Bolipuertos cedió las operaciones de “ejecución y seguridad” de la descarga de buques graneleros en el puerto más importante del país a Servicios Colonial. Además de haber sido favorecida a dedo, la empresa está relacionada con una de las almacenadoras involucradas en el caso “Pudreval”, donde se pudrieron toneladas de comida adquirida por el Estado, y su dueño y cara visible ha sido socio del cuestionado excomandante de la Armada, Carlos Aniasi Turchio.
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Una conseja sin soporte histórico preciso ha impuesto la versión de que Puerto Cabello, el más importante de Venezuela, debe su nombre a la tranquilidad de sus aguas: tan calmas eran, observaron los primeros colonos españoles, que un barco de gran tonelaje podía quedar amarrado con apenas una hebra del cabello.
Con suavidad comparable también atracó en los muelles de esa rada del estado Carabobo una concesión, por demás ventajosa, para un empresario socio del almirante y excomandante de la Armada entre 2009 y 2011, Carlos Aniasi Turchio.
La presencia de oficiales militares al mando de ese y otros puertos del país se volvió costumbre desde 2009, cuando Hugo Chávez ordenó estatizar la administración de los terminales náuticos de embarque y desembarque y crear Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), a partir de entonces siempre a cargo de personal castrense. Pero el acuerdo con la empresa Servicios Colonial, suscrito en septiembre de 2021, más que una escalada de la militarización, en realidad parece haber dado inicio a una etapa de reprivatización de las instalaciones y actividades portuarias, bajo el amparo del mismo expediente de las llamadas alianzas estratégicas, que el gobierno de Nicolás Maduro aplica en otros sectores de la industria.
En Puerto Cabello, Bolipuertos cedió a Servicios Colonial las labores de descarga de buques graneleros, una de las actividades más rentables e importantes dentro del puerto.
Bolipuertos selló el acuerdo con Servicios Colonial el 15 de septiembre de 2021, según muestran documentos obtenidos por Armando.Info. Por el organismo estatal firmó Irwin José Ascanio Escalona, General de División del Ejército y participante en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, que intentaba derrocar al entonces presidente, Carlos Andrés Pérez y dio a conocer al teniente coronel de paracaidistas, Hugo Rafael Chávez Frías. Por Servicios Colonial firmó su presidente, Leonardo Wever Farías.
Wever Farías es un empresario de 58 años de edad. Servicios Colonial, fundada en 2006, es sólo una de sus compañías con las que desde hace más de una década participa en el negocio portuario de Puerto Cabello. Por ejemplo, el Registro Nacional de Contratistas (RNC) indica que Wever es también propietario de Almacenadora Colonial, mencionada por la Contraloría General de la República en su informe sobre el sonado caso “Pudreval”, aquel en el que toneladas de alimentos importadas por el Estado para la extinta red Pdval, se dañaron en los puertos, abandonados.
Esa Almacenadora Colonial obtuvo autorización para controlar un almacén dentro de Puerto Cabello en 2006, año en el que el excomandante de la Armada, Carlos Aniasi Turchio, fungía como Presidente Ejecutivo de la junta directiva del Instituto Autónomo de Puerto Cabello (Ipapc), el organismo que administraba el puerto antes del nacimiento de Bolipuertos.
Ahora que, no obstante sus antecedentes, Leonardo Wever vuelve a conseguir la asignación de una actividad importante en Puerto Cabello, conviene detenerse en su relación con el oficial de marina, Carlos Aniasi, que de un contrato al otro pasaron de un nexo original de cliente y proveedor, al de socios.
En efecto, Aniasi, el excomandante de la Armada, y Wever, el empresario, compartieron sociedad en Seabridge Agentes Navieros, de acuerdo al RNC. Esa compañía tuvo en 2011 un contrato de la extinta Corporación CASA, adscrita al Ministerio de Alimentación, para descarga de buques, detalla el mismo RNC. En 2013 hizo un aporte a la alcaldía de Puerto Cabello, cuando esta era ocupada por el actual gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En 2016, Seabridge Agentes Navieros obtuvo un permiso para “establecer y operar un almacén general de depósito”, otorgado por el Superintendente fiscal y aduanero, José David Cabello, hermano de Diosdado Cabello, tal y como apareció en la Gaceta Oficial 40.851 de ese año.
Esa cercanía de Aniasi, quien nació en el estado Barinas del piedemonte andino, al igual que Chávez, y participó en la segunda intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez en noviembre de 1992, y Wever, ya fue denunciada en 2006 en un escrito de aporrea.org, el portal que aglutina la opinión del chavismo descontento.
Cuestionamientos más graves contra Aniasi llegarían tiempo después. Fue cuando se divulgó que había sido una de las autoridades que otorgó concesiones en el puerto a Walid Makled, quien usaba los muelles para traficar cocaína y que en 2015 fue condenado en Venezuela a casi 15 años de prisión por delitos de narcotráfico. Antes, en una entrevista que concedió en 2011 a la cadena Univisión de Estados Unidos, Makled aseguró que había entregado 5,5 millones de dólares a Aniasi.
Poco después del escándalo de Makled, Aniasi dejó el cargo de comandante de la Armada. En 2017 su nombre reapareció en las noticias de medios de Estados Unidos, que reportaban los cacelorazos o escraches de los que fue objeto en sitios públicos del estado de Florida, luego de que se divulgara que en esa jurisdicción poseía propiedades valoradas en más de dos millones de dólares, así como varias compañías.
Ahora su antiguo socio y protegido, Leonardo Wever, es quien reaparece en Puerto Cabello tras asegurarse el monopolio de la descarga de buques graneleros, un negocio rentable del que han quedado por fuera el resto de operadores portuarios inscritos ante Bolipuertos.
Como si de una nueva versión de la Casa de la Contratación de tiempos de la Colonia se tratara, Bolipuertos entregó el monopolio a Servicios Colonial, sin que mediara licitación o concurso alguno, a través de un contrato previsto para durar cinco años. En sus términos se establece que en ese plazo ambas partes se dividirán las ganancias de las actividades portuarias, a razón de 60% para la estatal Bolipuertos y 40% para la compañía privada de Wever.
Casi la mitad de los buques que cada año llegan al principal terminal portuario del país son, precisamente, graneleros, según explican varias fuentes conocedoras de la actividad portuaria y que prefieren no ser citadas. Detallan que la descarga de esas embarcaciones, con cargas de entre 30.000 y 40.000 toneladas de materias primas como maíz, trigo o soya, se factura al importador de la mercancía en 8,50 dólares por tonelada, de los que 4,75 dólares van por concepto de impuestos portuarios a Bolipuertos. Una simple multiplicación arrojará cifras representativas de la magnitud del negocio que monopoliza Servicios Colonial desde septiembre del año pasado.
Otra de las ventajosas condiciones que establece el convenio para Servicios Colonial es que su personal trabajará a la par con el de Bolipuertos -al que deberá “capacitar y certificar” a través de entrenamientos- en los patios número 34 y 35 y que podrá desarrollar obras para “adecuar y mantener la infraestructura”. El convenio le garantiza a la compañía una indemnización si ocurre alguna “disminución patrimonial de la empresa", que sea causada por una "acción u omisión" de Bolipuertos.
A cambio de estas prebendas, Servicios Colonial deberá “ejecutar el plan de inversión 2021-2026” para el que destinará 17.000 dólares una vez firmada la alianza y, “a corto plazo”, otra inversión de 250.000 dólares para la adecuación de la infraestructura de los mencionados patios. La contratista también deberá entregar maquinaria para las operaciones en los muelles, tales como seis dragas estilo clamshell de 15 toneladas métricas; seis dragas estilo clamshell de 10 toneladas métricas; 12 tolvas (una maquinaria usada para la canalización y almacenamiento de los granos); tres tractores con cargador frontal; un montacargas de 10 toneladas y tres vehículos marca Toyota, modelo Tacoma.
En la “alianza estratégica” Bolipuertos delega en la compañía de Leonardo Wever la contratación y pago, a nombre de la estatal, de las pólizas de seguro para resguardar las operaciones portuarias en caso de desastres naturales, el seguro para los buques en casos de robos, hurtos o daños a terceros, así como idear las estrategias para mejorar los servicios de los patios.
Ni Bolipuertos, ni Servicios Colonial, respondieron a las solicitudes de entrevista enviadas vía correo electrónico. Mientras tanto, en Puerto Cabello casi no se habla de otra cosa.
Entre los documentos obtenidos para este reportaje destacan comunicaciones que en los últimos meses la Asociación Civil de Operadores Portuarios de Puerto Cabello ha dirigido al presidente de Bolipuertos, a la Contraloría General de la República, a la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y hasta a la Superintendencia Antimonopolio de Venezuela.
“Se ha obviado el pleno derecho del cual gozan todos los operadores portuarios al justo desempeño de sus actividades operacionales en la atención a los buques, así como también el suministro de recursos humanos, el manejo de la carga y descarga, y todas las demás operaciones portuarias conexas”, se lee en el escrito remitido el pasado 3 de mayo a la Superintendencia Antimonopolio, adscrita al Ministerio de Comercio.
De acuerdo con la denuncia, las empresas que contratan a operadores portuarios distintos a Servicios Colonial son presionadas desde Bolipuertos, a través de llamadas telefónicas o visitas a sus oficinas, para que cambien su elección. Entre quienes ejercen esos actos de intimidación mencionan a la gerente de comercialización de Bolipuertos, Crice Antonieta Nieves Palma, quien, según el texto, se justifica “ante los consignatarios en el cumplimiento de órdenes emanadas del Presidente de Bolivariana de Puertos S.A., G/D Irwin José Ascanio Escalona”.
Entre las empresas afectadas por las prácticas de Bolipuertos la denuncia menciona a Renovatio Navem, C.A.; Inversiones Kadi 2015, C.A y Servicios Graneleros Maracaibo, C.A. (Segramar). Los operadores portuarios destacan el caso de Servicios Generales Marítimos, C.A. (Segemar), escogido previamente como operador por El Tunal, pero Bolipuertos obligó a que la descarga fuera ejecutada por Servicios Colonial, aún y cuando Segramar había hecho el pago de aranceles portuarios.
Las presiones son de tal magnitud, de acuerdo con los denunciantes, que han ocasionado que los consignatarios decidan cambiar de terminal portuario, como el caso de Alimentos del Sur 2050, C.A. que desvió los buques M/N Toros y M/N Bulk Corageous al terminal granelero de la Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (Ocamar) el pasado 26 de marzo. “Se perdieron esas operaciones, pérdida tanto para nuestro agremiado como para Bolivariana de Puertos que dejó de percibir ingresos”, señalaron.
En esos casos el propio terminal de Puerto Cabello deja de percibir los impuestos relacionados con las operaciones. “No entendemos que la actual presidencia de Bolivariana de Puertos esté permitiendo la celebración de alianzas que son perfectamente excluyentes, que lejos de beneficiar a la administración portuaria generan pérdidas cuantiosas en el manejo de los costos de operaciones”, se lee en texto.
Para Servicios Colonial, en cambio, la marea se mueve a su favor. Sólo siete meses antes del acuerdo con Bolipuertos, Leonardo Wever registró Nautiocean S.A, en Panamá, para ofrecer asesoramiento en inversiones y correduría en “todas sus ramas” hasta ejercer el “negocio de agencias y representaciones especialmente de corporaciones, sociedades o personas y distribución de cualquier producto o mercancía”. Esa compañía se suma a las que, durante años, han operado en Puerto Cabello a su nombre y en las que hasta compartió sociedad con el excomandante de la Armada venezolana.
Con la defenestración en mayo pasado del coronel Luis Augusto Piligra de la presidencia de la estatizada Lácteos Los Andes, parecía llegar a su fin un esquema de corrupción enquistado en la administración pública. Pero quien se remonte al paso de ese oficial por la presidencia de Bolipuertos en 2018 encontrará que la Caja de Ahorros del Ejército y una de sus filiales comerciales -una de las cuales el propio Piligra gerenció- sacaron provecho de influencias y un estatus legal dudoso para desde entonces hacer negocios en cuatro puertos nacionales, amparadas en el auspicio de Diosdado y José David Cabello.
No es muy conocido, lo que no es de extrañar: hace lo que sea para mantener el bajo perfil, hasta contratar empresas de lavado de reputación en Internet. Pero en documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo resalta su nombre en vinculación con la empresa Fimis Holding, que representa la zona cero de su madeja global de negocios, por la que pudo comprarse el primer edificio de superlujo en Madrid y el segundo apartamento más caro de Florida en 2016. Se llama Isaac Sultán Cohén, se le tiene por cercano a Diosdado Cabello, y ahora está de vuelta a su Itaca original, Puerto Cabello, en cuyos almacenes empezó a hacer fortuna.
La flota pesquera venezolana y la industria procesadora de productos del mar se fueron a pique por las importaciones masivas aupadas desde el Gobierno. Por ironía, el tiro bajo la línea de flotación se lo dieron oficiales militares encargados de velar por la soberanía nacional. Una empresa subsidiaria de la caja de ahorros del Ejército importó atún y otros bienes. El negocio se blindó con acceso garantizado a divisas del Estado a tasas preferenciales y alianzas con la nueva clase empresarial.
Nicolás Maduro se ha comprometido con China a atender la demanda de ese mercado por las también llamadas ‘holoturias’, criaturas de aspecto repelente que en la cocina de Asia Oriental pasan por un manjar. Esa oferta no tiene en cuenta los fracasos anteriores de iniciativas para criar la especie en Margarita, lo que abre paso a su pesca indiscriminada. A costa del hábitat natural, la nueva fiebre ofrece una fuente de ingresos a los pescadores, así como un negocio en el que ya entraron amigos del régimen.
El régimen de Caracas trató de instaurar una versión según la cual la tardanza en dar a conocer los resultados de las elecciones del 28J, y su posterior anuncio sin actas públicas, se debieron a un ataque cibernético desde esa nación del sureste de Europa. La narrativa, que resultó un infundio, sin embargo tenía un inesperado correlato con la realidad: la quiebra de un banco en Skopje reveló la existencia de un anillo de empresas y sus dueños venezolanos, algunos muy cercanos a Pdvsa, por cuyas cuentas habrían pasado hasta 110 millones de euros
El programa social del gobierno bolivariano que ofreció “carros baratos para el pueblo” es, en realidad, un negocio privado apuntalado por el Estado venezolano, que vende vehículos traídos de Irán hasta por 16.000 dólares. Aiko Motors, una novel empresa tan desconocida como su dueña, es la intermediaria de un acuerdo entre los gobiernos de Caracas y Teherán y que, según estimaciones, ha movido más de 42 millones de dólares en dos años
Desde una residencia hoy abandonada en Guacara a las páginas que la prensa de España dedica a la cobertura del mayor escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez: tal ha sido el periplo de Bancasa S.A. y de su propietario, David Pita Bracho. Ambos aparecen mencionados como partícipes de una operación irregular de compra de lingotes por más de 68 millones dólares al Estado venezolano acordada, tras bastidores, entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el empresario español Víctor de Aldama, ahora preso. Desde Suiza, Pita ofrece su versión sobre el caso, del que se desvincula.
Es conocida ya la entronización de la empresa Railteco en las labores de mantenimiento de teleféricos y trenes en Venezuela, así como su espasmódica eficiencia. Pero poco o nada se sabe que detrás de su fulgurante ascenso está una maquinaria conformada por tres funcionarios del Ejército: Víctor Cruz, presidente de Ventel, Graciliano Ruiz, presidente del Metro de Caracas, y Pablo Peña Chaparro, gerente general de la novel compañía que firma y cobra más de lo que ejecuta
Hoy exhiben tímidos perfiles empresariales, pero en la investigación de la Fiscalía de Portugal sobre la caída del Banco Espírito Santo se detallan los movimientos de un antiguo lugarteniente de Hugo Chávez, el exministro Alcides Rondón Rivero y su abogado y asesor, Carlos Caripe Ruiz, quienes formaron parte de la red de funcionarios que apoyó el flujo de dinero venezolano al banco en apuros y, según el documento judicial, recibieron poco más de 800.000 dólares por los favores recibidos.
Compañía creada en 2004 y dedicada a prestar servicios como el agenciamiento a las líneas marítimas. Ha sido beneficiada por instituciones del Estado y, hasta 2014, sus dos únicos socios eran Leonardo Wever y el almirante Carlos Aniasi Turchio.
Empresa creada en 2006 y que ahora se encarga de las operaciones graneleras en Puerto Cabello. También contrata las pólizas de seguro para resguardar las operaciones en los muelles y diseña las estrategias para mejorar los servicios de los patios.
Narcotraficante que usó los almacenes de Puerto Cabello para enviar cocaína a Centroamérica y Estados Unidos. Acusó al almirante Carlos Aniasi de recibir un soborno de 5 millones de dólares para otorgarle una concesión en el puerto.
General de División del Ejército y presidente de Bolipuertos. Fue presidente encargado de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y excomandante de la 43 Brigada de Artillería Gran Mariscal Antonio José de Sucre.
Excomandante de la Armada que estuvo a cargo de la administración del puerto de Puerto Cabello en donde otorgó una concesión a una empresa de Leonardo Wever. Luego fue socio de este en la compañía Seabridge Agentes Navieros.
Empresario de 58 años y presidente de la compañía Servicios Colonial, C.A. que firmó una “alianza estratégica” exclusiva con Bolipuertos para la “ejecución y seguridad” de las operaciones de descarga de buques graneleros en el puerto de Puerto Cabello.
