En franca contradicción con los postulados socialistas que dice defender la Revolución Bolivariana, el eterno ministro de defensa del régimen de Nicolás Maduro, general Vladimir Padrino López, ha tejido una red de propiedades y empresas en pleno territorio estadounidense, algunas de un talante tan exótico como asesoría a venezolanos que tramitan solicitudes de refugio y asilo político en ese país. La siguiente investigación fue realizada por el Occrp (Organized Crime and Corruption Reporting Project), organización global de periodismo de investigación y publicada por varios medios de comunicación venezolanos, entre los que se incluye Armando.info como parte de una alianza periodística para develar la corrupción.
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Como jefe del Ejército Bolivariano de Venezuela, el general Vladimir Padrino López es un socialista firme, listo para defender al gobierno de su país, que se define como revolucionario y antimperialista. Pero en privado también es -secretamente- un capitalista exitoso.
Una investigación de Occrp (Organized Crime and Corruption Reporting Project) muestra que Padrino, de 56 años, está vinculado a través de su esposa y otros miembros de su familia con un entramado de empresas y bienes raíces valoradas en millones de dólares en Estados Unidos y Venezuela.
Occrp encontró que una de estas compañías es Trámites Consulares, Inc., registrada en Texas en 2010, ocho años antes de que Washington impusiera sanciones al general Padrino y diez años antes de que lo acusara por “conspiración para distribuir cocaína”.
La oficina está situada en un insípido parque empresarial de de Sunrise, al norte de Miami, en Florida. La entrada de la compañía es una puerta de cristal, detrás de la cual se ven afiches turísticos del país.
Trámites Consulares promociona la gestión de prórrogas de pasaporte y apoyo a quienes buscan asilo político en Estados Unidos ofreciendo servicios de traducción e interpretación. En 2019 organizó un taller sobre cómo solicitar refugio para quienes escapan de la persecución violenta que ejerce el mismo gobierno al que sirve Padrino.
El pasaporte venezolano es cada vez más difícil de obtener en un país en el que un devastador colapso económico y social ha obligado a huir a más de cuatro millones y medio de personas desde 2016.
Como directora de Trámites Consulares figura la exconcursante de Miss Venezuela y prima del general, Ludmila Padrino Rojas. Ella también es socia de Prinmaplast, C.A., una compañía de pintura cuya directora era la que fue esposa de Padrino López por más de 20 años, Yarazedt Betancourt. Además, ambas empresas comparten la misma dirección en Caracas.
Ahora, la fábrica de pintura Prinmaplast está abandonada. Ubicada en la zona industrial de la ciudad de Charallave, a 45 minutos en carro desde Caracas. Una estrecha carretera cubierta de arbustos lleva al edificio de un solo piso, rodeado de paredes de hormigón coronadas con carretes de alambre de púas.
"Ha estado cerrada durante uno o dos años", dijo un guardia sin camisa. "Pertenece a una señora que vive en Estados Unidos". El vigilante dijo no saber el nombre.
En los documentos obtenidos de registros públicos, no solo destaca Yarazedt Betancourt como directora, sino también aparecen otros familiares del general Padrino.
El 80% de las acciones de Prinmaplast pertenecen a tres empresas: Unicorp Corporation, Jemyl Corporation y Desmoines Finance. Las dos últimas están vinculadas a Jesús María Padrino Renaud, tío de Vladimir Padrino López y al igual que la fábrica de pinturas han sido dirigidas por la esposa del general, Yarazedt.
A partir de 2004, la compañía tuvo acceso a dólares preferenciales a través de Cadivi, con el fin de importar materias primas para fabricar pinturas, pigmentos y otros productos.
Cadivi fue creado por el presidente Hugo Chávez en 2003. A través de este organismo, las empresas seleccionadas podían comprar dólares a bajo precio para sus importaciones. Pero el esquema rápidamente se corrompió a través de sobornos, sobreprecio, importaciones ficticias y otras irregularidades. Algunos beneficiarios cambiaban esos dólares en el mercado negro con un enorme margen de ganancia.
Los registros muestran que Prinmaplast recibió a través Cadivi más de 3.9 millones de dólares entre 2004 y 2012. La mayoría de sus importaciones provenían de Estados Unidos, según la base de datos de comercio exterior Import Genius.
En la fábrica de Charallave se producía y distribuía la marca de pinturas Universo. Occrp se comunicó telefónicamente con 16 ferreterías en Caracas y solo en una la recordaban, aunque aseguraron que el proveedor no los volvió a visitar desde 2017.
Yarazetd Betancourt se vinculó a Prinmaplast en 2003, el mismo año en que se creó Cadivi. Esto no es casual. En una carta publicada por Ludmila Padrino ella explica que la incorporaron ex profeso: “…su esposa (de Vladimir Padrino) formó parte de la directiva de nuestra empresa en el año 2003 - 2004 y la razón de eso es muy simple, todos los socios y directivos habían firmado a favor del Referendo Revocatorio de Hugo Chávez y en vista de que se nos negaba el derecho a los dólares preferenciales que necesitábamos para pagar nuestras importaciones...decidimos nombrar en la directiva a alguien que no hubiera firmado a favor del revocatorio”.
Sin embargo, según los registros de la empresa, Betancourt era parte de la empresa en 2009.
La ley contra la corrupción que rige en Venezuela dice que ningún funcionario público de manera directa, o a través de otra persona vinculada a él, puede aprovecharse de su cargo o influencia, para obtener una ventaja o un beneficio personal, para sí mismo o para un tercero.
Puede que Prinmaplast no haya cambiado ilegalmente sus dólares preferenciales. Es posible que todo el dinero haya sido utilizado legalmente para comprar e importar materiales. Pero las severas restricciones en el acceso a la información en Venezuela hacen imposible determinar si los beneficios ilícitos o legítimos de la compañía fueron canalizados hacia otros intereses.
A finales de 2013, Maduro nombró a Padrino en una comisión para investigar Cadivi y el sistema de dólares preferenciales. Más de seis años después, los hallazgos aún no se han hecho públicos.
La laberíntica red de negocios que la familia de Padrino construyó incluye 24 compañías en Estados Unidos y Venezuela, así como 14 propiedades avaluadas en 4.5 millones de dólares en Florida y Texas.
Padrino
Renaud, el tío del general, tiene una casa en el condado de Broward, en Florida,
con un terreno de más de 5.000 metros cuadrados, que compró por 635.000 dólares.
Su hija, Ludmila Padrino y dueña de Trámites Consulares, posee una casa en Houston, Texas, valorada en más de 500.000 dólares. Su otra hija, Janet Padrino Rojas, tiene una casa que vale más de 500.000 dólares en Weston, Miami, cercana de la empresa que ofrece sus servicios a solicitantes de asilo de Venezuela. Diez de las propiedades de Padrino Renaud y sus hijos están registradas a nombre de tres de sus compañías: Brisana LLC, Urtaris Realty Group y Majalud LLC.
Según la base de datos empresarial Buzzfile, se estima que cinco de las empresas estadounidenses de la familia del general Padrino generaron ingresos anuales de un poco más de 700.000 dólares. No había información sobre las otras compañías.
Occrp contactó por correo electrónico a todos los familiares del general Padrino en Estados Unidos, pero no recibió respuesta. Sin embargo, en 2019 varios parientes del general, incluidos Ludmila, Jesús María y Janet, publicaron un video en el que se distancian y lo increpan públicamente: “¿Cuál será tu legado, primo? ¿Será basado en la promesa que un día nos hiciste de mantenerte como un soldado institucional al servicio de la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo, o será dejar la miseria, el vandalismo y la delincuencia?”.
En redes sociales, Ludmila Padrino también había escrito en 2015: “Sí, somos familiares directos del general Padrino López, con quien sí hemos mantenido una relación familiar muy cercana, y con quien yo, en lo personal, he podido de manera respetuosa intercambiar ideas sobre nuestras posiciones políticas, obviamente divergentes”.
El hecho de que algunos de los intereses de Padrino estén en Estados Unidos es un desafío para quienes hacen cumplir las sanciones.
"Un funcionario corrupto, después de ser sancionado por el gobierno de Estados Unidos, sigue siendo propietario y dirigiendo negocios a través de miembros de su familia", dijo Gary Kalman, experto estadounidense en temas de lavado de dinero y uno de los fundadores de FACT Coalition, organización que aboga por la transparencia corporativa.
Considera que el caso de Padrino es un "ejemplo de librito" de por qué es necesario hacer cumplir las leyes anticorrupción. La transparencia y las normas de due dilligence, que traduce en diligencia debida, son fundamentales.
"Lo que sorprende a muchos es que Padrino López no necesitó esconder ninguno de sus negocios en un paraíso fiscal porque Estados Unidos proporciona todo el secreto que los actores ilícitos quieren y necesitan", añadió.
El 26 de marzo de 2020, el general Padrino fue acusado por una corte del distrito de Columbia, de supuestamente aceptar sobornos para permitir que aeronaves usaran el espacio aéreo venezolano para transportar cocaína a los Estados Unidos.
"Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente miles de millones de dólares de Venezuela", dijo la fiscal estadounidense Ariana Fajardo Orshan en un comunicado en el que anunciaba los cargos contra Padrino y otros funcionarios, incluido el presidente venezolano Nicolás Maduro.
"Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han utilizado bancos y bienes raíces del sur de Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal", dijo Fajardo.
Occrp también encontró que 35 generales del ejército venezolano crearon 42 empresas privadas habilitadas para trabajar con el Estado. Juntos, han obtenido 225 contratos, a pesar de que en Venezuela está prohibido que los funcionarios hagan negocios con el gobierno.
La aparente contradicción entre el discurso socialista de Padrino y los numerosos intereses empresariales de sus familiares no sorprende a Luis Ramón Castellanos, un teniente coronel retirado que se graduó en 1984, en la misma promoción que el general Padrino.
"Nunca lo vi como un comunista, como alguien dispuesto a compartir su riqueza. Le gustaba vivir bien, amaba a Estados Unidos, le gustaba beber whisky. Le gustaba la buena vida", dijo Castellanos en una entrevista telefónica desde su casa en Arlington, Virginia.
En 1995, Padrino participó en un curso de operaciones sicológicas en la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, como parte de un programa para entrenar a militares aliados latinoamericanos.
En 2002, dos años antes de que Prinmaplast tuviese acceso a dólares preferenciales, Padrino no se unió al fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez, siendo comandante del Batallón de Infantería 311 de Caracas. Luego, pasó a comandar el cuartel general del Ejército Bolivariano en Fuerte Tiuna, un complejo militar que alberga viviendas e instituciones, entre ellas el ministerio de la Defensa.
Posteriormente estuvo a cargo de la 93 Brigada del Caribe, que tiene su base en el estado natal de Chávez, Barinas. "Fue un voto de confianza de Hugo Chávez. Era la primera vez que salía de la capital en su proceso de formación de trabajo. Era un oficial disciplinado, competente académicamente, pero nunca salía de Caracas, era un oficial de la capital”, dijo Cliver Alcalá, general de división retirado graduado un año antes que Padrino. La entrevista telefónica fue anterior a la acusación de Estados Unidos por narcoterrorismo contra Alcalá en marzo.
“No tenía experiencia en la frontera ni en unidades de áreas rurales, y hay que tener experiencia y conocer todo el espectro de las fuerzas armadas”, dijo el general que se entregó desde Colombia a la DEA. “Fue solo cuando se convirtió en coronel que lo enviaron a Barinas”.
La estrella de Padrino siguió en ascenso.
En 2007 alcanzó el rango de general de brigada y en 2012 fue designado segundo comandante y jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. En octubre de 2014, Maduro nombró a Padrino ministro de Defensa. Además, actualmente ocupa el cargo de vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, coordinando varios ministerios; y forma parte de la comisión presidencial encargada de reestructurar la industria petrolera.
En abril de 2019 su nombre ocupó primera línea durante un intento de levantamiento de la oposición. Estados Unidos dijo que tenían un acuerdo previo al que supuestamente habían llegado para derrocar al gobierno de Maduro.
Él desechó estos señalamientos diciendo: “Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios... Da mucha indignación, pretender romper con el honor militar que es lo más sagrado”.
***Esta investigación fue realizada por el Occrp (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y es publicada en conjunto por varios medios de comunicación venezolanos, incluido Armando.Info, como parte de una alianza periodística para develar la corrupción.
Un informe de seguimiento de American Express al Departamento del Tesoro en 2017 reportaba que los estados de cuenta de su cliente venezolano, Rafael Sarría, registraban hasta entonces dos millones y medio de dólares en pagos sospechosos. El derroche con sus tarjetas de crédito lo financiaba la cercanía al número dos del chavismo, a quien había conocido más tres décadas antes en la Academia Militar. Sarría abandonó la carrera castrense y no pudo acumular soles en las charreteras, pero sí propiedades y empresas que se han multiplicado en la última década, al menos hasta 2018, cuando fue objeto de sanciones de Washington.
La “alianza cívico militar” que el chavismo ha impuesto como doctrina revolucionaria en la Fuerza Armada Nacional bolivariana tiene más de negocio que de ideología, al menos para un tercio de los generales del Ejército venezolano, que exhiben todo tipo de empresas para contratar con el Estado aunque las leyes lo prohíben expresamente. La siguiente investigación fue realizada por el Occrp (Organized Crime and Corruption Reporting Project), organización global de periodismo de investigación, y publicada por varios medios de comunicación venezolanos, entre los que se incluye Armando.info como parte de una alianza periodística para develar la corrupción.
El contralmirante Remigio Ceballos Ichaso es uno de los astros ascendentes en la cúpula militar. Formado con los Navy Seals, fue parte del séquito del ‘comandante eterno’ de la revolución. Sus credenciales lo han impulsado hasta el segundo cargo más importante de estado mayor de las fuerzas armadas y a la coordinación de la Gran Misión Abastecimiento Seguro, sin que en ese ascenso hayan hecho peso los –al menos- dos expedientes que se le abrieron por presuntas irregularidades administrativas.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
