A través del despacho jurídico panameño se hicieron complejas operaciones para que compañías hicieran contratos con el Estado venezolano y ganaran una partida al control cambiario.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Había recetas para cada caso. En las oficinas del bufete panameño Mossack Fonseca –el de los ya célebres PanamaPapers– diseñaron estrategias destinadas a clientes en Venezuela, que intentaron proteger sus negocios de los controles comerciales impuestos desde el gobierno de Hugo Chávez. Para César Augusto Zambrano Echegaray, propietario de la empresa ZMO Comercial, ubicada en Caracas, aplicaron una operación encubierta en tres capas. El objetivo de esta enmarañada maniobra era agilizar y hacer rentable las importaciones de alimentos.
Era un esquema adaptado a las relaciones comerciales de Venezuela con América Latina. Los despachos de alimentos, entre ellos el azúcar, procedían de Bolivia, pero Mossack Fonseca recomendó incluir en esta transacción a una empresa ubicada en Uruguay, nación del Mercosur (Mercados Común del Sur), para facturar y comercializar las mercancías que se destinarían a ZMO Comercial.
La triangulación iba a permitir al cliente venezolano recibir desde Venezuela Cartas de Crédito mediante el Banco Exterior necesarias para cancelar los pagos a Bolivia. En ArmandoInfo se intentó localizar a Zambrano Echegaray a través de los números de teléfono y correo electrónico asociados con ZMO Comercial en Venezuela para conocer con detalles los motivos de esta operación, pero ninguno estaba actualizado. Sin embargo, los asesores de Mossack Fonseca explican en un documento filtrado la razón por la que Zambrano Echegaray requería de este esquema.
“Los comerciantes tienen que utilizar sus recursos y esperar un tiempo precioso para el reintegro de los fondos…
Según el escritorio jurídico, la política de Venezuela se dirigía a facilitar los acuerdos comerciales entre los países enmarcados en el convenio de Mercosur. Esto, principalmente, tenía como destino agilizar la entrega de dólares preferenciales otorgados por la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). “Los comerciantes tienen que utilizar sus recursos y esperar un tiempo precioso para el reintegro de los fondos… Una vez canceladas las facturas comerciales, el Estado venezolano maneja esto a su libre discreción, el reintegro de divisas, y solicitan ahora certificaciones de pagos para acreditar los reintegros. Muchas empresas se han enfocado en mercados alternativos protegidos por el Gobierno Nacional, facilitando sus operaciones”, decían los asesores de Mossack Fonseca en el mismo documento.
Así, como Zambrano, muchos empresarios hallaron en Mossack Fonseca a un gurú para aplicar fórmulas casi infalibles contra las restricciones del control cambiario y también obtener contratos con compañías del Estado.
La palabra Cadivi aparece en 409 registros de la filtración de los llamados PanamaPapers. El organismo encargado de administrar divisas, ahora llamado Cencoex (Centro Nacional de Comercio Electrónico), ha estado sumergido en los mayores casos de corrupción de los gobiernos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La figura de Cadivi fue empleada por empresas de maletín para desviar más de 25 millardos de dólares entre 2003 y 2015.
El uso indebido de divisas es un delito sancionado en este país sudamericano. En 2015, la Fiscalía de Venezuela imputó a 1.796 personas naturales y 120 representantes legales de personas jurídicas por obtención fraudulenta de monedas extranjeras mediante Cadivi.
Mossack Fonseca conocía los rigores del control cambiario. Por eso, la firma panameña había destinado a altos cargos para manejar este asunto. Las estructuras de negocios aplicadas por el despacho jurídico para sortear los controles cambiarios ya estaban consolidadas desde 2008. En agosto de ese año, los trabajadores del escritorio jurídico intercambiaron correos que evidencian un amplio dominio sobre el tema. “Como sabes, Cadivi cuida mucho los detalles y a la hora de definir las coordenadas bancarias para el pago de las facturas, difícilmente aceptaría cuentas en bancos offshore o por lo menos esto abriría la posibilidad a dudas que nuestros clientes prefieren evitar generar”, escribía Paolo Tricotti, un alto representante del bufete, a su compañero Ramsés Owens en una comunicación interna, en referencia a empresarios que deseaban evadir el control cambiario.
En 2013, un cliente pidió asesoría al escritorio jurídico para instalar un terminal virtual que permitiera a su empresa hacer transacciones comerciales con las remesas en moneda extranjeras asignadas a los venezolanos por el Estado. “Lo que realmente deseamos es sustituir nuestro punto de venta físico por uno virtual que nos permita deslizar las tarjetas desde la PC con la ayuda de un lector de banda magnético vía USB”, exponía Andrés Bello López, propietario de la compañía TheCaribbean Key.
La operación permitiría recibir pagos hechos con tarjetas de créditos venezolanas para acceder a los cupos viajeros otorgados por Cadivi.
La operación permitiría recibir pagos hechos con tarjetas de créditos venezolanas para acceder a los cupos viajeros otorgados por Cadivi. “Actualmente nos encontramos en Ecuador trabajando con puntos de venta físicos, pero este sistema encuentra muchos problemas para poder procesar los pagos de estas tarjetas, razón por la cual, descubrimos que la solución es contratar una pasarela de pagos que nos provea de un punto de venta virtual”, decía Bello.
Sin cuestionamientos, Mossack Fonseca aceptó guiarlo en materia tecnológica y legal en esta maniobra. También asistió a empresarios venezolanos que buscaban un empaque foráneo para hacer pasar sus empresas importadoras como proveedores extranjeros.
De estos esquemas se beneficiaron, por ejemplo, los empresarios Roberto Pocaterra, Tulio Hinestrosa y Fabio Méndez. La misión de estos socios fue ganar contratos con la empresa estatal Corporación de Servicios y Abastecimientos Agrícolas (LA CASA. S.A.), el organismo creado por el presidente Hugo Chávez para importar productos alimenticios y distribuirlos a través de la red de mercados del Estado.
A través de Mossack Fonseca, utilizaron un método concebido para la importación de alimentos hacia Venezuela que consistía en abrir una empresa en un paraíso fiscal, al mes aumentar el capital en 100 mil por ciento, después traspasar el poder para negociar con el Estado a terceros ycerrarla repentinamente tras diez meses, aproximadamente. Una estrategia de cuatro pasos que este grupo repitió al menos en 5 de las 12 empresas que tenía en sus manos.
Los empresarios solían utilizar una shelfcompany, o una compañía creada con anterioridad y sin movimiento alguno, para desempolvarlas cuando necesitaran hacer una inversión. En Mossack Fonseca eran expertos en este método de resurrección gerencial.
Grupagro Trading Corp existía desde 2011, pero en junio de 2014 salió del estante. Nació con un capital de 10.000 dólares distribuido casi en partes iguales entre los socios. Un caso similar ocurrió con Ecosur S.A.; Agroindustrial Suramericana SA; Vessel Enterprise Corp y Gran Columbia Grains, SA. Todas domiciliadas en Belice.
La decisión de buscar una alternativa a la jurisdicción panameña se corresponde con los anuncios políticos del presidente Nicolás Maduro de romper relaciones en 2014 con el gobierno del anterior presidente Ricardo Martinelli.
“Por eso nos mudamos a Belice; nosotros actuamos como intermediarios y escogimos este lugar porque nos brindaban seguridad y rapidez”, afirma Hinestrosa, mientras insiste en que en su proceder no hubo ningún movimiento que violara la ley.
Ni siquiera es ilegal el hecho de incrementar el capital en 100 mil por ciento, es decir, el aumento que hicieron a 10 millones de dólares como patrimonio de su empresa. Una de las “delicias” de los paraísos fiscales es que cuando se decide inflar de manera tan dramática el capital de la empresa, no es necesario demostrar que esa cantidad está verdaderamente respaldada. Se enuncia, se cambian los documentos y eso es suficiente. En Panamá, por ejemplo, el artículo 21 de la Ley 32 permite que una sociedad anónima emita acciones, aunque el capital social no haya sido consignado.
Pocaterra, Hinestrosa y Méndez también querían mejorar el balance de la compañía frente a sus proveedores de alimentos. “Nuestra actividad principal era conseguir empresas internacionales interesadas en vender a LA CASA S.A., además de a nuestros clientes del sector privado”, explica Hinestrosa. “Previendo la necesidad de tener empresas listas para participar en las licitaciones, registramos e inscribimos varias que serían posteriormente vendidas a proveedores internacionales interesados”. Fue la forma más expedita que encontraron estos socios para operar como traders en Venezuela y seguir vendiendo insumos básicos en dólares en tiempos de control cambiario.
En el Registro Nacional de Contratistas solo aparecen Grupagro, Mercoamerica, Paramerica, Interfood y Finora; es decir, un 41% de las 12 empresas de los socios. De éstas, solo registra alguna actividad Mercoamerica, que ha tenido relación con cuatro clientes. También es la única que aparece en la lista de empresas favorecidas por Cencoex, la dependencia que autoriza y liquida las divisas preferenciales, en 2014, un monto aprobado de 848.977,30 dólares para importaciones totales ordinarias de Aladi y Sucre.
“Mercoamérica es una empresa que desde el año 2007 al 2013, recibió un total de 3.585.456 millones de dólares a través de Cadivi, y desde 2014 no le fue liquidado nada más."
No obstante, Hinestrosa asegura que lo recibido supera lo que aparece públicamente. “Mercoamérica es una empresa que desde el año 2007 al 2013, recibió un total de 3.585.456 millones de dólares a través de Cadivi, y desde 2014 no le fue liquidado nada más. Es, por lo tanto, una empresa pequeña en comparación con otras que importan los mismos rubros. Emplea 15 personas y es contribuyente especial del Seniat”, agrega.
El último paso era la desincoporación. Esa es la palabra que utilizan para desactivar las empresas que importarían alimentos. Poco a poco los principales accionistas de estas compañías fueron deshaciéndose de ellas. El 22 de enero de 2015 llega la primera de las alertas. Hinestrosa envía un correo a sus interlocutores del bufete Mossack Fonseca en el que aduce: “Debido a una reestructuración de nuestro grupo solicito desincorporar Vessel, Agroindustrial Suramericana, Ecosur; Gran Columbia y Grupagro”. Todas las que tenían residencia en Belice y todas las que habían experimentado el vertiginoso aumento de capital, apenas seis meses atrás.
Luego, en julio de ese mismo año, cambian las razones de su decisión y asegura que se trata de un motivo plenamente comercial “al no encontrar oportunidades de negocios”. Para reforzar esta idea, el empresario asegura que esa versión es tan definitiva que ni siquiera abrieron cuentas bancarias de las compañías.
“La única empresa que conservamos nosotros bajo nuestra propiedad es Ecosur, S.A. Las demás fueron disueltas o vendidas a terceros”, sentencia Hinestrosa. En total, el ciclo de vida de estas empresas no llegó al año. Poco tiempo para ni siquiera darles el beneficio de la duda. O permitir recoger la cosecha, justo antes de que se filtraran los documentos de Mossack Fonseca.
Una receta parecida aplicó Desiré Obadía. Este empresario registró mediante Mossack Fonseca más de una docena de compañías en Panamá y dos en Belice para amarrar contratos de importación con La Casa S.A.
Ninguna de estas operaciones puede ser calificada como ilegal, pero muestran un modus operandi de lidiar con la Venezuela de los controles. Son las recetas pret a porter para evadir las trabas comerciales de la República Bolivariana de Venezuela y que, hasta ahora, habían quedado agazapadas en el exterior.
Una conveniente aleación de serendipia de inspiración divina y conexiones con amigos bien ubicados blindó el ascenso económico de Jesús Alfredo Vergara Betancourt en Guayana. Adepto a modular su imagen pública, apenas la expone con las acciones filantrópicas de su fundación y clínica. Pero solo cierta voracidad de hombre de negocios puede explicar cómo sacó provecho de los vaivenes de la gestión 'socialista' de las languidecientes empresas básicas, para pasar de manejar una farmacia de vecindad a ser uno de los mayores comercializadores de aluminio desde y para la industria pesada venezolana.
Cinco años han pasado desde la detención de Francisco Navas Lugo, teniente coronel del ejército y ex gerente de importaciones de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Como una pieza de teatro del absurdo, el proceso judicial contra el único ex alto cargo de ese organismo recuerda lo ocurrido en Venezuela con grandes casos de corrupción en el pasado. Más de treinta audiencias fallidas han impedido saber cómo y quiénes desviaron cientos de millones de dólares mediante “empresas de maletín” a pesar de las promesas de investigación ofrecidas por Nicolás Maduro, a quien viejos funcionarios del chavismo acusan de esconder la información sobre uno de los mayores desfalcos registrados en la historia del país.
En 2005, un hijo del hoy presidente Tabaré Vásquez -entonces en su primera administración- cerró con el Gobierno venezolano de Hugo Chávez jugosos contratos para compañías uruguayas de software, de las que era empleado y representante, que prestarían servicios a un proyecto de telefonía nunca completado. Lo que entonces pareció sospechoso de tráfico de influencias y pago de sobornos no se pudo comprobar. Pero un nuevo examen a documentos oficiales y comunicaciones incluidas en los llamados Panama Papers permite establecer que el negocio coincidió con pagos irregulares para, al menos, un alto funcionario venezolano.
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana, se hizo uno más entre la comunidad de nuevos empresarios criollos y aprovechaba esas conexiones para reclutar clientes acaudalados para el banco suizo Julius Baer. Era una dedicación de larga data. En los archivos de Mossack Fonseca figura en la gestión en 2009 de una cuenta para los dueños originales del Banco Confederado.
Nuevos documentos demuestran que la empresa, registrada en Hong Kong, es una de las consentidas de Nicolás Maduro para hacer negocios. Mientras en el sector privado venezolano hay compañías que esperan años por la liquidación de divisas, en 2017 esta firma logró al menos dos contratos para el suministro de más de 20 millones de las cajas que el Gobierno vende a precios subsidiados y facturó en un solo día 113 millones de dólares al Ministerio de Alimentación. Los papeles confirman también la conexión de esta sociedad con Fondo Global de Construcción, un entramado levantado por los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, gracias al cual obtuvieron contratos en tiempos de Hugo Chávez para la construcción de casas prefabricadas.
La tensión entre los Gobiernos de Nicolás Maduro y Juan Carlos Varela no cesa. Pero la escalada de represalias comerciales que se libra desde ambas capitales curiosamente deja ilesas a algunas de las empresas que desde 2017 proveen mercancía al programa bandera del chavismo, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Dos de esas compañías muestran el perfil propio de empresas de maletín oportunistas.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
