El ex ministro de Salud, Luis López, quiso pasar a la historia como el gran rescatista de la deteriorada infraestructura de los hospitales venezolanos y asignó contratos que sumaron hasta 500 millones de dólares. El problema: 63 de los contratos se los otorgó a una familia de San Cristóbal, en los Andes venezolanos, con la que trabajaba desde antes. Además, las obras fueron ejecutadas con pobres estándares. Pero ese favoritismo fue el capital semilla para la creación de un emporio de contratistas del Estado en Táchira.
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A la velocidad en la que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro nombraban ministros de salud, quedaba claro que le costaría mucho al farmaceuta Luis López marcar alguna diferencia en su gestión. Con su nombramiento se convirtió en el decimosexto ministro de la cartera durante la autodenominada Revolución Bolivariana, y el séptimo solo en la gestión de Nicolás Maduro.
Con todo eso, se propuso dejar huella. Anunció que su misión sería la de remodelar y refaccionar los hospitales del país, a los que el paso del tiempo y la falta de inversión les ha pasado una factura más que visible en filtraciones, paredes rotas, pisos inundados, salas derruidas, quirófanos parados.
Pero no es lo mismo el entusiasmo que la acción. Menos cuando aquel viene trufado de un propósito de hacer negocios.
A la larga, la promesa de rehabilitación de las infraestructuras hospitalarias se convirtió en otro capítulo más de opacidad e ineficiencia con la adjudicación de decenas de contratos a empresas y personas sin experiencia. En especial una familia de San Cristóbal, capital del estado andino de Táchira -suroeste de Venezuela, frontera con Colombia-, fue una de las principales elegidas para encargarse de las obras.
López había sido viceministro de Salud cuando la obstetra Antonieta Caporales era ministra en el año 2017, pero ascendió pronto cuando se filtraron las estadísticas epidemiológicas que revelaron el tamaño de la crisis humanitaria que atravesaba Venezuela y Caporales fue destituida. López fue nombrado en sustitución para garantizar que se mantuviera el hermetismo, y esa tarea sí que la cumplió.
Un hermetismo que contrastó con la pompa con la que López anunció el Plan Quirúrgico Nacional, un proyecto que pretendía lograr operaciones masivas de pacientes a partir de la rehabilitación de quirófanos y refacciones de algunos hospitales y en Centros de Diagnóstico Integral (CDI), creados en el marco de la Misión Barrio Adentro para atender emergencias y hacer diagnósticos.
En 2017 la Fundación de Edificaciones y Equipamientos Hospitalarios (Fundeeh), ente entonces adscrito al Ministerio para la Salud, sería la encargada de llevar a cabo estas rehabilitaciones, para lo cual manejó un presupuesto de 501,5 millones de dólares. Así se convirtió en el organismo del ministerio con el más abultado presupuesto, según datos de la organización Transparencia Venezuela.
En enero de ese año obtuvo un crédito inicial difícil de pronunciar: 22.913.238.367 bolívares (34 millones de dólares al cambio oficial) y cerró el año con 1.654.654.967.554 bolívares (495 millones de dólares al cambio oficial). En mayo de 2017 nombraron al joven de 31 años Antoni D´Benedetti como director de la Fundeeh. Por su visto bueno debían pasar las licitaciones y la contratación de las obras.
A través de esa fundación el ministro López otorgó la misión de rehabilitar los centros de salud a la empresa Construcciones y Mantenimiento Lurimonra C.A, creada en el año 2013 en San Cristóbal, perteneciente al comerciante Manuel Alfredo González Zambrano y la madre sus hijos, Beatriz Amanda Crespo González.
La relación entre González y el ministro López comenzó desde el año 2013. El cargo previo de López había sido el de director de la Corporación de Salud en el estado Aragua -entidad en el centro costero de Venezuela- cuando Tareck El Aissami -a la postre también ministro del Interior y Vicepresidente de la República; actual Vicepresidente de Economía- era gobernador de la entidad. Con esta investidura, López comenzó a dirigir contratos a las compañías de Manuel González y sus familiares.
La primera empresa beneficiada desde Aragua fue la cooperativa Songoro en el Son 76, R.L que tuvo al menos once contratos en el sistema de salud estadal. La alianza se mantuvo y amplió ya con López como ministro de Salud.
Nunca hubo una valla informativa en las obras que diera los datos de la empresa que hacía los trabajos de rehabilitación, tampoco declaraciones a los medios de comunicación ni se entregó a la Asamblea Nacional una Memoria y Cuenta que diera un balance de su gestión.
Mientras la crisis humanitaria se desbordaba en el país, López solo anunciaba a través de su cuenta de Twitter sobre las obras de rehabilitación hospitalarias citando en cada mensaje a Tareck El Aissami, que en ese momento era el Vicepresidente Ejecutivo. Nada informaba sobre las contrataciones o si hubo licitaciones para la adjudicación.
A pesar de su aparente eficacia la gestión del ministro López fue una cadena de eventos desafortunados: en 2017 comenzó la epidemia de sarampión en Venezuela luego de 15 años controlada; se paralizaron los trasplantes en el país; no se publicó ni una sola data epidemiológica y dejaron de llegar los antirretrovirales para las personas que viven con VIH.
Todavía así, en noviembre de ese año obtiene el cargo de presidente del Seguro Social, en sustitución del general Carlos Rotondaro quien llevaba diez años en el cargo. López se estrenó al dejar de pagar una orden de compra para que llegaran los insumos para las diálisis y de forma inédita se agotó el inventario en 32 unidades de diálisis de trece estados del país. Entre octubre de 2017 y junio de 2018 murieron al menos 2.486 personas confirmadas por Armando.info.
Con López como ministro, los gochos -el apelativo levemente despectivo con el que el resto de los venezolanos llaman a los nativos de los estados andinos: Táchira, Mérida y Trujillo; y también como se conocía a la logia que con López se instauró en el Ministerio de Salud- tumbaban paredes y pintaban quirófanos en medio de la crisis humanitaria.
Los contratos esta vez apuntaban a otra empresa, Construcciones y Mantenimiento Lurimonra C.A, según quedó establecido en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
En esta base de datos consta que a esa empresa se le adjudicaron 63 obras hospitalarias durante el año 2017, entre las que se destacan las rehabilitaciones de los hospitales J.M. de los Ríos, José Ignacio Baldó, Vargas y Victorino Santaella, todos en el área metropolitana de Caracas.
En un canal de Youtube, además, la empresa Lurimonra se congratula por haber obtenido el contrato para la remodelación de nueve de los 18 CDI que el Gobierno refaccionó ese año y entregó en 2018.
Para el momento de haber recibido estos contratos, la empresa tenía apenas cinco años de creada y no contaba con experiencia en construcciones hospitalarias. A pesar de ello, fue la gran beneficiaria del proyecto epiléptico del Gobierno para mejorar la infraestructura hospitalaria.
Pese a que se contactó a la junta directiva de esta empresa para conocer sobre su experiencia en el sistema sanitario, ninguno de sus integrantes atendió el requerimiento
De los trabajos de ingeniería se sabía día a día porque la cuenta de Twitter del Ministerio para la Salud publicaba con profusión fotos de obreros trabajando o del ministro López caminando entre escombros y cemento. Pero jamás se supo de inversiones ni de las contratistas que tuvieron estas adjudicaciones.
Además del proceso de licitación sin transparencia que Lurimonra tuvo con el Ministerio para la Salud, las obras que se reportan ante el RNC fueron denunciadas como de mala calidad y algunas nunca se ejecutaron, según un sondeo que se hizo junto con médicos que trabajan en los centros de salud.
Uno de estos contratos consistía en poner en marcha el generador de energía eléctrica del Servicio de Nefrología del Hospital José Gregorio Hernández del estado Amazonas, en el extremo sur de Venezuela. Los pacientes renales de esta entidad jamás han podido optar por una diálisis porque el Servicio de Nefrología -que tiene dos máquinas de hemodiálisis otorgadas desde el año 2013- tiene un deficiente servicio de energía eléctrica, como casi toda la región. Una planta eléctrica es lo que hace falta para que los pacientes, a quienes sus riñones les dejan de funcionar, no tengan que mudarse de estado para sobrevivir.
El ex ministro Luis López anunció a través de redes sociales la llegada de una planta eléctrica al estado Amazonas. La foto circuló en un tweet el 27 de junio de 2017 y se perdió en las redes. Los médicos jamás la vieron llegar.
Por su parte, los médicos del hospital José Gregorio Hernández recuerdan que cuando López aún era viceministro de Salud hizo una visita al estado Amazonas. El funcionario se detuvo en el Servicio de Nefrología una hora y resaltan el tiempo que duró caminando porque ningún otro funcionario ha superado los cinco minutos de visita en cada servicio del hospital. “Somos el patio trasero de Venezuela”, repite una y otra vez una médico del lugar, consultada para este trabajo. Ese día López lanzó su promesa de precandidato: “El estado Amazonas tendrá planta eléctrica y hemodiálisis”.
Desde que hubo el apagón nacional que dejó sin energía eléctrica a todo el país en marzo de este año durante seis días, el personal de salud denuncia que el Servicio de Nefrología del Hospital José Gregorio Hernández -parte también del plan de refacciones de López- quedó en penumbra definitivamente. La planta eléctrica nunca llegó y ahora no prende ni un bombillo.
Entre los médicos del Hospital de niños J.M. de los Ríos se conocía a López como “el ministro de las paredes de drywall”
La historia se repite en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá en el estado Sucre, en el nororiente de Venezuela. Se anunció la reparación del enfriador del centro de salud. Jamás sucedió, según confirma a Armando.Info el personal médico.
En Caracas, las obras fueron más publicitadas y, quizá por eso, mejor acabadas.
Entre los médicos del Hospital de niños J.M. de los Ríos -el principal centro de referencia pediátrica del país- se conocía a López como “el ministro de las paredes de drywall”. Luego de múltiples protestas, con las que padres y niños trancaban las calles por las filtraciones, los servicios cerrados y las medicinas escasas o simplemente inexistentes, el ministerio lanzó una lista larga de arreglos al que, en su momento, fuera el hospital pediátrico más grande de América Latina.
Se prometió rehabilitar la torre de infectología, cocina, áreas comunes, oncología, terapia intensiva neonatal, área de fórmulas lácteas, farmacia, lavandería, nefrología y diálisis, desechos patológicos y la acometida eléctrica de sillones odontológicos.
Llegaron los obreros y comenzaron a tumbar paredes. Los niños amanecían sentados en la sala de emergencia porque la prioridad eran las obras de ingeniería. Entre martillazos y cemento los médicos sorteaban a los obreros para cumplir con la atención de los niños. La obra se hizo, pero nada de eso amplió los cupos para que el hospital pediátrico volviera a tener todas las camas disponibles, según los reportes de la sociedad médica del hospital pediátrico.
En visitas en los meses que se hicieron las obras se pudo constatar que, a los 90 días de terminados los trabajos de ingeniería, había filtraciones en las paredes porque los problemas de tubería no se corrigieron. Tampoco se hizo el remate curvo de los pisos que debe tener un hospital para evitar que se acumulen bacterias. El piso de vinilo se hizo, pero no se cristalizó. La torre de hospitalización se filtró al poco tiempo y el departamento de Medicina III se entregó con un baño dañado.
El ex ministro fue destituido también con un solo tuit.
En el histórico Hospital Vargas de Caracas se rehabilitó el quirófano y a los tres meses el piso se levantó. El contrato del complejo hospitalario José Ignacio Baldó, conocido como El Algodonal, fue más genérico. Se prometió rehabilitar los quirófanos, pero solo se trabajó en la sala de obstetricia y el quirófano de la maternidad Herrera Vegas ubicada dentro del complejo. La sede principal, el hospital quirúrgico Simón Bolívar, no tuvo ninguna mejora durante ese año.
El 7 de abril de 2018, López dio una rueda de prensa acompañado por José Moya, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Venezuela. Ambos se uniformaron con una vestimenta de color gris claro y dieron estadísticas sobre planes de vacunación y planes del combate a la epidemia de la malaria.
Luego, Moya se paró un paso atrás a su izquierda y se quedó escoltando al ministro frente a las cámaras. López siguió con su repertorio de obras de ingeniería que había culminado. Ya no ponía a su personal a tuitear fotos de salas recién pintadas, sino que daba un número a viva voz: 820 obras en centros de salud se habían hecho bajo su gestión, que incluía la reparación de 261 quirófanos, 96 servicios y 18 CDI en Caracas. Un 33%, afirmó, de los centros de salud.
“Se han hecho trabajos integrales que nos permiten ahora tener capacidad de intervención quirúrgica para 40.000 personas adicionales en el sistema”, aseguró. Moya permaneció impávido moviendo sus ojos de un lado a otro.
Pasaron 78 días de estas declaraciones hasta que el ministro fue destituido también con un solo tuit. Nicolás Maduro usó la red social para anunciar el relevo el 25 de junio de 2018, sin transmisión televisiva ni otro aspaviento.
“Para avanzar en un sistema integrado de salud que incluya desde la atención primaria hasta la distribución de medicamentos a la población, he designado en esta tarea a un profesor universitario, médico fisiatra, profundamente humanista. Carlos Alvarado, es nuestro nuevo Ministro de Salud”, escribió en la red social Maduro. López desapareció de la palestra pública.
En el Ministerio para la Salud consideran que preguntar por la gestión del ministro López, la inversión realizada y el estado de las instalaciones es “información sensible” y de la que no pueden dar ningún dato.
Pese a que el sustituto de López y actual ministro de Salud, Carlos Alvarado, ocupó en simultáneo el cargo de presidente de la Fundeeh desde el 14 de noviembre de 2018 hasta julio de este año, la información sobre el presupuesto usado por la Fundeeh en 2017 y 2018 y las licitaciones fue negada a Armando.info. De hecho, aseguraron desconocerla.
José Luis Arrechider, asistente de Alvarado y director de Gestión Comunicacional del ministerio, aseguró que no cuenta con la información sobre el dinero usado por López. Y remató: “No es pública para la prensa (...) tampoco podemos dar información tan delicada sobre otro ministro”, dijo.
La Fundeeh pasó a manos de la Vicepresidencia de la República en julio de este año.
Los gochos no solo se hicieron expertos en salud, sino que decidieron abrirse camino en cualquier área que pudiera interesarle al Gobierno.
González se ha dedicado al comercio y su principal interés en los últimos cinco años fue ser contratista de cualquier organismo donde López se moviera, a su sombra. Tiene en su haber doce empresas de diferentes rubros que le han prestado servicio al Estado, casi la mitad de ellas creadas durante 2017 y 2018.
Una de sus primeras inversiones le permitió asociarse a la Cooperativa Songoro en el Son 76 C.A. en el año 2003, con tan solo 27 años de edad. Tras diez años de creada, la empresa obtuvo contratos para al menos doce obras de remodelación, rehabilitación y adecuación de centros de salud del estado Aragua durante los años 2013, 2014 y 2015.
Dos años más tarde, cuando ya López tenía el cargo de ministro para la Salud, González conoció una verdadera bonanza.
Durante 2017 y 2018, los gochos invirtieron más de 160.000 dólares en la creación de todo tipo de empresas que ofrecían lo que el Estado quisiera pedir. González se hizo experto en alquilar aviones, comercializar ganado y hasta en extracción de minerales.
González y sus socios abrieron sede en Miami de la empresa Lurimonra. Según diversos registros revisados por Armando.info también decidieron crear cuatro empresas que ofrecieran servicios en diversos rubros, fusionar dos cooperativas familiares y comprar las acciones de una ya establecida e inmersa en las contrataciones que López venía beneficiando desde su paso por Aragua.
En marzo de 2017, en Táchira, se registró la empresa Flight MG C.A dedicada a la compra, venta y alquiler de aeronaves, embarcaciones y vehículos, además de compra, venta e importación y exportación de todo tipo de partes y repuestos con un capital equivalente a 2,285 dólares a la tasa oficial de entonces. Cinco meses después, la empresa ya trabajaba también para la Fundeeh.
Yimmy Alexander González luego de ser funcionario público y militante del Psuv se convirtió en un empresario interesado en el área de Salud
El comerciante también incursionó ese año en la extracción de minerales y creó dos empresas más en abril de 2018 junto con su primo Ronmy José Cañas Zambrano: la Industria Minera Oresdi C.A y la empresa ecológica Corporación Recieco, dedicadas a la extracción, procesamiento, venta y comercialización de minerales no metálicos y metálicos. Cada una se abrió con un capital equivalente a 3.000 dólares.
Manuel González Zambrano fusionó en 2017 la cooperativa Songoro en el Son 76 C.A, con otro negocio familiar, la Asociación Cooperativa Karlima II, R.L., también creada en 2003, para conformar el Consorcio Karson, una de las contratistas que trabajaron para la Fundeeh en el año 2017. Karlima II abrió siete sucursales en el año 2014 y durante 2015 y 2016 se dedicó al mantenimiento de maquinarias pertenecientes a PDVSA Empresa Nacional de Transporte y PDVSA Gas.
En noviembre de 2017 registró además la Agropecuaria Francisca Duarte C.A asociado con Yimmy Alexander González, conocido en San Cristóbal por ser dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes, militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), docente de profesión y ex director de la Zona Educativa del estado Táchira durante los años 2010 y 2011. La empresa se abrió con un capital equivalente a 6.000 mil dólares a la tasa oficial de entonces.
Yimmy Alexander González, luego de ser funcionario público y militante del PSUV, se convirtió en un empresario con intereses en el área de Salud, En 2017 compró 90% de las acciones de la empresa Suministros e Inversiones Mederi C.A en la que invirtió el equivalente a casi 150.000 dólares al cambio de la tasa oficial. La empresa pasó de tener un capital de solo un millón de bolívares a 500 millones bolívares.
Esta compañía de insumos médicos fue creada en el año 2012 y en principio estuvo dedicada a la compra, venta, comercialización, distribución y almacenamiento de medicamentos y material médico quirúrgico. Dos años más tarde, Suministros e Inversiones Mederi C.A licitó para ser uno de los proveedores de la Corporación de Salud de Aragua y amplió su razón social en tres oportunidades para poder instalar una droguería, justo cuando comenzaba la escasez de fármacos en el país, y para fabricar lencería quirúrgica y todo tipo de material médico.
En tres meses la razón social de esta empresa fue cambiando hasta incluir su dedicación a la construcción, plomería, computación, distribución de repuestos automotrices, alimentos perecederos, de limpieza, instrumentos musicales, juguetes, suministros para la educación, festejos, jardinería, alquiler de maquinarias de todo tipo, transporte, perforación de minería y petróleo y gas, así como también poder contratar y realizar obras civiles con el sector público.
Ese mismo año Yimmy González incursiona en la ganadería y agricultura, con Manuel González como socio, con una inversión de 10 millones de bolívares, el equivalente a 3.000 dólares para ese momento.
El ex director de la Fundeeh fue removido el mismo día que Maduro tuiteó el cambio de personal. En la Gaceta Oficial de esa fecha se dio a conocer el cambio de las directivas de todos los entes adscritos al ministerio. Anthony D´ Benedetti, que daba la cara en la Fundeeh, no solo fue removido de su cargo, sino que fue interrogado por el Sebin, según información confirmada por funcionarios del Ministerio para la Salud. La rehabilitación de hospitales terminó en un interrogatorio policial.
Hoy la sede en Miami de Lurimonra está inhabilitada, pero las oficinas de todas las demás empresas de vuelos y construcción continúan operativas en San Cristóbal.
Yimmy González continúa cotizando en el Seguro Social como funcionario público en el Ministerio para la Educación, mientras que Manuel Alfredo González, tras mantenerse de bajo perfil en el área de la construcción, decidió brillar con un autolavado ecológico VIP en Pueblo Nuevo, un suburbio de San Cristóbal. Se muestra en sus redes sociales como regente de un concesionario de carros de Miami con clientes que exhiben sus camionetas Range Rover, Toyotas, y deportivos Corvette y Camaro de último modelo.
Sin contar con experiencia previa en la venta de equipos médicos, una empresa dirigida por tres hermanos venezolanos que tenían trayectoria en el sector automotriz, logró colarse como proveedora de la Presidencia de Panamá y firmar un contrato para suministrar respiradores, los equipos más buscados en tiempos de Covid-19. Pero los equipos resultaron estar en mal estado. Esta historia se remonta hasta unos antecedentes en el estado Zulia, relacionados con una familia ya célebre por haber sido favorecida con jugosos contratos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
Una red de empresas propias y de familiares convirtió al Mayor del Ejército William Hernández Cova en uno de los principales contratistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Más de 250 contratos cayeron de su lado durante la década en que esa institución estuvo dirigida por otro colega militar, el General Carlos Rotondaro Cova. Aquello fue el inicio de una expansión que no cesa, a contravía del desplome económico del país, y que ha colocado al grupo empresarial a la cabeza de una compañía petrolera en Colombia, de una clínica privada y hasta de bodegones en el este de Caracas, entre otros negocios.
Centenares de habitantes de Araya, la península occidental del estado Sucre, combaten la pobreza extrema sacando el único recurso que apenas pueden rasguñar de la tierra: la sal. El contrabando del mineral, que hace un par de años se hacía con algún recato, hoy se practica a plena luz y bajo la complicidad de las autoridades de la zona, que lo permiten a cambio de dinero y a sabiendas de que la empresa estatal encargada de esa explotación, administrada por el Gobierno regional, está destartalada e inoperante.
Es barato curarla y aún más fácil prevenirla, pero la sífilis congénita comienza a hacer estragos en la nueva generación de recién nacidos del país. Puede producir condiciones aún más severas que el VIH, pero en 2019 el Estado venezolano importó 0,4% de la penicilina que compraba hace diez años, uno de los antibióticos más baratos y comunes en el mercado y principal tratamiento de esta infección, por lo que los médicos se preguntan cómo podrán curar en la Venezuela de hoy a una enfermedad que parece un mal chiste del siglo pasado.
En 2016 Venezuela galopaba hacia la hiperinflación y la crisis hospitalaria comenzaba a pintar sus escenarios más crudos, con pacientes cada vez más pobres encargados de comprar hasta la gasa para ser atendidos. Aún así algunos doctores trastocaron en improvisados empresarios que lograron venderle al estado -a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior- varios lotes de guantes y material médico quirúrgico 20 veces por encima del precio del mercado. En todos los casos, los productos tuvieron que cruzar al menos tres fronteras: salieron del país donde fueron fabricados para llegar al del intermediario, que luego los envió a El Salvador antes de su final arribo a Venezuela. La carga estaba valorada en 500 mil dólares pero la revolución bolivariana decidió pagar 11 millones de dólares.
Desde el comienzo de la epidemia de sarampión en julio de 2017, al sur de Venezuela, seis países sudamericanos están afectados por casos provenientes de la que alguna vez fue la nación más rica y moderna de la región. Dos años después del brote, no se ha podido controlar la enfermedad.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
De los templetes de campaña electoral a grandes conciertos pop, Pedro Morejón se ha abierto camino como el empresario dominante en la industria del espectáculo en Venezuela. Para ello usa valiosas conexiones y el padrinazgo de jerarcas como Diosdado Cabello. Pero así será el sigilo con que actúa que, pese a esos lazos con el régimen del que fue ministro, a través de terceros sigue manejando en Estados Unidos varias empresas, entre ellas, MiTickera, a la que fluyen sus ingresos por boletos.
