La tensión entre los Gobiernos de Nicolás Maduro y Juan Carlos Varela no cesa. Pero la escalada de represalias comerciales que se libra desde ambas capitales curiosamente deja ilesas a algunas de las empresas que desde 2017 proveen mercancía al programa bandera del chavismo, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Dos de esas compañías muestran el perfil propio de empresas de maletín oportunistas.
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Al veto recién impuesto por el Gobierno venezolano a casi un centenar de empresas panameñas se le ven las costuras. Los aspavientos y el discurso de los funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro sugieren una ruptura comercial con Panamá. Pero una revisión detenida de la lista negra de Caracas revela la meticulosidad con que las autoridades venezolanas se cuidaron de incurrir en “daños colaterales”, evitando así incorporar a empresas registradas o que operan en el istmo, que sirven de intermediarias en el negocio de provisión de alimentos importados para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en Venezuela. Por cierto: tampoco aparecen entre los sancionados por el Gobierno panameño de Juan Carlos Varela.
Son los casos, por ejemplo, de FB Foods LLC y Wellsford Trading Corp, dos sociedades de papel incorporadas en la capital panameña que se han mantenido activas en los despachos de suministros para los Clap, programa que ya cumple dos años, diseñado para paliar los estragos de la escasez crónica de productos de primera necesidad entre los sectores populares, la clientela electoral del chavismo.
Las sanciones de Caracas se concentraron, al menos en el primer listado de 46 empresas, en grandes nombres del comercio binacional, como la Compañía Panameña de Aviación (Copa) -una de las pocas aerolíneas que todavía sirven rutas a Venezuela-, la electrónica de origen coreano Samsung y la suiza Sanofi Aventis, estas últimas con cuarteles regionales en Panamá. Se les impide operar en Venezuela durante 90 días, a partir del 6 de abril, lapso que puede ser prorrogado. Todo como represalia por la penalidad impuesta con anterioridad en Ciudad de Panamá a 55 funcionarios y 16 personas jurídicas venezolanas relacionadas con Carlos Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores.
Mientras en ambos países se insinúan nuevas medidas punitivas, la escalada ya subió un peldaño con la prohibición por parte de Panamá a que aerolíneas venezolanas aterricen en ese país y la publicación este viernes de una segunda lista con otras 50 empresas panameñas vetadas por las autoridades venezolanas. “El Gobierno bolivariano rechaza la inaceptable agresión del antipopular y corrupto Gobierno del presidente Juan Carlos Varela en contra de pueblo de Venezuela. El presidente @JC_Varela pretende distraer la atención de la grave descomposición moral que atraviesa su Gobierno”, atacó en Twitter el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, la tarde del 5 de abril.
Minutos después el jefe de Estado centroamericano respondió en la red social con un dardo envenenado al sugerir que la cúpula gobernante de Venezuela se enriquece a costa del hambre de sus ciudadanos. “No sé qué es más difícil entender, ver un país rico cuya gran parte de su población depende de la distribución de bolsas de comida para alimentarse, o ver a una alta autoridad de este país enriquecerse con la venta de estas bolsas”, soltó Varela y desparramó las sospechas.
Pero, en medio del feroz fuego cruzado, FB Foods y Wellsford salieron indemnes.
Se trata de dos sociedades registradas en Panamá que operan como contratistas de la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corporvex) y que en 2017 facturaron millones de dólares a cambio de los combos de alimentos. FB Foods LLC, constituida el 24 de marzo de 2017 por el bufete De La Fuente & Saldaña, Abogados (Delasa), que a diferencia del escritorio jurídico Morgan & Morgan, no entró en la lista de vetados por el Gobierno venezolano.
Para la fecha de nacimiento de FB Foods LLC, la idea de los Clap había tomado vuelo. Concebidos en 2016, a fines de año ya el Gobierno de Nicolás Maduro los nutría mediante importaciones masivas de alimentos a través de intermediarios de Barbados (Postar Intertrade Limited) y Hong Kong (Group Grand Limited) desde México, país del que han salido la mayoría de los llamados combos o bolsas Clap y que a la postre fue el gran beneficiario del programa estatal venezolano. Para entrar al millonario negocio a FB Foods LLC le bastaron los 10.000 dólares de capital con que fue creada.
Apenas meses antes de la constitución de FB Foods LLC, en julio de 2016, el entonces Vicepresidente del Área Económica, Miguel Pérez Abad, y el Mayor General de la aviación y aún presidente de Corpovex, Giuseppe Yoffreda Yorio, sellaron en Panamá un acuerdo con el Ministro de Comercio de esa nación, Augusto Arosemena, por poco más de 16.000 toneladas de alimentos que permitirían armar hasta tres millones de combos Clap. En el acuerdo estuvo presente el militar y embajador venezolano en Panamá, Jorge Durán Centeno, que a raíz de la reciente tensión diplomática fue llamado a Caracas para consultas. Pero en septiembre de 2016, Durán Centeno celebraba la marcha del acuerdo. “Comunidad venezolana y panameña aceleran el ritmo para cumplir desde el istmo el compromiso con los Clap”, publicó en Twitter junto a unas fotografías en las que se ven apiladas las hoy populares cajas Clap.
Una de esas cajas presidió la mesa sobre la cual las autoridades de ambas naciones firmaron el convenio. Medios locales panameños reportaron en esa oportunidad que se trataba de un negocio por 46 millones de dólares, que beneficiaría al menos a cinco “empresas panameñas” cuyos nombres no se dieron a conocer. “Este fue un acuerdo transparente y directo, sin intermediarios, entre el Gobierno venezolano con productores y empresas panameñas”, declaró Pérez Abad al diario La Prensa el 31 de julio de 2016. El funcionario asomó que el intercambio podía escalar hasta los 100 millones de dólares. “Esta es la primera rueda de negocio, por así decirlo, pero esperamos que sea el inicio de un comercio fluido y recíproco entre ambos países”.
En julio de 2017, un año después de aquellas palabras, FB Foods LLC, recibió desembolsos del Gobierno venezolano a través del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) que fueron a una cuenta de la empresa en el C.I.M Banque de Ginebra, Suiza. Una lista de proveedores de los Clap divulgada recientemente por Well Thought Consultants, consultora creada en Estados Unidos y detrás de la cual está Hebert García Plaza, ministro de Alimentación y de la cartera de Transporte Acuático y Aéreo en los primeros años de la administración de Maduro, le atribuyó a FB Foods LLC un contrato por 500.000 cajas Clap.
“Este fue un acuerdo transparente y directo, sin intermediarios, entre el Gobierno venezolano con productores y empresas panameñas”
Como representante legal y presidente de la compañía aparece José Enrique Cachutt D´Sola, mientras que el cargo de tesorero lo ejerce Daniel Alberto Regalado Plaza, ambos ciudadanos venezolanos. En Venezuela, Cachutt D´Sola trabaja para la compañía Sideral Show C.A, según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), y de acuerdo a reseñas de prensa fue directivo del Club Campestre Los Cortijos, al este de Caracas. Un galpón en la calle Bernardette de esa zona de la capital venezolana es el domicilio colocado en los documentos de embarque realizados por FB Foods LLC.
Al cierre del reportaje Cachutt D´Sola no respondió la solicitud de entrevista para aclarar si su contrato formaba parte de aquella negociación iniciada por los funcionarios venezolanos a mediados de 2016. Sin embargo, ImportGenius, base de datos del comercio internacional, muestra que entre septiembre y octubre del año pasado realizó despachos de alimentos para Venezuela desde los puertos de Cartagena, Colombia, y Manzanillo, Panamá. Fuentes conocedoras del negocio de los Clap aseguran que FB Foods LLC estaría conectada con otros de los traders usados por el Gobierno desde finales de 2016. Hasta ahora Armando.info ha revelado la presencia de Group Grand Limited, Postar Intertrade Limited, Million Rise Industries Limited, J & B International Trading y MIR Importació I Exportació.
Otra sociedad de papel, registrada bajo el nombre Wellsford Trading Corp, destaca entre las ganadoras de una porción del sustancioso negocio. Al igual que FB Foods LLC, ni Wellsford Trading Corp ni el bufete que fungió como agente registrador (Sucre, Arias & Reyes) fueron blanco del veto por parte del Gobierno venezolano.
El 8 de julio de 2017, un año después de que Miguel Pérez Abad y Giuseppe Yoffreda Yorio pactaran con el Ministro de Comercio panameño, Wellsford Trading Corp facturó a la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación, 73.710 cajas Clap provenientes del puerto de Veracruz, México. Cada una fue tasada en 34,87 dólares para sumar un monto de 2,57 millones de dólares, una ínfima parte de un contrato mayor por dos millones de combos que logró la empresa con Corpovex, el holding estatal que preside Yoffreda Yorio y que funciona como un centralizador de las importaciones públicas. Ese convenio le supondría ventas por casi 70 millones de dólares a esta desconocida empresa registrada en Panamá el 25 de noviembre de 2013.
El presidente es Plutarco Cohen Camarano, un ciudadano panameño que hace las veces de “prestanombre” para este tipo de sociedades instrumentales, lo que permite ocultar a los verdaderos beneficiarios de la compañía. Su nombre se repite en cientos de empresas del istmo, así como de otras inscritas en paraísos fiscales hasta el punto de que salió a relucir años atrás con la filtración Offshore leaks, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
En esa oportunidad Plutarco Cohen fue relacionado con una empresa creada en las Islas Vírgenes Británicas que conectaba con un senador argentino vinculado al kirchnerismo, Juan Héctor Estrada, según un reportaje publicado por La Nación. En ese papel, Plutarco Cohen también figura como presidente del Grupo Avelina Internacional, una filial panameña de la venezolana homónima, perteneciente a Mauro Libi, un empresario recientemente cuestionado por la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional venezolana. “El Grupo Libi, dueño de la marca Avelina en Venezuela, contrató en Panamá los servicios del escritorio jurídico Sucre, Arias, Reyes, con el fin de registrar la marca internacionalmente. Se nos indicó que el mecanismo más idóneo para realizarlo era la constitución de una compañía de acciones sin valor nominal y cuyos suscriptores y directivos debían ser de nacionalidad panameña pero que, dada nuestra condición de extranjeros, era una práctica legal y lícita en Panamá que el escritorio jurídico panameño asumiera la escogencia de esas personas y no habría problema con el control de la compañía puesto que los títulos accionarios quedarían en nuestro poder y el escritorio asumiría la responsabilidad ante las autoridades de ser el agente residente de la compañía, función que mantiene en la actualidad”, respondió el equipo de comunicaciones de Avelina al ser consultados por la figura de Plutarco Cohen.
Los registros de ImportGenius muestran que Wellsford Trading Corp compró a la mexicana Productos Serel SA de CV los alimentos que luego facturó al Gobierno venezolano. Como varios de los intermediarios metidos en el negocio, los embarques salieron desde el puerto de Veracruz y llegaron hasta el de La Guaira con los kits ya armados con once productos alimenticios como pasta, atún enlatado, salsa de tomate o leche en polvo, entre otros.
Precisamente, la leche despachada por Productos Serel bajo la marca Kosland fue una de las que peores valores nutricionales arrojó de las ocho marcas mexicanas analizadas por el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Central de Venezuela, a pedido de Armando.info, y sobre lo cual ninguna autoridad se ha pronunciado. Productos Serel apenas es uno de los proveedores mexicanos que han usado los traders del Gobierno venezolano y se suma a otros como El Sardinero, La Cosmopolitana, Solo Un Precio Servicios Inmobiliarios, Grupo Brandon o Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI).
This is the chronicle of a trip to nowhere. An effort of over a year to find the birth certificate of Nicolas Maduro—the key piece to solve the controversy over the nationality of the Venezuelan leader—led the team of Armando.info to the only document that the civil registry of La Candelaria Parish in Caracas could show, a few scanned pages. There is an unknown land where the original document is, if any. According to different versions, it is in a safe under the ongoing argument of "State security reasons," under a 24-hour personalized custody of at least four gatekeepers committed to deny access to the folios inside.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
