Registrada en Islas Vírgenes Británicas por un bufete panameño para manejar una cuenta bancaria en Bahamas, una empresa de dos venezolanos generó dudas en el escritorio Mossack Fonseca sobre su cumplimiento de la normativa del paraíso fiscal donde se alojaba. Sus propietarios, Ricardo Lugo y Adrián Requena, en repetidas ocasiones han sido señalados por participar en los amaños por los que la constructora española Duro Felguera ganó el contrato de una planta termoeléctrica en Venezuela, acuerdo que las autoridades anticorrupción de España investigan.
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Dos socios venezolanos constituyeron a finales de 2011, en las Islas Vírgenes Británicas, una empresa con propósitos precisos: manejar una cuenta bancaria en las Bahamas. No había ninguna actividad comercial asociada, compra o venta de bienes, ni objeto social amplio; solo un canal en un paraíso fiscal que permitiera movilizar dinero.
International Supply Group LTD fue el nombre de la compañía incorporada por el bufete panameño Mossack Fonseca a nombre de los venezolanos Ricardo Lugo Rodríguez y Adrián Requena Dugum, dos nombres que en 2011 aún nadie asociaba a negocios irregulares.
Pero seis años más tarde, en enero de 2017, el mismo bufete -epicentro de la filtración masiva de documentos que dio lugar a los llamados Panama Papers- decidió desvincularse de International Supply Group. Alegaba, según se puede leer en sus comunicaciones internas incluidas en un nuevo lote de archivos recibido por el diario Süddeutsche Zeitung de Munich, Alemania, y procesados por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) de Washington DC, Estados Unidos, que los responsables de la empresa no cumplían con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y con los requisitos exigidos por el propio bufete para prestar sus servicios offshore.
Lugo Rodríguez y Requena Dugum han sido mencionados en diversas versiones de prensa como parte de una red de tráfico de influencias, de la que también participaba su socio Luis de León, que hizo base en Madrid y que se conectaba con un grupo de ex directivos de La Electricidad de Caracas -nacionalizada por Hugo Chávez- y Bariven -la empresa de la petrolera estatal Pdvsa encargada de compras internacionales- para acordar compras amañadas de equipos y servicios durante la emergencia eléctrica decretada por el Gobierno de Chávez en 2010. Algunos de los personajes de ese elenco han sido o investigados o directamente imputados en procesos judiciales en Andorra, bajo cargos de lavado de dinero vinculados a la quiebra de la Banca Privat D’Andorra (BPA), o en Houston, Texas, en un juicio federal por pago de sobornos en Pdvsa.
No es el caso de Lugo y Requena, cuyo mayor trofeo fue la obtención del contrato multimillonaria de una planta termoeléctrica en el estado de Miranda (centro de Venezuela) para la empresa española Duro Felguera, una transacción que las autoridades españolas investigan desde 2015.
Si bien no hay indicios de que International Supply Group Ltd -la firma registrada por Mossack Fonseca y luego repudiada por esta- formara parte del esquema de pagos irregulares por el que Lugo y Requena consiguieron el contrato para Duro Felguera, la correspondencia interna sobre la empresa da cuenta del modo de actuar de los venezolanos.
Según puede leerse en los correos electrónicos, Lugo y Requena estuvieron interesados en disolver la compañía desde mayo de 2016, un mes después de que estallara en medios de todo el planeta el escándalo de los Panama Papers. A la larga, sin embargo, sería Mossack Fonseca quien decide renunciar a su rol de agente de International Supply. El bufete requirió de los venezolanos la identificación del beneficiario final de la empresa e información acerca del origen de los fondos que manejaba. Esos datos nunca se recibieron, razón por la que en enero de 2017 el bufete se separa de la cuenta.
Ricardo Darío Lugo Rodríguez y Adrián Antonio Requena Dugum no se estrenaron en los negocios con esa compañía en un paraíso fiscal. Para 2011 ya acumulaban experiencia como empresarios y como ingenieros de formación. Ambos son socios y accionistas de Grupo Constech desde el año 2006. Esta empresa, registrada en mayo de 2005 en Caracas, fue constituida en ese momento por Lugo Rodríguez y otra persona: Luis Carlos De León Pérez, quien un año más tarde vendería sus acciones pero sin desvincularse de sus compañeros de directiva.
Lugo y Requena también dirigen Logscargo C.A, que ofrece servicios de transporte, compra y venta, importaciones y exportaciones de productos. Y ambas, según datos del Registro Nacional de Contratistas, firmaron contratos con la Electricidad de Caracas (EDC) y Corpoelec, su sustituta, entre los años 2009 y 2012.
De esta relación comercial con la compañía eléctrica venezolana, bajo la gerencia integrada por Javier Alvarado y el propio Luis Carlos De León (este último ocupó cargos en la junta directiva de la EDC y de su subsidiaria Phoenix International, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas), Grupo Constech suscribió un contrato para ejecutar las obras de la planta termoeléctrica en Tacoa, en el estado de Vargas (litoral central de Venezuela), entre diciembre de 2009 y mayo 2010, y otro contrato de estudios topográficos y geotécnicos para otra planta termoeléctrica en La Raisa, en el estado de Miranda.
Eran los años en que se desarrollaba la crisis eléctrica, que obligaría a Hugo Chávez a decretar la emergencia. Entre otros proyectos de envergadura otorgados a dedo, la Electricidad de Caracas encargó a la empresa Duro Felguera la construcción del complejo generador de energía Termocentro, en el estado de Miranda, que iba a representar un ingreso millonario. Las autoridades españolas investigaron el contrato por la posible comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción internacional, y la Fiscalía Anticorrupción de España se querelló contra la compañía en 2017.
De acuerdo al medio español Economía Digital los directivos de Duro Felguera pagaron un viaje de placer por España, como agradecimiento por el contrato otorgado, a Javier Alvarado, Nervis Villalobos, Luis Carlos De León, Ricardo Lugo y Adrián Requena.
Los sobornos exigidos por varios de los integrantes de este equipo han quedado registrados en la causa que se lleva en la corte del Distrito Sur de Texas, en Houston, Estados Unidos, en contra de Luis Carlos De León Pérez, Nervis Villalobos, César David Rincón Godoy, Alejandro Istúriz Chiesa y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, quienes al integrar parte del equipo de Bariven, filial de Pdvsa que Javier Alvarado dirigió entre 2011 y 2013, tras dejar la compañía eléctrica nacional, continuaron con las prácticas.
La acusación, que se mantiene en curso desde agosto de 2017, detalla que los cinco venezolanos solicitaban sobornos a cambio de la asistencia que daban a los proveedores, lo cual incluía ser favorecidos por contratos y tener prioridad en los pagos ejecutados por la petrolera Pdvsa.
Tras las investigaciones se pudo determinar que el dinero proveniente del esquema de sobornos desarrollado por los acusados pudo ser lavado a través de numerosas transacciones financieras, incluso a través de transferencias internacionales hacia y desde cuentas bancarias que abrieron en Suiza, Curazao y otros países en nombre de varias compañías, pagos que además eran enviados a destinatarios diferentes a los funcionarios de Pdvsa, como a intermediarios, familiares, amigos, acreedores, compañías a nombre de terceros y socios personales cercanos a ellos, con el propósito de ocultar y disfrazar la naturaleza, fuente y propiedad de los pagos de sobornos.
Además el documento de la demanda relata cómo De León, Villalobos, e Istúriz conformaban un grupo de funcionarios de Pdvsa conocidos como el “management team”, que a mediados de 2011 contactó a Roberto Rincón y Abraham Shiera, también investigados por corrupción en Estados Unidos, para ofrecerles prioridad a sus compañías sobre el resto de los proveedores de la petrolera en pagos de facturas y contratos, a cambio de recibir el 10% de los pagos que Rincón y Shiera recibieran de Pdvsa. Este esquema, indica la demanda llevada en Houston, era replicado con otros proveedores, y una vez recibido el porcentaje convenido, el dinero del soborno era dividido y compartido entre De León, Villalobos, Rincón, Istúriz, Reiter y otros más.
Alejandro Istúriz Chiesa, otro de los venezolanos que enfrentan la demanda en la corte del Distrito Sur de Texas, resultó ser el más habilidoso y clave en el esquema de sobornos y transacciones. Él se encargaba de avisar a los “clientes” prioritarios sobre el estatus de los pagos y transferencias a las distintas cuentas bancarias del catálogo, como se desprende de las conversaciones que quedaron registradas en la demanda seguida en Estados Unidos, y que demuestran la confianza que llegaron a tenerle altos funcionarios. El joven (nació en 1984) trabajó en Bariven como mano derecha de Javier Alvarado desde la Gerencia de Procura, durante su gestión en esta filial de Pdvsa.
Al igual que De León, Istúriz también tiene nexos con Ricardo Lugo y Adrián Requena, los venezolanos que constituyeron la empresa en las Islas Vírgenes Británicas y que dirigen en Venezuela tres compañías: Grupo Constech, Logscargo y Servicios Profesionales de Alimentación SPA.
La compañía espejo de Constech en España, llamada Constech Europa, fue registrada en agosto de 2014 como una empresa de ingeniería especializada en proyectos de las áreas de electricidad, petróleo y gas para el sector público y privado, declarando como socio único a Inés Gabriele, la abogada que representa a las empresas de Lugo y Requena en Venezuela. En junio de 2017 Istúriz Chiesa pasó a formar parte de la junta directiva de Constech Europa como apoderado.
Las relaciones de este grupo de empresarios se tejen en una maraña de empresas cuyas directivas resultan siempre afines. Otra compañía donde se entrecruzan más los hilos es Clitre Limited, registrada en Malta, donde Lugo y Requena también son accionistas. Dedicada a la compra, venta, permuta y negocios con cualquier clase de valores mobiliarios, tanto nacionales como extranjeros, esta empresa resulta ser accionista principal de otra registrada en España en 2011, Guacapanare Spain, donde ambos venezolanos participaron en calidad de suplentes antes de tener porcentajes de acciones y aprobar un cambio de denominación hacia Clitre Spain. Además, el registrador de todas estas empresas se repite en otras, también en España, que involucran a la esposa de Luis Carlos De León Pérez. Yen Panamá también hay compañías que cuentan entre sus socios a Lugo, Requena y Villalobos, como Pomerol Investments y Energy Leverantie.
Aunque hasta ahora no hay una investigación abierta sobre Ricardo Lugo y Adrián Requena, al contrario de Istúriz y De León en Houston, en diciembre de 2017 organismos de inteligencia militar del gobierno venezolano allanaron las oficinas de las empresas Constecht y Logscargo, de Lugo y Requena, ubicadas en La Castellana, al este de Caracas, así como los edificios de residencia de Istúriz y Lugo, ubicados en la misma municipalidad.
La comisión de contraloría de la Asamblea Nacional recibió, en 2016, la denuncia del diputado de oposición Robert Alcalá, referida al desvío de más de 3.000 millones de dólares de Bariven por parte de Alejandro Istúriz y su socio Ricardo Lugo, en un período de diez meses. Pero no hubo alguna acción más allá de la denuncia contenida en el informe de gestión de ese año del parlamento venezolano.
Cuatro empresas en el Gran Ducado sirvieron para que Alejandro Betancourt y sus asociados blindaran activos importantes, incluyendo ingresos por sus negocios petroleros en Venezuela con contrapartes rusas. El hallazgo, obtenido en el marco del proyecto periodístico transfronterizo OpenLux, puede representar el eslabón perdido para las investigaciones que desde hace tiempo autoridades de Estados Unidos y España adelantan, por presunta estafa a Pdvsa y lavado de dinero, contra los jóvenes magnates que hicieron fortuna gracias a la adjudicación de contratos eléctricos durante el gobierno de Hugo Chávez.
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
Gracias a la afinidad entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela de los últimos años, la exportación de arroz desde el país austral no ha cesado a pesar de las dificultades que representan las sanciones financieras contra el régimen de Caracas, su propia debacle económica y la desaparición de un intermediario clave vinculado al movimiento Tupamaros. Un 'trader' en particular porfía en este negocio en el que el precio del cereal puede duplicar su precio y superar los marcadores del mercado internacional antes de llegar a puertos venezolanos.
Ni las reses se salvan de la violencia en la Venezuela bolivariana. Si solían contar con el beneficio del sacrificio industrial para servir al mercado de la carne, desde hace cuatro años están a merced de bandas de maleantes que, armados con cuchillos y machetes, se meten a las fincas y a veces en el mismo sitio les dan muerte para llevarse sus mejores partes. El abigeato se vuelve un descuartizamiento primitivo. Además, el cuatrero tradicional comparte ahora el campo con indígenas, miembros del crimen organizado y funcionarios corruptos que han llevado el fenómeno más allá de la frontera.
De aquella época de fraternidad inquebrantable entre Hugo Chávez y el matrimonio Kirchner, el gobierno “revolucionario” firmó contratos con la empresa argentina Granja Tres Arroyos por 82 millones de dólares para construir un polo avícola en Venezuela. Fue en el año 2009 y hoy, diez años después de aquellos anuncios que prometían la soberanía alimentaria para Venezuela, queda un pequeño galpón de cría de pollos olvidado en el Parque Nacional de Uverito en el Estado Monagas. Una millonaria estafa al pueblo venezolano que también ocasionó el desplome de la economía de una ciudad argentina que hoy se recupera de una burbuja que reventó muy pronto
Recomendado por el siempre irreverente exfutbolista argentino e hincha incondicional de la revolución bolivariana, un empresario italiano, Valerio Antonini, emerge como el principal comercializador de materia prima agrícola para el Gobierno de Nicolás Maduro. En apenas dos años obtuvo una veintena de contratos para la venta de cereales y el manejo de los silos del principal puerto venezolano. El negocio hasta ahora podría superar los mil millones de dólares y para pagarlo Caracas envió una tonelada de oro a Italia.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
