Este reportaje debió salir publicado en la edición dominical del 16 de marzo del diario Últimas Noticias. Al final, esta historia no se contó en sus páginas. ArmandoInfo comparte el trabajo que debió salir ese día. La plaza Altamira es el epicentro de los enfrentamientos en Caracas. Manifestantes y GNB coliden todos los días, hasta el cansancio.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La edad promedio de los jóvenes de la plaza Altamira se ubica entre 19 y 22 años, llevan capucha y aseguran que su lucha es por Venezuela.
La edad promedio de los funcionarios de la Guardia Nacional se encuentra entre 19 y 22 años, llevan uniforme y aseguran que su lucha es por Venezuela.
Ambos se enfrentan a piedra y lacrimógena en Caracas desde el pasado 12 de febrero, pero en sus mochilas llevan historias paralelas más allá de las trincheras.
Un día en la plaza Altamira revela que los manifestantes crean redes de protección; que pertenecen a la clase media y popular; también vienen del interior del país y están los sin casa, que solo van por comida gratis. El detonante de la jornada suele ser cuando los manifestantes gritan “¡Vamos pa´la autopista!”. Se refieren a la Francisco Fajardo.
La actividad en la plaza Altamira comienza pasadas las 10 de la mañana. Desde temprano, quienes hacen vida allí se tapan el rostro. No les gustan las fotos, pues temen a la detención de los organismos del Estado. “En estos días se llevaron a mi compañero. Nos cuidábamos mutuamente cuando las cosas se ponen feas allá abajo”. Habla de Altamira Sur, escenario principal de los enfrentamientos. José es barquisimetano (25). “Estoy aquí desde el 15 de febrero por mi hijo. Tiene un año y no consigo ni pañales ni leche”. Vive de la solidaridad de los vecinos. Desde que llegó ha dormido en Los Ruices, Palo Verde y Caricuao. Sus amigos desde el exterior le escriben: “naguará, qué fino que estás allá”. Él comenta: “Yo sí creo que estamos escribiendo una nueva historia”.
El 11 de marzo fueron detenidas 11 personas en un allanamiento en el estacionamiento de la plaza. Antes habían sido detenidas más de 150 en distintos operativos.
Los jóvenes aseguran que guardias y policías viven en la Torre Británica. El 12 de marzo grupos vandálicos desvalijaron 6 oficinas gubernamentales ubicadas allí. El domingo quemaron un quiosco de Metrobús.
“¿Días? Yo tengo semanas sin ir a mi casa. Estamos acuartelados desde que esta situación comenzó”, cuenta un oficial que no ofrece su nombre. Se toma el tiempo de explicar que su función es hacer respetar el libre tránsito y cita el artículo 50 de la Constitución, que se refiere a este derecho. Asegura que allí es el último lugar en el que quiere estar. “No disfrutamos deteniendo a los manifestantes. Pero es lo que nos corresponde. Estamos dentro del marco de la ley”.
Las pancartas que despliegan los manifestantes también aluden a la Constitución (Art. 68): “Los ciudadanos tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas”. Hasta que lanzan la primera piedra.
Es mediodía y los accesos a la Luis Roche y a la San Juan Bosco han sido bloqueados. En la primera de estas avenidas, los manifestantes colocan un carro en mitad de la calle. De un lado, queman un caucho cerca de unos “Miguelitos (cabuya amarrada con clavos). Del otro queda un resquicio por el que puede pasar una moto. Varios lo intentan, pero Ronald se los impide acostándose de largo a largo en el asfalto. Tiene 17 años y se unió a las protestas desde el primer día. “Quiero que mi mamá sepa que tengo más posibilidades de graduarme, que de que me maten”. Confiesa que no es de la oposición ni del chavismo: “soy venezolano”, dice, detrás de una máscara como la que usan los pintores de latonería. Un conductor se acerca a la barricada. No lo dejan pasar. Les grita insultos, en retribución.
Algunos llegan con bolsas de comida y medicamentos. Hay una logística de distribución. De repente, los jóvenes estallan en aplausos. Una camioneta separa justo antes de la barricada y de su interior bajan varias bolsas llenas de hojas secas.
El ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, denunció que algunos de los manifestantes detenidos en Altamira confesaron recibir Bs. 5.000 semanales del partido Voluntad Popular. “¿Tú crees que si eso fuera verdad ya no me hubiese comprado una máscara antigas?”, interroga con el rostro lleno de Malox (un antiácido eficaz para neutralizar el efecto de las lacrimógenas) José, (23). Luego saca su cartera. Tiene tres billetes de cinco: “Este es mi capital”.
El sueldo promedio de la tropa de la GNB es de Bs. 6.000 mensuales, más Cestatickets. Trabajan tres semanas seguidas y libran una, pero el presupuesto no les da para visitar a su familia en el interior del país. Sus acentos los delatan. Vienen de Maracaibo, Sucre y Aragua.
El momento de la verdad. A las 2:50 pm se oye un grito que se repite en eco. “¡Activémonos!”. Hay un grupo junto a la fuente que practica lanzamientos y atrapadas de bombas lacrimógenas. Entrenan con una pelota. En sus brazos tienen unos escudos hechos con pedazos de zinc, con unas siglas en azul: “Grie” (Guarimberos de Respuesta Inmediata Élite). Bajan en desbandada. Jóvenes con pasamontañas, máscaras de Anonymous, gente vestida de trabajo, estudiantes. Los que tienen spray con Malox se colocan al lado de los “frenteadores”, en la línea de fuego.
Hay una rutina. Como si ensayaran, los manifestantes dan el primer paso y lanzan piedras y bombas caseras para abrirse paso hacia la autopista. Algunos días los militares intentan disuadirlos con palabras; otros, apuran el final, que siempre es el mismo. Una lluvia de lacrimógenas provoca una neblina tóxica que dificulta la respiración; hace que ardan piel y ojos. Hay desmayados. Los primeros en la línea de fuego aplican el entrenamiento. Patean las bombas. A medida de que los manifestantes se debilitan, los militares empujan hacia arriba. Pasan horas.
Todas las noches los manifestantes trasladan sus protestas hasta la avenida San Ignacio de Loyola en Chacao. A veces la GNB actúa, otras no. A las 6:00 pm colocan sofás, colchones y hasta neveras viejas. La jefa de Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, dijo que desde el 12 F hay un descenso en la cantidad de desechos que llegan a La Bonanza.
“Yo vivo en el 23 de Enero y es verdad que pasan los colectivos con alto parlantes en la noche, amenazándonos. Pero si me consiguiera 30 chamos para guerrear desde allá, ni me lo pensara”, dice Lis (19).
Cada noche hay al menos cuatro tanquetas que en la parte superior tienen ocho cañones de los que salen bombas lacrimógenas. También hay efectivos con escopetas. Por encima de las detonaciones se escuchan mentadas de madre y unos sonoros “¡hijos de puta!” salen de las ventanas. Lanzan piedras y botellas. Ellos responden con más bombas y perdigones. En ocasiones directo a los apartamentos. En otras, tanquetas chocan los carros estacionados. Uno de los verdes comenta que su compañero perdió la audición de un oído por un “tumbarrancho”.
De la ballena se escucha la voz de Chávez entonando “Patria querida”. Los uniformados explican que sirve para “levantar la moral de la tropa”, y que no significa estar partidizados. Antes de la media noche vuelve la calma. Un GNB joven cuenta: “Mi mamá, del Zulia, tiene que calarse la misma cola que la que hacen estos chamos, para comprar cualquier pote de aceite. Yo creo que ellos tienen razón, pero a veces se pasan”. Se arregla el chaleco antibalas. Mañana, será otro día.
* A solicitud de los entrevistados todos los nombres fueron cambiados por protección.
--
En Caracas hay trincheras de este tipo no solo en Chacao y Altamira, también en otras zonas, como Macaracuay, El Cafetal, La Candelaria, Prados del Este y Colinas Bello Monte. La Policía de Baruta pasa por las avenidas principales para despejar la vía, pero a partir de las 5 pm, vecinos del sector vuelven a instalar barricadas. Las guarimbas trajeron enfrentamientos verbales entre la comunidad. Aunque algunos apoyan la protesta, se oponen al cierre de calles. Manuel Da Silva, dueño de una licorería de Bello Monte, asegura estar “obstinado” y revela que sus ventas han bajado entre 60 y 70%. Blanca González
La palabra guarimba no aparece en el diccionario, pero en Venezuela es de uso común. El activista político, Robert Alonso, vinculado al caso de los supuestos paramilitares (2004), se atribuye su creación. La describe como el “bloqueo de la calle frente a las casas” con desperdicios, basura o cauchos. Hasta el momento, y desde el 12 de febrero, 17 personas han muerto en eventos relacionados con las guarimbas. Siete fallecieron porque su vehículo perdió el control por una barricada y los otros 9 fueron asesinados mientras intentaban levantarla o estaban alrededor de ella. El Gobierno ha señalado a supuestos francotiradores. En otro caso, responsabilizaron a la guarimba por impedir el paso a tiempo de una ambulancia. Estas muertes forman parte de las 28 que han ocurrido desde que iniciaron las protestas. El resto fueron por cuerpos de seguridad del Estado o motorizados no identificados que dispararon.
Desde hace un mes aumenta el número de manifestantes en la avenida Río Orinoco de Valencia. Con el transcurrir de los días los vecinos consolidaron sus barricadas. Los más osados permiten que sus hijos los acompañen. Los radicales aprovechan para contar sus épicas batallas. Los coordinadores de la cuadra controlan la logística y las provisiones. Las mujeres se dedican a mantener alimentados a los integrantes de la célula en una cocina comunitaria. Los gariteros se toman su trabajo en serio. Holgazanean solo cuando son relevados. “El que se cansa pierde”, reza una pancarta. Gustavo Rodríguez
Julián es el encargado del centro de acopio de una guarimba margariteña. Cuenta que reciben donaciones de la sociedad civil. “No recibimos nada de los partidos”. Un estudiante explicó que son entre 40 y 45 personas los que montan las barricadas. Dayana dijo que la mayoría de los cachivaches los consiguen en basureros de edificios y urbanizaciones. “Las barricadas son una forma de resguardarnos de los colectivos, porque protestamos de manera pacífica”, comentó un estudiante. Al recordarle los derechos de otros, afirman que la situación del país afecta a todos. Sascha Moncada
Sus rostros no han aparecido en ninguna manifestación pública retratados en alguna pancarta, ni en folletos, ni en las redes sociales. Sus nombres quedaron sentenciados por alguna persona con “autoridad revolucionaria” que los implicó en un hecho sin pruebas concluyentes, incluso con suposiciones que lograron ser desmontadas, pero que valieron poco o nada para revertir lo que se buscaba: criminalizar la protesta, atemorizar a los manifestantes, dejar tras las rejas a alguien. En ellos no encaja el discurso oficial que se empeña en asegurar que en Venezuela solamente hay políticos presos. Se trata de venezolanos de a pie que han terminado como presos políticos; particularmente como presos políticos olvidados.
Se cubren los rostros con máscaras o franelas. Se protegen con escudos improvisados. Preparan y lanzan bombas artesanales. Arman barricadas con lo que consiguen y, cuando van a las marchas, son quienes encabezan las manifestaciones para enfrentarse con los cuerpos de seguridad del Estado. Aunque no todas las personas que se identifican con la resistencia se conocen y actúan de la misma manera en las zonas de conflicto ubicadas en la Gran Caracas, estos son los principales elementos que caracterizan a los miembros de estos grupos que en su mayoría son de sectores populares y que, pese a no conectar ideológicamente con el gobierno de Nicolás Maduro, no siempre siguen la agenda de la oposición venezolana.
En Venezuela no llegan a medio centenar los oficiales militares que tienen a su cargo la misión de impartir justicia entre sus pares castrenses. Pero a medida que el Gobierno de Nicolás Maduro remite a más disidentes políticos y civiles insumisos para ser juzgados en esa jurisdicción, se empiezan a ver los flancos más débiles de una logia de jueces designados a dedo por el ministerio de Defensa, con méritos poco claros y una disposición marcada a seguir órdenes.
Acusado de financiar las protestas que sacudieron Venezuela en 2014, con un pasado de estudiante inconforme, el opositor venezolano es una innegable influencia para el movimiento que en 2007 irrumpió como actor en la escena política. Su figura también despierta críticas entre los adversarios del gobierno, que lo señalan de arrogarse la creación del movimiento juvenil, manejar financiamientos y fomentar la antipolítica.
Antes de sus siete huelgas de hambre, se destacó por sus cultivos. Era "El rey de la patilla", cuentan en el pueblo donde todo comenzó. Hoy hace ya cinco años que terminó de reducirse a 33 kilos y, entretanto, aquí no ha pasado nada.
Las protestas en Venezuela comenzaron un día como hoy hace un año. Más de 20 testigos advirtieron entonces que una manifestación de jóvenes fue cercada por los organismos del Estado. De eso dejó constancia este relato que, a la distancia del tiempo, reconstruye lo que en Caracas ha quedado a secas como el "12F".
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
