El contralmirante Remigio Ceballos Ichaso es uno de los astros ascendentes en la cúpula militar. Formado con los Navy Seals, fue parte del séquito del ‘comandante eterno’ de la revolución. Sus credenciales lo han impulsado hasta el segundo cargo más importante de estado mayor de las fuerzas armadas y a la coordinación de la Gran Misión Abastecimiento Seguro, sin que en ese ascenso hayan hecho peso los –al menos- dos expedientes que se le abrieron por presuntas irregularidades administrativas.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Los hombres del círculo más cercano al comandante Hugo Chávez eran rigurosamente seleccionados. En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) de Venezuela, la institución gestora del líder de la Revolución, muchos pedían estar en la Guardia de Honor Presidencial para ostentar una figura que se transformó desde 1999 –año de la llegada de Chávez al poder– en un envidiable estatus: el edecán del Jefe del Estado.
“Todos rogaban estar cerca del Presidente, porque sabían que su afinidad hacia los militares podía convertirlos en candidatos a altos cargos. Pero pocos entraban en este círculo”, comenta un militar retirado. Remigio Ceballos Ichaso, un egresado de la promoción Agustín Armario González de la Escuela Naval de la Armada Nacional de Venezuela (año 1985), ya había logrado el anhelado estatus en 2002. Con un curso de formación en Navy Seals de los Estados Unidos (una de las mejores fuerzas de operaciones especiales del mundo) y una prominente carrera había decidido estar al lado de Chávez. Así, y durante ocho años, consolidó una imagen en los predios militares: un hombre leal al oficialismo.
Ahora, fallecido ya el comandante, el contraalmirante Ceballos Ichaso ha dejado de ser un guardaespaldas. Hace un mes fue designado como el Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb). Con el cargo también ha asumido la coordinación de uno de los vértices de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, un plan creado recientemente por el presidente Nicolás Maduro y puesto a cargo de las fuerzas militares en un intento por detener la inusitada crisis alimentaria que azota a Venezuela.
Puertas adentro, en las Fanb, algunos han recibido la noticia sobre la designación como un mal presagio. Los que conocen al contraalmirante recuerdan que fue investigado dos veces en la Inspectoría General de la Armada por presuntos desvíos de recursos económicos asignados por el Estado. No son meras memorias; más de un centenar de folios –distribuidos en dos expedientes administrativos disciplinarios– certifican que a Ceballos Ichaso se le involucró con irregularidades en el componente militar.
El expediente IV-JADEP-0001-13 contiene la última orden de averiguación contra Ceballos Ichaso abierta por la Armada, emitida el 13 de marzo de 2013. “Previas instrucciones del Inspector General de la Armada Bolivariana, según oficio 047 de fecha 11ABR13 (11 de abril de 2013), por medio de la presente se ordena: la apertura de una investigación (…) a los fines de determinar ‘presuntas irregularidades administrativas ocurridas en el Comando de la Primera Brigada de Infantería de Marina CN. Manuel Ponte Rodríguez (BRIM1) y Área de Defensa Integral Puerto Cabello y Mora, durante el proceso de contacto popular con la tecnología (Feria Electoral) de los comicios presidenciales del 7 de octubre de 2012”, reza uno de los párrafos del documento filtrado.
La presunta irregularidad ocurrió unos días antes de los sufragios presidenciales del 7 de octubre de 2012 en Venezuela. Chávez, un líder afectado por el cáncer hasta un punto entonces no conocía la opinión pública y que apenas lidiaba con los primeros signos de la venidera crisis económica del país sudamericano, se enfrentaba al opositor Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda, en una reñida contienda. Al contraalmirante Ceballos Ichaso, entonces a cargo de La Brigada de Infantería Marina CN. Manuel Ponte Rodríguez, se le asignaron recursos financieros para el funcionamiento del Plan República 2012 –un operativo para la custodia y despliegue del material electoral– en los municipios Mora y Puerto Cabello del Estado de Carabobo. Unos meses después, el manejo de estos fondos provocaría crispaciones dentro de la Armada.
"No participé en esa cantidad de días… Esa no es mi firma y por ende la huella tampoco me corresponde”
Según el expediente de la Inspectoría General de la Armada, Ceballos Ichaso no otorgó la totalidad de los viáticos (89.700 bolívares o 20.860 dólares, entonces) para unos 24 militares subordinados a él que trabajarían en los comicios. “Que yo recuerde nunca me fue presentada esa hoja (la constancia de pago de viáticos) para firmarla. Nunca recibí el monto que allí se especifica (3.450 bolívares). Sí, son mis nombres, también mi número de cédula, pero esa no es mi firma. Para esa fecha (6 de octubre de 2012) no firmé nada relacionado con la recepción de viáticos y menos por esa cantidad. Solo recibí 300 bolívares por el pago de viáticos”, dijo una teniente en un interrogatorio hecho en la Armada hace tres años.
El testimonio de la teniente es repetido casi con exactitud por una veintena de militares comandados en ese momento por el contraalmirante. Los comprobantes de pagos de los viáticos entregados por la Primera Brigada de Infantería Marina CN. Manuel Ponte Rodríguez a la Armada indicaban que cada uno de los militares recibieron 3.450 bolívares (unos 802 dólares, según la tasa oficial de ese año) para cubrir los gastos del Plan República 2012 que duró 23 días. Pero los subordinados a Ceballos Ichaso aseguraron que se les otorgó menos del diez por ciento de lo referido, denunciaron la falsificación de sus firmas en las facturas, y algunos hasta negaron haber participado en el operativo. “Los datos que están reflejados en esa relación (de pago) sí me pertenecen. Ese no es mi número de cédula de identidad, no recibí la cantidad de tres mil cuatrocientos cincuenta bolívares, como se especifica allí (…) No participé en esa cantidad de días… Esa no es mi firma y por ende la huella tampoco me corresponde”, declaró otra de las tenientes interrogadas por esta investigación administrativa.
En la Armada no hay expedientes contra el Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Ceofanb desde 2015, señalan personas vinculadas a la investigación. Para este reportaje se conversó con algunos de los militares mencionados en estos expedientes. Todos confirmaron la autenticidad de los documentos filtrados y ratificaron sus acusaciones, aunque bajo la condición del anonimato por miedo a posibles represalias.
Según diversas fuentes, los documentos originales desaparecieron durante la gestión del almirante Orlando Maneiro Gaspar como Comandante de la Inspectoría General de la Armada.
Este almirante, designado recientemente Comandante General de la Armada, es relacionado con Ceballos Ichaso por compartir estudios, carrera militar y amistad desde hace 30 años.
Pero este no sería el único expediente administrativo disciplinario contra Ceballos Ichaso durante su gestión en el Comando de la Primera Brigada de Infantería de la Marina CN. Manuel Ponte Rodríguez que supuestamente se extravió de los archivos de la Inspectoría General de la Armada. En 2010 –según comunicaciones internas como la número 041545Q JUL 13 del Segundo Comando y Estado Mayor General de la Armada Bolivariana– el contraalmirante fue investigado por un presunto desvío de 54.368 bolívares (equivalentes a 12.643 dólares, según una tasa oficial de ese año) destinados a cuatro unidades del batallón de la Policía Naval CN. Juan Daniel Danels.
Este dinero fue depositado en dos empresas, R y D & Asociados, C.A. y la cooperativa Inversiones Mailyn 2008 R.L., para supuestamente impedir que se perdiera esta cuota asignada por el Estado venezolano a la Primera Brigada de Infantería de la Marina CN. Manuel Ponte Rodríguez. El administrador financiero, un teniente de fragata, fue comisionado para esta operación. En el expediente administrativo, el hombre señala que las empresas cobraron un 14 por ciento de los recursos y el resto fue entregado a Ceballos Ichaso. Pero el contraalmirante culpó al teniente de fragata del manejo de los recursos.
El contraalmirante había prometido a un capitán de navío, en una conversación, que iba a resarcir el desvío de los recursos con la dotación de materiales para el batallón perjudicado. Hasta el año 2014 no había cumplido con este ofrecimiento, aunque sus superiores lo instaron en reiteradas comunicaciones escritas a ofrecer explicaciones sobre los fondos de las cuatro unidades del CN. Juan Daniel Danels.
El intento por contactar al Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Ceofanb, para conocer su versión, no obtuvo respuestas.
En un oficio enviado al contraalmirante por uno de sus superiores el 18 de octubre de 2012 se hace un “llamado a la reflexión” para que corrigiera su conducta “inapropiada”. En el documento se refiere que el contraalmirante supuestamente hacía uso de oficiales y de vehículos administrativos sin autorización de las brigadas y además por responder de forma “grosera” y “desafiante” a altos cargos de la FANB.
Seis años después del incidente, Ceballos Ichaso continúa mostrándose desafiante ante la encrucijada política de Venezuela. En una de sus escasas apariciones en televisión, a mediados de este año, el jefe del Estado Mayor del Ceofanb achacó la fractura del país sudamericano a la oposición. Uniformado, completamente rígido y en un podio atestado de militares, ha ofrecido un discurso contra los adversarios del presidente Maduro, a saber: el imperialismo, las guerras mediáticas y a favor de la Fanb y del socialismo. Nada extraordinario, pues reitera el guión acostumbrado en los actos castrenses bajo el chavismo.
Pero la figura de este contraalmirante ha adquirido notoriedad. Antes de transformarse en el Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Ceofanb, Ceballos Ichaso había ocupado cargos de relevancia en el Estado venezolano, entre ellos los de director de Investigación, Entrenamiento y Doctrina del Segundo Comando y Jefatura del Estado Mayor del Comando General de la Milicia, el comandante de la Infantería de la Marina y el viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio para la Defensa. Ninguno de los expedientes administrativos disciplinarios resultó entonces una traba en el imparable ascenso a la cúpula militar.
En franca contradicción con los postulados socialistas que dice defender la Revolución Bolivariana, el eterno ministro de defensa del régimen de Nicolás Maduro, general Vladimir Padrino López, ha tejido una red de propiedades y empresas en pleno territorio estadounidense, algunas de un talante tan exótico como asesoría a venezolanos que tramitan solicitudes de refugio y asilo político en ese país. La siguiente investigación fue realizada por el Occrp (Organized Crime and Corruption Reporting Project), organización global de periodismo de investigación y publicada por varios medios de comunicación venezolanos, entre los que se incluye Armando.info como parte de una alianza periodística para develar la corrupción.
Extraviado en la espesa niebla de El Ávila, el teleférico hacia La Guaira, en el litoral venezolano del Mar Caribe, es un fantasma que se balancea entre el abandono, la corrupción y las promesas. Sin estudio ambiental o de riesgo, entre los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se fraguó un proyecto de recuperación de ese tramo que involucra a las empresas Dopplemayr, Alfamaq y la estatal Venezolana de Teleféricos, señaladas por actos de corrupción e irregularidades por la Contraloría General de la República. Hasta la fecha y sobre informes fraudulentos de las autoridades ambientales se ha pagado más de la mitad del proyecto -que pasó de un trazado de ocho a 39 torres- pero las máquinas ni siquiera han llegado a Venezuela
Costó 450 millones de dólares. Su idea era emular a Medellín, a Venecia. Que por donde pasara el pequeño tren tirado por cables florecieran el desarrollo, el comercio y la seguridad, pero el plan terminó en otra promesa incumplida para una barriada atragantada de ellas. El único kilómetro de trayecto que cubre el Cabletrén en la localidad de Petare mueve a 16 personas en cuatro vagones, pero quizás su espejismo ayudó a Hugo Chávez a obtener su última victoria electoral en 2012. Onerosas modificaciones presupuestarias en favor de los contratistas Odebrecht y Doppelmayr dieron lugar a una ruina instantánea.
En 2016 Venezuela galopaba hacia la hiperinflación y la crisis hospitalaria comenzaba a pintar sus escenarios más crudos, con pacientes cada vez más pobres encargados de comprar hasta la gasa para ser atendidos. Aún así algunos doctores trastocaron en improvisados empresarios que lograron venderle al estado -a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior- varios lotes de guantes y material médico quirúrgico 20 veces por encima del precio del mercado. En todos los casos, los productos tuvieron que cruzar al menos tres fronteras: salieron del país donde fueron fabricados para llegar al del intermediario, que luego los envió a El Salvador antes de su final arribo a Venezuela. La carga estaba valorada en 500 mil dólares pero la revolución bolivariana decidió pagar 11 millones de dólares.
De un día para otro, el exgobernador chavista del estado Bolívar entre 2004 y 2017, saltó del desmesurado exhibicionismo mediático al bajo perfil. Su partida a México completó el círculo del plan de retiro que se había venido preparando durante su gestión pública: ahora se alojaba en el mismo país donde florecían las empresas del esposo de su hija, a las que tanto había favorecido desde sus cargos en Guayana. Con sanciones financieras impuestas a su persona por Canadá y Estados Unidos, hoy Francisco José Rangel Gómez prefiere pasar agachado.
No es ni Baduel ni Rodríguez Torres. Su nombre completo es Igbert Marín Chaparro y lo tienen confinado en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, el reclusorio en el que se escarmienta a la rebeldía castrense. Teniente coronel del Ejército, comandante del importante Batallón Ayala de Infantería Motorizada, es el oficial que ha obtenido las mejores calificaciones en la historia de la Academia Militar de Venezuela. En su caso lo acompañan otros cuatro colegas comandantes apresados en una sigilosa operación de seguridad llevada a cabo por el Gobierno en marzo de 2018. Después de un año de un proceso judicial repleto de irregularidades, él es el único que no ha sido trasladado a la prisión militar de Ramo Verde, pues se teme que su prestigio y ascendencia influyan en el precario equilibrio que el régimen mantiene todavía entre la tropa
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
