LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
Venezuela pretendía usar la declaración final de la Cumbre América del Sur-África, celebrada en la isla de Margarita el 26 y 27 de septiembre de 2009, como una plataforma crítica contra Estados Unidos, de acuerdo con los cables despachados desde Caracas por la representación diplomática de ese país.
El caos de la organización y los desacuerdos con el borrador de la declaración final caracterizaron la reunión preparatoria, que se celebró entre el 20 y el 23 de julio de ese año en Venezuela. Después de tres días de discusión, los representantes de 16 naciones africanas y 12 de Sudamérica apenas habían revisado 30 de los 83 artículos propuestos.
Los países de la región no estaban de acuerdo con la orientación del documento. Aquellas naciones cuyos jefes de Estado están conscientes de la vital contribución del sector privado al crecimiento económico –Chile, Colombia, Perú y Brasil- estaban ganadas a la idea de que el espíritu del documento recogiera ese punto de vista. En el otro bando, Venezuela, Bolivia y Ecuador, pedían que se subrayara la necesidad de incluir las soluciones lideradas por el Estado, y que se elogiara el modelo económico de la “Revolución Bolivariana”.
Varios diplomáticos que conversaron con el embajador Patrick Duddy expresaron sus reservas. En el borrador final no se incluyeron las contribuciones de dos de los ocho grupos de trabajo. “Parecía como si Venezuela hubiera escrito el documento propuesto de forma unilateral”, dijo un diplomático, evidentemente sorprendido con el proceder de Caracas. El representante de Sudáfrica pidió que las referencias a “las estructuras económicas internas” se suprimieran de la propuesta, y que la conferencia no fuese utilizada como una plataforma para criticar a terceros países.
Las autoridades venezolanas se negaron a permitir cambios en el texto. La reunión terminó con un proyecto de 93 artículos. Cuando se le preguntó a Caracas por la fecha de la nueva reunión para pulir el documento, los representantes del gobierno dijeron que no haría falta. Que ya todo estaba listo para su aprobación por “el nivel superior”.
La fecha original de la cumbre, 20 de septiembre de 2009, coincidía con el fin del Ramadán. Por esa razón los países árabe-africanos se excusarían de asistir a Margarita. Ninguna de las peticiones para cambiar la fecha había sido atendida por los organizadores hasta que se produjo una conversación entre el presidente Hugo Chávez y el líder libio Muammar Al-Gadafi. La cita se pospuso por una semana, según comunicó la embajada de un país africano a la representación diplomática estadounidense acreditada en Venezuela.
Esa decisión, no obstante, tampoco convencía a varios países. Un cable fechado el 13 de agosto de 2009 aseguraba que debido a desacuerdos con la primera versión de la declaración final, algunos presidentes no aterrizarían en Margarita. La embajada estadounidense afirmó que Sudáfrica enviaría al personal acreditado en Caracas, y que la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, también se excusaría.
Hubo otras posturas más fuertes. Los líderes de dos únicas misiones africanas con sede en la capital venezolana, Sudáfrica y Nigeria, dijeron que no permitirían que la cumbre se convirtiera en un vehículo de propaganda antiestadounidense.
El trabajo periodístico de revisión de los cables de WikiLeaks sobre Venezuela fue hecho entre SEMANA y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Su publicación se hace de forma simultánea en Semana.com y en ArmandoInfo En documentos relacionados vea los cables que sirvieron de soporte para esta nota.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes
Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe
El asesinato en Caracas de dos jóvenes empresarios en mayo reciente trascendió las secciones de crónica policial y consiguió eco internacional porque una de las víctimas era familiar de una ‘celebrity’, Carolina Herrera, la diseñadora venezolana de mayor proyección global. Pero la trama del caso, también internacional, terminó por poner de relieve los violentos entretelones de la disputa por el control del furtivo negocio cambiario que opera entre Florida y Venezuela.
Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un hueco en las finanzas de la petrolera, a la que desde 2019 estas empresas adeudan más de 8.000 millones de dólares. Algunos de estos incumplimientos han llegado a los despachos de la justicia chavista y de ellos se intuye que será difícil que la petrolera estatal recupere el dinero.
Las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro pusieron en aprietos a todo tipo de instituciones venezolanas para recibir recursos y mantener su funcionamiento, entre ellas las de actividades deportivas. El Comité Olímpico Venezolano abrió una empresa en Florida para capear este temporal pero hasta el día de hoy siguen las contradicciones sobre su funcionamiento, su utilidad y su futuro. Todavía la vieja directiva del COV tiene el control de esta.
La voluntad férrea de la jueza Carmen Porras para garantizar que las decisiones del poder judicial en Táchira se alinearan con los deseos del gobierno le ganó un apodo entre sus colegas abogados y un puesto en el Tribunal Supremo en Caracas. Allí estuvo una década como magistrada, conjugando jurisprudencia con una lealtad política que antes había ofrecido a otros partidos, hasta que el chavismo la descartó. Cuando eso ocurrió, ya tenía un futuro construido como propietaria de múltiples inmuebles en el sur de Florida.
El de Jorge Amílcar González Vásquez es un nombre que se ha hecho familiar para las autoridades de tránsito en Florida después de una racha de infracciones. Así como los semáforos le tienen sin cuidado, este exoficial de la aviación militar chavista tampoco dio importancia a otras restricciones, a juzgar por los señalamientos por presuntas irregularidades que le apuntan tras su paso como director de la estatal Corpovex, entre otros organismos. Pero nada de esto le impide ahora vivir su “sueño americano”
Pasó sin pena ni gloria por tres cargos de media y alta relevancia dentro del cuestionado sistema de distribución de alimentos creado por la autodenominada Revolución Bolivariana, pero con una idea para reinventarse. La cercanía de Juan Carlos Salazar Labana con esa estructura de contrataciones públicas le sirvió de trampolín para una carrera empresarial entre las aguas del Estado Zulia y la cosmopolita costa de Miami Beach gracias a un exclusivo y raro producto, el cangrejo azul.
Más de 700 nombres de dueños de compañías de la llamada Ciudad del Sol coinciden con los de funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Un cruce de 128.082 oficiales y autoridades de Venezuela con el registro de empresas de Florida advierte que en los más de siete millones de venezolanos en el exterior hay ex funcionarios que mudaron propiedades, negocios y hasta modos de vida, desde el país del control cambiario a la tierra del libre mercado.
