Las protestas en Venezuela comenzaron un día como hoy hace un año. Más de 20 testigos advirtieron entonces que una manifestación de jóvenes fue cercada por los organismos del Estado. De eso dejó constancia este relato que, a la distancia del tiempo, reconstruye lo que en Caracas ha quedado a secas como el "12F".
No bastaron los perdigones ni las lacrimógenas; ni siquiera los proyectiles de pistolas 9 milímetros. Varios videos inéditos confirman lo que algunos testigos ya habían advertido desde la misma tarde del 12 de febrero: ese día el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional disparó otro tipo de balas cuyos casquillos fueron recogidos por los mismos funcionarios que accionaron las armas.
Además de las imágenes que han circulado en las redes sociales y la Web, una serie de testigos empiezan a filtrar nuevos documentos que muestran a efectivos de la policía política apretando el gatillo de escopetas de las que en la noche ya no quedaban evidencias. Algunos funcionarios incluso se agacharon a recogerlas en medio de la misma contienda en la que murieron un joven que protestaba y el líder de uno de los colectivos que acompañan al Gobierno.
La Candelaria recibió el 12 de febrero a una masa de jóvenes que levantaban pancartas a favor de la liberación de los estudiantes detenidos en el Táchira, pero a las 2:30 de la tarde la protesta tomó visos de batalla. Desde entonces Venezuela es un polvorín.
Los estudiantes habían marchado desde Plaza Venezuela hasta la Fiscalía General de la República y cuando ya parecía que la protesta empezaba a dispersarse, empezó un toma y dame de botellas y piedras que terminó con los propios funcionarios del Sebin relevando a los llamados grupos colectivos que inicialmente habían enfrentado la manifestación.
"Fue una encerrona", relata un vecino. Los estudiantes forzaron a los colectivos a replegarse y en el forcejeo de las piedras y las botellas, subieron una cuadra desde la avenida Universidad hasta la esquina de Tracabordo, donde se vieron rodeados de cordones militares que impedían la salida por cualquiera de las esquinas de los alrededores.
Quienes rebobinan la película les parece extraño que la única barrera policial que desapareció fue la que permitió que un grupo de los manifestantes entrara al callejón donde finalmente cayeron las dos víctimas. Los efectivos de la Policía Nacional que habían estado impidiendo que los jóvenes pasaran de la avenida Universidad recibieron la orden de irse y minutos después de que se les viera descansando en la calle Este 2, aparecieron colectivos armados acompañados de efectivos del Sebin.
Esta historia fue reconstruida con relatos anónimos sin nombres ni apellidos. Nadie quiere exponerse, pero más de 20 testimonios coinciden en que lo del 12 de febrero fue una suerte de emboscada en la que si bien hubo un grupo de estudiantes que lanzaron piedras, encontraron pelotones que dispararon desde varios puntos.
Los impactos de bala de dos centímetros de ancho, que hay en la sede de Fundacaracas, son la mejor prueba de que 200 años después de la Batalla de la Victoria, los estudiantes que conmemoraban el Día de la Juventud encontraron otra contienda en la parroquia La Candelaria.
Solo en la fachada de ese organismo hay 10 impactos de bala, que coinciden con la posición de los mismos funcionarios que en las redes sociales aparecieron disparando al pie de los edificios Orlando y Acosta Ferro VI, desde la calle Sur 11 a la avenida Universidad, donde inicialmente se encontraban los estudiantes.
Esos funcionarios disparaban más abajo y a espaldas de la esquina de Tracabordo, por lo que la bala que mató al joven Bassil Dacosta, de 23 años, tuvo que salir de otro punto. Más que una batalla entre dos bandos, fue una refriega de piedras contra balas.
Cuatro días después del escándalo, Maduro respondió que esos funcionarios nunca debieron estar en lo que terminó como la escena del crimen. "Yo mandé a acuartelar al Sebin en la madrugada", dijo el domingo pasado, y el martes terminó destituyendo al director del organismo, Manuel Bernal, quien será sucedido por el mayor general Gustavo González López.
Este viernes, por su parte, sugirió que se trataba de una conspiración dentro de su propio gobierno. "Parece que compraron a algunos funcionarios, cuidado con los infiltrados", dijo. "Están detenidos parte de los involucrados que usaron armas, los que son funcionarios públicos los entregue inmediatamente".
La versión oficial indica que el alto Gobierno nada tiene que ver con esas acciones, pero sea como sea varios de esos funcionarios igual no estaban obligados a respetar el acuartelamiento, porque eran escoltas de altos funcionarios. Es lo que cantan dentro del propio Sebin y también los uniformes que vestían.
De acuerdo con testimonios que vienen del mismo Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, varios de los que fueron grabados in fraganti tenían unas botas altas que los identifican como funcionarios asignados como escoltas.
Portaban, además, pistolas Beretta 92FS en lugar de los fusiles de reglamento. Es el caso de Melvin Collazos, cuyo nombre y rostro coincide –de acuerdo con el expediente penal CO-11-2565-03 del Tribunal Undécimo de Control de Caracas– con el mismo efectivo de la entonces Disip que arrestó a Raúl Díaz Peña antes de que consiguiera asilo en Estados Unidos.
El nombre de Collazos ya había sido involucrado en los atentados que en 2003 sufrió la periodista Marta Colomina y que al año siguiente acabó con la vida de Germán Delgado, guardaespaldas de Patricia Poleo. El 11 de abril de 2002 fue parte de la brigada especial que desde la avenida Baralt actuó a cargo de la Disip, entonces al mando del hoy ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres.
Este 12 de febrero, por su parte, se le identificó entre las decenas de funcionarios que, tal como lo atestiguan varias fotos de quienes estuvieron en el lugar, al final de la operación caminaron unas cuadras a la esquina de Platanal, dentro del mismo ministerio que comanda el mayor general Miguel Rodríguez Torres.
Collazos, sin embargo, no es el único que disparó. A falta de cámaras de televisión y reporteros que transmitieran en vivo, Twitter y Youtube terminaron corriendo la voz sobre una ráfaga de disparos que accionaron no uno ni dos, sino decenas de funcionarios que compartían escena con motorizados y otros integrantes de los colectivos que acompañan al Gobierno.
Aunque Maduro habló en la noche del viernes de varios detenidos, no aclaró si aparte de Collazos está el sargento del Ejército Jonathan Rodríguez, quien también apareció disparando. Tampoco se refirió a Miguel Domínguez que, aun sin ser policía, desde ese día se le llama "El hombre de la camisa caqui", por aparecer así girando instrucciones a varios efectivos del Sebin.
En su cuenta de Twitter (@MiguelDomingue) no solo reconoce que estuvo en el sitio sino que se presenta no con su foto, tampoco con la de Maduro o Chávez, sino con la del mismo diputado con quien lo relacionan: Freddy Bernal.
"Cuando llegamos al lugar, como puedes ver en el video ya había ocurrido lo de Juancho. Llegaremos a la verdad", respondió por la misma cuenta de Twitter a Jonny Montoya, quien le pedía explicaciones por el asesinato de su hermano, Juan Montoya.
Juancho, a quien el propio Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas llegó a señalarlo como "terrorista" –por formar parte del grupo que en 2008 puso una bomba en la sede de Fedecámaras– cayó ese día a escasos metros de donde se vio al agente Melvin Collazos disparando junto a otros efectivos de la policía política.
Las minutas preliminares de la División de Homicidios del Cicpc no precisan si estaba mirando hacia el norte o en dirección a la avenida Universidad, por lo que aún no reconfirman si murió a manos de sus camaradas.
Fue muy cerca de la esquina de Monrroy. Más de 100 minutos de varios videos, filtrados desde el propio Ministerio Público, muestran el momento en que las cámaras de seguridad de la zona grabaron una camioneta Pick up blanca y sin placa bajando de retroceso, para que sus camaradas montaran al herido y lo sacaran por los mismos cordones militares que antes y después impidieron la huida de los estudiantes.
Menos de 10 minutos después, a las 2:43 pm, los estudiantes corrían a contracorriente de esa camioneta cargando a cuestas a su compañero Bassil Dacosta, quien falleció horas después.
Aun en retirada y con el herido en hombros, el Sebin siguió disparando. Las cámaras de los alrededores también grabaron la manera como los efectivos se agachaban durante y después de la contienda, para no dejar constancia de las balas. A las 8:00 pm todavía había policías que montaban guardia para supervisar que ni siquiera quedaran rastros de la sangre derramada.
* Este trabajo fue originalmente publicado el 23 de febrero de 2014 en El Universal
Sus rostros no han aparecido en ninguna manifestación pública retratados en alguna pancarta, ni en folletos, ni en las redes sociales. Sus nombres quedaron sentenciados por alguna persona con “autoridad revolucionaria” que los implicó en un hecho sin pruebas concluyentes, incluso con suposiciones que lograron ser desmontadas, pero que valieron poco o nada para revertir lo que se buscaba: criminalizar la protesta, atemorizar a los manifestantes, dejar tras las rejas a alguien. En ellos no encaja el discurso oficial que se empeña en asegurar que en Venezuela solamente hay políticos presos. Se trata de venezolanos de a pie que han terminado como presos políticos; particularmente como presos políticos olvidados.
Se cubren los rostros con máscaras o franelas. Se protegen con escudos improvisados. Preparan y lanzan bombas artesanales. Arman barricadas con lo que consiguen y, cuando van a las marchas, son quienes encabezan las manifestaciones para enfrentarse con los cuerpos de seguridad del Estado. Aunque no todas las personas que se identifican con la resistencia se conocen y actúan de la misma manera en las zonas de conflicto ubicadas en la Gran Caracas, estos son los principales elementos que caracterizan a los miembros de estos grupos que en su mayoría son de sectores populares y que, pese a no conectar ideológicamente con el gobierno de Nicolás Maduro, no siempre siguen la agenda de la oposición venezolana.
En Venezuela no llegan a medio centenar los oficiales militares que tienen a su cargo la misión de impartir justicia entre sus pares castrenses. Pero a medida que el Gobierno de Nicolás Maduro remite a más disidentes políticos y civiles insumisos para ser juzgados en esa jurisdicción, se empiezan a ver los flancos más débiles de una logia de jueces designados a dedo por el ministerio de Defensa, con méritos poco claros y una disposición marcada a seguir órdenes.
Acusado de financiar las protestas que sacudieron Venezuela en 2014, con un pasado de estudiante inconforme, el opositor venezolano es una innegable influencia para el movimiento que en 2007 irrumpió como actor en la escena política. Su figura también despierta críticas entre los adversarios del gobierno, que lo señalan de arrogarse la creación del movimiento juvenil, manejar financiamientos y fomentar la antipolítica.
Antes de sus siete huelgas de hambre, se destacó por sus cultivos. Era "El rey de la patilla", cuentan en el pueblo donde todo comenzó. Hoy hace ya cinco años que terminó de reducirse a 33 kilos y, entretanto, aquí no ha pasado nada.
Este reportaje debió salir publicado en la edición dominical del 16 de marzo del diario Últimas Noticias. Al final, esta historia no se contó en sus páginas. ArmandoInfo comparte el trabajo que debió salir ese día. La plaza Altamira es el epicentro de los enfrentamientos en Caracas. Manifestantes y GNB coliden todos los días, hasta el cansancio.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
