Manuel Barroso, el mini Chávez

No es ni Baduel ni Rodríguez Torres. Su nombre completo es Igbert Marín Chaparro y lo tienen confinado en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, el reclusorio en el que se escarmienta a la rebeldía castrense. Teniente coronel del Ejército, comandante del importante Batallón Ayala de Infantería Motorizada, es el oficial que ha obtenido las mejores calificaciones en la historia de la Academia Militar de Venezuela. En su caso lo acompañan otros cuatro colegas comandantes apresados en una sigilosa operación de seguridad llevada a cabo por el Gobierno en marzo de 2018. Después de un año de un proceso judicial repleto de irregularidades, él es el único que no ha sido trasladado a la prisión militar de Ramo Verde, pues se teme que su prestigio y ascendencia influyan en el precario equilibrio que el régimen mantiene todavía entre la tropa

La Oferta Pública de Adquisición no fue a través de la bolsa, sino mediante decretos presidenciales, ni tampoco -como se temía- por una expansión de la empresa militar de servicios mineros, Camimpeg. La corporación estatal, la joya de la corona republicana desde 1976, la industria que da de comer a Venezuela, ha sido tomada por la oficialidad castrense en una operación relámpago de cuatro meses. Un general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, preparado para resguardar el orden público, ha sido dotado de poderes sin precedentes para conducirla. Pero los efectos que está teniendo la militarización de Pdvsa son los contrarios a los esperados. El general, absorto en su petrolaberinto, parece comandar ya no el rescate de la empresa, sino su golpe de gracia.

La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.

El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.  

Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos

El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes

Los recientes brotes de violencia en el departamento colombiano de Norte de Santander, que incluyen los combates que se iniciaron en enero en la región del Catatumbo, parecen repercutir en Venezuela. Pero esa podría ser una perspectiva errónea; en realidad, los estados fronterizos de Zulia y Táchira dejaron de ser retaguardia o aliviadero para los grupos armados irregulares de Colombia. Ahora y desde hace al menos un lustro, sirven de lanzaderas para las operaciones guerrilleras, como ya lo adelantaron informes confidenciales de inteligencia del vecino país, consultados por primera vez para este reportaje.

El reciente hallazgo de un centro de cruel adiestramiento para sicarios del principal grupo del crimen organizado de Jalisco, mantiene en vilo a la opinión pública mexicana. Los fiscales llevaron esta semana a familiares de desaparecidos y a periodistas a un recorrido por el sitio. Pero, como esta crónica relata, la improvisada visita -concebida para controlar daños y alentar la narrativa oficial- aclaró poco y levantó más dudas, conjeturas e indignación.

En la génesis de los negocios de Alex Saab y Álvaro Pulido con el gobierno de Nicolás Maduro, el venezolano Jean Paul Rivas, que se mueve entre Suiza y Dubái, trabajó desde la trastienda como conector del tándem colombiano con una farmacéutica de India para vender medicamentos con marcados sobreprecios al régimen de Caracas. Con una variedad de intereses y emprendimientos, como en botica -también actúa en finanzas y bienes raíces-, Rivas seguiría en el sector de las medicinas con su propia compañía.

Mukesh Ambani es el hombre más rico de India y propietario de Reliance Industries, un importante cliente de Pdvsa. El magnate además recibe una ñapa desde Venezuela: miles de animales que, a través de emprendimientos privados, van a dar al zoológico de opulencia asiática que su hijo montó en la ciudad de Jamnagar. Los fletes se amparan en un acuerdo binacional de conservación y cuentan con permisos suscritos por el mismo Ministerio de Ecosocialismo que en Caracas avala a los dos zoocriaderos exportadores, relacionados entre sí.

Este excontratista del Estado, socio de Tarek El Aissami en entramados de tráfico de influencias y 'enchufes', se convirtió en el patrocinante de cuanto se hiciera en Tucupita, la ciudad capital de Delta Amacuro, donde transcurrió su infancia. A la manera del magnate que era, adquirió casi toda la vecina isla de Guara para levantar una utopía agropecuaria, el vedado donde se refugió desde que las sanciones internacionales lo cercaron en 2017 hasta que, en 2024, vivió allí su mayor derrota: el arresto por el caso ‘Pdvsa-Cripto’.

Controla con mano de hierro el municipio insular Almirante Padilla, una región remota pero estratégica sobre la barra del Lago de Maracaibo. Fue constituyente del chavismo. Con todo eso, la carrera política de Alberto Sobalvarro, apadrinada entre otros por un exgobernador de Zulia, luce apenas como una distracción frente a su vida de empresario, al mando de un conglomerado que se extiende por el Caribe e importa marcas de cigarrillos que incluyen algunas de la dudosa tabacalera paraguaya del expresidente Horacio Cartes.