La circulación de una colección de cuadernos y útiles escolares con la imagen de un superhéroe de tiras cómicas que imita a Nicolás Maduro no era solo un gesto de adulación para el poder. Sirvió en los hechos como presentación en sociedad de un empresario de origen ecuatoriano e irónicamente lampiño, con vocación de bueno-para-todo, y los superpoderes necesarios para obtener desde 2016 contratos de toda índole con el Estado venezolano, desde servicios técnicos petroleros hasta la dotación de papel higiénico y tóner de impresoras.
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“Una gran jodedera al imperialismo: si ellos tienen a Supermán, nosotros tenemos a Superbigote”, se ufanó Nicolás Maduro en una transmisión de medios oficiales durante la Expoferia Plan Escolar 2022 y 2023, celebrada en el Círculo Militar de Caracas.
Mientras hablaba ante las cámaras, el cuestionado mandatario enseñaba los cuadernos, morrales y útiles escolares estampados con una versión de su propia figura, en la que aparece con robustos músculos y con el famoso traje y capa (aunque con los colores invertidos) del superhéroe, quintaesencia de la cultura popular estadounidense, ideado en 1938 por el escritor Jerry Siegel y el dibujante canadiense Joe Shuster.
El nombre de uno de los fabricantes de ese merchandising trascendió por la publicidad que le dio un medio oficial: Corporación Trading Latinoamérica, C.A (CTL). “De estos cuadernos tenemos una capacidad de producción de entre 60.000 a 80.000 por día y con posibilidades de doblar esa producción”, señaló Eduardo Álvarez, representante de la empresa. La gama, cuyo diseño promete ser merecedor de un suculento contrato con instituciones públicas, también incluye un morral de Superbigote -el Nicolás Maduro puesto a la manera del universo de DC- y cuadernos con la figura del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, representado este último como Drácula, el personaje que el mandatario regional adoptó como su marca personal.
Pero detrás de este negocio, pintoresco solo a primera vista, se encuentra una trama más densa.
Como lo anunciaba la propia página web de Corporación Trading Latinoamérica –sitio que fue tumbado luego de que el reportero de la presente historia entregó un cuestionario en la sede de la empresa, el pasado 11 de noviembre-, la compañía también se dedica a la “comercialización de material ferroso y no ferroso, exportación e importación de petróleo, gas y sus productos derivados”. También desarrolla actividades relacionadas con las criptomonedas, “la intermediación financiera” y el suministro de materia prima y bienes terminados. De hecho, dice aceptar, como forma de pago, “material ferroso y no ferroso, crudo y/o productos derivados”. Un abanico de opciones amplio pero muy ajeno a la producción de material didáctico o de promoción.
Esta información, que la empresa se ocupaba de difundir antes en su propio portal, se ve confirmada en sus documentos mercantiles, donde el objeto de la compañía ocupa hasta seis páginas y detalla que también desarrollan “actividades conexas de maquinarias y equipos de perforación y exploración de petróleo y gas, (…) o las actividades conexas requeridas para la distribución a nivel nacional e internacional de Gas Licuado de Petróleo (GLP), Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Natural no asociado y sus gases asociados”.
No era solo tinta sobre papel. Era un discurso autorizado. Tratándose del petróleo, un recurso estratégico del Estado venezolano, para comercializarlo se requiere de un permiso de altas autoridades de las empresas públicas. También ocurre con la chatarra, que desde 2021 ostenta la misma categoría oficial. CTL tenía ambos permisos desde 2020.
Los documentos de la empresa incluyen una carta del Ministerio del Petróleo, fechada el 19 de octubre de 2020, con la firma del director general de Mercado Nacional de Pdvsa, el coronel Marino José Lugo Aguilar, que autoriza a CTL a indicar como objeto de la compañía, ante el registro mercantil, el “expendio de los productos derivados del petróleo”.
También una comunicación del 8 de diciembre de 2020, del entonces presidente de la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez), el general de división Irwin José Ascanio Escalona -ahora presidente de Bolipuertos-, quien autorizó a CTL para que en su oferta de servicios indicara que se dedica a la “compra, venta, importación, exportación (…) y transporte de chatarra ferrosa y no ferrosa”, así como a la comercialización nacional, exportación y transporte de “materiales estratégicos, residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel”, productos del reciclaje de papel, entre otros.
Con la debacle de la industria petrolera venezolana, que actualmente produce menos de un tercio del crudo que hace 20 años, la autodenominada Revolución Bolivariana ha tenido que recurrir a nuevas fórmulas para obtener divisas. Entre ellas está la exportación de chatarra, que literalmente se arranca de las desvencijadas instalaciones de la propia Pdvsa y otras empresas públicas en ruinas.
Un decreto presidencial de enero de 2018 autorizó a Corpoez para centralizar la exportación de chatarra ferrosa y no ferrosa en el Estado. Mientras, otro decreto de febrero de 2021 declaró la chatarra como un material de “carácter estratégico”.
No hay duda de que CTL tiene acceso a altas esferas del chavismo gobernante. Pero, ¿quién fue la persona que logró, en tan corto tiempo, estos permisos tan exclusivos otorgados por militares del régimen de Maduro?
Kelver Rodolfo Mendoza Valencia no es Superbigote, pero de que tiene superpoderes, los tiene: por ejemplo, el de convertir una pequeña piñatería en una corporación que comercia petróleo y chatarra, que puede construir drenajes, distribuir gasolina, gasoil, diésel y jet fuel, y, por supuesto, vender los cuadernos escolares con la figura de Superbigote.
Mendoza es de nacionalidad ecuatoriana, tiene mucho tiempo radicado en Venezuela, y se graduó como abogado en la Universidad Santa María de Caracas. En 2007, apenas un año antes de fundar su emprendimiento, las perspectivas lucían muy distintas para Mendoza, quien afrontaba un juicio de desalojo de un apartamento en la urbanización San Bernardino, en el centro de Caracas. Hoy la sede de CTL se ubica en la Torre Provincial de Chacao, sobre la avenida Francisco de Miranda, donde se encuentran las sedes de un buen número de bancos y grandes corporaciones de la colapsada economía venezolana.
La cuenta de la red social Instagram de CTL asegura que esta nació “en el año 2008 producto de la unión de talentos que dieron lugar a una organización multifuncional”. Lo que no revela es que en aquel momento la empresa se denominaba Esquina de la Hora Loca, C.A. y que su objeto, de apenas unas líneas, era el de comercializar productos de piñatería o relacionados con eventos festivos. Antes de su actual oficina, tuvo una mucho más modesta, ubicada en un local de La Candelaria, una zona de clase media en el centro de Caracas.
Mendoza y una mujer de nombre Yulimar Sabrina Colina Moreno compartían a partes iguales las acciones de la compañía. La empresa no registró casi ningún movimiento hasta febrero de 2015 cuando Mendoza se hizo con todo el capital accionario. El 11 de diciembre de 2016, la compañía cambió su denominación a la actual y a partir de esa fecha comenzó a crecer aceleradamente en actividad y recursos.
Fue en ese 2016 que la empresa inició sus ofertas para el sector gubernamental. Entre ellas, la de vender “todo tipo de suministros para organismos públicos como alcaldías y gobernaciones, instituciones autónomas y empresas del Estado” y la de fabricar “uniformes para todos los cuerpos de seguridad nacionales existentes, así como los equipos, materiales, accesorios de seguridad utilizados por los mismos”.
Sin duda fue un año de inflexión para el negocio. De 2016 datan los primeros contratos con organismos oficiales que muestra el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Por ejemplo, uno con Inversora Ipsfa -estas últimas son las siglas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada de Venezuela- para “la venta de bienes y servicios”. En julio de 2018, en un ambiente de hiperinflación y crisis económica, la compañía contaba con un capital de dos billones de bolívares que, al cambio del dólar negro de la época, equivalía a unos 500.000 dólares.
El RNC también detalla que, entre 2018 y 2021, CTL obtuvo 11 contratos con Pdvsa o empresas filiales del holding petrolero, como Bariven, Pdvsa Gas y Sinovensa. La mayoría de estos acuerdos comportaban la venta de útiles escolares para los hijos de los trabajadores petroleros en 2019-2020, servicios de comida para el personal, suministro de papel higiénico o de tóner para las impresoras de la petrolera.
Entre estos acuerdos destaca uno de carácter más técnico, de enero de 2021, con Pdvsa Petróleos S.A. e identificado como AC-REP-2021-022. Este encarga a la corporación del “mantenimiento, suministro e instalación de equipos rotativos, estáticos, eléctricos, instrumentación, infraestructuras, áreas perimetrales, subestaciones eléctricas, estaciones de servicios de combustibles, y saneamiento de pasivos ambientales de la refinería El Palito”. Esta contratación en uno de los complejos de refinación de petróleo más grandes de Venezuela, sobre las costas del estado Carabobo, se dio apenas tres meses después de que la empresa añadió a su objeto la dedicación a servicios petroleros.
El relato de éxito súbito de Mendoza también tiene un apartado chino. En su cuenta de Instagram, Mendoza dice que además de ser el CEO (siglas de Chief Executive Officer, equivalente en inglés a presidente ejecutivo) de Corporación Trading Latinoamérica (CTL) también lo es de una compañía china, cuyo nombre es Hanzhou Latin America Trading Co.
China es uno de los principales destinos del crudo venezolano, bien para pagar los colosales préstamos que Beijing otorgó al régimen de Caracas, o bien en su rol de comprador, sobre todo después de que Estados Unidos diera inicio a su política de sanciones financieras, comerciales y migratorias.
Con el apoyo de Occrp (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción), Armando.info pudo confirmar que la compañía fue inscrita en China en agosto de 2019 y disuelta en noviembre de 2021. Como único accionista aparece Mendoza Valencia y, como directivo de la empresa, un venezolano de nombre Moritz Phillipe Garroz Borelly.
La descripción del objeto de esta compañía también es muy genérica y abarca desde la venta de maquinaria, minerales no metálicos, ofertas de servicios de consultoría, entre otros. Sin embargo, la revelación del nombre de Garroz Borrelly destapa algunas conexiones de este venezolano, radicado actualmente en China, con instituciones del chavismo.
El propio Garroz Borrelly indica, en la red social laboral Linkedin, que en 2014 fue gerente de proyectos del Fondo Conjunto Chino Venezolano (FCCV). Este fondo es administrado por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y por sus cuentas han pasado más de 50.000 millones de dólares. El dinero otorgado por China debía ser usado para el financiamiento de proyectos sociales o económicos a cambio de petróleo, minerales y la compra de bienes manufacturados, pero como en otros proyectos del chavismo no faltaron las denuncias de irregularidades.
En Linkedin, Garroz Borrelly también añade que es ingeniero en telecomunicaciones, y que entre 2013 y 2014 trabajó como operador satelital de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), una institución que también pretendía emular a un emblema estadounidense, la NASA -por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio-, pero con tecnología y financiamiento chinos. Los aportes de ese país posibilitaron el lanzamiento al espacio de los satélites Simón Bolívar, Francisco de Miranda y Antonio José de Sucre.
Garroz Borrelly también figura como accionista en otra empresa china, de nombre Ao Nuo International Trade (Shanghai) Co., Ltd. con 50% de las acciones, junto con otro venezolano, de nombre Javier Mauricio Pérez Gómez, quien estuvo en la nómina de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos hasta mayo de 2017. La compañía tiene el mismo tipo de objeto genérico que las anteriores.
Los contactos chinos de Mendoza no terminan ahí. El Sistema Nacional de Contrataciones también registra que Corporación Trading Latinoamérica acordó una “alianza comercial” con Venezolana de Industria Tecnológica, C.A. (VIT) entre el 21 de abril de 2021 y el 20 de abril de 2022 para “la adquisición, suministro de bienes y/o servicios de diversos índoles”.
VIT es una empresa mixta constituida por entes estatales de los gobiernos de China y Venezuela, dedicada a la fabricación de herramientas tecnológicas. La idea era ensamblar equipos como computadoras a precios accesibles pero, como otros experimentos económicos del chavismo, fracasó en su objetivo.
Sin embargo, a pesar de hacer negocios con la figura antiimperialista de Superbigote, Mendoza no le da la espalda al mercado estadounidense, donde creó al menos dos empresas: EF International Investments Corp, inscrita en noviembre de 2011 y activa; y Nova International Corporation, inscrita en noviembre de 2016 y disuelta en 2020. Mendoza también tiene una casa de 1.190 metros cuadrados que cuenta con ocho habitaciones, piscina y su propio jacuzzi. La propiedad se encuentra en el condado de Osceola, en Florida, y fue adquirida por Mendoza en junio de 2018 por 531.700 dólares. Hoy está valorada en 863.000 dólares.
El dueño de CTL también cuenta con otras cuatro empresas en Venezuela, un par en Ecuador y otra en Panamá, esta de nombre E & M International Corporation, S.A. La persona jurídica panameña modificó su objeto en 2020 para indicar que se dedica a la comercialización de “hidrocarburos y productos derivados del petróleo y de productos petroquímicos”, y otras actividades muy similares a las de CTL.
Si pudiera argumentarse que el llamado Socialismo del s.XXI fracasó, ciertamente Kelver Mendoza no lo hizo. Para alcanzar el éxito este empresario tuvo la visión -¿de rayos X?- y la velocidad de reflejos -¿supersónica?- para atrapar las oportunidades que al fin se le presentaron. Cabe pensar que la de Superbigote sea su identidad secreta, más que un trasunto colorido del hombre fuerte de Venezuela.
De las casas frente al mar en Anzoátegui, a las lujosas torres de 20 pisos en la “zona rosa de Caracas” y, de ahí, a los muelles de las refinerías de Pdvsa. El abrupto y variado ascenso de los hermanos Perdomo, dueños de la Constructora HP, tiene su más reciente expansión en los complejos refinadores petroleros, en los que los contratos son aprobados por funcionarios militares cercanos al chavismo.
Que Venezuela es un país de compañías en apuros -bien sea con la justicia o las finanzas- pero dueños boyantes, es una tradición que César Augusto Bolívar y su Seguros Universitas no intentan refutar. Mientras la aseguradora, de fulgurante crecimiento durante unos años, acumula una deuda con centros de salud que cada vez la aceptan menos, no solo su propietario aparece con una cuenta millonaria en el Credit Suisse, sino que otro tanto ocurre con sus socios y financistas en el emprendimiento, los hermanos Khalil, grandes contratistas del Estado.
La Patria Grande está en los contratos, pueden afirmar unos proveedores panameños señalados en su país por irregularidades pero favorecidos por los regímenes de La Habana, primero, y de Caracas, después. El clan de los hermanos Carretero Napolitano obtuvo la construcción del estadio de béisbol de Caracas, y aunque no concluyó la obra, el Estado chavista lo siguió premiando con contratos más grandes y jugosos, que incluyen el suministro de equipos informáticos para el carnet de afiliación a programas del gobierno y de control clientelar, así como negocios petroleros. Los avales del castrismo y del sobrino predilecto de Cilia Flores lo pueden explicar.
A finales del año pasado, los rumores en las redes insistían en que "unos iraníes" habían tomado control de Lácteos Los Andes, la productora expropiada por Chávez en 2008. Pero la realidad tenía sus matices: sí eran musulmanes y con presuntas conexiones en Teherán, pero venezolanos de origen libanés, quienes a través de terceros se apoderaron de la compañía en 2020, como parte de la ola de reprivatizaciones camuflada por la figura de la "alianza estratégica". Se trata de los hermanos Khalil, viejos aliados oficialistas como tempranos sancionados por Washington. Aunque con fines de convertirse en proveedores de los Clap, esta es la segunda incursión en mercados de consumo masivo que se les conoce desde la compra de Eveba en 2003.
Si los caraqueños alzan la mirada podrán ver en la cima del cerro El Ávila las evidencias de un proceso de conquista: la familia Ceballos, uno de los grupos contratistas favorecidos por la Revolución Bolivariana, empezó en 2014 a construir la extensión del teleférico al litoral, pero cinco años después amplió su control a la operación de la lujosa torre cilíndrica que corona la montaña. Ahora la apuesta es seguir privatizando allí más bienes para explotarlos, incluyendo todo el sistema teleférico, la pista de patinaje sobre hielo y los pequeños comercios de la caminería que culmina en el hotel construido en la década de los años 50.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
Empresa inscrita en China en agosto de 2019 y disuelta en noviembre de 2021, en la que fueron socios Kelver Mendoza y Moritz Garroz. La descripción de su actividad abarca la venta de maquinaria, minerales no metálicos, entre otros.
Empresa que se inició como una piñatería en 2008 y que en 2016 cambió su nombre al actual. Ese año empezó a crecer su actividad y ahora comercializa chatarra y derivados del petróleo. También produce material escolar de “Superbigote”.
Ingeniero en telecomunicaciones. Fue operador de satélites de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales y gerente de proyectos del Fondo Conjunto Chino Venezolano. Fue socio de Kelver Mendoza en la empresa china Hanzhou Latin America Trading Co.
Empresario de origen ecuatoriano que logró transformar una piñatería en la Corporación Trading Latinoamérica, que comercializa petróleo, chatarra ferrosa y no ferrosa, y produce material escolar de “Superbigote”. También cuenta con empresas en Ecuador, Estados Unidos y China.
