LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
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Muchos se quieren parecer a Hugo Chávez en Venezuela. Para un representante del sector aeronáutico local, el presidente de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), Manuel Barroso, era el discípulo más aventajado. En una reunión con la embajada de Estados Unidos en Caracas lo calificó como un “mini Chávez”. Y agregó: “es un militar que quiere todo el poder en sus manos”.
Barroso encabezaba, y aún encabeza, el organismo encargado de entregar dólares a precio preferencial a las empresas transnacionales que desean repatriar sus capitales. En marzo de 2009, en medio de un ajuste presupuestario ordenado por el gobierno debido a la caída de los precios del petróleo, el propio Barroso autorizaba la liquidación de las divisas de forma arbitraria, según ese mismo confidente.
Las compañías estadounidenses no habían sido favorecidas y comunicaron a la representación diplomática su preocupación por la pérdida de dinero que esa dilación significaba. La embajada también sufría los desplantes de Barroso. “El 10 de febrero de 2009 se solicitó una reunión con Cadivi para analizar las solicitudes pendientes de las empresas de EE.UU. Hasta la fecha (3 de marzo de 2009) no habían respondido a la petición”.
Otra fuente dijo que en dos ocasiones el presidente de la International Air Transportation Association (IATA) había venido a Caracas y Barroso lo había dejado embarcado. “Las compañías aéreas de EE.UU., y de hecho la comunidad empresarial internacional, están cada vez más preocupados por la dificultad de obtener dólares de Cadivi. El gobierno venezolano, por desgracia, no parece interesado en sus preocupaciones”, finaliza el análisis de la cónsul general Peggy Gennatiempo.
El trabajo periodístico de revisión de los cables de WikiLeaks sobre Venezuela fue hecho entre SEMANA y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Su publicación se hace de forma simultánea en Semana.com y en ArmandoInfo En documentos relacionados vea los cables que sirvieron de soporte para esta nota.
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No es ni Baduel ni Rodríguez Torres. Su nombre completo es Igbert Marín Chaparro y lo tienen confinado en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, el reclusorio en el que se escarmienta a la rebeldía castrense. Teniente coronel del Ejército, comandante del importante Batallón Ayala de Infantería Motorizada, es el oficial que ha obtenido las mejores calificaciones en la historia de la Academia Militar de Venezuela. En su caso lo acompañan otros cuatro colegas comandantes apresados en una sigilosa operación de seguridad llevada a cabo por el Gobierno en marzo de 2018. Después de un año de un proceso judicial repleto de irregularidades, él es el único que no ha sido trasladado a la prisión militar de Ramo Verde, pues se teme que su prestigio y ascendencia influyan en el precario equilibrio que el régimen mantiene todavía entre la tropa
La Oferta Pública de Adquisición no fue a través de la bolsa, sino mediante decretos presidenciales, ni tampoco -como se temía- por una expansión de la empresa militar de servicios mineros, Camimpeg. La corporación estatal, la joya de la corona republicana desde 1976, la industria que da de comer a Venezuela, ha sido tomada por la oficialidad castrense en una operación relámpago de cuatro meses. Un general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, preparado para resguardar el orden público, ha sido dotado de poderes sin precedentes para conducirla. Pero los efectos que está teniendo la militarización de Pdvsa son los contrarios a los esperados. El general, absorto en su petrolaberinto, parece comandar ya no el rescate de la empresa, sino su golpe de gracia.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes
La operación militar conjunta del pasado junio entre fuerzas de Venezuela y Estados Unidos despertó expectativas de altos quilates en el sureste del estado Bolívar, una región aurífera hasta entonces sometida al yugo de las bandas criminales. Sin embargo, los desarrollos posteriores se quedaron cortos. Los habitantes de los asentamientos mineros de Las Claritas y Kilómetro 88, donde el Tren de Aragua se había hecho fuerte, apenas sienten mejoras, y ya empiezan a añorar el antiguo orden de los ‘pranes’ que todavía andan por allí.
El empresario panameño, uno de los proveedores favoritos desde el comienzo de su mandato en 2013, fue uno de los intermediarios en el abastecimiento de productos para los cubanos en su peor momento de pobreza. Con el régimen cubano montó una compleja trama internacional que cruza medio mundo, le permite facturar millones, y comercializa desde camionetas de lujo a equipados de aire acondicionado y sucedáneos de la leche.
En una oscura sala judicial de Caracas se acaban de realizar las vistas iniciales de un juicio de naturaleza política, en el que se procesa a los acusados en 2024 de participar en una supuesta conjura para asaltar cuarteles y tramar el asesinato de Nicolás Maduro. Si bien durante las audiencias de apertura empezaron a verse las fisuras en los procedimientos e indicios que sostienen la causa, que esta se haya confiado a una jueza conocida por dictar sentencias duras, alineadas con el régimen, hace incierto su final.
El entendimiento entre José Gregorio Bracho Reyes, diplomático venezolano en Turquía, y Selim Bora, presidente de la compañía constructora Summa, fue a la vez catalizador y subproducto del proyecto urbanístico ‘Hugo Chávez’ de Playa Grande, que acaba de quedar en ruinas con el doblete sísmico del 24 de junio y hoy se encuentra en proceso de demolición. Mientras Bracho se hacía de un apartamento en Barcelona (España), pidió a su cuñado, el entonces vicecanciller Calixto Ortega, que nombrara a Bora como Cónsul Honorario de Venezuela en una exclusiva ciudad-balneario del Mediterráneo.
Luego de tres años, la prisión de Nelson Ramón Rivero Sanes sorprende hasta a sus propios custodios. Lo que todos saben es que sigue detenido en la cárcel de Tocuyito por la inexplicable saña de Marcos Campos Flores, dos veces candidato oficialista a alcalde del Municipio San Diego en Carabobo, sobrino de la otrora ‘Primera Combatiente’ y hermano de uno de los ‘narcosobrinos’. Unos indicios débiles y hasta caprichosos bastaron para armarle un caso judicial, cuyos efectos siguen vigentes, a pesar de la caída del madurismo y los cambios políticos del interinato.
Sociedades asiáticas vinculadas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano realizaron envíos de petróleo de Pdvsa a Malasia por unos 2.600 millones de dólares entre julio y septiembre de 2025. Con el mismo intermediario, la petrolera estatal despachó otros nueve tanqueros con rumbo a Cuba, en medio de la crisis energética que durante ese verano empezó a azotar a la isla. Pero sus destinos reales no figuran en ningún registro marítimo internacional y terminaron siendo inciertos.
