LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
Venezuela pretendía usar la declaración final de la Cumbre América del Sur-África, celebrada en la isla de Margarita el 26 y 27 de septiembre de 2009, como una plataforma crítica contra Estados Unidos, de acuerdo con los cables despachados desde Caracas por la representación diplomática de ese país.
El caos de la organización y los desacuerdos con el borrador de la declaración final caracterizaron la reunión preparatoria, que se celebró entre el 20 y el 23 de julio de ese año en Venezuela. Después de tres días de discusión, los representantes de 16 naciones africanas y 12 de Sudamérica apenas habían revisado 30 de los 83 artículos propuestos.
Los países de la región no estaban de acuerdo con la orientación del documento. Aquellas naciones cuyos jefes de Estado están conscientes de la vital contribución del sector privado al crecimiento económico –Chile, Colombia, Perú y Brasil- estaban ganadas a la idea de que el espíritu del documento recogiera ese punto de vista. En el otro bando, Venezuela, Bolivia y Ecuador, pedían que se subrayara la necesidad de incluir las soluciones lideradas por el Estado, y que se elogiara el modelo económico de la “Revolución Bolivariana”.
Varios diplomáticos que conversaron con el embajador Patrick Duddy expresaron sus reservas. En el borrador final no se incluyeron las contribuciones de dos de los ocho grupos de trabajo. “Parecía como si Venezuela hubiera escrito el documento propuesto de forma unilateral”, dijo un diplomático, evidentemente sorprendido con el proceder de Caracas. El representante de Sudáfrica pidió que las referencias a “las estructuras económicas internas” se suprimieran de la propuesta, y que la conferencia no fuese utilizada como una plataforma para criticar a terceros países.
Las autoridades venezolanas se negaron a permitir cambios en el texto. La reunión terminó con un proyecto de 93 artículos. Cuando se le preguntó a Caracas por la fecha de la nueva reunión para pulir el documento, los representantes del gobierno dijeron que no haría falta. Que ya todo estaba listo para su aprobación por “el nivel superior”.
La fecha original de la cumbre, 20 de septiembre de 2009, coincidía con el fin del Ramadán. Por esa razón los países árabe-africanos se excusarían de asistir a Margarita. Ninguna de las peticiones para cambiar la fecha había sido atendida por los organizadores hasta que se produjo una conversación entre el presidente Hugo Chávez y el líder libio Muammar Al-Gadafi. La cita se pospuso por una semana, según comunicó la embajada de un país africano a la representación diplomática estadounidense acreditada en Venezuela.
Esa decisión, no obstante, tampoco convencía a varios países. Un cable fechado el 13 de agosto de 2009 aseguraba que debido a desacuerdos con la primera versión de la declaración final, algunos presidentes no aterrizarían en Margarita. La embajada estadounidense afirmó que Sudáfrica enviaría al personal acreditado en Caracas, y que la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, también se excusaría.
Hubo otras posturas más fuertes. Los líderes de dos únicas misiones africanas con sede en la capital venezolana, Sudáfrica y Nigeria, dijeron que no permitirían que la cumbre se convirtiera en un vehículo de propaganda antiestadounidense.
El trabajo periodístico de revisión de los cables de WikiLeaks sobre Venezuela fue hecho entre SEMANA y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Su publicación se hace de forma simultánea en Semana.com y en ArmandoInfo En documentos relacionados vea los cables que sirvieron de soporte para esta nota.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes
Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe
El asesinato en Caracas de dos jóvenes empresarios en mayo reciente trascendió las secciones de crónica policial y consiguió eco internacional porque una de las víctimas era familiar de una ‘celebrity’, Carolina Herrera, la diseñadora venezolana de mayor proyección global. Pero la trama del caso, también internacional, terminó por poner de relieve los violentos entretelones de la disputa por el control del furtivo negocio cambiario que opera entre Florida y Venezuela.
Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) hicieron importantes inversiones inmobiliarias y turísticas en el Caribe más VIP: un hotel en el casco amurallado de Cartagena y villas en Casa de Campo. Se trata del exviceministro Javier Alvarado, su pareja, Cecirée Casanova, y un tercer y misterioso socio, José Luis Zabala. Desde una empresa de este último en Luxemburgo se puede seguir el rastro del dinero.
Más que Amparito, es esta empresa petroquímica la moza de la que todos los venezolanos se prendan en Barranquilla: filial de la estatal Pequiven, quedó en manos del gobierno interino de Juan Guaidó cuando Colombia, como otras democracias occidentales, desconoció el régimen de Maduro en 2019. Pero la medida no sirvió para protegerla, sino para dejarla a merced de las maniobras de un ingeniero con conexiones políticas y de su grupo, quienes no dudaron en pasar de gestores y contratistas de la compañía a hacerle competencia.
A pocos meses de su tercer centenario, la principal universidad del país fue tomada por el gobierno, de noche y tras muchos años de asedio. La ocupación se presenta benévola, dirigida por egresados afectuosos, y con el propósito único de restaurar el esplendor de un campus que hace más de dos décadas fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero, aún si nadie conoce los alcances y criterios profesionales de la intervención, hay un contratista que ya sabe de sus beneficios: Racar Ingenieros, una empresa con relaciones de vieja data con Delcy y Jorge Rodríguez.
Una joven pareja de los llanos centrales venezolanos intenta desde 2020 llegar a Ecuador atravesando Colombia. Pero todas las rutas los conducen a la desgracia: ya han dejado dos hijas enterradas en el camino. El destino todavía les jugó otra mala pasada este año cuando al padre lo acusaron de participar en el bloqueo de una carretera y las autoridades lo expulsaron sin miramientos.
El 23 de noviembre de 2019 fue un día de cuchillos largos en el barrio de Patio Bonito. En medio de protestas en la capital colombiana, una razzia policial recogió indiscriminadamente a los migrantes que encontraba en la calle y los arrastró a centros de detención. Allí los agrupó con otros individuos hasta llegar a 59, los montaron en un avión hacia la frontera con Venezuela y, para completar la expulsión colectiva, debieron sortear la ira de las turbas xenofóbicas.
Miguel Ángel Calderón, un repartidor de domicilios venezolano, fue acusado de espiar en Bogotá al presidente colombiano, Iván Duque, solo por grabar un video en la vía pública que iba a compartir con su esposa por Whatsapp. La acusación se hizo pública por los medios. Trató de defenderse con la ayuda de abogados y ganó un amparo en tribunales pero, aún así, fue expulsado y no ha logrado regresar a Colombia para estar con su familia.
