LOS SECRETOS DE WIKILEAKS
Un cable enviado desde la legación de Caracas en marzo de 2009 solicita un aumento del presupuesto destinado a la Oficina de Iniciativas para la Transición en Caracas. El objetivo era ayudar a los nuevos gobiernos regionales adversos a Chávez.
En marzo de 2009, la Embajada de Estados Unidos en Caracas solicitó un incremento del 42% en el presupuesto asignado al programa de la Oficina de Iniciativas para la Transición (OTI, por sus siglas en inglés) en Venezuela, que forma parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El encargado de Negocios, John Caufield, justificó la petición debido a la reconfiguración del mapa político local. Poco antes, el 15 de febrero de 2009, el Gobierno había logrado imponerse en un referéndum que eliminó los límites para aspirar a la reelección en cualquier cargo elegido mediante comicios. Y en noviembre de 2008, la oposición había logrado un ligero avance frente al chavismo al conquistar 7 de las 23 gobernaciones de Venezuela. Hasta aquel mes solo había dos gobernadores no afectos al proyecto de Chávez ejerciendo como autoridades estatales.
La embajada consideraba que la victoria de Chávez en febrero de 2009 significaba “un aumento de centralización del poder y un estímulo para socavar a las autoridades electas en los estados y municipios. Ambas tendencias van en contra de nuestro principal objetivo estratégico de fortalecer la democracia en Venezuela”.
“Es una necesidad mayor a la luz de los recientes acontecimientos”, agregó.
Aunque Washington asegura que estos programas ayudan a fortalecer a la sociedad civil en sus demandas por un mejor gobierno y a reforzar a las restantes instituciones democráticas, Caracas considera que ese financiamiento es parte de los intentos de Washington por derrocar al presidente Hugo Chávez. Ese programa y sus objetivos son un asunto de Estado. Tanto así que meses después, en agosto de 2009, en un hecho no revelado hasta ahora, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas citó a un contratista de la OTI para interrogarlo sobre el financiamiento y su trabajo.
La Policía Judicial seguía instrucciones de la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), que había detectado transferencias de dinero en efectivo “inusualmente elevadas” en 2007 y 2008. Según contó la fuente a la embajada, esos movimientos coincidieron con el referéndum para modificar la Constitución de diciembre de 2007 y las elecciones regionales de noviembre de 2008. El gobierno quería establecer los objetivos de esa empresa contratista de la OTI, sus objetivos y el destino de los fondos del proyecto.
Caufield hizo una amplia exposición de motivos que justificarían el aumento del presupuesto de 7 millones de dólares a 10 millones de dólares. “Hasta la fecha, nuestros programas han tenido éxito en el aumento de pluralismo político en Venezuela. Es necesario redoblar nuestro esfuerzo para contrarrestar el creciente autoritarismo del gobierno de Chávez”, escribió el encargado de Negocios.
De ser aprobado, asunto que no está confirmado en los cables entregados por Wikileaks, el dinero se repartiría de la siguiente forma: 5 millones de dólares se entregarían a individualidades o a gobiernos para que concretaran la oferta electoral de la campaña; 4 millones de dólares irían a parar a las arcas de las ONG del área de derechos humanos y la promoción de democracia “con el objetivo de proteger los derechos de los venezolanos”, así como a los partidos políticos interesados en el desarrollo de líderes jóvenes; el millón de dólares restante incentivaría al voto en las elecciones de la Asamblea Nacional que se celebrarían en septiembre de 2010.
La Oficina de Iniciativas para la Transición trabajó en Venezuela entre 2002 y febrero de 2011, cuando canceló el programa.
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.
La ciudad de San Francisco, en California, es la más cara de Estados Unidos y una de sus más sofisticadas. Cuna del movimiento hippie en los 60 y de la revolución actual de las computadores e Internet, ahora puede financiarse un anacronismo milenario: un cordón de comunidades mayas la rodea. Más de 70.000 inmigrantes venidos desde Yucatán, a 5.000 kilómetros, pululan en suburbios como San Rafael o en el distrito de Mission. Atraídos por lo que suena como una nueva fiebre del oro, la mayoría llegan sin saber ni una palabra de inglés y apenas unas pocas de castellano, para trabajar de lavatrastes y pinches en restaurantes. Pero el viaje no es solo a través de la distancia sino de la cultura, y del choque entre las costumbres ancestrales y las exigencias de la sociedad postindustrial surgen males como el alcoholismo y la drogadicción.
El miembro del gabinete estadounidense, Wilbur Ross, es uno de los dueños de una compañía que provee servicios de transporte marítimo a Pdvsa, un cliente que en 2015 le aportó más de 11 por ciento de las ganancias a su naviera. Aunque para ocupar su cargo el funcionario debió deshacerse de sus propiedades mercantiles, conservó una participación en esa línea de negocios a través de una compleja estructura offshore en las Islas Caimán. Así no sólo comerció con la Venezuela chavista, sino también con un asociado del presidente ruso, Vladimir Putin. Sobre ambos países pesan sanciones económicas de Washington.
Más de 850 narcotraficantes mexicanos han sido extraditados a Estados Unidos. Pero entonces, cuando la labor parece estar hecha, México cae en cuenta de que en pocos casos investigó lo suficiente para incautar las finanzas de las mafias. Ahora un nuevo capítulo amenaza con agriar la lucha binacional contra el narcotráfico: el reclamo que para sí ha hecho Estados Unidos de las fortunas de los capos
El desorden y las malas prácticas en las instituciones causan que, con frecuencia, muchos de los bienes incautados durante operativos judiciales no solo deban ser reintegrados a sus dueños sino, para colmo, que a estos los tenga que indemnizar el fisco. El caso emblemático de una avioneta que la Procuraduría General de la República tomó para su uso, luego fue rematada como chatarra, pero al final ocasionó millonarias costas al Estado, demuestra que las confiscaciones, aún si escasas, a veces hasta llegan a ser un pésimo negocio para los contribuyentes
Desde su primera fuga de un penal de máxima seguridad, en 2001, a la fecha, al mítico jefe del Cártel de Sinaloa apenas le incautaron tres joyas, dos vehículos, una casa, ocho cargadores, una granada, 171 municiones y cuatro objetos, entre otros bienes de menor valor. Tras su extradición, ahora Estados Unidos va por su fortuna. Pero no es el único caso en el que hay que reparar. Cerca de 200 solicitudes de información al Estado mexicano revelan que, aunque en la Guerra contra las Drogas decapiten a las organizaciones criminales, sus patrimonios y estructuras financieras permanecen casi intactas, y que de lo poco que se les quita, es aún menos lo que se sabe
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Se trata de Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de la Primera Dama de Colombia, y asociado al contratista favorito de Nicolás Maduro desde hace más de ocho años. Aunque la de Gutiérrez y Saab parecía una relación comercial que se creyó disuelta y restringida a un fallido negocio petrolero en 2015, el vínculo no solo no se deshizo, sino que siguió activo en la búsqueda de oportunidades con materias primas venezolanas. Al menos hay documentos sobre un intento de compra de madera a precios de ganga, mientras otros testimonios lo ligan a operaciones con oro, chatarra y fertilizantes.
Isaac Sultán Cohén llegó a ser el venezolano con más dinero en el Credit Suisse, de acuerdo con los datos de la filtración Suisse Secrets de 2022. Alcanzar la pulcritud de las bóvedas suizas requirió primero ensuciarse en embarcaderos del Caribe, como Puerto Cabello, donde lidiaba con los contenedores de comida de ‘Pudreval’, o en la oscura jurisdicción de Islas Caimán, donde constituyó un entramado de sociedades que controlan cuentas bancarias, lujosas propiedades y obras de arte en todo el mundo.
Arco Services es un 'holding' familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego, su vínculo con una exitosa empresaria e intermediaria que ahora enfrenta un proceso penal por presuntos ilícitos en la comercialización de crudo.
¿Por qué un inmueble en construcción en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas, cuya dueña sería la vicepresidenta de la República según las consejas del vecindario, aparece en los papeles a nombre de la pareja de un empresario asesinado hace casi tres años? ¿Hay una relación entre ambas? Las murmuraciones, una muerte sin resolver y una colección de negocios con el Estado proyectan sus sombras sobre esta transacción de bienes raíces en la que destaca una mujer de 41 años, cabeza de una red de contratistas.
En la filtración de casi 50.000 documentos internos de la empresa española de gestión de reputación, a la que Armando.info tuvo acceso como socio del proyecto ‘Story Killers’ (de la que la presente es la cuarta y última entrega), aparecen 35 clientes venezolanos. Con historiales percudidos desde medios digitales por denuncias de irregularidades en negociados -sobre todo, pero no solo- con la petrolera estatal, no vacilaron en pagar miles de euros para borrar o esconder sus nombres, rastros y conexiones en Internet. ¿Quiénes son algunos de ellos?
