Pasó sin pena ni gloria por tres cargos de media y alta relevancia dentro del cuestionado sistema de distribución de alimentos creado por la autodenominada Revolución Bolivariana, pero con una idea para reinventarse. La cercanía de Juan Carlos Salazar Labana con esa estructura de contrataciones públicas le sirvió de trampolín para una carrera empresarial entre las aguas del Estado Zulia y la cosmopolita costa de Miami Beach gracias a un exclusivo y raro producto, el cangrejo azul.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Durante la autodenominada Revolución Bolivariana, el sector oficial de la alimentación ha sido fuente de innumerables escándalos en torno a contratos incumplidos, putrefacción de cargamentos, importaciones sobrevaloradas o ficticias y pérdidas millonarias. Pero esa relación de fracasos para la colectividad vino como un período de aprendizajes para funcionarios individuales que llegaron a sus cargos sin mayor experiencia. Fue el caso de Juan Carlos Salazar Labana, que pasó de burócrata a empresario privado, con un pie en Venezuela y otro en Miami.
A los pocos meses de irse de la administración pública, en 2015, Salazar Labana despegó su carrera empresarial en Venezuela con Alimentos Salaba C.A. que dos años después cambió de nombre a Corporación Salaba C.A. con representación en Florida. Su nombre es parte de los hallazgos de Miami Nostro, una investigación conjunta entre Armando.info y el Miami Herald donde se sistematizaron los datos de más de 120.000 funcionarios venezolanos adjudicados con cargos públicos entre 2007 y junio de 2022, y luego cruzados con los registros de la División de Corporaciones de Florida.
Los primeros nombramientos en la Gaceta Oficial revelan a Salazar Labana en los convulsionados años de transición política cuando Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela en 2013, luego del fallecimiento de Hugo Chávez. El funcionario fue miembro del comité de contrataciones públicas de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos S.A. (Pdval). Luego formó parte de la directiva de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (LA CASA, también llamada CASA) y, finalmente, ocupó el cargo de vicepresidente de Comercialización de la Red de Abastos Bicentenario S.A., otra cadena de establecimientos al detal del gobierno socialista que fracasó y que se privatizó de la noche a la mañana, reconvertida en las Tiendas CLAP.
Tuvo el tino de no salir retratado en público y cuidó sus pasos en un campo minado por los escandalosos contratos incumplidos, además, de pérdidas multimillonarias en dólares que por años golpearon a la administración oficialista. Salazar Labana confirmó a Armando.info su paso por el complejo sistema de contrataciones del Estado venezolano y la creación de su propia empresa bajo la marca Salaba “en diciembre de ese año [2015]”.
Esta pronto reflejó en los nombres de sus clientes -el Banco del Tesoro, Pdvsa Gas Comunal y la red de Mercados de Alimentos (Mercal)- la importancia de mantener buenos contactos en el gobierno, aunque el empresario asegura que “nunca trabajé con el Ministerio de Alimentación” tras su salida de la institución.
Aunque su relación con el Estado amainó temporalmente, luego adquirió otras formas. Salazar Labana construyó un pequeño holding de cuatro compañías: Corporación Salaba C.A., Inversiones Salaba C.A., Salaba C.A. Corporation y Salaba Corporation, estas dos últimas registradas en Miami.
En 2019, el exfuncionario firmó dos contratos con el municipio Francisco Javier Pulgar -entonces liderado por el alcalde oficialista Luis Roberto Urbina-, del sur del Lago de Maracaibo, para negociar la carne del cangrejo azul local a través de Corporación Salaba C.A., (registrada en 2015). Esta empresa, junto a Inversiones Salaba C.A., (registrada en 2018), aparecen inscritas con el objeto de dedicarse a la importación, exportación, logística y comercialización de productos agrícolas. Ambas están habilitadas como contratistas del Estado, aunque tienen un objeto tan amplio que pueden hacer casi cualquier actividad económica sin limitaciones.
Desde el pivote del emprendimiento, la venezolana Corporación Salaba C.A. mudó sus operaciones a ese abandonado sector agrícola y pesquero del estado Zulia, una minúscula zona del occidente del país que registra alrededor de 40.000 habitantes, con comunidades rurales que se dedican principalmente a la siembra de plátano, pero ven en la pesca una oportunidad de trabajo que nunca cristaliza, ni siquiera en los momentos de promesas eufóricas que hizo el chavismo. El rescate del pequeño muelle del caserío conocido como Puerto de Santa Rosa, es de vez en cuando un leitmotiv para los políticos que buscan ganar votos en la zona.
Sobre ese horizonte la empresa privada de Salazar Labana ha aparecido como gran benefactor, comprometido con la recuperación económica de la zona a través de una alianza estratégica con el gobierno municipal. El exfuncionario firmó dos contratos con el alcalde Urbina, quien dejó el cargo por motivos de salud en febrero de 2021.
Fue en agosto de 2019 cuando Corporación Salaba C.A. recibió la concesión para la prestación de servicios turísticos, transporte lacustre de pasajeros, de carga, de pesca y comercialización de las especies piscícolas. Un mes después, también obtuvo el permiso de 20 años para operar en la captura del cangrejo azul y comercializarlo “con las empresas especializadas en su procesamiento industrial”, según especifica el contrato de concesión legal. Este documento dejaba abierta la oportunidad de ampliarse a la pesca de otras especies y dedicarse a diversas actividades en el municipio, porque, además, recibió en comodato un galpón de acopio, un parque de atracciones, la sede del Consejo de Pescadores y los muelles de carga.
Al respecto, Salazar Labana confirmó que en el contrato de concesión del Puerto Santa Rosa de Lima se comprometió como empresa “a realizar inversiones correspondientes para recuperar dicho muelle y ponerlo operativo con la pesca de cangrejos, en alianza con los pescadores de la zona que se encontraban en total abandono desde hace más de cinco años”. Además de las mejoras en infraestructura general y reactivar la economía pesquera del lugar, la empresa de Salazar Labana se comprometía a entregar a la alcaldía 2% de las ganancias por la comercialización del producto pesquero y de los diferentes servicios contratados.
Un detallado plan de negocios al que tuvo acceso Armando.info describió la operación comercial de la Corporación Salaba C.A. en el sur del Lago tras la firma de los contratos de concesión. El primer paso fue la construcción de una infraestructura de base a través de los consejos comunales y de pescadores de la zona, ejecutada cuando financió la recuperación de un galpón para almacenar las especies capturadas y la dotación a los lancheros con cuatro motores para sus embarcaciones, según reseñó El Pitazo.
Salazar Labana propuso equipar una flota de 30 lanchas, con dos personas en cada una y centros de almacenamiento para el cangrejo azul. Oscar Pantaleón, representante del Consejo de Pescadores del lugar, comentó en esa noticia local que la carga de la especie sería trasladada desde el galpón recuperado “hasta Puerto Concha, en el municipio Colón, [sur del Lago] donde otra empresa privada se ocuparía de descarnar”.
Esta otra empresa es AQA Mar, señalada en el plan de negocios de Salazar Labana de ser una de las plantas con la que trabajaría como proveedor.
El mecanismo propuesto por Corporación Salaba C.A. resultó ser atractivo para los pescadores. De vivir en condiciones empobrecidas, sin gasolina para echar a andar sus motores, actividad productiva o seguridad, podrían pasar a cobrar 800 dólares mensuales cada uno. En estos momentos en Venezuela esa cantidad representa cerca de 50 salarios mínimos.
Con la lógica extractivista del régimen venezolano, sediento de divisas, la especie acuática no podía pasar inadvertida. A principios de 2022, Nicolás Maduro comentó durante una transmisión en la televisora oficial que “el mejor cangrejo azul del mundo se produce en Venezuela, en el Zulia ¡Es una exquisitez!”. En esa emisión entrevistaron a un representante de AQA Mar, una de las principales empresas procesadoras y exportadoras que tiene su planta en Puerto Concha, estado Zulia, otra localidad del sur del Lago con mejor pronóstico económico que los caseríos vecinos y un atractivo impulsado por el turismo, así como la pesca.
Aunque es un producto de exportación del que poco se habla, el cangrejo azul es un recurso que se da con abundancia en el Lago de Maracaibo y tiene gran valor gastronómico, apreciado en Estados Unidos. Si bien el mercado potencial es enorme y fuera de las fronteras venezolanas el producto se cotiza al alza, aún tiene que remontar las dudas sobre sus estándares sanitarios, sobre todo después de un incidente que ocurrió en 2018 cuando una carne de cangrejo azul procedente de Venezuela intoxicó a nueve personas en Maryland, sobre la costa este de Estados Unidos. Expertos en el área han advertido los riesgos de la sobreexplotación del cangrejo azul en la región zuliana, donde calculan una decena de empresas procesadoras trabajando con unas maneras que no promueven ni la vigilancia ni el control.
Ese objetivo, exportar cangrejo, es la principal razón con la que Salazar Labana explica la creación de otras dos empresas de su holding en Florida que ocurrió al mismo tiempo que negociaba y firmaba los contratos de concesión con la alcaldía zuliana. “Para la exportación de productos agrícolas como el plátano y la carne de cangrejo del Sur del Lago de Maracaibo, estado Zulia”, asegura, ofreciendo solo un detalle más: “hasta los momentos no hemos llegado a exportar ningún producto”.
La primera empresa registrada en Florida, Salaba Corporation, fue constituida en 2018 y entre 2019 y 2021 creó Salaba C.A. Corporation. Ninguna continúa activa.
Al mismo tiempo, el exfuncionario optó por un crédito de 320.000 dólares a través del estatal Banco de Comercio Exterior (Bancoex) en Venezuela, otro intento que hasta ahora no prospera. “No cumplimos con todos los requisitos en el momento, pero tenemos planificado solicitar formalmente el financiamiento para diciembre de este año [2022] y expandir la comercialización del cangrejo azul”, puntualizó en sus respuestas a Armando.info.
Al describir su empresa en el plan de negocios con el que solicitó financiamiento, agregó: “La corporación trabajó con la Alcaldía del municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia. Con ella se efectuaron alrededor de 10 contratos de servicios, dentro de los cuales están el asfaltado, suministro de alimentos, venta de equipos de oficina, reparación de canchas múltiples, entre otros”.
De su paso por las instituciones gubernamentales aprendió unas cuantas lecciones sobre cómo operan los procesos de comercialización en medio del doble discurso oficial. El exfuncionario bien podría ser parte de esos “emprendedores que a pesar del bloqueo y sanciones, siguen soñando por la prosperidad y la esperanza en la patria”, como dijo el entonces gobernador del Zulia, Omar Prieto, cuando escoltó un lote de cangrejo azul que sería exportado por otra empresa.
Según los documentos obtenidos para este reportaje, Corporación Salaba C.A. se propuso atender la demanda de dos de las plantas procesadoras de cangrejo más importantes de la región, AQA Mar y Productos Marinos (Promaca), en cuanto a la logística de captura, carga y transporte, para convertirse en el principal proveedor de cangrejo azul y un intermediario imprescindible. Pero también espera entrar en el mercado de exportación, como lo confirmó para este reportaje: “Estamos en proceso para exportar carne de cangrejo posiblemente a Estados Unidos y a Europa”.
Para finales de 2021, la operación de Corporación Salaba C.A. estuvo calculada en 200 kilogramos diarios de la especie como máximo. Pero si llega a incrementar la flota a lo que pronosticó en el plan de negocios, la captura aumentaría a 6.000 kilogramos diarios y 120.000 kilogramos al mes, que cubrirían con excedentes la demanda de 80.000 kilogramos mensuales que exigen sus clientes. El precio unitario fue calculado entre 1,5 a 1,7 dólares por kilogramo “y fluctúa al alza en los siguientes años”, menciona el documento empresarial.
De manera adicional, la empresa propuso realizar “un aporte social” para la comunidad donde montó su sede, calculado en 6.000 dólares mensuales distribuidos entre el consejo comunal, la escuela cercana a la sede de la empresa y el Centro de Diagnóstico Integral (CDI), tres instituciones que dependen del Estado y que han quedado condenadas al olvido.
Con una concesión a 20 años que “prescinde del acto de licitación de conformidad con la aplicación del Decreto de Emergencia Económica y prescinde de la autorización del Concejo Municipal en lo que se refiere al comodato ordenado”, Corporación Salaba consiguió mantenerse entre dos aguas: la que le otorga la revolución y los dividendos del capitalismo.
Más de 700 nombres de dueños de compañías de la llamada Ciudad del Sol coinciden con los de funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Un cruce de 128.082 oficiales y autoridades de Venezuela con el registro de empresas de Florida advierte que en los más de siete millones de venezolanos en el exterior hay ex funcionarios que mudaron propiedades, negocios y hasta modos de vida, desde el país del control cambiario a la tierra del libre mercado.
Sea en un puesto de mando de la autodenominada Revolución Bolivariana o en un condominio exclusivo de Miami, el oficial del Ejército venezolano, Sergio Caldera García, sabe hacerse su espacio. Tal fue su transición en 2014, luego de haber figurado por años en el estado mayor de la alimentación desde empresas como Corporación CASA, Abastos Bicentenario y Pdval. Junto a su esposa pasó a ser un flamante empresario de Florida, con valiosas propiedades inmobiliarias y una red de sociedades -algunas offshore- a su servicio.
Bolipuertos cedió las operaciones de “ejecución y seguridad” de la descarga de buques graneleros en el puerto más importante del país a Servicios Colonial. Además de haber sido favorecida a dedo, la empresa está relacionada con una de las almacenadoras involucradas en el caso “Pudreval”, donde se pudrieron toneladas de comida adquirida por el Estado, y su dueño y cara visible ha sido socio del cuestionado excomandante de la Armada, Carlos Aniasi Turchio.
Las exigencias de pureza política del chavismo hallan refutación en la parábola del abogado y empresario Generoso Mazzocca, quien comenzó su carrera política con Copei y fue candidato a gobernador por AD, antes de encontrar cobijo bajo el ala del comandante Wilmar Castro Soteldo en el estado Portuguesa. Desde esa entidad llanera ha construido durante la última década un emporio agroindustrial con proyección nacional, del que quiere "que sea como Polar", y cuyo rendimiento le alcanzó para rescatar el equipo de fútbol local, insignia de la región, aunque diera pérdidas.
El contratista más favorecido por Nicolás Maduro recorre en ascenso su propia vía láctea, que le ha llevado de importar leche en polvo de mala calidad para las cajas Clap, a controlar una de las industrias con más tradición y marcas más conocidas del mercado venezolano. En marzo de 2019, poco más de un año antes de su arresto en Cabo Verde, el mercader colombiano compró Corporación Inlaca usando, para tratar de esconder su presencia, las fachadas que suele tener a disposición. Pero la detención de Saab y la desaparición del gerente delegado por él -un paisano de Barranquilla- precipitaron una crisis en la empresa, paralizada desde noviembre.
Al lado de las condecoraciones que luce en su guerrera, el mayor general Luis Medina Ramírez, presidente de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, la instancia recién creada por el presidente Nicolás Maduro para que los militares intenten revertir la crónica escasez y el desabastecimiento que han lastrado a su gobierno, también puede presumir de haber tenido una pequeña distribuidora de enlatados y productos básicos que contrató con el Estado y de fungir como contralor de una cooperativa inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, que está autorizada para comprar y vender productos perecederos y no perecederos. Sus negocios con Mercal, la principal red estatal de distribución de alimentos del país, eran desconocidos hasta ahora
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
Es una compañía venezolana, constituida en 2015, dedicada a la importación, exportación, logística y comercialización de productos agrícolas y pesqueros.
Trabajó como funcionario del Ministerio de Alimentación entre 2013 y 2015, en tres institutos adscritos, luego constituyó Corporación Salaba C.A., Inversiones Salaba C.A., Salaba C.A. Corporation y Salaba Corporation, estas dos últimas registradas en Miami.
