por Libi y el contador Alberto Trigo, el edificio pertenece a otra compañía, Orval Investments Inc., también de Libi y Trigo.

La construcción tuvo parte en las denuncias formuladas alguna vez por los militantes de Marea Socialista y por el diputado Montoya, quienes encontraron sospechosa la concentración de decenas de empresas en esa dirección. Montoya dijo haber contado hasta 41 razones jurídicas con ese domicilio, lo que en sí puede resultar curioso pero no constituye un ilícito.

En efecto, un arqueo realizado para este reportaje en los registros en línea de corporaciones en el Estado de Florida, pudo detectar 21 empresas, entre activas e inactivas, que tienen a Libi como director, en solitario o en sociedad con Fanny García de Libi -su esposa-, Karina García -su cuñada, hija de Serafín García- y Alberto Trigo.

Trigo es un contador de Doral que se encarga también de registrar las empresas de Serafín García en Florida.

En ese mismo 1335 de la calle 98 se domicilian al menos otras 18 empresas, sin participación en papeles de Libi, que tienen un elenco de directores donde aparecen de nuevo Alberto Trigo, Danni Yánez Gómez -actual tenedora de 20% de las acciones en Venezuela de Inproceca, la productora de Avelina-, Roberta Libi -hermana de Mauro-, Antonio Yunez -yerno también de Serafín García-, Giuseppe Marcone Di Loria, Corini Cárdenas Pantoja, Fernando Navarro, Antonio Lonardo y Jhonny Cilli, entre otros.

El de Jhonny Cilli es un nombre llamativo. Corresponde a un empresario que en las escrituras públicas cumple el rol de propietario de Inversiones 4528 e Importaciones Millecose, dos destacados receptores de divisas preferenciales de Cadivi -casi 400 millones de dólares asignados a las dos entre 2003 y 2012- a las que las denuncias originales de Marea Socialista y el diputado Julio Montoya consideraban parte del Grupo Libi.

Aunque reconoce una amistad de larga data con Cilli, Mauro Libi aclara con vehemencia que ninguna de esas dos empresas guarda relación con su creciente emporio. En todo caso, Cilli posee en Florida la empresa Jhomar Distributors Inc, con ubicación oficial en el galpón de Libi en Doral (sin contar con que, en un documento de 2012 localizable en el website del Tribunal Supremo de Justicia, Libi aparece como avalista pagador para Millecose e Inversiones 4528, al ser demandadas por cobro de deudas por el desaparecido Banco Canarias).

Otros dos emprendedores con razones jurídicas de domicilio oficial en el mismo edificio son Ronney Belisario y Alessandro D’Auria, ambos originarios de Puerto Ordaz, estado de Bolívar (sur de Venezuela) que ahora gerencian un grupo de inversionistas venezolanos en expansión en Chile. Belisario es el accionista principal de Tech Engineering Manufacturers Inc, hoy inactiva; D’Auria tiene la misma posición en Southern Parts & Truck Services e Importadora Silvanoski, también inactivas y con ubicación en el 1335 de la calle 98 en Doral. Además, D’Auria es socio de Libi en otras empresas inactivas o disueltas, como V.I.E.U. Import & Export Inc (constituida en 2004), Orval Import & Export Inc (2002), ML Capital Inc (2013) y ML Financial Group (2011).

Amigos y proveedores

Pasar revista a la tupida red de relaciones de Libi equivale a identificar una peculiaridad de su actividad intensa como importador: muchas de las empresas a las que compra mercancía en el exterior no son ajenas del todo, sino que pertenecen a allegados.

Libi y sus colaboradores prefieren hablar de “alianzas comerciales” para referirse a estos casos de proveedores a los que controlan relacionados e incluso ex socios del empresario.

Según se pudo comprobar para esta investigación en las bases de datos de Import Genius (un servicio en línea que reporta los movimientos del comercio internacional a partir de los manifiestos de embarque en aduanas de Estados Unidos y otros países), y a manera de ejemplos, Distribuidora Pasta Granoro, una de las empresas de Libi en Venezuela -aunque sea Alessandro D’Auria quien se menciona como su contacto en el Registro Nacional de Contratistas-, compró alimentos (lentejas y caraotas, sobre todo) a la canadiense Canle Food Exporters, entre 2013 y 2014, así como a la mexicana Conservas de Alimentos Mexca en 2009 (alimentos congelados). Ambos suministradores incluyen en sus juntas directivas a Ghani Emir Machado Tenaille, un venezolano que trabajó hasta 2011 en Inversiones Pro-Imagen de Venezuela -otra compañía local de Libi- y desde entonces se encuentra cesante en el registro en línea del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Machado también forma parte de la directiva de Industria Italmexind, registrada en México en abril de 2008, un agente aduanal que le hacía los embarques de mercancía a las empresas de Libi, que importaban desde ese país no solo productos alimentarios, sino hasta televisores.

Representaciones Orval, otra empresa del grupo, realizó transacciones con la uruguaya Balade en 2013, cuando importó quesos. En Balade aparece como director el guayanés Ronney Belisario.

Belisario también es miembro de la junta directiva de Comercializadora Cotopaxi, una empresa constituida en Ecuador, que vendió alimentos congelados entre 2009 y 2010 a Inversiones 4528 y atún en 2009 a Importaciones Millecose, las dos empresas que Libi afirma pertenecen a su amigo Jhonny Cilli.

En documentos de exportaciones a Venezuela encontrados en Import Genius, Ronney Belisario se identifica como contacto de la empresa Comercializador Chimex, constituida en 2008 en Santiago de Chile por el nativo Cristian Andrés Buljevic Tomicic junto al venezolano Johan Chávez Gruber, accionista en Venezuela de Estar Seguros.

Belisario repite como director en la panameña Pansant Grupo Comercial, que registró exportaciones a Millecose e Inversiones 4528 en el año 2009, nuevamente por productos alimenticios congelados.

Libi posee en Colombia una empresa también llamada Pansant que, dice, solo tiene por propósito asegurar la propiedad de una vivienda.

En esta puerta giratoria en la que quien entra como socio o amigo puede reaparecer como proveedor, Ronney Belisario Ruiz ocupa un lugar clave. En 2016 se instaló en Chile, al mismo tiempo que otro socio de Libi, Alessandro D’Auria. Libi reconoce a ambos. De Belisario dice que “fue una persona que trabajó en el grupo durante la administración de mi padre y se retiró. Posteriormente se independizó y estableció una comercializadora en Chile. Le contratamos todo lo relativo al proceso de adquisición, procesamiento y exportación de avena pelada y estabilizada a Venezuela (…) Hace aproximadamente se le rescindió el contrato”.

En efecto, Ronney Belisario Ruiz ha dado forma en Chile a un pequeño conglomerado de empresas en torno a una inversora, RB Investments Group SpA (antes Inversiones JR 2613 Ltda), que, según declaraciones a la prensa chilena, maneja un fondo de cuatro millones de dólares. Es dueño de la franquicia de Mail Boxes Etc, una marca de encomiendas y servicios de oficina de la que Alessandro D’Auria hace las veces de Gerente General en el país sureño.

Son diversas las firmas que constituyen el naciente grupo de Belisario: Comercializadora Agropecuaria del Sur Ltda, Comercializadora del Mar Comar Ltda, Agroindustrias del Sur Spa, Grupo ALR SpA, Alimentos Conosur Ltda, Inmobiliaria RB SpA, Inversiones RDR SpA, Logística Integral y Sustentable SpA, y Comercializadora Jowensur SpA. La mayoría se dedican a la agroindustria y muchas de ellas exportan productos -avena, desde luego, en primer lugar-, casi exclusivamente a Venezuela.

Jowensur es, en todo caso, la más pública y activa en categorías de productos masivos. En su portafolio maneja una marca de avena preparada, Go Oat.

Al menos tres de estas empresas chilenas, proveedores
controlados por conocidos de Libi, protagonizan casos de aparentes sobreprecios
en ventas a Venezuela, determinados por el cruce de los manifiestos de
exportación que se encuentran en Import Genius, por una parte, con los datos
contenidos en sitios de referencias para los precios de materias primas, por la
otra.

Se trata de Conosur, Comar y Chimex en ventas de salmón con precios
muy por encima del cotizado en su oportunidad en mercados
internacionales.

Conosur lo hizo entre marzo de 2012 y agosto de 2013, a
un costo promedio de 41 dólares por kilogramo; eso representa entre cinco y
siete veces más que el precio estándar registrado por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) para esos años.

Comercializadora Del Mar, Comar,
efectuó dos operaciones en 2010, siete en 2011 y una en 2012, hacia Venezuela,
con un precio por kilogramo de 26,57 dólares en 2010 y de 41,6 dólares en los
años siguientes. Mientras que Chimex efectuó nueve envíos de salmón en junio de
2009 a Venezuela, con las mismas características de sobreprecio; esta vez a más
de 60 dólares el kilogramo.

Las mismas compañías chilenas también
hicieron lo propio con varias exportaciones de merluza a Venezuela, lo que
induce a la duda de si acaso se trata de una práctica sistematizada.

En
el caso de las empresas venezolanas del Grupo Libi, Representaciones Orval
registra importaciones con aparentes sobreprecios, entre abril de 2013 y abril
de 2014. La información de Import Genius permite precisar las transacciones de
importación de Salmón desde Chile, y Merluza desde México y Perú.

Los
autores de este reportaje entregaron a Libi la pequeña base de datos que incluye
las referencias a estas negociaciones, a fin de conseguir una explicación para
el diferencial de precios en esos casos específicos. Sin embargo, a través de un
correo electrónico, sus asesores de comunicación dijeron que la cuestión era
“muy general”, y anotan que los manifiestos de embarque (Bill of Landings)
reportados en Import Genius “no corresponden a ninguna de las importaciones
hechas por el Grupo Libi”.

Quizás previéndolo, Libi aclaró que “en este
país, y hablo del sector alimentos, cada vez que se importaba algo se importaba
a base de una licencia que estaba apoyada con una factura proforma. Acá, ningún
agente del ministerio iba a ser tan bobo para otorgarte un precio, de un
producto, por arriba del precio del mercado que estaba en ese momento (…) Si yo
importé un pescado a cinco dólares, les puedo decir que el resto de los
competidores lo importaron a 5,10 o 5.20, pero nunca yo a cinco y los otros a
dos dólares”.

Relaciones comerciales de Jhonny Cilli de Mauro Libi.

Relaciones comerciales de Alessandro D'Auria de Mauro Libi.

Relaciones comerciales de Ronney Belisario de Mauro Libi.

Relaciones comerciales de Ghany Machado de Mauro Libi.

Relaciones comerciales de Johan Chávez Gruber de Mauro Libi

Si es mi suegro, no lo he visto

Chile, con su economía pujante, no es la única referencia recurrente en la saga del éxito empresarial de Mauro Libi. Otra tendría que ser la de su suegro, Serafín García, mencionado desde el inicio de este reportaje.

García ha hecho fortuna con la importación y exportación de alimentos. Como su yerno Libi, García tiene una tupida red de empresas en Florida, a su nombre y del de sus hijos, que se concentran en una dirección de Doral: 26 empresas en total, esta vez localizadas en el 9675 NW de la calle 12.

La relación de compañías del grupo podría crecer todavía más si se incluyeran aquellas controladas en Florida por parientes de García como Luis Manuel García, Domingo García y Margaret Piñero de García. Alberto Trigo, el contador que registra esas empresas, es el mismo que incorpora corporaciones para Serafín García y Mauro Libi y que llega a figurar en algunos casos como socio de ambos.

Las trayectorias de uno y otro, suegro y yerno, lucen tan tentadoramente semejantes como para inferir que una podría ser emulación de la otra. Pero Libi corta las conjeturas diciendo que lleva diez años que no se sienta a conversar con Serafín García. En reserva de su privacidad rehúsa hablar sobre el motivo de ese distanciamiento, del que solo se limita a recalcar: “Él quedó como abuelo de mis hijas”.

Serafín García viene de sufrir dos reveses consecutivos ante la justicia chilena. En el primero, un juzgado de Garantía de Santiago encontró en marzo reciente indicios suficientes para abrir un proceso a Marlene Beriestain, los contadores Carlos Isla Andrade y Héctor Cubillos Andrade, y el abogado Oscar Astrain Donoso, como presuntos autores del mayor fraude tributario registrado en Chile en los últimos años, por un valor de 80 millones de dólares.

Se trata de un caso que desde 2009 investiga la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía chilena en torno a las empresas de exportación Benipaula S.A. y MSM S.A. Ambas fueron constituidas por Beriestain en 2005 a pedido de Serafín García, quien le habría confiado un capital de 100.000 dólares para iniciar los negocios.

García tiene desde 2007 una empresa registrada en Florida bajo el nombre de Benipaula Inc, en la que también sus hijos hacen las veces de directores.

MSM ya era en 2008, por mucho, la empresa chilena que hacía exportaciones agroindustriales de mayor valor a Venezuela, por un monto cercano a los 137 millones de dólares, según un informe de Prochile, un ente del ministerio de Relaciones Exteriores para la promoción de exportaciones. La Benipaula chilena también aparece en el ranking de los 20 mayores exportadores de ese año.

Pero detalles como esos llamaron la atención de los investigadores. Tras ponerle el ojo, encontraron que esas empresas exportaban productos a Venezuela con precios siete veces más altos que los del mercado. También revelaba una nota en 2014 del diario La Segunda que los fiscales comprobaron que las compañías, que solo exportaban a Venezuela y tenían por clientes a Alimentos Frisa y Frigoríficos Puerto Ordaz (Frisa), ambas de Serafín García, declaraban ventas por un quinto de las reales, con lo que se ahorraban impuestos.

Para deducir esos impuestos, las compañías chilenas de Beristain-García fingieron la compra de dos empresas quebradas en Venezuela, cuyas pérdidas endosaron a sus propias operaciones.

A la postre, en 2010, el Gobierno de Hugo Chávez le expropió a García Alimentos Frisa y Friosa en Venezuela. Ello puso coto al esquema fraudulento que llevaba a cabo.

La mala racha de García se extendió hasta 2014, cuando la Fiscalía chilena consiguió judicializar el caso. El proceso de instrucción se prolongó por tres años. En marzo, el juez Luis Avilés aceptó los cargos presentados por el Ministerio Público, aunque a la vez rechazó la solicitud de prisión preventiva para los acusados.

Aún así, la causa parecía desinflarse. Por el dilatado proceso previo, podría prescribir incluso antes de cualquier sentencia. Pero allí llegó el nuevo revés para García. En junio, dos abogados argentinos de la ciudad de Santa Fe, Ignacio Torterola y Nicolás Caffo, junto a un chileno, Rodrigo Bordachar, diligenciaron ante el mismo Tribunal 8 de Garantías de Santiago, y en nombre de la Procuradoría General de la República de Venezuela, una querella criminal “por delito de asociación ilícita y estafa” con los cuatro acusados de la causa anterior y otras cinco personas.

La denuncia resulta prolija en detalles sobre el modus operandi de los demandados. En sus consideraciones, menciona al “grupo económico García Armas”, de Serafín García y familiares, como artífice de un “entramado internacional constituido al efecto de defraudar, también, al Estado venezolano, mediante la estafa perpetrada a través de operaciones comerciales simuladas”.

El documento cita además una declaración jurada del contador de MSM S.A. y Benipaula S.A., Carlos Isla Andrade, quien en ella admitió que esas empresas “exportaban con sobreprecio sus productos, obteniendo grandes márgenes de utilidad, razón por la cual necesitaban rebajar los impuestos que debían pagar (…) Marlene Beristain no era dueña de las empresas, sino que Serafín García, extranjero con residencia en Venezuela”.

Exportaciones sobrefacturadas, transacciones fingidas, remesas financieras, ¿serían parte de un menú de esquemas digno de imitar para sacar provecho a las reglas de juego del control cambiario en Venezuela? 

(*) Con información desde Santiago de Chile de Ciper.com; y desde Buenos Aires de Daniel Santoro.