La empresa de servicios petroleros Trenaco, registrada en Colombia y Suiza, apareció de la nada en 2015 para alzarse con el más apetecido proyecto de la petrolera estatal venezolana, por 4.500 millones de dólares. Cuando el contrato se cayó, sin embargo, Trenaco desapareció casi como vino. Aunque se desconoce cómo pudo una compañía inexperta y desconocida conquistar una asignación tan colosal como especializada, se supone que estaba bien relacionada. Algunas de esas relaciones se dejan entrever en los llamados Panama Papers.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Aunque mencionada desde hace tiempo con sigilo en los corrillos del periodismo especializado, Trenaco, una empresa colombiana de servicios del sector petrolero, fue una desconocida total para el público de Venezuela hasta la semana que acaba de terminar, cuando un reportaje de investigación de la agencia Reuters la puso bajo los reflectores.
La pieza, firmada por los reporteros Alexandra Ulmer y Girish Gupta, sigue la estela visible de un presumible tráfico de influencias, por el que la petrolera estatal venezolana Pdvsa pudo haber otorgado en agosto de 2015 un contrato por 4.500 millones de dólares para la activación de 600 pozos en campos de la Faja Petrolífera del Orinoco a una empresa bisoña, opaca pero, en apariencia, bien relacionada, la colombiana Trenaco.
Algunas petroleras internacionales y las grandes firmas de ingeniería pusieron el grito en el cielo al conocer el resultado de la licitación. Para ellas representaba un riesgo asociarse en un proyecto de alta tecnología con una contraparte de la que no tenían referencias. Fuera por estas quejas u otro tipo de presiones, a comienzos de 2016 el contrato se deshizo y Trenaco, tal como había aparecido de la nada, se desvaneció en la nada y cesó sus operaciones.
Parecía casi como que Trenaco había sido creada para capturar ese proyecto. En medio de la aguda crisis socioeconómica venezolana, con una industria petrolera cada vez más comprometida por sus deudas y caída en sus capacidades productivas, este tenía todo el aspecto de ser el último contrato jugoso que Pdvsa asignaría en mucho tiempo. Si ya llamaba la atención que el negocio fuera adjudicado a un recién llegado, las curiosidades serían azuzadas todavía más por los trascendidos que dejaron saber los nombres de quienes estarían detrás de la sorprendente empresa: Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab.
Pulido y Saab son dos ciudadanos colombianos cuyos nombres cabalgan en infinidad de rumores vinculados a negocios con el Estado venezolano durante la autodenominada Revolución Bolivariana. Diversas informaciones en la red señalan a Saab, un empresario de Barranquilla (Colombia), como ahijado o sobrino de la exdiputada Piedad Córdoba, uno de los más seguros aliados del chavismo en la política colombiana.
Ambos hombres de negocios aparecieron en la trama del escándalo de exportaciones fingidas o no completadas de la empresa Fondo Global de Construcción desde Ecuador a Venezuela. La corporación ecuatoriana, de la que Pulido Vargas es accionista junto al venezolano Luis Sánchez Yánez, en un mecanismo aparentemente diseñado para sacar provecho del sistema de compensación monetaria SUCRE, se benefició con asignaciones de divisas del Estado venezolano por al menos 159,8 millones de dólares, monto que debía servir para pagar los suministros de casas prefabricadas en Ecuador por el Fondo Global de Construcción destinadas a dos desarrollos habitacionales de interés social en los Valles del Tuy, estado de Miranda.
Sin embargo, durante el mismo periodo, la aduana ecuatoriana solo pudo verificar exportaciones del Fondo Global a Venezuela por apenas 3,1 millones de dólares. La notable diferencia entre el monto de las asignaciones anticipadas para la empresa, y la magra cuantía de sus exportaciones, prendió las alarmas de la Fiscalía en Ecuador. El Ministerio Público logró desarrollar un caso de lavado de dinero que ya ha pasado por varias etapas. Hasta cuatro absoluciones han recibido los inversionistas del Fondo Global, todas desafiadas por los fiscales, quienes hasta han apelado al Consejo de la Judicatura local. Entre tanto, el Fondo Global dejó de funcionar en Ecuador.
En Venezuela, Alex Saab figura como representante del Fondo Global de Construcción y hasta llegó a dar la cara en 2011, durante la transmisión televisada desde el Palacio presidencial de Miraflores de la firma del convenio para la construcción de las urbanizaciones en los Valles del Tuy, con la presencia del entonces presidente Hugo Chávez.
Las sucursales nacionales del Fondo Global de Construcción en Venezuela, Colombia y Ecuador resultaron propiedades de una matriz en España que, a su vez, pertenecía a un holding registrado en la isla de Malta, en el mar Mediterráneo. En el esquema no aparecen
En 2015, el investigador venezolano Alek Boyd, en sus publicaciones en línea, y el legendario hombre de la radio en Colombia, Julio Sánchez Cristo, empezaron a divulgar desde sus respectivos medios las versiones de que los mismos Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab del Fondo Global de Construcción eran quienes manejaban Trenaco, la empresa petrolera entonces recién premiada con el Gordo de Pdvsa.
Los reporteros de Reuters se propusieron comprobar que Pulido y Saab son los propietarios beneficiarios de Trenaco, cuya persona jurídica está inscrita tanto en Bogotá como en Ginebra, Suiza. Cuatro ex ejecutivos de Trenaco, que sin que sus nombres salgan publicados en la nota prestaron testimonio a Reuters, aseguraron que los dos socios manejaban la compañía junto a un tercer ciudadano colombiano, Carlos Gutiérrez. Pero fue imposible documentar esa conexión en los registros suizos y colombianos.
Sin embargo, algunas pistas sobre el verdadero esquema patrimonial de Trenaco se pueden encontrar en los llamados Panama Papers, la colosal filtración de archivos electrónicos fugada en 2015 del bufete panameño Mossack Fonseca –uno de los líderes en el istmo y en el mundo en el ramo de la incorporación de empresas en paraísos fiscales–, recibida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y procesada por un grupo de 370 reporteros bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Entre los documentos que estaban en manos de Mossack Fonseca y se incluyen en la filtración, se encuentra uno seminal en la historia de Trenaco: se trata del acuerdo que el 23 de diciembre de 2009 suscriben Fair Energy Colombia SA, cuyo signatario es Felipe de la Vega Vergara, y Linston Perfect Investment LTD, por el cual esta última, una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas, pasa a representar a la primera para comercializar sus productos en mercados internacionales. El contrato tiene una vigencia de cinco años y establece comisiones para Linston de entre 1% a 3,37%.
Yadira de Boutaud es una de las prestanombres del bufete Mossack Fonseca, que se ha encargado de registrar la compañía en el archipiélago caribeño.
En el documento Fair Trade Energy SA se presenta como “una empresa dedicada a la comercialización de commodities, como el petróleo, derivados del petróleo, biocombustibles y productos mineros, tanto en el mercado colombiano como a nivel internacional”. Pero antes de que se cumplan el plazo del contrato, en agosto de 2010, Fair Trade Energy SA cambiará de nombre a C.I. Trenaco SAS. Según la revista Dinero de Bogotá, entre ese mes de agosto de 2010 hasta 2013, Trenaco incrementaría sus ingresos en más 1200%, suficiente para convertirse en la séptima compañía petrolera más grande de Colombia.
Fair Energy reconoce en su nuevo representante, Linston, el “conocimiento” necesario para comercializar con éxito sus productos. Linston, incorporada en 2010 –esto es, después de la firma del contrato de representación- tiene por accionistas a una empresa de las islas Seychelles, Constant LTD, de la que no hay mayor información; y una fundación privada en Panamá, Kenford Foundation, con accionistas individuales y jurídicos prestados por Mossack Fonseca, pero cuyo beneficiario final es Felipe de la Vega Vergara, el propio representante de Fair Energy.
En 2012 ya Fair Energy se ha transformado en Trenaco, con su creciente negocio en Colombia. La abogada de Medellín, Antioquia, María Mercedes Bermúdez lleva la cuenta a Mossack Fonseca en Panamá para que esta conciba y genere una “solución offshore” en favor de su cliente, Trenaco. En el intercambio por correo electrónico entre el bufete panameño y la jurista colombiana, Bermúdez gira una instrucción clara: el esquema offshore debe beneficiar a dos personas: a Felipe de la Vega y a Carlos Alberto Gutiérrez Robayo.
En la misma comunicación, la abogada Bermúdez ofrece, con tono de intriga, aportar también como cliente a Mossack Fonseca a “uno de los cantantes más famosos de Colombia”. Lo describe así, pero no lo identifica al final, No queda claro si ese otro negocio se consuma, aunque parece probable que no. En 2013, Mossack Fonseca suspende a María Mercedes Bermúdez como intermediaria.
Carlos Gutiérrez Robayo –a quien las fuentes de Reuters mencionaron como uno de los directivos de Trenaco, junto a Alex Saab y Álvaro Pulido– es un polémico empresario de la región de Zipaquirá, al suroeste de Bogotá. Su padre, exdirigente del partido conservador, llegó a ser considerado el mayor productor individual de papa en todo el mundo. Médico veterinario de 43 años de edad, Carlos Gutiérrez Robayo es concuñado de Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá de 2012 a 2015 y dirigente del izquierdista Polo Patriótico. La esposa de Gutiérrez Robayo, María Teresa Alcócer García, es hermana de la esposa de Petro, Verónica Alcócer García.
Petro también es de Zipaquirá, como el clan Gutiérrez Robayo. Participó en la guerrilla del M19. Tras su desmovilización, incursionó con éxito en política. Con frecuencia crítico del chavismo, sin embargo, en marzo reciente se ganó la animadversión de una facción de los tuiteros venezolanos, tras publicar en su cuenta e esa red social un par de fotografías de presuntos automercados de Caracas con sus góndolas repletas de productos y la leyenda: “Entré a un supermercado en Caracas y miren lo que encontré…. ¿Me habrá engañado RCN?”. Su intento por desmentir el desabastecimiento de alimentos en Venezuela pasó como un gesto de apoyo al régimen de Nicolás Maduro.
En mayo de 2013 Gutiérrez Robayo le hizo llegar a Mossack Fonseca una síntesis curricular, en la que se identifica como “Director Downstream de C.I. Trenaco”. Al mismo tiempo, en consonancia con su formación, hace una relación de las empresas en las que figura como accionista, todas de actividad agropecuaria: Praga Bogotá, Urbisa, TK Canes Reforestaciones Limitada, Ciagro, CGR Biotecnología Reproductiva.
El intento de Petro por desmentir el desabastecimiento de alimentos en Venezuela pasó como un gesto de apoyo al régimen de Nicolás Maduro.
En favor de Gutiérrez Robayo, Mossack Fonseca se dedica entre 2012 y 2013 a crear una panoplia de empresas en las Islas Vírgenes Británicas. Sus denominaciones: Elfers United, Clareville Consulting, Burnswick Holdings Corporation, Lasting Impact Inc, Speedfast Services Capital Limited, Clover Palais Management, Galaxy Night Worldwide, Coral Trading Global, Greeneagle Enterprises.
En el accionariado de esas empresas está invariablemente Gutiérrez Robayo, en diferentes combinaciones que a veces incluyen a su esposa, María Teresa Alcócer o alguna de dos fundaciones privadas creadas para él en Panamá: Tanbury Foundation y Pengrove Foundation.
Una excepción parece ser la de Burnswick Holdings Corporation, entre cuyos suscriptores están Pengrove Foundation y lo que a todas luces es el clan familiar: Luis Eduardo Gutiérrez Méndez, Beatriz del Socorro Gutiérrez Robayo, Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, Claudia Rocío Gutiérrez Robayo, Jairo Andrés Gutiérrez Robayo, y Beatriz Robayo de Gutiérrez, son los accionistas.
Todos estos registros se hallan en los archivos de Mossack Fonseca dentro de la carpeta del cliente Trenaco y con una dirección postal de Gutiérrez idéntica a la que Trenaco notifica al bufete: Carrera 11, No 82-01, piso 10, Bogotá, Colombia.
Sin embargo, en 2014 Gutiérrez Robayo decide cerrar todas sus empresas de las Islas Vírgenes Británicas y migrar sus operaciones a Panamá. Ese año se abren dos compañías nuevas en el istmo, controladas por las fundaciones privadas de Gutiérrez: Crawley Portfolio Inc y Dane Trading Inc.
El último documento relativo a Trenaco que hay en la filtración data de octubre de 2015. En él, Mossack Fonseca admite que no ha podido completar el cierre de las empresas de Gutiérrez en Islas Vírgenes y su continuación en Panamá, lo que parece dar lugar a un cambio en el agente de representación.
Alex Saab también aparece en los Panama Papers, pero no en relación con Trenaco. En los archivos se le vincula con dos direcciones postales, una en Barranquilla (Calle 80, No. 55-78, Apartamento 12) y otra en la Ciudad de Panamá (Edificio Proconsa II, Segundo piso, 2A).
Alex Nain Saab Morán es el apoderado de dos empresas creadas por Mossack Fonseca en 2013: Lintel Overseas Inc y Kingstone Team Inc.
Con sus hermanos Katia, Amir y Luis Alberto, y otros familiares, crea la Fundación Venedig, también en Panamá.
Aparece en la Roseacre Corporation, incorporada en Belice en 2015, cuyo poder detenta sin embargo Amir Saab Morán.
Por último, es el apoderado de una empresa constituida en Costa Roca con 500.000 colones de capital, Proment, y otra en las Islas Vírgenes Británicas, Neston Property
Todas estas personas jurídicas aparecían activas en los archivos de Mossack Fonseca hasta 2015.
El contratista más favorecido por Nicolás Maduro recorre en ascenso su propia vía láctea, que le ha llevado de importar leche en polvo de mala calidad para las cajas Clap, a controlar una de las industrias con más tradición y marcas más conocidas del mercado venezolano. En marzo de 2019, poco más de un año antes de su arresto en Cabo Verde, el mercader colombiano compró Corporación Inlaca usando, para tratar de esconder su presencia, las fachadas que suele tener a disposición. Pero la detención de Saab y la desaparición del gerente delegado por él -un paisano de Barranquilla- precipitaron una crisis en la empresa, paralizada desde noviembre.
Desde que comenzó la migración masiva de venezolanos a través de las fronteras terrestres han salido del país más de un millón de niños, de los que cerca de 25.000 lo han hecho a Colombia y Brasil sin la compañía de algún representante o familiar. Parten escasos de cualquier recurso, muchas veces buscando al padre o la madre que los dejó atrás o simplemente en pos de un trabajo que les permita conseguir un sustento. Las motivaciones para esta silenciosa Cruzada Infantil son tan poderosas como para que los menores de edad superen el temor natural a un recorrido de miles de kilómetros por lo desconocido y amenazante.
Dentro del millón y medio de personas que han emigrado de Venezuela a Colombia en los últimos tres años, hay miles de personas con origen colombiano y derecho a la nacionalidad. El problema es que muchas de ellas no tienen cómo demostrarlo y quedan en un limbo sin cartografiar entre la corrupción y el quiebre de las instituciones en Venezuela, y la corrupción y la falta de preparación de Colombia para el aluvión de refugiados. A la ya precaria situación económica de la mayoría, se suman los rigores de un sistema burocrático a veces inclemente que los mantiene como indocumentados.
En los primeros meses de 2017, una fiscalía nacional se acercó demasiado a los intereses de dos grandes del chavismo, Tarek William Saab y Diosdado Cabello, tras haber sido comisionados por la fiscal Luisa Ortega Díaz a investigar casos de corrupción en la industria petrolera venezolana. Cuando fueron contra ella y sus allegados, fueron también contra el equipo de la Fiscalía 55. Luis Sánchez, el fiscal auxiliar que manejaba uno de los casos, lleva 21 meses en El Helicoide, una de las sedes de la policía política venezolana, sin haber tenido siquiera su audiencia preliminar, acusado con unas pruebas tan dudosas que el régimen chavista debió cambiarlas sobre la marcha
Presta ‘in extremis’ a los más desesperados. Compra deuda de empresas y países rumbo a la quiebra y con su músculo financiero se dispone a esperar hasta que pueda cobrarla en valiosos activos. Así, por ejemplo, terminó por adueñarse de buena parte del negocio de las telecomunicaciones en Argentina, una de las casi medio centenar de naciones en cuyas reestructuraciones de deuda, tal como se jacta, ha participado “en los últimos 25 años”. El mexicano David Martínez y su fondo buitre se dedicaron a acumular bonos de la colapsada economía chavista, y algunos creen que ha llegado la hora de que cobre con el control de alguna empresa estatal, como la eléctrica. Pero, según ha trascendido, es probable que en esta apuesta deban pagar un precio al que no están acostumbrados: las sanciones financieras de Estados Unidos.
En 2015 miles de colombianos que tenían hasta 20 años viviendo en Venezuela fueron deportados abruptamente del país, que entonces comenzaba a mostrar los quiebres de una crisis que hoy no tiene comparación en la región. Cuatro años después estas familias no recuperan la prosperidad que alguna vez les brindó Venezuela y apenas sienten un alivio al ver la debacle del otro lado de la frontera
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Sobre el sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, ahora en la mira tras los cuestionados cómputos oficiales de los comicios del 28 de julio, al final hay un solo ojo: el de la compañía argentina Ex-Cle. Y sobre Ex-Cle, con domicilio desierto en Buenos Aires y un búnker en Caracas, solo mandan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y el rector del CNE, Carlos Quintero, junto al empresario Guillermo San Agustín. Un embudo por el que pasan negocios, influencias políticas y ‘big data’, en perjuicio de la democracia.
Desde que se conocieron los dudosos resultados del CNE que daban el triunfo a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, estalló una ola de protestas que ahora los cuerpos de seguridad del régimen intentan sofocar no solo con la represión, sino con un nuevo elemento disuasivo: videos de escarmiento en redes sociales. A fin de analizarlas, Armando.info recopiló una veintena de estas piezas, editadas con elementos de filmes de terror y de incitación al odio y hostigamiento contra la disidencia.
En las horas cruciales de los comicios presidenciales del pasado domingo, Aime Nogal dejó de atender las llamadas de los dirigentes opositores, a pesar de que había llegado al directorio del CNE como ficha del partido Un Nuevo Tiempo. Además, con su firma y presencia convalidó el anuncio de los dudosos resultados oficiales de las votaciones. Así culminó un cambio de actitud que asomaba desde hace tiempo, en línea con la trayectoria de la abogada, sinuosa en lo político pero siempre en ascenso.
