El propio presidente de Venezuela se empeñó hace tres años en exponer estas tiendas de electrodomésticos como una muestra de la usura capitalista y pidió entrar a saco en ellas para “que no quede nada en sus anaqueles”. El llamado ‘Dakazo’ llevó a la extinción a todo un sector del comercio. Lo curioso es que el pecador original no solo sobrevivió a su competencia, sino hasta a los organismos que entonces lo sancionaron. El propio Estado que lo trataba con desprecio, ha seguido recompensando al grupo empresarial detrás de Daka con el acceso a divisas preferenciales.
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Detrás del negocio de electrodomésticos en Venezuela hay un apellido que se repite: Dagga. Identifica al grupo empresarial de origen palestino que creció como la espuma durante el boom petrolero y el control de cambio instrumentado por el chavismo en más de una década. Ni siquiera el episodio del llamado Dakazo, del que se cumplen tres años en noviembre próximo, ha frenado su expansión. Porque, sí, Dagga es el apellido detrás de la cadena de tiendas Daka, famosa en Venezuela, más que por sus propios esfuerzos publicitarios, por la orden de vaciarla que lanzó el presidente Nicolás Maduro en 2013. Entonces el primer mandatario nacional la acusó de usura y especulación. Esa orden de ocupación y confiscamiento, que prácticamente arrasó en pocas semanas con el detal de artículos electrodomésticos en el país y acaso influyó en los resultados de los comicios municipales un mes más, curiosamente, no solo dejó indemne a los Dagga. Hoy su emporio incluye, además de Daka, otras empresas.
Nasar Ramadan Dagga Mujamad y Manzur Ramadan Dagga Mujamad están vinculados con los orígenes de Daka de Venezuela C.A. El primero también está relacionado con Consorcio Lux y las tiendas CLX –surgidas en 2013 y con “licencia exclusiva” para la “representación y distribución” de la marca surcoreana Samsung-, mientras que el segundo lo está con Bullpro Maracay C.A, registrada en 2016 y dedicada a la comercialización de equipos de sonido de la marca norteamericana Boss. Hay más: Yaser Arafat Dagga Muhd, también socio fundador de las tiendas CLX, es el único propietario de Cyberlux de Venezuela C.A, que se promociona como la “ensambladora de electrodomésticos más grande de Venezuela” y estuvo ligada a Daka de Venezuela C.A. Conexiones similares a las ya mencionadas, entre el origen del negocio de Daka y otras compañías, se repiten en varias de las sociedades que los empresarios y más familiares tienen registradas en Panamá.
Pese a ello en el entorno del grupo insisten en que “el único vínculo que existe es familiar” y que se trata de “información muy delicada”. Algo está claro: los negocios marchan bien, incluso el de Daka, en lo que parece una trama poco conocida luego de tres años de que el Gobierno señalara a ese nombre como el símbolo de la especulación y de la “burguesía parasitaria”.
“Ya abrimos”, decía el aviso que el 20 de octubre colgaba en la fachada de la sucursal de Daka en Maracay, capital del estado Aragua, en el centro de Venezuela. El sigilo del evento y el estruendo de otra noticia salida ese mismo día de Aragua, cuando un tribunal penal aceptó anular el proceso que conduciría a la celebración del referendo revocatorio contra el presidente de la República, opacaron la inauguración del sexto local de Daka. Aún así, la señal resultó clara: la tormenta desatada en 2013 es cosa del pasado.
“He ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precios justos, todos los productos, que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta”, bramó Maduro por las pantallas de televisión el viernes 8 de noviembre de 2013. A la palabra le siguió el caos: la sucursal de Daka en Valencia –en 2011 consumida por un incendio- fue saqueada al día siguiente. Le siguieron varias semanas de inspecciones de las autoridades a comercios de todo el país, a cuyos dueños se les obligó a rebajar los precios de la mercancía. Muchas de esas inspecciones se transmitieron por cadena nacional, con lo que no solo se remataba el inventario de los comerciantes, sino a la vez sus reputaciones. Algunos no abrieron sus negocios nunca más. Hubo rebatiñas. La popularidad del Gobierno mejoró, suficiente para ganar las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013, y nació la palabra Dakazo para referirse a ese intento de frenar la inflación por mandato.
“A esta red comercializadora se le dan los dólares de Cadivi y del Sicad para que lo que no consigue aquí lo complemente con importaciones. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje que conseguimos de sobreprecio de neveras, aires acondicionados, televisores, lavadoras, electrodomésticos de consumo y de uso en la familia venezolana? Bueno, les puedo decir: el promedio de sobrefacturación, de robo, llega a 1.000% de los precios de los productos”, argumentó quien apenas tenía siete meses como sucesor de Hugo Chávez.
El jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía y ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Hebert García Plaza, calificó a Daka como “enemigo” del pueblo. “Nosotros hemos denunciado ante el Ministerio Público la presunta comisión de un delito de usura a los dueños de Daka, tanto de Boleíta como de Bello Monte, para que se tomen las acciones pertinentes apegadas a la Ley (…) Decirle al pueblo venezolano cuál es el verdadero enemigo de ellos: aquí tenemos uno, en Bello Monte tenemos otro, usted ya lo dijo en Punto Fijo (localidad de otra tienda), en Punto Fijo es la aberración más grande que nosotros podemos informarle al pueblo venezolano”, expresó uno de los protagonistas de aquellos días y hoy tildado como un “traidor” en las filas revolucionarias, acusado de corrupción y hasta de planificar un golpe de Estado contra el Gobierno.
Las instituciones encargadas de las fiscalizaciones de aquellos días, como el Órgano Superior para la Defensa de la Economía, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop) o el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes (Indepabis), tampoco existen ahora, 36 meses más tarde. A todas las ha sobrevivido Daka.
La ficha de Daka de Venezuela C.A del Registro Nacional de Contratistas (RNC) revela que los directivos que constituyeron la empresa el 26 de enero de 2004 en el registro mercantil tercero del estado Carabobo son: Dagga Mujamad Nasar Ramadan, Daggak Mujamad Nacer, Dagga Mujamad Manzur y Daggak Mujamad Fauci Mahmoud. Tiempo después de fundada, Daka de Venezuela pasó a ser Cyberlux de Venezuela C.A, hoy en manos de Yaser Arafat Dagga. De esto se percató el Gobierno en 2013.
“Nosotros venimos haciendo un seguimiento de los dólares que se entregan, los Certificados de No Producción (CNP) que se aprueban y lo que entra por la aduana. A nosotros nos coincide en los registros oficiales con que contamos, nos coindicen los nombres de esta empresa con los dueños de la empresa Daka, nos coincide el nombre, aquí los empleados refieren que no, que hay una disolución desde el punto de vista de empresa, que no hay una relación comercial, bueno los CNP que han sido introducidos hasta el año pasado y lo que corresponde a algunos registros coinciden esos nombres”, aseguró en una inspección a Cyberlux, en pleno Dakazo, Ricardo Menéndez, entonces ministro de Industrias y actual Vicepresidente de Planificación.
Hay todavía más caras y personas jurídicas detrás del negocio de Daka. “Grupo Daka se inició en la avenida Bolívar de Punto Fijo, en el año 1999 con la denominación comercial de Mundo Daka, C.A, y después en el 2006 se apertura con el nombre social DKZL, C.A, mudándose a una tienda más amplia en exhibición ubicada en la zona libre de Inversión Turística y Comercial de Paraguaná”, dice la sentencia 226 de la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de fecha 16 de junio de 2016 y firmada por el magistrado Maikel Moreno, en la que exhorta al Ministerio Público a presentar a la “brevedad posible el acto conclusivo” de la investigación y a “acumular” en un juzgado de Caracas las causas abiertas en tribunales de Carabobo y Falcón contra los dueños de Daka.
Ese documento y los expedientes judiciales sólo señalan como responsables de “usura agravada continuada” y “asociación para delinquir” a Mahmoud Daggak Falles Ramadan Daggak Mujamad y su cónyuge Hasan Abdilhadi Amal, accionistas de compañías como Mundo Daka C.A, DKZL C.A, persona jurídica para la sucursal de la Zona Libre de Paraguaná, o DK Valencia, figura jurídica de la tienda de Valencia, o DK Caracas C.A para el local de Bello Monte, en la capital venezolana.
Fue contra esas empresas que el Ministerio de Comercio dictó la medida de “ocupación temporal” el 25 de noviembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial 40.301. “Se ordena al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios dictar medida preventiva de ocupación y operatividad temporal a las empresas que se nombran a continuación: DKZL, DK Lara, DK Caracas, DK Boleita y DKVAL”. El coronel Hermes Josues Carreño Escobar, hermano del militar y actual diputado del Psuv, Pedro Carreño Escobar, en su condición de director del Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fue comisionado para administrar Daka “mientras dure la medida de ocupación y operatividad temporal”.
El baile de identidades y empresas confundió a las propias autoridades hace tres años. Eduardo Samán, ex presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes (Indepabis), declaró que “las tiendas Daka no reciben dólares de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y compran sus productos a distribuidores locales”, según reseñó el diario oficialista Correo del Orinoco el 8 de noviembre de 2013. En cambio, el mayor general y a la sazón ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, desanudó la madeja de Daka.
“Ellos crean una cantidad de empresas con otros nombres y son las que piden las divisas ante Cadivi, importan los artefactos y luego se las vende a Daka (…) No son realmente una empresa, sino es un nombre, un maletín que importa, Daka le compra a ellos bajo otro nombre a precios exorbitantes y con eso justifican el precio de los electrodomésticos”, denunció Rodríguez Torres el 10 de noviembre de 2013, de acuerdo a los medios de comunicación.
Aclarado el laberinto empresarial detrás del sello Daka, se confirma que el grupo recibió una cantidad de dólares preferenciales superior a lo que se dijo y creyó cuando la furia del Gobierno cayó sobre las tiendas. El listado correspondiente a la liquidación de dólares entre 2004 y 2012 de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) comprueba que los dólares baratos fueron combustible para las actividades de Daka.
Sólo Daka de Venezuela, que después pasó a ser Cyberlux de Venezuela y heredó su Registro de Información Fiscal (RIF), recibió pagos equivalentes a 407,8 millones de dólares. “Vemos que en los últimos años esta empresa ha venido creciendo, se ha venido dinamizando en función de su aparato productivo y eso tiene que implicar una función de responsabilidad, cada vez que alguien tiene el acceso a una divisa del pueblo, a una parte del patrimonio de todos los venezolanos, que es la divisa que se genera a partir de la renta petrolera, implica una responsabilidad”, se quejó en noviembre de 2013 el ministro de Industrias, Ricardo Menéndez. Pero ahí no terminó el reparto.
DKZL C.A percibió otros 162,5 millones de dólares, mientras que Mundo Daka C.A adquirió 76,3 millones de dólares en el lapso de 2004 a 2012. En conjunto, las tres compañías suman casi 647 millones de dólares, un monto 2,5 veces superior a los 274 millones de dólares que recibió Alimentos Polar, el mayor fabricante de alimentos del país, o apenas por debajo de los 693 millones liquidados en ese periodo para Cervecería Polar, la división de cerveza y malta del grupo presidido por Lorenzo Mendoza.
Los millones para Daka vía Cadivi también superan ampliamente lo que ese organismo autorizó a empresas tradicionales del sector de electrodomésticos, como Sony de Venezuela, que recibió 139,2 millones de dólares, Panasonic de Venezuela con 81,1 millones de dólares, JVG con 182,8 millones de dólares, o Pablo Electrónica -una popular tienda de la parroquia La Candelaria, en el centro de Caracas- con 37 millones de dólares. Aunque se intentó contactar a los responsables del grupo, ninguna de sus marcas quiso referirse al tema.
La extinción de Cadivi y el nacimiento del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) fue una de las consecuencias directas del Dakazo. El Gobierno, argumentó en su momento, quería adecentar el reparto de los dólares y superar el “cadivismo”, como dio en llamar desde entonces el presidente Maduro a los ardides con los que empresarios y funcionarios se confabularon para sacar provecho del acceso a divisas baratas. Casi como una ironía, ese correctivo no pareció afectar a la postre ni a las empresas conectadas a las operaciones de Daka ni a las demás del grupo de los Dagga, en lo que a acceso a dólares preferenciales se refiere.
Mundo Daka C.A y DKZL C.A, dos de las compañías relacionadas con la investigación del Ministerio Público a raíz del Dakazo, volvieron a ser adjudicadas con divisas preferenciales en julio de 2014 –sólo siete meses después de ser señalados- en la subasta 18 del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), uno de los primeros mecanismos creados por la administración de Maduro para intentar contener el dólar paralelo. En esa oportunidad Mundo Daka salió favorecida con 18,6 millones de dólares, mientras que DKZL recibió 4,6 millones de dólares. Quizás la inyección de dólares llegó antes en la subasta dos o la nueve del Sicad, a la que fueron convocadas empresas de electrodomésticos, pero el Cencoex nunca divulgó los resultados.
Otras empresas de los Dagga obtuvieron más dólares en esa subasta 18 del Sicad, adjudicada en julio de 2014. Consorcio Lux, compañía que funciona como una especie de paraguas de las tiendas CLX –los distribuidores exclusivos de la marca Samsung- percibió 5,1 millones de dólares. CLX Maracay, figura jurídica para la sucursal de la compañía en la capital de Aragua, también fue beneficiada en esa subasta, según consta en la documentación de la empresa en el Registro Mercantil. “Se encuentra en el proceso de liquidación por la adjudicación de la subasta de divisas preferenciales para el sector económico de electrodomésticos, distinguida con el número 18-2014, realizada en fecha 17/07/2014 por la Corporación Venezolana de Comercio Exterior”, refieren los documentos.
Cyberlux de Venezuela obtuvo en esa oportunidad 8,7 millones de dólares. La compañía también corrió con suerte en la subasta 26 del Sicad, adjudicada el 3 de noviembre de 2014. En esa ocasión la asignación para la compañía fue de 3,4 millones de dólares. Para esta época la empresa colaboraba con la entrega de electrodomésticos para el “Plan de Desarme” que adelantaba la entonces ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez. “Porque tiene que haber un engrane entre el Gobierno nacional y las empresas privadas”, expresó a los medios Yaser Arafat Dagga, según publicó la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN) el 4 de diciembre de 2014.
En 2015 la compañía recibió liquidaciones equivalentes a 24,5 millones de dólares, de acuerdo a un listado extraoficial del Cencoex al que se tuvo acceso para este reportaje, siendo la única firma del área de electrodomésticos favorecida ese año con divisas a la tasa de 6,30 bolívares por dólar. A mediados de ese año, el mismo Yaser Arafat Dagga estuvo acompañado por el entonces ministro de Industria y Comercio, José David Cabello -hermano del número dos del chavismo, el diputado Diosdado Cabello-, en un acto organizado por Cyberlux con el nombre de “I Encuentro Empresarial Hecho en Venezuela” en el Hotel Eurobuilding de Caracas. “Llegó el momento de entender que la Venezuela importadora debe acabarse, no debemos importar lo que podemos producir en nuestra tierra”, dijo Cabello en el encuentro que sirvió a Cyberlux para acordar una alianza con la empresa estatal Coveplast para el desarrollo y suministro de piezas.
El evento sorprendió a otros empresarios del sector de electrodomésticos que desde comienzos de 2015 trabajaban con el ministerio de Industrias en una propuesta para reactivar al sector y pensar en posibilidades de exportación. “Fue una movida magistral de Cyberlux, ya que a partir de ese evento pudieron obtener liquidaciones de divisas para comprar materia prima y ensamblar en el país, en un año donde prácticamente el resto de empresas no logró acceder a divisas”, opina un empresario, que prefiere reservar su identidad.
A finales de 2015 las tiendas Daka exhibían productos importados por DK Boleíta y DK Caracas, las dos figuras jurídicas para las tiendas de Caracas, comprados con dólares del Sistema Marginal de Divisas (Simadi), otro de los mecanismos creados por Maduro como mecanismo alternativo para la compra de divisas y la contención del dólar paralelo. Aún hoy se ve en las sucursales de Caracas y la recién inaugurada sucursal de Maracay mercancía que fue importada a la tasa Simadi por Mundo Daka C.A y DKZL, así como productos importados con la paridad del sistema de Divisas Complementario (Dicom), que reemplazó a Simadi, por la empresa Importadora Las 3G, en pequeñas etiquetas colocadas en las cajas de productos como televisores, licuadoras, aires acondicionados, impresoras o ventiladores, entre otros.
Sobre las asignaciones de divisas en esos esquemas las autoridades nunca han revelado ni los montos, ni el listado de empresas favorecidas, opacidad cuestionada por organizaciones empresariales del país.
“Este es un sector altamente dependiente de las divisas para importar, sin divisas no se puede traer productos y para abrir tiendas en este momento hay que tener inventarios”, afirma un directivo del sector a propósito de la inauguración de la sexta sucursal de Daka, así como de las seis tiendas de CLX y la de Bullpro Maracay C.A.
La posibilidad de obtener dólares a alguna de las tasas preferenciales concede, además, la ventaja de fijar mejores precios de venta con respecto a las compañías que sobreviven con divisas compradas en el mercado paralelo, que duplica el tipo de cambio del Dicom. “Esos comercios (Daka y CLX) tienen precios bastante por debajo de los que no reciben dólares Dicom. La única explicación para la diferencia de precios en el mercado es que unos reciben Dicom y otros no”, insiste la fuente.
Las cifras de la Asociación Nacional de Fabricantes y Distribuidores de Electrodomésticos (Anafade), a la que no pertenece Daka, ni las empresas de los Dagga, indican que la deuda por importaciones no liquidadas ronda los 270 millones de dólares y que el desabastecimiento por la imposibilidad de importar oscila el 70%.
Tras el Dakazo, la sucursal de Daka en Maracay es la primera tienda que se abre bajo el sello y confirma una especie de resurrección de la cadena. “Tiendas Daka continúa con su plan de expansión en el país, al abrir el sexto establecimiento en la ciudad de Maracay para ofrecer a propios y extraños los más modernos electrodomésticos y equipos electrónicos”, comunicó la compañía en una nota de prensa. Adelantó, además, que “para el primer trimestre de 2017 estarán abriendo la séptima tienda en Lecherías, estado Anzoátegui y para el segundo semestre abrirán en Maracaibo”. En las tiendas también se siente el resurgir. “No es lo mismo que hace unos años, pero siempre nos está llegando mercancía, esta semana empieza a llegar mercancía”, dijo un empleado en la sede de Daka en Boleíta, mientras preparaban los estantes de la amplia sala de exhibición para los productos por llegar.
No obstante, aún se percibe cierto recelo y desconfianza. “No le puede tomar fotos a los productos, no damos presupuesto”, advierten los encargados de la sucursal de Daka en Bello Monte, Caracas. En una de las columnas le reiteran la advertencia a los clientes desprevenidos: “Por políticas de seguridad, evite el uso del teléfono dentro de nuestras tiendas”, se lee en un cartel.
CLX no se queda atrás. Entre 2013 y lo que va de año han abierto seis tiendas en todo el país para distribuir los productos marca Samsung. “Venezuela nos necesita, mis padres llegaron a este país producto de muchos conflictos bélicos, yo nací en esta tierra, toda mi familia vive acá, entonces es momento de invertir, soy consciente que hay crisis, este país ha hecho a muchísimos empresarios exitosos y ante esta situación no podemos irnos (…) Este es el momento de invertir y aprovecho la oportunidad para invitar a los que creen en Venezuela, que inviertan, no existe otro país en el mundo mejor que este”, declaró en agosto pasado Nasar Dagga, presidente de CLX, en la inauguración de la tienda del Centro Comercial Sambil de Valencia, capital del estado de Carabobo, a 200 kilómetros al oeste de Caracas. Tanto CLX como Cyberlux mantienen pautas publicitarias en canales comerciales de televisión.
Pocas semanas después, Dagga aparecía en el Centro Comercial Sambil de Caracas para abrir la sexta tienda del grupo y confirmar su poderío, en un mall en el que los rastros que dejó el tsunami del Dakazo todavía se dejan ver. Tiendas emblemáticas como la de Sony y la de JVG cerraron sus puertas en esa superficie y los comercios de electrodomésticos que aún sobreviven apenas exhiben productos. CLX, en cambio, ya alcanza una participación en el mercado local en la distribución de la marca Samsung de 60% y un 17% en la cuota de “electrodomésticos y artículos electrónicos en general”, de acuerdo a información de la compañía. De la posible instalación de una planta “mixta” entre el Gobierno y Samsung, prometida por el Ejecutivo nacional en 2014, aún no hay ni rastro.
Cyberlux tampoco parece detenerse con la crisis y a tres años del Dakazo sigue creciendo. Sus datos indican que tiene capacidad para ensamblar 3,6 millones de equipos anualmente entre las marcas Cyberlux y Frigilux. Recientemente la compañía firmó un contrato para tener la licencia de la marca Hyundai. “El gigante surcoreano Hyundai, junto a Cyberlux de Venezuela -la ensambladora de electrodomésticos más grande del país- establecieron alianzas comerciales con el objetivo de iniciar el ensamblaje de productos de línea blanca y marrón en Venezuela”, se lee en la web de la empresa y se detalla que el Vicepresidente del Área Económica, Carlos Faría, estuvo presente en la firma del acuerdo.
En el sector, en cambio, se hacen muchas preguntas sobre la potencia de un grupo que no parece tener límites a tres años de un cataclismo bautizado por la opinión pública, precisamente, como el Dakazo.
Corporaciones gigantes de Europa o emprendimientos casi desconocidos de Panamá conforman una red de 'traders' que participan en el negocio de dar de comer a Venezuela sin exponer ni sus reputaciones ni sus operaciones. Firman contratos con el Estado venezolano para riesgosas transacciones en las que podrían tener un barco fondeado durante mucho tiempo, algo que ha ahuyentado a los jugadores tradicionales e incrementado el valor de la materia prima que importa el Estado. México es el canal que con frecuencia escogen para tercerizar sus envíos.
Cuando el doctor Raúl Gorrín se presentó como el nuevo dueño de Globovisión, dejó muy en claro su estrecha relación con el extesorero de Venezuela. Esa cercanía, expresada delante de su plantilla de periodistas con la expresión que titula esta nota, ahora ha quedado explicada en una acusación penal que lleva una corte del sur del estado de Florida. Gorrín actuó como testaferro de Alejandro Andrade y logró blanquear el dinero que obtuvo adquiriendo bienes raíces. Hasta mediados de noviembre podía presumir que era vecino de uno de sus más reconocidos periodistas
Cinco años han pasado desde la detención de Francisco Navas Lugo, teniente coronel del ejército y ex gerente de importaciones de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Como una pieza de teatro del absurdo, el proceso judicial contra el único ex alto cargo de ese organismo recuerda lo ocurrido en Venezuela con grandes casos de corrupción en el pasado. Más de treinta audiencias fallidas han impedido saber cómo y quiénes desviaron cientos de millones de dólares mediante “empresas de maletín” a pesar de las promesas de investigación ofrecidas por Nicolás Maduro, a quien viejos funcionarios del chavismo acusan de esconder la información sobre uno de los mayores desfalcos registrados en la historia del país.
Durante los años 2012 y 2015, la empresa de camiones Kamaz lideró los registros de envíos desde Rusia a Venezuela. Chasis, motores y diversos repuestos ingresaban continuamente al país a través del intermediario local J.C International 2004, C.A, empresa en la que sus más recientes socios se dedican también al negocio de la distribución de carnes. Durante años, el gobierno venezolano y Kamaz han prometido la construcción de una ensambladora en el país pero esta sólo ha quedado en planes, así como también la idea de llenar las carreteras de Venezuela con vehículos de esta marca.
Las manos de 36 oficiales del Ejército pusieron el rancho morado en el despacho encargado de importar, producir y distribuir los alimentos que se volvieron escasos en Venezuela. Por esas manos pasaron cerca de cien mil millones de dólares durante los tres años del Gobierno de Nicolás Maduro. Sus cargos se asignaron como parte de un continuo enroque entre tres promociones castrenses.
Un nuevo Gobierno se apresta a tomar el poder en Perú, mientras el saliente cae en la mira de la justicia. La primera dama, Nadine Heredia, ya tiene prohibición de salida del país y su esposo, Ollanta Humala, puede que sea encausado. Se les investiga por la recepción de fondos irregulares procedentes de Venezuela en 2005-06. Un vistazo al documento que presentó hace dos semanas para formalizar el caso, muestra qué tiene la Fiscalía para afirmar que el chavismo financió la primera campaña electoral de Humala.
Nicolás Maduro se ha comprometido con China a atender la demanda de ese mercado por las también llamadas ‘holoturias’, criaturas de aspecto repelente que en la cocina de Asia Oriental pasan por un manjar. Esa oferta no tiene en cuenta los fracasos anteriores de iniciativas para criar la especie en Margarita, lo que abre paso a su pesca indiscriminada. A costa del hábitat natural, la nueva fiebre ofrece una fuente de ingresos a los pescadores, así como un negocio en el que ya entraron amigos del régimen.
El régimen de Caracas trató de instaurar una versión según la cual la tardanza en dar a conocer los resultados de las elecciones del 28J, y su posterior anuncio sin actas públicas, se debieron a un ataque cibernético desde esa nación del sureste de Europa. La narrativa, que resultó un infundio, sin embargo tenía un inesperado correlato con la realidad: la quiebra de un banco en Skopje reveló la existencia de un anillo de empresas y sus dueños venezolanos, algunos muy cercanos a Pdvsa, por cuyas cuentas habrían pasado hasta 110 millones de euros
El programa social del gobierno bolivariano que ofreció “carros baratos para el pueblo” es, en realidad, un negocio privado apuntalado por el Estado venezolano, que vende vehículos traídos de Irán hasta por 16.000 dólares. Aiko Motors, una novel empresa tan desconocida como su dueña, es la intermediaria de un acuerdo entre los gobiernos de Caracas y Teherán y que, según estimaciones, ha movido más de 42 millones de dólares en dos años
Desde una residencia hoy abandonada en Guacara a las páginas que la prensa de España dedica a la cobertura del mayor escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez: tal ha sido el periplo de Bancasa S.A. y de su propietario, David Pita Bracho. Ambos aparecen mencionados como partícipes de una operación irregular de compra de lingotes por más de 68 millones dólares al Estado venezolano acordada, tras bastidores, entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el empresario español Víctor de Aldama, ahora preso. Desde Suiza, Pita ofrece su versión sobre el caso, del que se desvincula.
Es conocida ya la entronización de la empresa Railteco en las labores de mantenimiento de teleféricos y trenes en Venezuela, así como su espasmódica eficiencia. Pero poco o nada se sabe que detrás de su fulgurante ascenso está una maquinaria conformada por tres funcionarios del Ejército: Víctor Cruz, presidente de Ventel, Graciliano Ruiz, presidente del Metro de Caracas, y Pablo Peña Chaparro, gerente general de la novel compañía que firma y cobra más de lo que ejecuta
Hoy exhiben tímidos perfiles empresariales, pero en la investigación de la Fiscalía de Portugal sobre la caída del Banco Espírito Santo se detallan los movimientos de un antiguo lugarteniente de Hugo Chávez, el exministro Alcides Rondón Rivero y su abogado y asesor, Carlos Caripe Ruiz, quienes formaron parte de la red de funcionarios que apoyó el flujo de dinero venezolano al banco en apuros y, según el documento judicial, recibieron poco más de 800.000 dólares por los favores recibidos.