Más de 700 nombres de dueños de compañías de la llamada Ciudad del Sol coinciden con los de funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Un cruce de 128.082 oficiales y autoridades de Venezuela con el registro de empresas de Florida advierte que en los más de siete millones de venezolanos en el exterior hay ex funcionarios que mudaron propiedades, negocios y hasta modos de vida, desde el país del control cambiario a la tierra del libre mercado.
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“El compromiso moral de los miembros de la institución es elevado y nos exige estar a la altura de los compromisos del presente sin olvidarnos de nuestros orígenes”, decía a la multitud el orador, en un discurso que recogió la Agencia Bolivariana de Noticias. “Nacimos de la férrea voluntad de nuestro pueblo de liberarnos de las cadenas del imperio, lo cual nos da un carácter antiimperialista, para lo que fue necesaria una revolución”.
Son palabras del almirante Carlos Aniasi Turchio pronunciadas el 14 de julio de 2009 a todos sus compañeros de armas. Ese día se estrenaba como comandante general de la Armada Bolivariana y –desde la Escuela Naval de Venezuela, Almirante Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez, enclavada en la Meseta de Mamo de Catia La Mar, a orillas del mar Caribe, en el estado Vargas– no escatimaba en palabras como "lealtad", "revolución" y "antimperialismo".
Decía entonces que “el colonialismo ha evolucionado hacia nuevas y sofisticadas formas de dominación” y que “la respuesta que ante esto ha dado el noble pueblo venezolano es la revolución socialista”. Ahora ya lleva tiempo que no dice lo mismo. Ha optado por el bajo perfil, que conserva 13 años después, también a orillas del mar… Pero en Florida.
Su historia bien puede ser la parábola o metáfora de una trayectoria que han seguido una camada de altos funcionarios que participaron en la construcción e imposición del aparato político de la Venezuela de hoy. Sus juramentos anti-imperialistas no les impidieron a la larga montar tienda en el sur de la Florida, bastión del exilio venezolano en Estados Unidos, anatema consumista para la prédica revolucionaria.
Solo en Miami se encuentran al menos 232 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o exfuncionarios del Ministerio de la Defensa que han registrado empresas y negocios. También hay más de 700 dueños de compañías cuyos nombres coinciden con los de altos funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Armando.info y el Miami Herald sistematizaron y procesaron los datos de más de 128.082 servidores públicos de libre nombramiento y remoción –de 3.050 Gacetas Oficiales del Estado venezolano, que datan desde 2007, en tiempos de Chávez, hasta junio de este año, durante el período de Maduro– y los cruzaron con todas las firmas asentadas en la División de Corporaciones del estado de Florida, visibles en línea en el sitio Sunbiz.org. El resultado advierte que la revolución bolivariana también conduce a Miami. Aunque se cuenten por cientos, en esta serie que hoy se empieza a publicar bajo el título de Miami Nostro, se relatarán varios casos singulares que ilustran la atracción que, si bien siempre ha ejercido el sur de Florida entre los venezolanos, aún surte un efecto especial entre los nuevos ricos con credenciales revolucionarias; las mismas que a la postre no sirvieron de antídoto.
La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela de Naciones Unidas ya contabiliza 7,1 millones de venezolanos en el exterior. En Estados Unidos hay 484.445 migrantes venezolanos, según el Observatorio Venezolano de Migración de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas y, al menos, 200.000 de ellos están empadronados en el sur de la Florida. Muchos se concentran en la ciudad de Doral, en el occidente del condado de Miami-Dade, a la que coloquialmente se ha dado en llamar Doralzuela: una localidad con clara presencia venezolana, de tamaño medio, en los hechos. En ese censo, que día a día se va ampliando, también crece a la par el margen de error con posibles homónimos, nombres que resultan comunes en un colectivo venezolano. Pero, todavía así, la trabajosa verificación de las identidades de esta base de datos de altos funcionarios muestra que, a contracorriente del discurso oficial, muchos de los jerarcas del gobierno han iniciado emprendimientos en el “imperio mismo” o hasta han migrado allí.
Destacan casos como el del general de Brigada, Jimmy Lenin Guzmán Pinto, que pasó de dirigir empresas públicas como Seguros Horizonte, a aterrizar en la ciudad de Fort Myers de Florida en una firma privada que mantiene activa desde 2019 con el nombre de Latam Risk Consulting 2107 LLC.
Caso similar al del arquitecto Lucas Pou, que pasó a dirigir la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales del último período de Chávez, según consta en la Gaceta Oficial número 40.020 del 2 de octubre de 2012. Reclutado y designado por su amigo y socio –el entonces recién designado ministro de la Secretaría de la Presidencia, Francisco Sesto, y luego ministro de Cultura– como proyectista y constructor, por ejemplo, de la Villa del Cine de Guarenas y del Hospital Cardiológico Infantil de Montalbán –suroeste de Caracas–, ganó exposición pública con la obra del controversial Mausoleo del Libertador y su característico techo en forma de rampa, adyacente al Panteón Nacional.
En 2015 registró en Miami la empresa IMA Fleet LLC, que disolvió tres años después. En ese entonces, Pou fue objeto de investigación en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, por el destino de más de 1.500 millones de dólares con los que la exministra de Salud, Eugenia Sader, llegó a anunciar la construcción de seis hospitales que quedaron en promesas.
En su defensa, dice –en entrevista telefónica– que los responsables del desvío de fondos fueron identificados y que él cumplió con el rol para el que fue contratado. "Yo nunca tuve relación con ese Ministerio de Salud, es decir, una empresa del estado era la responsable y esa empresa me subcontrata a mí el proyecto", recuerda. Del resto, advierte que nunca tuvo un espíritu antiyanqui. "Es una cosa que uno veía", reconoce, pero en su caso no solo tiene simpatías sino vínculos mediante su biasabuelo, abuelo y padre con orígenes puertoriqueños y estadounidenses.
La lista puede ser larga. Hay casos curiosos como el Samir Adel Al Attrach, que hizo el camino al revés, de la actividad comercial a la burocracia del Estado chavista: cerró su última empresa de Florida, Mr Caucho Corp, en septiembre de 2017, dos meses antes de ser designado en Emiratos Árabes Unidos como jefe de la misión diplomática de la antimperialista República Bolivariana de Venezuela en Abu Dhabi.
“Fue creada vía online en el año 2015 y posteriormente, uno o dos años después, cerrada”, aclara vía correo electrónico, aunque no fue posible precisar de qué se trataba el negocio.
Aun con un margen de error de nombres homónimos, la verificación de las identidades de esta base de datos de altos funcionarios muestra que, a contracorriente del discurso oficial, muchos de los jerarcas del gobierno han migrado o mantenido negocios en el “imperio mismo”.
Destacan más todavía los casos de funcionarios públicos luego asimilados en el sector privado, pero reconvertidos de una vez como contratistas del Estado del cual formaron parte. Por ejemplo, el ex gerente de la aduana principal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Carlos Luis Michel Fumero, hoy está al frente de una empresa de aduanas, contratista del estado, de nombre Aducarga y con sedes en Valencia y Miami.
Michel fue designado en la administración pública por el Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello, y antes ya tenía vínculos con su hermano, el diputado Diosdado Cabello, cuyo gobierno otorgó varios contratos a otra de sus empresas –la constructora Camik– cuando el hasta hace poco considerado como el número dos del régimen estaba al frente de la Gobernación del Estado Miranda.
Aunque se intentó contactarlo, en Aducarga solo quedaron en darle el mensaje, sin que luego pudiera obtenerse otra respuesta. No fue posible consultarle sobre sus negocios en Miami; como tampoco fue posible con la exfuncionaria Andreína Agusti, cuya productora, Orinoco Films, tuvo operación en Miami hasta 2016.
Desde la Cancillería, Agusti estuvo al frente de la participación de Venezuela en la Expo Shanghai 2010 y la Bienal de Venecia 2012. Fue directora de Cultura para el Viceministerio para Asia, Medio Oriente y Oceanía, entonces a cargo de Temir Porras, con quien luego pasó al sector privado, en otra empresa contratista del Estado venezolano que constituyeron juntos en Caracas, con el nombre de Inversiones Ventuari.
Más conocidos son los casos del exministro de Estado para la Banca Pública, Eugenio Vásquez Orellana, hombre de confianza del gobernador de Apure y entonces vicepresidente, Ramón Carrizález; de la ex diputada del ala de Diosdado Cabello, Iroshima Bravo, y del propio almirante Carlos Aniasi Turchio, que apareció en Estados Unidos aún después de que Walid Makled –el tercero en una lista de narcos solicitados en 2010 por la Casa Blanca– lo denunciara en televisión como parte de las autoridades que compró para delinquir.
Un grupo de venezolanos improvisó una protesta y un boicot contra un spa en Florida, luego de que Iroshima Bravo, exdiputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se presentara en la inauguración como su dueña. Crédito: Instagram/venezuelaenlibertad.
Los tres sufrieron en carne propia el desprecio de paisanos y vecinos del sur de Florida, que han improvisado airados escraches en su contra. Aunque Bravo nunca apareció en el registro del spa como su dueña, bastó que en 2016 se presentara como tal en el cóctel de inauguración para que el Pure Med Spa de Doral tuviera que cerrar antes de abrir.
Más allá de esas anécdotas, coloridas y conocidas, hay cientos de ejemplos más solapados de funcionarios que llegaron a tener posiciones de mando y diseñaron la arquitectura del aparato político y económico de la Venezuela de hoy, y que luego mudaron propiedades, negocios y hasta modos de vida, desde el país del control cambiario a la tierra del libre mercado. Verbigracia, el caso del general de Brigada, Samir Sayegh, bien conocido en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no solo como uno de sus tesoreros, sino también como ideólogo de férrea doctrina militar.
En 2007, Sayegh estuvo al frente de la División Académica de la Comandancia General del Ejército y, cuatro años después, fue designado vicerrector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Junto a su compañero de armas, el general de Brigada, Rafael José Aguana, publicó una tesis que en 2017 insinuaba desde el mismo título una militarización no tan solapada de la sociedad: La militaridad: En el estado democrático y social de derecho y justicia.
Desde esas 72 páginas, Sayegh y Aguana advirtieron que “la FANB no puede ser indolente ante el irrespeto, amenaza, desconocimiento y violación de los valores de cualquier imperio o de posiciones hegemónicas a escala mundial” y –no una, ni dos, sino tres veces–, se refirió a Estados Unidos –el sitio donde tiene una empresa y dos viviendas tasadas en más de 1,2 millones de dólares, según consta en el registro de inmuebles de Florida– como un peligro: “Esto conduce al concepto estratégico militar para la Seguridad y Defensa Integral de la Nación, que será el componente integrador de todas las misiones sociales propuestas por el Gobierno Nacional, dado que estas misiones nacen bajo la idea de lucha y defensa de la principal amenaza que desde el exterior se confabula (el imperio norteamericano), y la pobreza y la exclusión social en lo interno”.
Años después llegó a regir el Comando Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como la Unidad de Apoyo para el Área de Producción y Distribución de Farmacias, en los tiempos en que Chávez delegó la distribución de alimentos y medicinas a la alta oficialidad castrense.
Las publicaciones en 2016, 2017 y 2018 de la Gaceta Oficial muestran que las grandes compras ordenadas por el desde 2014 ministro de Defensa, Vladimir Padrino López –cinco sistemas de protección de blindados para vehículos, 70 motores fuera de borda y miles de equipos de primeros auxilios, por ejemplo, entre otros tantos– pasaban por las manos de Sayegh. “Era el hombre del dinero, manejaba toda la logística de la Fuerza Armada”, recuerda bien el militar retirado, sargento mayor de Segunda del Ejército, José Vicente Escobar Millán.
Ahora también desde Estados Unidos, tras un proceso en el que ha solicitado asilo por amenazas que recibió al salir de las filas del Ejército, Escobar Millán señala que fue trasladado a la 51 Brigada de Selva de Guasipati, estado Bolívar, cuando empezó a buscar alternativas para un jugoso contrato por el que el comando logístico –entonces a cargo de Sayegh– ordenó la confección de los uniformes de gala de la Fuerza Armada a la empresa china Norinco, según consta en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) venezolano.
Dos años atrás denunció el caso en su cuenta de Twitter, y hoy lo reitera, al otro lado del teléfono, tras advertir que aquellos uniformes sumaron nada más y nada menos que 15 millones de dólares. “Nadie formuló denuncias”, reconoce. “Pero a mí y a mi superior, el general Alfonso Sayago, que en paz descanse, nos trasladaron cuando empezamos a buscar y preguntar por alternativas más económicas”.
Es un doble rasero, concluye: “Hacen y deshacen y luego pasan su vejez en el exterior”. Pero en cierto modo también pone de manifiesto un doble discurso por parte de Estados Unidos: por un lado sanciona a funcionarios y, al mismo tiempo, recibe a otros como el almirante Aniani Turchio.
“Todas las solicitudes de visa se adjudican caso por caso y no podemos especular si alguien puede o no ser elegible”, responden en el Departamento de Estado de los Estados Unidos tras una solicitud de información para esta entrega. Al margen de las declaraciones oficiales, funcionarios de Washington, agentes de inteligencia y periodistas norteamericanos coinciden en que aquí confluyen varios tipos de casos: desde los que han negociado su estatus con información privilegiada, hasta los funcionarios que no han cometido delito alguno al margen de su falta de coherencia.
Tobias Roche, un exagente federal especializado en temas de corrupción, cree que las autoridades de Estados Unidos deberían prestarle una especial atención al dinero venezolano que está ingresando al Sur de Florida.
No es nuevo advertir sobre lavado de dinero en el Sur de la Florida; una situación que data desde los años 70 y 80. “Pero ahora el riesgo se presenta entremezclado entre los venezolanos que están llegando; la gran mayoría de los cuales son gente buena y trabajadora, pero entre los que se esconden algunos pocos que provienen del régimen chavista y que se están estableciendo aquí como personas respetables, aun cuando dentro de Venezuela son vistos como malhechores”, señaló. “Hay personas que están debajo del radar que han venido para acá y que de hecho están trabajando para el gobierno de Venezuela”.
En un momento dado, Roche llegó a proponer la adopción de un sistema de monitoreo a la alcaldía de Doral. “Yo era de la opinión de que necesitamos un proceso de monitoreo de individuos y corporaciones, que estaban creciendo, y algunas de las cuales estaban haciendo negocios con el gobierno de Doral, para evitar situaciones embarazosas más adelante y posibles riesgos de investigaciones federales”.
Roche, quien trabajó por 30 años con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, fue uno de los primeros en alertar a las autoridades locales sobre las actividades del venezolano Raúl Gorrín en el Sur de Florida, antes de que éste fuese acusado por la fiscalía federal de Miami por su participación en un mega caso de corrupción que involucraba el pago de cientos de millones de dólares en sobornos para tener acceso al fabulosamente rentable régimen cambiario oficial de la época.
Desde la cárcel de Cómbita, en Colombia, Walid Makled acusó al almirante Aniasi Turchio de haberle cobrado más de cinco millones para dejarlo operar en Puerto Cabello. Lo dice en el segundo 0:45 de este video. Crédito: Youtube/AlexEdrei
Gorrín, quien vivía en una mansión de Coral Gables en esa época, se vio obligado a salir del país a sabiendas de que la justicia estadounidense le estaba siguiendo sus pasos, pero para el ex agente federal, en Florida aún habitan personas que estuvieron o aún están estrechamente vinculadas con el chavismo.
Ahora está ingresando dinero nuevo que no descarta venga de fondos de corrupción y narcotráfico. Fue, de hecho, el propio Makled el que prendió los reflectores sobre el almirante Aniasi Turchio. "En el 2005, 2006, él se desempeñaba como jefe de Puerto Cabello, presidente del puerto. El me firmó a mí una concesión por cinco años, la cual yo tuve que pagar por esa concesión cinco millones y medio de dólares", dijo en 2010, entonces preso en Colombia, en entrevista con Univisión.
De cualquier modo, se trata para el almirante Aniasi Turchio, de un mero juego de palabras que ha sido malinterpretado. Su mudanza, afirma, obedece a la de un padre siguiendo los pasos de sus hijos, quienes ya vivían en Estados Unidos. "Lo que dice él (Makled) es ‘esta firma me costó a mi esta cantidad de dólares’. En ningún momento dice: ‘yo le entregué ese dinero a esta persona’", responde vía telefónica. "Ese es el contexto que ellos han querido sacar, pero yo soy ciudadano acá residente, hice todo mi trámite y creo que difícilmente sería aceptado o haber sido beneficiado con ese trámite si hubiera tenido algo que ver con lo que es la parte del narcotráfico".
Los registros públicos muestran que Aniasi hace vida en Estados Unidos. Su hijo tiene una empresa llamada Robcar LLC y él, a su vez, una casa de 324 metros cuadrados que la empresa de bienes raíces Zillow valora en más de 620.000 dólares, así como otras dos compañías, Solcar Investors LLC y Carsol Investments Corp.
Más que comerciales, muchas son empresas que sirven como vehículos para mover dinero. La firma Carsol Investments Corp es el instrumento para administrar un almacén comercial cuya infraestructura está tasada en 1,5 millones de dólares en Kissimmee, de acuerdo con el Registro de Propiedades del Condado de Osceola.
“La respuesta que ante esto ha dado el noble pueblo venezolano es la revolución socialista”, decía entonces aquel Aniasi de 2009, cuando se presentaba de blanco, con el uniforme militar que vestía como el nuevo comandante general de la Armada Bolivariana.
* Esta es la primera de una serie de reportajes que publican Armando.info y The Miami Herald bajo el nombre de 'Miami nostro' y con la participación de Gustavo Jiménez, Valentina Lares, Patricia Marcano, Isabel Guerrero, Carlos Crespo, Marcos Valverde, Isayén Herrera y Johanna Osorio.
ADVERTENCIA AL LECTOR: Durante el proceso de reportería de esta nota, los redactores intentaron recoger, entre otros mencionados, la versión del almirante Carlos Aniasi Turchio y del arquitecto Lucas Pou. Solo después de publicada la pieza en Armando.info fue posible dar con ellos para que dieran una respuesta.
Sea en un puesto de mando de la autodenominada Revolución Bolivariana o en un condominio exclusivo de Miami, el oficial del Ejército venezolano, Sergio Caldera García, sabe hacerse su espacio. Tal fue su transición en 2014, luego de haber figurado por años en el estado mayor de la alimentación desde empresas como Corporación CASA, Abastos Bicentenario y Pdval. Junto a su esposa pasó a ser un flamante empresario de Florida, con valiosas propiedades inmobiliarias y una red de sociedades -algunas offshore- a su servicio.
El potencial caso de evasión de impuestos en la compra de obras de arte por 27 millones de dólares por parte de Isaac Sultán Cohén, empresario que hizo fortuna al controlar los almacenes de los principales puertos venezolanos en la primera década del chavismo, no desembocó en una acusación contra el magnate criollo. Por el contrario, su testimonio es la base para una demanda del Estado de Nueva York contra la famosa casa de subastas Sotheby´s, que también expone la actuación presuntamente irregular de una especialista venezolana en el mercado artístico.
Más nombrables que imputables o al menos visibles, Luis Alfonso e Ignacio Enrique han construido su propia leyenda aparte del historial mantuano de su familia. Si hablaran, serían piezas claves para conocer cómo se manejó el mercado financiero venezolano durante el control cambiario y por qué este dio lugar a nuevas e inmensas fortunas. Pero su reticencia a mostrarse en medios quedó provisionalmente rota por una disputa por un yate en Miami y documentos de sus offshore.
Bancamiga ha tenido un crecimiento que se puede calificar de ‘explosivo’ en el, eso sí, minúsculo sector financiero venezolano. Buena parte de su expansión ha tenido lugar después de las sanciones emitidas por Washington contra Samark López, un punto de inflexión por el que dos allegados del cuestionado empresario, José Chacín Bello y Ariel Martínez fueron a dar -aunque en momentos distintos- a ese banco, uno como gran accionista, el otro como alta autoridad ejecutiva. Contra lo que eso pueda insinuar, el banco y el propio López niegan que existan vínculos entre ellos.
Quien durante la última década haya querido mantenerse al día con el patrimonio inmobiliario de estas venezolanas, madre y tres hijas que gustan de hacerse pasar por las Kardashian, lo tuvo difícil: en un abrir y cerrar de ojos pasaron de una vivienda familiar en un suburbio de Caracas a apartamentos en Miami y París. Una oficina de servicios offshore en Panamá le pidió en 2016 a Norka Luque que actualizara sus fuentes de ingreso, entre las que reportó hasta una franquicia de tintorerías, pero se reservó parte de su imperio de bienes raíces y sus vínculos especiales con jerarcas del régimen chavista como la almiranta Carmen Meléndez o la extesorera Claudia Díaz.
No es muy conocido, lo que no es de extrañar: hace lo que sea para mantener el bajo perfil, hasta contratar empresas de lavado de reputación en Internet. Pero en documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo resalta su nombre en vinculación con la empresa Fimis Holding, que representa la zona cero de su madeja global de negocios, por la que pudo comprarse el primer edificio de superlujo en Madrid y el segundo apartamento más caro de Florida en 2016. Se llama Isaac Sultán Cohén, se le tiene por cercano a Diosdado Cabello, y ahora está de vuelta a su Itaca original, Puerto Cabello, en cuyos almacenes empezó a hacer fortuna.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
