LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
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Un cable enviado desde la legación de Caracas en marzo de 2009 solicita un aumento del presupuesto destinado a la Oficina de Iniciativas para la Transición en Caracas. El objetivo era ayudar a los nuevos gobiernos regionales adversos a Chávez.
En marzo de 2009, la Embajada de Estados Unidos en Caracas solicitó un incremento del 42% en el presupuesto asignado al programa de la Oficina de Iniciativas para la Transición (OTI, por sus siglas en inglés) en Venezuela, que forma parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El encargado de Negocios, John Caufield, justificó la petición debido a la reconfiguración del mapa político local. Poco antes, el 15 de febrero de 2009, el Gobierno había logrado imponerse en un referéndum que eliminó los límites para aspirar a la reelección en cualquier cargo elegido mediante comicios. Y en noviembre de 2008, la oposición había logrado un ligero avance frente al chavismo al conquistar 7 de las 23 gobernaciones de Venezuela. Hasta aquel mes solo había dos gobernadores no afectos al proyecto de Chávez ejerciendo como autoridades estatales.
La embajada consideraba que la victoria de Chávez en febrero de 2009 significaba “un aumento de centralización del poder y un estímulo para socavar a las autoridades electas en los estados y municipios. Ambas tendencias van en contra de nuestro principal objetivo estratégico de fortalecer la democracia en Venezuela”.
“Es una necesidad mayor a la luz de los recientes acontecimientos”, agregó.
Aunque Washington asegura que estos programas ayudan a fortalecer a la sociedad civil en sus demandas por un mejor gobierno y a reforzar a las restantes instituciones democráticas, Caracas considera que ese financiamiento es parte de los intentos de Washington por derrocar al presidente Hugo Chávez. Ese programa y sus objetivos son un asunto de Estado. Tanto así que meses después, en agosto de 2009, en un hecho no revelado hasta ahora, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas citó a un contratista de la OTI para interrogarlo sobre el financiamiento y su trabajo.
La Policía Judicial seguía instrucciones de la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), que había detectado transferencias de dinero en efectivo “inusualmente elevadas” en 2007 y 2008. Según contó la fuente a la embajada, esos movimientos coincidieron con el referéndum para modificar la Constitución de diciembre de 2007 y las elecciones regionales de noviembre de 2008. El gobierno quería establecer los objetivos de esa empresa contratista de la OTI, sus objetivos y el destino de los fondos del proyecto.
Caufield hizo una amplia exposición de motivos que justificarían el aumento del presupuesto de 7 millones de dólares a 10 millones de dólares. “Hasta la fecha, nuestros programas han tenido éxito en el aumento de pluralismo político en Venezuela. Es necesario redoblar nuestro esfuerzo para contrarrestar el creciente autoritarismo del gobierno de Chávez”, escribió el encargado de Negocios.
De ser aprobado, asunto que no está confirmado en los cables entregados por Wikileaks, el dinero se repartiría de la siguiente forma: 5 millones de dólares se entregarían a individualidades o a gobiernos para que concretaran la oferta electoral de la campaña; 4 millones de dólares irían a parar a las arcas de las ONG del área de derechos humanos y la promoción de democracia “con el objetivo de proteger los derechos de los venezolanos”, así como a los partidos políticos interesados en el desarrollo de líderes jóvenes; el millón de dólares restante incentivaría al voto en las elecciones de la Asamblea Nacional que se celebrarían en septiembre de 2010.
La Oficina de Iniciativas para la Transición trabajó en Venezuela entre 2002 y febrero de 2011, cuando canceló el programa.
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