Un nuevo Gobierno se apresta a tomar el poder en Perú, mientras el saliente cae en la mira de la justicia. La primera dama, Nadine Heredia, ya tiene prohibición de salida del país y su esposo, Ollanta Humala, puede que sea encausado. Se les investiga por la recepción de fondos irregulares procedentes de Venezuela en 2005-06. Un vistazo al documento que presentó hace dos semanas para formalizar el caso, muestra qué tiene la Fiscalía para afirmar que el chavismo financió la primera campaña electoral de Humala.
Dentro de un mes Pedro Pablo Kuczynski deberá rendir juramento como nuevo presidente de Perú. La ocasión también marcará, desde luego, el fin del Gobierno de Ollanta Humala, el ex oficial del Ejército cuyo historial familiar y político llevó a pensar en algún momento que instalaría un régimen progresista al estilo de las revoluciones “bolivarianas” en boga durante la primera década del siglo XXI en América del Sur.
En definitiva, Humala, atemperado por influencias externas y una aleccionadora derrota electoral en la campaña presidencial de 2006, terminó por conducir desde 2011 una administración si acaso reformista, aunque sin duda pragmática y desideologizada. El ajuste, sin embargo, no parece haberle alcanzado para asegurarse un pase a retiro en paz. Todo indica que al perder el fuero presidencial le aguarda una investigación judicial que ya afecta a su primera dama, Nadine Heredia, y buena parte de su entorno, incluyendo a su suegra y su cuñado.
El caso está en manos de Germán Suárez, Fiscal Especializado en Delitos de Lavado de Dinero, y por ahora, además de Heredia, señala a 20 personas naturales y tres jurídicas como perpetradores. La indagación consiguió su principal golpe de efecto hace dos semanas, cuando solicitó de un juez y obtuvo la prohibición de salida del país para la primera dama y sus presuntos cómplices.
El principal delito que se investiga, de lavado de dinero, tiene que ver con la recepción de fondos no declarados para financiar las actividades del Partido Nacionalista Peruano de Humala, y su propia candidatura en las campañas de 2006 y 2011. ¿Cuáles eran las fuentes de esos aportes? Según la Fiscalía, la empresa brasileña Odebrecht, en determinados pasajes; y, en especial, diversos financistas venezolanos que en realidad sirvieron de canales para el apoyo económico que Hugo Chávez había prometido a su prometedor émulo peruano.
Todo parece indicar que Chávez en su momento tuvo en Humala una de sus múltiples apuestas para crear cabezas de playa revolucionarias en varias democracias latinoamericanas. A esas apuestas el presidente venezolano, para entonces con las alforjas rebosantes de petrodólares, no sólo destinaba simpatías y aliento político: también les daba dinero.
Ollanta Humala se mostró a la luz pública en octubre de 2000, junto a su hermano Antauro. Oficiales del Ejército ambos, encabezaron el alzamiento de un cuerpo de artillería en el sur del Perú.
La rebelión enfrentó al régimen de Alberto Fujimori en sus postrimerías, así que las administraciones que siguieron a la dictablanda colapsada ese mismo año no tuvieron problemas en amnistiar a los sediciosos. La rebelión de los Humala permitió identificar en el seno del Ejército peruano una logia militar progresista e indigenista, algo que tal vez no debía sorprender a nadie dados los antecedentes que estableció el régimen del general Juan Velasco Alvarado, un Gobierno estatista y de retórica izquierdista que mandó en Perú entre 1968 y 1975. Lo novedoso fue encontrar que los militares insurgentes contaban con un corpus ideológico, el etnocacerismo, y que éste se derivaba de una organización dinástica en cuya cima se encuentra Isaac Humala, padre de Ollanta y Antauro, legendario ex militante del Partido Comunista. Humala padre se ha dedicado a cultivar una suerte de irredentismo telúrico que aún a la nostalgia por el perdido Imperio Inca y el orgullo por la disciplina castrense.
En vista de que los hermanos Humala contaban con proyecto político, el perdón del que gozaron tuvo algunos reparos. Antauro se retiró del Ejército y Ollanta fue destinado a cubrir vacantes de agregadurías militares en embajadas peruanas, lejos del país y, sobre todo, de unidades armadas. Antauro, el más activista de los dos, se dedicó a fustigar al frágil Gobierno del presidente Alejandro Toledo desde tribunas públicas y conspiraciones secretas. Una de estas últimas desembocó en el llamado Andahuaylazo, la toma cruenta en enero de 2005 de una estación de policía en una población de la Sierra Sur, que tuvo un saldo de cuatro agentes muertos. En esa jornada Antaro Humala comandó una columna de 150 reservistas que protestaban por el reciente pase a retiro de Ollanta Humala. La acción, por la que Antaro todavía paga una pena de 25 años de prisión, sirvió de preámbulo para el regreso de Ollanta Humala a Perú y el lanzamiento de su candidatura presidencial para la campaña de 2006, que a la postre e in extremis perdería en el ballotage frente al candidato Alan García.
La respuesta del caudillo venezolano habría sido una exhortación a “que trabajen fuerte, que él los iba a apoyar”.
Rebelión militar, redención popular: la historia de Ollanta Humala debió sonarle muy parecida a su propia gesta a Hugo Chávez. En el escrito donde la Fiscalía formaliza el caso, firmado en Lima el pasado 6 de junio, un testigo, William James Chávez Alcántara, quien sería tesorero en Venezuela del Partido Nacionalista Peruano de Humala, admite en su declaración que tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia le pidieron gestionar un encuentro con Hugo Chávez en su primera visita. Otro testimoniante, identificado en el legajo solo como el Colaborador 03-2015, asegura que cuando esa primera reunión se produjo, los Humala le pidieron apoyo económico. La respuesta del caudillo venezolano habría sido una exhortación a “que trabajen fuerte, que él los iba a apoyar”.
A partir de entonces y de cara a la constitución del Partido Nacionalista Peruano, en primer lugar, y la candidatura presidencial de Ollanta Humala –que se inscribió finalmente a nombre de Unidos por el Perú–, se diseñan unos cauces para el apoyo financiero venezolano. La causa identifica al menos tres: pagos a través de razones jurídicas asociadas al empresario Julio Makarem; pagos a través de razones jurídicas vinculadas al empresario Julio Augusto López; y remesas directas en efectivo.
Julio Makarem Urdaneta es un empresario del estado de Zulia (noroccidente de Venezuela). Cercano a medios de comunicación y la actividad petrolera, se ha visto beneficiado con ingentes contratos que el Estado chavista le otorgó.
La pesquisa del ministerio público documenta con precisión una serie de transferencias ordenadas desde Nueva York por una empresa de Makarem, Inversiones Kaysamak C.A., a una cuenta denominada en dólares de la madre de Nadine Heredia, Antonia Alarcón Cubas, en el Banco de Crédito del Perú (BCP). Los pagos se realizaron entre julio y diciembre de 2005 hasta totalizar casi 70.000 dólares.
Como el fiscal Suárez hace notar, Kaysamak realizó esos pagos en divisas al mismo tiempo que la empresa daba muestras de insolvencia en Venezuela. En 2005, Kaysamak, que entonces tenía un capital de 500.000 bolívares, fue objeto de una demanda por incumplimiento de parte del estatal Banco Industrial de Venezuela (BIV). El tribunal mercantil de la causa en Caracas dio la razón al demandante, por lo que Kaysamak quedó en la obligación de pagar 250 millones de bolívares por reembolso de capital y otros 75 millones por concepto de intereses y mora al BIV. Que una empresa tan atribulada fuera a la vez tan espléndida como para enviar esas remesas a la madre de Nadine Heredia es un contraste que permite al fiscal deducir que no eran ni Kaysamak ni Makarem quienes hacían los aportes, sino un tercero que los usaba como medio.
“Kaysamak quería apoyar al movimiento nacionalista cuando aún no era un partido y no tenía cuenta bancaria (…)"
En su primera declaración ante los fiscales, en septiembre de 2015, la Primera Dama peruana negó saber de esos depósitos. Pero dos meses después no le quedó más que desdecirse y admitió: “Kaysamak quería apoyar al movimiento nacionalista cuando aún no era un partido y no tenía cuenta bancaria (…) decidimos dar las cuentas de dos personas de confianza, que eran mi mamá y la señorita Rocío”, en referencia a su amiga, Rocío Calderón, titular de otra cuenta en dólares en la que se recibieron los dineros de la empresa de Julio Makarem.
El propio presidente Humala declaró al respecto. El documento de la Fiscalía lo cita aceptando desde el comienzo que hubo contribuciones de Makarem, a quien, según el testimonio presidencial, Humala persuadió para que diera aportes. Sin embargo, apunta el fiscal Suárez, el mandatario peruano no consiguió explicar con suficiencia por qué a un empresario venezolano podía interesarle en 2005 poner dinero en un oscuro movimiento político peruano, para entonces apenas en ciernes.
La Fiscalía no descarta que, aparte de este canal que fue detectado, otras rutas hayan seguido los fondos venezolanos destinados a respaldar el proyecto etnocaceriano-humalista. De hecho, documenta una transferencia por casi 8.000 dólares ordenada desde un banco en Curazao por la empresa Venezolana de Valores en favor de Nadine Heredia en marzo de 2007, aunque la mencionada empresa permanecía inactiva desde 2001.
Es entonces cuando entra a jugar otro burladero que Venezuela habría implementado para camuflar sus remesas. Se trata del empresario Julio Augusto López, un inversionista venezolano de origen peruano que en cierto momento llegó a controlar en simultáneo tres medios en Caracas: El Diario de Caracas, la gloriosa cabecera que fundó el escritor argentino Tomás Eloy Martínez en 1989 y que ya para entonces agonizaba en manos de financista boliburgueses; el Canal de Noticias en señal UHF; y The Daily Journal, último estertor del alguna vez importante diario en idioma inglés.
Precisamente, durante la campaña electoral de 2006, López fundó en Lima una versión del Daily Journal. Era un emprendimiento contrario a toda lógica: circulaba como un newsletter de apenas 1.000 ejemplares, con información básicamente venezolana e impreso en papel glasé. Sus contenidos locales, en cambio, solían elogiar la candidatura de Ollanta Humala.
La Fiscalía sospecha que Nadine Heredia simuló contratos de prestación de servicios de asesoría para las empresas de López The Daily Journal C.A. y Operadora Canal de Noticias, con los que buscó justificar ingresos de 4.000 dólares mensuales provenientes de esas empresas.
El documento de la Fiscalía presume que desde Caracas se hicieron envíos de dinero en efectivo usando vías como la valija diplomática
Por último, el documento de la Fiscalía presume que desde Caracas se hicieron envíos de dinero en efectivo usando vías como la valija diplomática. El atestado incluye declaraciones del ex presidente Alejandro Toledo y del próximo presidente, Pedro Pablo Kuczynski (entonces Primer Ministro), en las que aseguran haber recibido informes de los cuerpos de inteligencia peruanos sobre esos alijos de dinero que, sin embargo, no buscaron intervenir por el riesgo que comportaba violentar la valija diplomática de una potencia extranjera.
En los informes –tres o cuatro, según recuerda Kuczynski– se señala a una agregada de la Embajada de Venezuela en Lima, Virly Torres, quien con su esposo varias veces entraron a Perú cargando pesadas valijas que despertaron las sospechas de los funcionarios de Aduana. Testigos declararon a la Fiscalía que esa funcionaria, Torres, se reunió en diversas oportunidades con Julio Augusto López, Ollanta Humala y Nadine Heredia en el Hotel Los Delfines del distrito de San Isidro en la capital peruana, y en la casa del, a la postre, congresista nacionalista Álvaro Gutiérrez.
El testigo anómino 03-2015, que dio fe de las primeras reuniones entre la pareja Humala-Heredia y Chávez en Caracas, asegura por su parte que entonces el futuro presidente de Perú también conoció a Nicolás Maduro, presidente para la fecha de la Asamblea Nacional venezolana, pero que estaba a punto de pasar a ocupar la Cancillería, cargo que desempeñaría por seis años. De acuerdo a ese mismo testigo, cuando se iniciaron los despachos de dinero a Lima, los fondos provenían de la estatal petrolera Pdvsa, que “tenía negociados con Julio Makarem a través de la empresa Kaysamak, él era el encargado de reunir el dinero para entregárselo a Nicolás Maduro, y este disponía que a través de Cancillería se hiciese llegar a Perú”. Según el declarante, en la Embajada de Venezuela en Lima, Virly Torres y un tal Juan Carlos González, al que identifica como agregado comercial de la legación, se ocupaban de transferir los billetes a cajas, con las que se hacía la entrega.
Ahora que Kuczynski regresa al poder, sabrá que tiene como su par en Caracas al hombre que coordinaba la operación concreta de enviar dinero al humalismo, Nicolás Maduro, el sucesor de Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela.
Continúa el mismo testigo aseverando que la campaña de 2006 fue concebida por un grupo de asesores españoles, entre quienes nombra a Rubén Martínez Dalmau, Ramón Pérez Almodóvar, Manolo Monereo y José Manuel De Pablos.
De estas evidencias se vale la Fiscalía peruana para concluir que se debe extender la investigación sobre los aportes venezolanos a la primera campaña presidencial de Ollanta Humala.
Nacida en México pero con clientes en la izquierda de toda Hispanoamérica, la agencia de marketing político confronta problemas desde hace meses en España, señalada por medios y fiscales de recibir pagos irregulares del partido Podemos. Las pesquisas iniciadas a raíz del escándalo develaron una trayectoria de internacionalismo publicitario a cambio de buenos honorarios, que entre 2017 y 2019 los llevó a trabajar para Nicolás Maduro. Déjenos la persuasión y ocúpese de la coerción, pareció su lema: mientras el mandatario venezolano desplegó sus recursos represivos y de manipulación electoral para retomar el control del país, con exposiciones, 'hashtags' y piezas audiovisuales los consultores se esforzaron en aplicar una pátina de 'revolución bonita' a la mano dura.
Militante de la causa palestina, nacido en Colombia y nacionalizado panameño, Gassan Salama cuelga con frecuencia mensajes de apoyo a las revoluciones cubana y bolivariana en sus redes sociales. Pero esa inclinación no es el principal indicio para dudar de su imparcialidad como observador de las elecciones en Venezuela, función que ejerció en los cuestionados comicios en los que Nicolás Maduro se ratificó como presidente. De hecho Salama, un empresario y político que ha llevado a cabo controvertidas búsquedas de pecios submarinos en aguas del Caribe, encontró su verdadero tesoro en el principal programa de asistencia y control social del chavismo, los Clap, por el que recibe millonarios pagos en euros.
Dos empresarios de Perú, Yosef Maiman y Sabih Saylan, participaron como intermediarios en los pagos irregulares de Odebrecht, a través de estructuras offshore, al expresidente de ese país. Los mismos figuran en una trama de ´shell companies’ construida por Mossack Fonseca para participar como accionistas de la operadora privada de TV por cable y telefonía en Venezuela, Inter, y de la que el propio bufete panameño llegó a sospechar que era usada para lavar dinero. Mientras, otra firma del grupo contrataba obras con el Estado chavista.
Las confesiones hasta ahora secretas de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú; y Luiz Mameri, ex “líder empresarial” de la constructora para América Latina y Angola, sobre cómo se sobornó para lograr el contrato de las obras del Metro de Lima, durante el segundo gobierno aprista.
Este domingo 30 de julio se realizarán en Venezuela las elecciones para escoger a 537 diputados -solo faltarían ocho representantes aborígenes- que participarán en la Asamblea Nacional Constituyente que el Gobierno de Nicolás Maduro se empeña en llevar a cabo. El propio presidente las califica como “las más democráticas del mundo”. Sin embargo, la siguiente mirada a una muestra de los sectores votantes permite detectar entre líneas las anomalías de un proceso para nada regular, abierto o competitivo. Por el contrario, su diseño y ejecución han sido concebidos para pasar por alto la impopularidad del Gobierno y arrimar cada votante a la cuenta del oficialismo.
La mayor potencia petrolera del hemisferio se desentiende de sus seropositivos y los deja morir. Desde 2012 escasean los medicamentos y la pandemia se propaga sin freno en Venezuela. Así que ahora se cuentan por decenas los pacientes que, para salvar sus vidas, emprendieron una epopeya de 4.000 kilómetros por carretera para alcanzar la tierra prometida donde encontrarían tanto empleo como salud.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
Un abogado venezolano, Carlos Santiago DaSilva, se acercó a la industria transformadora del metal en Guayana como asesor de una empresa china, Chalieco, contratada por la República para devolver la prosperidad a las empresas estatales Alcasa y Venalum. Quien prosperó fue el asesor que, decidido a ser juez y parte, compró y creó empresas en el mismo sector que se suponía ayudaba a revitalizar, regado con abundante dinero de Beijing. Ninguno de esos proyectos cuajó, pero Santiago ahora reaparece promoviendo un megaproyecto industrial en Colombia.
