La voluntad férrea de la jueza Carmen Porras para garantizar que las decisiones del poder judicial en Táchira se alinearan con los deseos del gobierno le ganó un apodo entre sus colegas abogados y un puesto en el Tribunal Supremo en Caracas. Allí estuvo una década como magistrada, conjugando jurisprudencia con una lealtad política que antes había ofrecido a otros partidos, hasta que el chavismo la descartó. Cuando eso ocurrió, ya tenía un futuro construido como propietaria de múltiples inmuebles en el sur de Florida.
Era el 11 de abril de 2002, cuando un pronunciamiento militar que puso un agresivo fin -a la postre, efímero- al gobierno del entonces presidente, Hugo Chávez, también puso a algunos de los más comprometidos seguidores del comandante a buscar dónde esconderse de lo que, anticipaban, sería el ajuste de cuentas de la contrarrevolución.
Entre ellos estaba Carmen Porras, entonces Jueza Rectora del estado Táchira.
Algunos testigos aseguran que la vieron salir corriendo de la sede de los tribunales en San Cristóbal, la capital de ese estado andino, fronterizo con Colombia.
La historia posterior es bien sabida: Chávez fue restituido en el poder 47 horas más tarde. Con él regresó su corte. El giro ocurrió tan rápido como la versión que Porras ofrecería del episodio: aseguró que había resistido defendiendo la trinchera del poder judicial.
Desde entonces, su carrera empezó a ser otra, ya no de huída.
Porras, jueza que se graduó de Contaduría en 1979 y en Derecho en 1987 en la Universidad Católica del Táchira, para luego especializarse en Derecho Mercantil, vivió un ascenso meteórico dentro de la justicia chavista que ya en 2004 la llevó a Caracas para desempeñarse como magistrada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Un puesto que en principio demanda la más alta de las probidades pero que, bajo la autodenominada Revolución Bolivariana, exigía una fuerte lealtad política ante todo.
Es por eso que ahora sorprende la aparición de su nombre en el listado definitivo de exfuncionarios del chavismo con propiedades y empresas en Florida, resultante del cruce de los datos de más de 120.000 funcionarios venezolanos designados entre 2007 y junio de 2022, con los registros de la División de Corporaciones de Florida, y que ha dado lugar a la serie Miami Nostro, que de forma conjunta publican Armando.info y el Miami Herald.
En los registros, cuya búsqueda también fue apoyada por Occrp (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción), se constata que Porras, bien lejos del Socialismo del s. XXI, armó un emporio de bienes raíces en Miami, el puerto soñado en Estados Unidos para el capitalismo latinoamericano.
La hoy exmagistrada se transformó en una virtual magnate de los bienes raíces en el sur de Florida y en Panamá en combinación con su marido y sus dos hijas: Mariela Salas, también ex jueza en el estado Táchira, y Onelymar Salas, que hasta 2011 figuró como funcionaria del Seniat, el ente tributario.
Porras, sus hijas y sus dos yernos, registraron 11 empresas en Florida y una en Panamá, mientras compraron 10 propiedades en Florida y otras dos en Panamá. En conjunto, el valor de sus inversiones supera los 3,4 millones de dólares, si se toman en cuenta los precios indicados en diversos documentos públicos.
Empezó a comprar en 2008, cuando todavía desempeñaba el cargo de magistrada en Venezuela. Porras se casó por segunda vez ese año con el coronel del Ejército que pasó a retiro en julio de 2008, Luis Roa Vivas, quien luego de jubilarse del Ejército, también en 2008, compró un apartamento en Florida valorado en 151.000 dólares americanos, según los datos del Registro de Propiedades del Condado de Miami Dade: tres habitaciones y dos baños, en un condominio construido en 1986 en la localidad de Tamiami.
Al año siguiente, en 2009, Porras y su esposo crearon en Florida la empresa Inversiones Sofia LLC, con la que luego se dedicaron a comprar apartamentos y casas y que aún se mantiene activa. Ese año, con esta nueva empresa, compraron otra propiedad ubicada en Doral, uno de los enclaves predilectos del exilio venezolano en Miami Dade. Esta inversión, más ambiciosa, está valorada en 560.000 dólares. El inmueble cuenta con cuatro habitaciones, piscina y jacuzzi.
En agosto de ese mismo año, su hija menor, Onelymar Salas, que estudió Contaduría, compró dos apartamentos en Panamá, valorados cada uno en 118.000 dólares, además de otra casa en octubre de 2011, pero ubicada en Doral. Esta última, de dos pisos, cuatro habitaciones y tres baños, costó 420.000 dólares, siempre según el Registro de Propiedades del Condado de Miami Dade. Amigos cercanos a la familia aseguraron a Armando.Info, que Onelymar fue la primera de la familia migrar a Estados Unidos cuando todavía su madre estaba en la carrera judicial en Venezuela.
Durante su gestión, Porras se mostró como una celosa guardiana de los intereses del chavismo gobernante. Varios de sus antiguos colegas comentaron a Armando.info que Porras no vacilaba en hacer presiones a abogados y jueces en funciones para que estos se plegaran a los deseos del gobierno en determinadas decisiones. “Porras quería crear un sistema judicial solo con sus aliados y amenazaba con destituir a quien no acataba sus órdenes”, dice una exjuez del Táchira que pidió mantener el anonimato.
Ya habían pasado siete años desde su primera transacción inmobiliaria en el sur de Florida cuando el infortunio alcanzó a Porras: cayó en un lote de 13 magistrados que fueron jubilados de forma prematura por el chavismo gobernante en 2015. Fue parte de una maniobra del oficialismo, que entre gallos y medianoche intentaba dejar bien amarrado desde la Asamblea Nacional un Tribunal Supremo a su gusto para un nuevo período. Pero eso implicaba sacar algunos magistrados para abrir espacio y meter otros.
Aquella jubilación, forzada y temprana, sin embargo dio pie para que Porras protagonizara una metamorfosis salvadora. A partir de 2015 pudo afirmar que era una perseguida política y en 2016 hizo oficial esta denuncia ante la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Así pudo entrar, ya de lleno, en el negocio de los inmuebles. En 2016, y en menos de dos semanas, adquirió dos nuevos inmuebles a través de Inversiones Sofia LLC.
El primero, una casa de tres habitaciones y dos baños, lo adquirió el 7 de septiembre de 2016 por 180.000 dólares. El otro, una casa de un piso, dos habitaciones y dos baños, también en Doral, una semana después, el 22 de septiembre, por 258.000 dólares.
El próximo hito de los negocios de la pareja ocurrió en 2018, cuando Porras y su esposo registraron la empresa 5083 Doral West Llc, disuelta el 6 de febrero de 2019.
En ese 2019 de prosperidad, su hija, Mariela Salas, compró otra propiedad, también en Doral, por 180.000 dólares, que vendió en 2021 por 225.000 dólares. Los Roa-Porras también crearon Súper Génesis LLC el 1 de agosto de 2019, que sigue activa.
También en 2019, pero en enero, la pareja había adquirido una casa por 294.000 dólares. Luego, Porras se hizo con otra propiedad valorada en 412.000 dólares a su nombre, con tres habitaciones y un dormitorio con vista a la piscina, bañera romana y patio, ubicada en el condado de Broward, justo al norte de Miami Dade.
En enero de 2020 compró a través de su empresa, Inversiones Sofia LLC, un apartamento valorado en 225.000 dólares. Pero sería en 2020 cuando estableció su registro por la compra más cara: una casa recién construida, también en Doral, de 3,690 pies cuadrados -unos 350 metros cuadrados- con cinco habitaciones y cinco baños, valorada en 800.000 dólares para el momento de la compra. La transacción la hizo a nombre de su hija, Onelymar Salas, y el esposo de esta, Wilson Lastra, funcionario del Consejo de la Judicatura hasta 2012 y quien entre 2018 y 2019 se identificaba en redes sociales como realtor en Florida.
Su hija, Mariela Salas, fue contactada por la autora de este reportaje en tres oportunidades a través de Whatsapp para solicitar una entrevista, pero no respondió a ninguno de los mensajes. Su yerno también fue contactado a través de Whatsapp y a su hija menor, Onelymar Salas, se le solicitó una entrevista a través de sus redes sociales. Ninguno contestó a los requerimientos.
En Táchira hay quienes se refieren a Porras como “la dama de hierro de San Cristóbal”, una analogía que en poco o nada está vinculada al talento de férreo gobierno de la ex primera ministra británica Margaret Tatcher, sino a la mano dura e insistente con que Porras alineaba el poder judicial regional con sus intereses y lealtad política. Así, aseguran, podía llegar a obsesionarse con perseguir a cualquiera que no comulgara ni con el chavismo ni con ella.
En mayo de 2004, al entrar en vigencia la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se aumentó el número de magistrados en las salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se establecieron mecanismos para que los mismos pudieran ser designados y removidos por una mayoría simple de la Asamblea Nacional, entonces controlada por el partido de gobierno. En esa fecha, el terremoto en la carrera judicial alcanzó al resto de la pirámide, pues fueron suspendidos los concursos públicos de oposición, lo que consagró de facto que los jueces provisorios fueran nombrados sin concursos y que expuestos a los libres nombramiento y remoción.
Estas reformas desvirtuaron el carácter imparcial del Poder Judicial e incentivaron, en cambio, que las subsiguientes generaciones de jueces y magistrados se preocuparan primero por mostrar lealtad al gobierno.
Carmen Porras lo entendió rápidamente o al menos así se desprende de un expediente que se fue confeccionado en el tiempo desde el año 2002 por colegas jueces con al menos diez denuncias que se entregaron a la Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia, instando a esos organismos a evaluar el comportamiento ético de la magistrada. En el documento, Porras fue señalada por nepotismo, dar falso testimonio, influenciar juicios, perseguir abogados, amenazar a colegas y hasta perseguirlas, Así lo explicaron a Armando.info los autores del reporte, cinco excompañeros de la exjueza, que pidieron la reserva de sus nombres.
Todos esos colegas recuerdan el pasado de Porras como militante de Acción Democrática (AD) -el partido socialdemócrata hegemónico de la antigua democracia puntofijista- y, luego, como parte del coloquialmente llamado chiripero, la sumatoria de facciones de centroizquierda que se congregaron en torno a la segunda presidencia (1994-99) del democristiano Rafael Caldera. De allí saltó al chavismo y, por fin en su última escala, como perseguida política.
Ya con esa condición acudió a la Asamblea Nacional opositora a denunciar acoso por parte de sus antiguos compañeros de trabajo. El 17 de febrero de 2016, en una reunión privada, dijo en el Palacio Federal Legislativo que recibió presiones para que pidiera su jubilación y aseguró que tuvo que esconderse. Agregó que recibió una llamada de la Presidencia del TSJ, donde la entonces -y ahora de nuevo- titular del despacho, Gladys Gutiérrez, le dijo que debía firmar su petición de jubilación un año antes, tal como lo había requerido a otros 12 magistrados cuyos períodos en realidad se vencían en diciembre de 2016.
Luego, en una comparecencia ante la Asamblea Nacional un año más tarde, el 16 de febrero de 2016 la exmagistrada, aseguró que el vocero del hostigamiento había sido el vicepresidente del TSJ de ese momento y cabeza de la Sala Penal, el magistrado Maikel Moreno, que a la postre sería el presidente del máximo tribunal de 2017 a 2022. “Me dijo ‘es una orden que me están dando, no es sí o no. De mi parte, seguiré presionando, porque es un trabajo que me mandaron a hacer a mí y seguiré coaccionado. Lo vea bien o mal, es una decisión tomada'”, relató la exmagistrada, citando de memoria a Moreno.
La comisión parlamentaria que recibió la denuncia de Porras concluyó que sus declaraciones demostraban que la jubilación de ella y los otros magistrados había sido parte de un esquema diseñado entre los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales y la directiva de la Asamblea Nacional vigente -casi unánimemente chavista- hasta 2015, “para desarrollar un proceso de selección violento, carente de forma y totalmente contrario al marco constitucional, legal y reglamentario, que les permitiera designar como magistrados a afectos al gobierno nacional, para crear una hegemonía política al servicio del Poder Ejecutivo”.
Ante esa hegemonía Porras no había tenido hasta entonces problemas para inclinarse, no solo con el propósito de asegurar su cargo, sino hasta para colocar a sus protegidos en puestos de trabajo y poder. Según colegas, consiguió insertar en la nómina del circuito judicial de Táchira a 11 familiares y 22 allegados.
Su hija, Mariela Salas Porras, fue secretaria temporal en las Salas de Control y Juicio, secretaria del Area Penal y, por último, juez de Primera Instancia Sección Adolescente del Circuito Penal. Su otra hija, Onelymar Salas Porras, desempeñó el cargo de Analista Profesional III, en la División de Servicios administrativos y Financieros de la Dirección Administrativa Regional (DAR) Táchira, y su ficha del Seguro Social indica que trabajó en el Seniat hasta 2011, justo el año en que compró la casa ubicada en el Doral.
Su sobrina, Eva María Bustamante Porras fue defensora pública a partir del año 2000. Mientras que el esposo de Bustamente, Freddy Josué Duque Ramírez, también se benefició entre los años 2000 y 2002 y ocupó el cargo de Juez Suplente del Tribunal de Protección del Niño y el Adolescente, conjuez del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo de Estabilidad Laboral y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, juez Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la región Los Andes (con competencia en los estados Táchira, Mérida y Barinas).
Su cuñada, Midrelis Yajaira Ruiz, y el hermano de su esposo, Régulo Roa Vivas, fueron alguaciles. Y así sigue una larga lista de cargos hasta conformar lo que se bautizó como la tribu de Carmen.
“Muchas veces intentó influenciar los juicios”, dice una exjuez de Táchira. Una abogada del mismo estado la acusa de hacer que todos sus casos se perdieran. “Mi bufete pasó de 900 clientes a solo 17 porque Carmen Porras los llamaba para que cambiaran de abogado y ella les haría ganar los casos”, denuncia la litigante.
Otro juez asegura que Porras lo amenazó con destituirlo porque su hija, Mariela Salas, iba a ser reubicada en la jurisdicción de San Antonio del Táchira, alejada de la capital regional. “Carmen Porras quería que el sistema judicial del Táchira fuera gente leal a ella, que acatara sus órdenes”, dicen sus viejos compañeros.
Más de 700 nombres de dueños de compañías de la llamada Ciudad del Sol coinciden con los de funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Un cruce de 128.082 oficiales y autoridades de Venezuela con el registro de empresas de Florida advierte que en los más de siete millones de venezolanos en el exterior hay ex funcionarios que mudaron propiedades, negocios y hasta modos de vida, desde el país del control cambiario a la tierra del libre mercado.
Se aproxima la renovación del máximo tribunal de la República, un trámite destinado a designar desde la Asamblea Nacional oficialista a letrados que puedan demostrar su lealtad a la revolución, por encima de cualquier otra credencial. Por eso en la lista de 258 preseleccionados tras la primera criba, se cuelan sin pudor decenas de militantes del partido de gobierno, un buen número que fueron contratistas del Estado y otros que buscan reciclar sus carreras como burócratas del chavismo, transformados todos, como por arte de magia, en jurisconsultos.
Como fiscal militar sometió a civiles a juicios militares hasta que se le fue la mano con uno de los generales del golpe de Estado de abril de 2002 y fue amonestado. Como juez, pasó por tribunales en el estado Bolívar y en el Distrito Capital con más penas que glorias, entre ellas haber firmado la boleta de excarcelación de Milagros De Armas, la heredera del imperio mediático que ordenó asesinar a una estudiante. Pero siempre logró su reenganche en el sistema judicial venezolano a pesar de las denuncias de extorsión e irregularidades en su contra y ahora llega al Ministerio Público apadrinado por el ex juez y fiscal Jimai Montiel, en lo que es un nuevo paso firme en la politización de la Fiscalía.
La revisión de una base de datos con la información de casi 6.000 jueces en Venezuela durante los últimos 19 años arroja todo un muestrario de deformidades en el ejercicio de la Justicia. Abundan los cargos provisionales y con abierta adscripción al partido de Gobierno, tendencias que se agudizan según más se avanza en la periferia. Si bien esta especie de fuerza de gravedad al revés explica la vulnerabilidad del sistema ante las presiones políticas, también abre paso a distorsiones como funcionarios que se rotan en distintas regiones, o jueces que cobran tasas ilegales.
Son jueces, militantes de base del partido de gobierno y también contratistas del Estado. Las conclusiones de una gran base de datos del Poder Judicial venezolano advierten que los de República Bolivariana son juristas que construyen aceras, importan alimentos y alquilan maquinarias agrícolas, en un contexto en el que la gran mayoría, además, pueden ser removidos sin previo aviso. Suman 559 empresas que han conseguido desde dólares preferenciales hasta cemento y cabillas en tiempos de escasez.
Los de Venezuela son unos juristas que tienen puertas giratorias. Antes o después han sido diputados, ministros o representantes de gremios bolivarianos. En este reportaje se presentan las conclusiones de un trabajo de periodismo de datos, que cruza los nombres de todos los jueces penales del país con las listas del partido de gobierno, y cuya conclusión advierte que 40% de ellos tienen militancia chavista. Destacan en este caso acólitos que condenaron a presos políticos como Araminta González e incluso el hijo de la primera dama, Walter Gavidia Flores, que estuvo a cargo de un juzgado hasta 2014.
Con la entrada al corro bursátil caraqueño de Corporación Berakah, el joven Julio Mendoza Delgado corona su éxito casi instantáneo en la actividad minera de Guayana. Claro: solo si por éxito se entiende la incorporación de empresas fantasmas con sedes intangibles, la puesta en marcha de una procesadora de arenas auríferas sin casi ninguna factibilidad económica que no hace más que demandar nuevas inversiones, y la obtención de unos cuantos contratos estatales. Según coinciden expertos consultados, el oro no es precisamente lo que acá brilla.
Tras el escándalo en la Alcaldía de Baruta por un presunto esquema de sobornos para conceder permisos de construcción, un conflicto vecinal alrededor del polideportivo de una urbanización del sureste caraqueño dejó en evidencia una red de amistades y parentescos picados por la fiebre del pádel. Los funcionarios del ayuntamiento no vacilaron en privatizar ese espacio público en favor de la peña de aficionados, relacionados no solo con el alcalde Darwin González sino también con su mentor, David Uzcátegui.
Pocos se acuerdan de este pueblo, un lugar ahora casi desierto aunque inmortalizado por un documental, cuyos habitantes fueron condenados a migrar o morir de mengua por una catástrofe ambiental. Es un olvido cruel y que condena a repetir la tragedia, pues las mismas circunstancias que produjeron ese abandono se repiten en otros asentamientos palafíticos del sur del Lago de Maracaibo: desidia, contaminación, pobreza y falta de protección del Estado.
Los zoocriaderos gozan en Venezuela del mismo estatus que los zoológicos y los acuarios y son cruciales para el rescate y la conservación de fauna silvestre. Pero estos establecimientos podrían estar sirviendo para el tráfico ilícito de animales, algunos de ellos vulnerables a la extinción. Un caso prominente es el de Inversiones Alazán GAC C.A, aliada al Ministerio de Ecosocialismo, que, pregonando el conservacionismo, comercializa fuera del país un abultado número de especies, incluyendo guacamayas, rey zamuros y osos hormigueros.
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde Darwin González.
Que esta novena histórica del béisbol profesional no haya conseguido títulos desde hace más de 30 años no disuade al empresario naviero Wilmer Ruperti en su empeño por convertirse en su nuevo dueño. Pero sus esfuerzos han tropezado con un obstáculo difícil de sortear: la demanda que otro empresario naviero y contratista del Estado interpuso contra Francisco Arocha, uno de los dos propietarios del equipo.
Es una contadora pública que trabajó para el Seniat hasta el año 2011. Es hija de la exmagistrada Carmen Elvigia Porras Escalante.
Ex jueza en el estado Táchira. Hija de la exmagistrada Carmen Elvigia Porras Escalante.
Coronel del Ejército que pasó a retiro en julio de 2008. Esposo de la exmagistrada Carmen Elvigia Porras Escalante.
Exmagistrada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia entre los años 2004 y 2015. Fue jubilada antes de tiempo y denunció ser perseguida política ante la Asamblea Nacional de mayoría opositora en febrero de 2016.
