Las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro pusieron en aprietos a todo tipo de instituciones venezolanas para recibir recursos y mantener su funcionamiento, entre ellas las de actividades deportivas. El Comité Olímpico Venezolano abrió una empresa en Florida para capear este temporal pero hasta el día de hoy siguen las contradicciones sobre su funcionamiento, su utilidad y su futuro. Todavía la vieja directiva del COV tiene el control de esta.
Getting your Trinity Audio player ready...
|
“A Alejandra Benítez no la dejaron competir [en Canadá] y hubiese clasificado. No la dejaron competir por las sanciones criminales”, se lamentaba Nicolás Maduro en agosto de 2021, en referencia al caso de la exministra y laureada esgrimista, tras el regreso de la delegación venezolana de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados entre julio y agosto de 2021, pospuestos por la pandemia.
En simultáneo, Mervin Maldonado, exministro del deporte, aseguraba: “Estados Unidos procura que nuestro país (…) no desarrolle sus capacidades y por eso busca limitarlos [a los atletas]”.
Aunque la de Tokio fue la mayor cosecha de medallas —una de oro y tres de plata- que haya obtenido Venezuela en cualquier cita olímpica desde que en Londres 1948 empezaron sus participaciones oficiales, la clasificación en rankings mundiales y la propia preparación de los deportistas venezolanos se vio mermada durante esta olimpiada -el ciclo cuatrienal entre la celebración de los juegos-. Más allá de las ineficiencias en las que pudieron incurrir el Estado y sus autoridades deportivas, ciertamente las sanciones financieras impuestas por Washington dificultaron diligencias para viajes o pagos de viáticos y becas. Una circunstancia que voceros del gobierno, como el propio Maldonado, no desaprovecharon para atribuirle cualquier decepción en la competencia.
“El bloqueo ha hecho sus estragos, ha afectado bastante el tema”, remachaba Maldonado su denuncia.
Pero para otros dirigentes deportivos las sanciones sirvieron de pretexto para poner a prueba fórmulas innovadoras y hasta audaces que permitieran sortear las sanciones y asegurar el acceso a financiamiento extranjero. Tan audaces como para implementarse en el propio territorio estadounidense, origen de esas sanciones. Tal fue el caso del Comité Olímpico Venezolano (COV) durante la presidencia de Eduardo Álvarez Camacho, xministro del Deporte en el gabinete de Hugo Chávez.
Comité Olímpico Venezolano C.A. INC es la compañía con la que el COV intentó -y no pudo; no, al menos, por completo, según sus voceros ahora afirman- trazar un ducto para que su dinero venido desde el exterior vadeara las sanciones. Según los documentos revisados en la División de Corporaciones de Florida, fue constituida allí con el nombre inicial de Corporación Olímpica Tricolor INC, el 11 de junio de 2019. Para esa fecha arreciaban las presiones de la administración de Donald Trump desde Washington contra el régimen de Nicolás Maduro, arrinconado en apariencia desde comienzos de ese año por la proclamación de Juan Guaidó por parte de la Asamblea Nacional opositora como presidente interino -o paralelo, en los hechos, con el respaldo de las principales potencias democráticas de Occidente-, y por un levantamiento cívico-militar a finales de abril, chapucero pero pronosticador de nuevas conmociones.
La empresa, así como los nombres de Álvarez y Arturo Castillo, presidente y tesorero -mismos cargos que detentaban entonces en el COV-, resaltan entre los hallazgos de Miami Nostro, una investigación conjunta entre Armando.info y el Miami Herald, por la que se sistematizaron los datos de más de 120.000 funcionarios venezolanos cuyos nombramientos aparecieron en la Gaceta Oficial entre 2007 y junio de 2022, para luego cruzarlos con los registros de la División de Corporaciones de Florida. El cruce de las bases de datos permitió comprobar que, a contracorriente de sus repetidos lemas antinorteamericanos, se cuentan por cientos los casos de exjerarcas y funcionarios de los gobiernos de Chávez y Maduro que terminaron, si no viviendo, al menos sí abriendo empresas o adquiriendo activos en el sur de Florida, meca dorada del exilio antichavista y, aún antes, de la clase media venezolana.
La compañía pasó a llamarse directamente Comité Olímpico Venezolano INC en febrero de 2020, y en febrero de 2021 sumó el nombre de Joseba Barreda como vicepresidente, todavía junto a Álvarez y Castillo.
Franklin Cardillo, Secretario de Deporte del estado Miranda y actual tesorero del COV, afirma que la compañía fue creada para evadir las sanciones que no permitían que en Venezuela se recibieran los fondos de los programas Top y Solidaridad Olímpica provenientes del Comité Olímpico Internacional (COI) en Suiza. Atribuye el cambio de nombre de la compañía en Florida a las condiciones del COI para la transferencia del dinero: “Debía tener el mismo nombre del comité en Venezuela, igual que la cuenta bancaria”. Esta cuenta fue abierta en el Bank of America, según Cardillo, quien indica que previamente el comité contaba también con una cuenta en el banco ItalBank —un pequeño banco intermediario creado por el venezolano Carlos Dorado en Puerto Rico en 2008, que sirvió para canalizar transferencias en dólares del gobierno venezolano y otros clientes privados, luego de que Citibank cesara su prestación de servicios al país en 2016-.
No obstante, la jugada no resultó como esperaba el COV. Cardillo relata que, en 2020, la primera transferencia hecha por el COI como parte del programa Top, por un monto de 108.000 dólares, fue retenida por la OFAC -siglas en inglés de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos-. Desde Venezuela se gestionó el reclamo para la devolución del dinero a Suiza y se logró, asegura. Pero desde entonces los fondos de este programa hacia Venezuela cesaron. Por Top, el COV recibía entre 300.000 y 400.000 dólares anuales.
Sin embargo, el COV se metió por la ventana y logró, todavía de acuerdo con Cardillo, que el país recibiera dinero del programa Solidaridad Olímpica, esta vez a través de Panam Sports, una organización adjunta al COI que reúne a los Comités Olímpicos Nacionales de América. De acuerdo con el tesorero, el 5 de mayo de 2022 el COV recibió en su cuenta de Bank of America 170.000 dólares de Panam Sports; pero al entregar el comité a la nueva directiva, el 19 de mayo de este año, los exdirectivos declararon que la cuenta no tenía fondos y que había sido cerrada. La versión sobre el uso de esos fondos que se agotaron la ofrece Eduardo Álvarez en otro segmento de este reportaje.
Hasta ahora no se ha gestionado un traspaso ni de la cuenta bancaria, presuntamente cerrada, ni de la empresa -que según la División de Corporaciones de Florida sigue activa- a la nueva directiva del COV. El tesorero del nuevo comité asegura que, por esa razón, no han podido abrir otras que cumplan con los requerimientos del COI.
Tanto Cardillo como Álvarez confirman que los dirigentes deportivos y federativos venezolanos estaban al tanto de esta medida.
De hecho, hay rastros en Florida que sugieren que ese ejemplo cundió. Hay registro de al menos cinco compañías homónimas de federaciones deportivas venezolanas. Dos de ellas coinciden con la línea temporal de las sanciones y de la creación de la empresa del COV. La primera es Venezuela Basketball LLC, creada en agosto de 2018 y disuelta en septiembre de 2022; en esta, figura como gerente Efrem Night, extrabajador de la Fundación Greivis Vásquez, aunque el presidente de la federación en Venezuela era, para la fecha, el exjugador Bruno D’Addezio. La segunda es Federación Venezolana de Deportes Ecuestres LLC, creada en enero de 2019 y disuelta en octubre de 2020, donde aparecía como gerente Elena Couttenye, jueza de la Federación Ecuestre Internacional, cuando el ente en Venezuela era presidido por Patricia Velutini.
Esta última federación se vio afectada en 2018 cuando Emanuel Andrade, su principal atleta e hijo de Alejandro Andrade —militar retirado y exguardaespaldas de Hugo Chávez que fue Tesorero Nacional (2007-2010) y presidente del Bandes (2008-2010) y acusado por el saqueo de mil millones de dólares del erario público venezolano—, perdió todos sus caballos, que estaban entre las propiedades confiscadas a su padre por la justicia estadounidense tras ser sentenciado. Según reportes de prensa, Alejandro Andrade fue liberado en febrero de 2022 de una prisión federal en Pennsylvania tras conseguir una reducción de su pena.
Eduardo Álvarez Camacho —quien fue presidente del COV durante 16 años, hasta mayo de 2022—, confirmó a Armando.info que la empresa en Florida fue creada para evadir las restricciones generadas por las sanciones. Sin embargo, contrario al nuevo tesorero del COV, asegura que la cuenta jamás pudo ser usada. “Se abrió y se cerró en 2020. Desde 2019, Venezuela dejó de recibir recursos del COI porque los bancos nos advirtieron que la OFAC podía retener el dinero. Entonces creamos esta corporación, con la misma acta constitutiva del COV, para abrir una cuenta corporativa en Bank of America, pero no funcionó. Nadie se arriesgaba”.
Dice que, desde entonces, los únicos recursos recibidos fueron los de Panam Sport, mas no como parte del programa Solidaridad Olímpica, como afirma Cardillo, sino por aprobación de proyectos de los que debían rendirse cuentas al órgano internacional. Confirma la recepción de 170.000 dólares en mayo que, asevera, fueron usados para saldar proyectos antes de la entrega del COV a su nueva directiva. “No recuerdo a qué cuenta entraron, debió ser a la de Puerto Rico, porque la de Bank of America nunca se usó”.
No obstante, Armando.info tuvo acceso a un comprobante de pago por parte de Panam Sport a la cuenta de Bank of America del Comité Olímpico Venezolano, del 16 de diciembre de 2021, por concepto de subsidio para pasajes para los Juegos Panamericanos Junior celebrados en noviembre de 2021 en Cali, Colombia.
Álvarez también ofrece una versión distinta sobre la transferencia retenida por la OFAC: “El dinero que se retuvo no fue del COI, sino del Estado venezolano, que trató de pagar una deuda con el comité internacional por derechos televisivos. Ese dinero se congeló y luego se regresó, pero después de eso el COI no se atrevió a enviar más recursos”, asegura, y precisa que ni esta, ni ninguna otra transacción del gobierno, se hizo a través de la cuenta bancaria del COV.
Franklin Cardillo fue cuestionado por Armando.info sobre esta afirmación, pero al cierre de este texto no había contestado la petición.
Eduardo Álvarez Camacho dirigió el Comité Olímpico Venezolano desde 2006 hasta mayo de 2022. Sin embargo, sus vínculos con el deporte y con el gobierno trascienden este ente. Desde cierta perspectiva, su trayecto desdice del celo con que el movimiento olímpico global defiende la independencia de los comités olímpicos nacionales, privados, con respecto a los Estados, una postura que con frecuencia se hizo más flexible en entornos como los del antiguo bloque soviético o de dictadurasde otros signos .
Álvarez fue Viceministro de Educación y Deportes hasta 2006, cuando renunció a su cargo. Aristóbulo Istúriz, entonces ministro de Educación y Deportes, anunció su retiro con pesar: "Yo traje a Eduardo Alvarez y estoy orgulloso con su gestión”, dijo. Fuentes cercanas al COV afirman que Álvarez Camacho siempre contó con la protección de Istúriz.
En noviembre de 2006, el expresidente Hugo Chávez creó un ministerio independiente para el deporte, que hasta entonces había estado amparado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. En enero de 2007, Álvarez, quien ejercía también el cargo de presidente del Instituto Nacional del Deporte (IND), fue nombrado por Chávez como el primer ministro en dirigir el órgano recién creado.
Posteriormente, fungió como funcionario del Ministerio para la Economía Comunal (2007), y como integrante, representante y parte de la comisión de seguimiento de Mindeporte (entre 2012 y 2017), todo a la par de su gestión en el COV. Así, tenía un pie en la gestión estatal y otro afincado en la olímpica.
Con la creación, en 2017, del Ministerio de Juventud y Deportes, Álvarez declaró: “Chávez fue muy acertado con la creación del Ministerio del Deporte que coincidió con el mejor momento del deporte venezolano. Ahora tenemos que ver a dónde llegamos y dónde estamos en estos momentos para manejar la actividad deportiva en una misma línea”. Pedro Infante, entonces Ministro de Juventud y Deportes y expresidente del IND, lo rebatió públicamente, exhortando a llevar su propuesta “ante la Asamblea Nacional Constituyente que para eso se creó”.
Fue un indicio de la rivalidad entre Álvarez e Infante, se hizo cada vez más evidente en múltiples oportunidades durante los últimos años, hasta alcanzar su punto más álgido en una fecha tan reciente como mayo de 2022, cuando Infante interpuso una demanda en contra de Álvarez, por presunta malversación de fondos durante la Copa América en 2007 y la preparación de atletas venezolanos para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
Esta acción penal evitó que Álvarez inscribiera su candidatura para ser reelegido para el período 2022-2026, indicó Franklin Cardillo a Armando.info. No obstante, el expresidente del COV asegura que ya no está siendo investigado: “Un día después, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República me otorgaron un sobreseimiento. No lo hice público porque las acusaciones en mi contra eran falsas y no tenía que defenderme de nada”.
Tras este suceso, se conformó en una reunión de federativos una plancha única, con la exjugadora de softbol, María Soto, a la cabeza, Élida Párraga (integrante de la directiva anterior Álvarez) como primera vicepresidenta y Franklin Cardillo (candidato a la presidencia de la plancha que adversaba a Álvarez) como tesorero. A la proclamación asistió la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
Luego de seis meses de gestión, el nuevo COV ofreció en noviembre de 2022 su primer balance, donde Cardillo asegura que, si bien la recepción de recursos del COI no ha podido restablecerse, el órgano internacional llegó, en septiembre, a un acuerdo con el COV y el gobierno venezolano. El comité nacional usará para su gestión deportiva los 2,5 millones de dólares que el Estado venezolano debe al COI por derechos de televisión de los Juegos Olímpicos y, a modo de trueque, el COI descontará la deuda de los recursos que corresponden a Venezuela por el programa Top, que han estado retenidos desde 2021 por las sanciones que no pudieron evadirse con la empresa en Florida.
FE DE ERRATAS: En la versión de este texto publicada originalmente, en su penúltimo párrafo, se afirmaba, erróneamente, que Élida Párraga era "esposa de [Eduardo] Álvarez". El error fue corregido. Presentamos excusas a nuestros lectores.
La voluntad férrea de la jueza Carmen Porras para garantizar que las decisiones del poder judicial en Táchira se alinearan con los deseos del gobierno le ganó un apodo entre sus colegas abogados y un puesto en el Tribunal Supremo en Caracas. Allí estuvo una década como magistrada, conjugando jurisprudencia con una lealtad política que antes había ofrecido a otros partidos, hasta que el chavismo la descartó. Cuando eso ocurrió, ya tenía un futuro construido como propietaria de múltiples inmuebles en el sur de Florida.
El de Jorge Amílcar González Vásquez es un nombre que se ha hecho familiar para las autoridades de tránsito en Florida después de una racha de infracciones. Así como los semáforos le tienen sin cuidado, este exoficial de la aviación militar chavista tampoco dio importancia a otras restricciones, a juzgar por los señalamientos por presuntas irregularidades que le apuntan tras su paso como director de la estatal Corpovex, entre otros organismos. Pero nada de esto le impide ahora vivir su “sueño americano”
Pasó sin pena ni gloria por tres cargos de media y alta relevancia dentro del cuestionado sistema de distribución de alimentos creado por la autodenominada Revolución Bolivariana, pero con una idea para reinventarse. La cercanía de Juan Carlos Salazar Labana con esa estructura de contrataciones públicas le sirvió de trampolín para una carrera empresarial entre las aguas del Estado Zulia y la cosmopolita costa de Miami Beach gracias a un exclusivo y raro producto, el cangrejo azul.
Más de 700 nombres de dueños de compañías de la llamada Ciudad del Sol coinciden con los de funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Un cruce de 128.082 oficiales y autoridades de Venezuela con el registro de empresas de Florida advierte que en los más de siete millones de venezolanos en el exterior hay ex funcionarios que mudaron propiedades, negocios y hasta modos de vida, desde el país del control cambiario a la tierra del libre mercado.
Un grupo de jóvenes, amigos de Yoswal y Yosser Gavidia Flores, dos de los hijos de la Primera Dama o ‘Combatiente’, son quienes están detrás de la nueva marca que desde hace poco promueve los deportes extremos y el turismo de aventura. El lanzamiento de Furia Energy, su propia bebida energética traída desde Turquía, ha sido el gancho para conquistar un campo virgen donde incluso alimentan aspiraciones ciertas de influir en la conformación de federaciones deportivas.
Los últimos presidentes de la Federación Venezolana de Fútbol han llenado más titulares por el escándalo de sus salidas que por la efectividad de sus gestiones, que han comprometido las posibilidades de desarrollo del raquítico balompié local. Ahora tiene la batuta Jorge Giménez, un joven cercano al anillo de poder de Delcy Rodríguez y, junto con su padre, antiguo contratista del gobierno.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Secretario de Deporte del estado Miranda y actual tesorero del Comité Olímpico Venezolano. Adversó a Eduardo Álvarez, como candidato a la presidencia del COV.
También conocida como Organización Deportiva Panamericana. Es una institución creada en 1940 que reúne los Comités Olímpicos Nacionales de América. Organiza los Juegos Panamericanos cada cuatro años.
Ente que promueve el olimpismo en el mundo y coordina las actividades del Movimiento Olímpico. Fue creado el 23 de junio de 1894 por el barón Pierre de Coubertin en París.
Empresa constituida por Eduardo Álvarez Camacho y Arturo Castillo en Florida, con el objetivo de evadir las sanciones y recibir los recursos del Comité Olímpico Internacional. Inicialmente se llamó Corporación Olímpica Tricolor.
Órgano sin fines de lucro creado el 23 de diciembre de 1935, afiliado al Comité Olímpico Internacional, encargado de desarrollar, promover y proteger el Movimiento Olímpico en el país. Actualmente es presidido por María Soto.
Fue tesorero del Comité Olímpico Venezolano durante la gestión de Eduardo Álvarez. Fungía también como presidente de la Federación Venezolana de Karate Do,
Fue presidente del Comité Olímpico Venezolano durante 16 años, desde 2006 hasta 2022. Simultáneamente, fue presidente del Instituto Nacional del Deporte (IND) y Ministro del Deporte, durante el gobierno de Hugo Chávez.