Fue acusado por autoridades del régimen de Nicolás Maduro de traficar oro y solicitado en extradición por la justicia y la fiscalía chavistas. Después de dos años de persecución, estas suspendieron las imputaciones por robo y contrabando. Aunque nunca paró su actividad, la reciente inauguración de una segunda posada de lujo en Canaima, Waka Wená, marca el regreso a la vida pública de este empresario de ascendencia portuguesa al que las organizaciones ecologistas no dan tregua.
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Potentes reflectores posaron sus luces sobre el majestuoso Salto El Hacha en el Parque Nacional Canaima, en el sur del estado Bolívar, mientras el estruendo de la música irrumpía en el idílico paisaje, consagrado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, para inaugurar en abril de 2023 el campamento Waka Wená, el más reciente proyecto turístico de lujo instalado a orillas del río Carrao, a unos 46 kilómetros de la meseta del Auyantepui y del Salto Ángel, la cascada más alta del planeta.
Este glamcamp de selva en el municipio Gran Sabana, al sureste de Venezuela, ha sido promocionado como una muestra más de la reactivación del turismo en el Parque Nacional Canaima, cuyos visitantes habían sido espantados por la crisis económica y el avance de la minería ilegal.
Pero Waka Wená evidencia, sobre todo, la intensa actividad de su principal promotor, el empresario César Leonel Dias González. Aunque esa actividad no disminuyó cuando era solicitado por las autoridades venezolanas, que lo acusaban de participar en circuitos ilegales de explotación y tráfico de oro, ahora Dias puede respirar tranquilo. Atrás quedaron las pesadillas judiciales que pesaban en su contra y que incluyeron una orden de extradición del Tribunal Supremo de Justicia, el congelamiento de cuentas bancarias, la incautación de bienes, la prohibición de salida del país e imputaciones por supuesto tráfico de oro formuladas desde el Ministerio Público.
El 26 de febrero de 2021, la fiscalía 73 del Ministerio Público emitió la boleta de notificación que decreta el sobreseimiento de la causa a favor de Cesar Leonel Dias González por la presunta comisión de los delitos de “tráfico de material estratégico, legitimación de capitales y asociación”, previstos en La Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Tres días antes, la misma fiscalía había solicitado decretar el sobreseimiento a Dias y levantar las medidas cautelares que se le habían impuesto, como el congelamiento de activos y la prohibición de salida del país.
El mismo Ministerio Público que imputó a Dias, concluyó que no había elementos de convicción contra el empresario. "Dias está excluido de cualquier clase de acusación penal por absoluta ausencia de pruebas de participación activa en el hecho investigado", reza la sentencia.
Era la culminación de un periodo de casi dos años en el que personalidades del régimen de Nicolás Maduro habían señalado públicamente a Dias de formar parte de una red de contrabando de oro hacia países del Caribe. Los voceros del gobierno y el Estado chavista, que tanto ruido habían hecho con esos señalamientos y la búsqueda internacional de Dias, o no se enteraron del sobreseimiento o decidieron mantener un mutismo absoluto al respecto.
Dias es un hombre de negocios, líder de un grupo familiar de origen portugués con más de dos décadas en el ramo ferretero y de la construcción, cuyo nombre salió a relucir en el escándalo por el desmantelamiento de una red de tráfico de oro en República Dominicana en 2019. Es uno de los propietarios de los hoteles Ara Merú y Waka Wená, en Canaima. También es dueño de Transportes Aéreo del Sur C.A., Transur: dos de sus avionetas fueron incautadas por servir para el traslado ilegal del oro desde el estado Bolívar hacia destinos del Caribe, según el Ministerio Público.
“No he dejado de entrar y salir de Venezuela. Sólo estuve un año fuera cuando me acusaron de formar parte de la red de tráfico, mientras se aclaraba la situación. No existe ninguna prueba de que yo haya contrabandeado ni un gramo de oro”. afirmó el empresario el viernes 17 de octubre de 2023 en entrevista con la reportera de Armando.info. Dice que reparte sus jornadas entre Portugal, España y Venezuela. Portando durante el encuentro una gorra con el logo de Waka Wená, mostró las páginas de sus pasaportes venezolano y portugués, llenas de sellos de entradas y salidas migratorias.
Más que certificaciones de su renovada libertad, esas páginas sirven como trofeos de una victoria judicial sobre el gobierno, por lo demás improbable en unos tribunales bajo férreo control político del chavismo.
A lo largo de dos décadas, César Dias y su grupo familiar de origen portugués han tejido una red en la que se entrelazan una veintena de empresas vinculadas no sólo con el sector turístico, como Waka Wená y Ara Merú Lodge en Canaima, sino también con el transporte aéreo, y con otros ramos como la construcción, la ferretería y la distribución de autopartes. Sus compañías suelen compartir entre sí, socios y miembros de juntas directivas, entre las cuales están sus hermanos. Tienen presencia en Venezuela, Panamá, Estados Unidos, Curazao, España, Portugal y Colombia.
Los Dias comenzaron con una panadería, La Casilla, en Los Magallanes de Catia, un sector popular en el oeste de Caracas. Luego se fueron expandiendo a otros ramos como materiales para la construcción, ferretería y hotelería. Su incursión en el sector turismo comenzó a mediados de los 2000 con el Hotel Gran Sabana, Ara Merú Lodge y Posada Mediterráneo en Los Roques: las dos primeras, en el sur del estado Bolívar, y la tercera, en el archipiélago de Los Roques, en el Caribe central venezolano. La última, Waka Wená: “La primera vez que viajé a Canaima con mi papá quedé fascinado y al mismo guía turístico le pregunté cómo podíamos instalarnos allí”.
Pero no todo sería tan reluciente y candoroso en la carrera del emprendedor turístico. Todavía en julio de este mismo año, la organización ecologista SOS Orinoco denunció tanto a Waka Wená como a Ara Merú Lodge, dos de los alojamientos de Dias, como muestras de un “turismo anárquico y descontrolado” al que no dudó en calificar de “turismo fachada de minería ilegal”. La ONG acusa a las dos posadas de operar “fuera de la legalidad”, amparadas por contratos de concesiones del Instituto Nacional de Parques (Inparques) “írritos y leoninos”.
Dias rebatió durante la misma entrevista a SOS Orinoco y aseguró que cuenta con los tres principales requisitos que exigen para la instalación de una empresa turística en un parque nacional: “En Canaima no hay manera de operar si no cuentas con la aprobación de la comunidad pemón, ni con el Registro Turístico Nacional (RTN), el permiso de Inparques y licencia de turismo. Esta última está por aprobarse. Son procesos burocráticos que toman mucho tiempo”.
Tales señalamientos podrían pasar por pequeñeces en el paraíso turístico levantado por Dias, si no fuera porque le persigue la sospecha de que sus negocios formales solo sirven de coartada para su participación en el rudo ramo de la minería ilegal en Guayana.
Esas acusaciones fueron respaldadas por algún tiempo por el propio gobierno de Maduro, que lo señalaba como uno de los cabecillas del contrabando de oro. Ya en junio de 2018, se le incluyó en la lista de buscados de la llamada Operación Manos de Metal, lanzada por el entonces vicepresidente Tarek El Aissami. El nombre de César Dias (escrito con ese y no con zeta) aparecía entre los 39 que tenían orden de aprehensión por parte del Ministerio Público por los delitos de “robo de material estratégico y contrabando agravado”.
Tras 14 meses, el nombre de Dias volvió a relucir en las acusaciones del oficialismo. En agosto de 2019, el Ministerio Público lo imputó como miembro de una red de tráfico de oro desde Venezuela hacia naciones del Caribe como República Dominicana, Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago. En esta otra ocasión, se le vinculó al piloto privado, Michel Enrique Jerez Córdoba, detenido en República Dominicana y a Roberto Antonio Espejo Camacho, quien también aparece en la lista de Manos de Metal.
A Dias se le vincula con Jeréz Córdoba porque éste figura como firma autorizada en Ferretería y Materiales de Construcción Arcihierro CA, compañía en la que Dias es representante legal. Mientras que Espejo Camacho “era un cliente que contrataba las avionetas de Transur, que funcionan como taxis aéreos. Yo no estaba al tanto de la mercancía que transportaba”, afirma Dias.
Por el caso del comercio ilícito del oro en República Dominicana, el Ministerio Público de Venezuela anunció el 16 de agosto de 2019 que había librado una orden de captura con fines de extradición contra Dias González, Espejo Camacho y otros seis venezolanos. Aparte, ordenó incautar cuatro aeronaves y bloquear cuentas bancarias de los implicados. Sin embargo, la Procuraduría General de República Dominicana confirmó que hasta aquel momento no había recibido ninguna petición de extradición de los venezolanos detenidos en ese país.
Sobre Dias pesaba, al menos hasta el 2019, en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), una alerta de prohibición de salida del país, por la que debía ser puesto a la orden de la Dgcim (contrainteligencia militar) si se le chequeaba en cualquier aeropuerto nacional. Había una orden similar contra Espejo Camacho, tal como consta en el acta de investigación penal del cuerpo de investigaciones policiales, Cicpc, del 15 de julio de 2019, mencionada en la ponencia del magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela (acta 4CT-S-005-19) ante la Sala de Casación Penal el 29 de julio de 2020.
Aún así, Dias alcanzó a llegar a España. Y dirigida a ese país, el Tribunal Supremo de Justicia libró una solicitud de extradición. Su presidente de entonces, Maikel Moreno, la declaró procedente el 10 de noviembre de 2019, para trasladar a César Leonel Díaz (sic; así en el documento) González a Caracas, de modo que rindiera cuentas sobre su participación en el tráfico de oro.
Autoridades venezolanas y la prensa oficialista aseguraban por esos días que César Dias había sido detenido en Madrid el 17 de septiembre de 2019, en respuesta a una solicitud de la justicia venezolana. También sostenían que el comerciante habría escapado de República Dominicana cuando las autoridades de ese país descubrieron que sus socios pretendían viajar a Barcelona, estado Anzoátegui, en Venezuela, a bordo de una avioneta BE-58 privada, matrícula YV2887, donde llevaban algo más de 1,3 millones de dólares en efectivo.
Dias confirma que, en efecto, fue detenido por averiguaciones al llegar al aeropuerto de Barajas en 2019. Pero desmiente que estaba huyendo. Al demostrar que no tenía cargos, fue liberado.
Los orígenes de Dias como hombre de negocios se remontan, como se dijo, a la panadería familiar en Catia. Pero, hoy con 51 años de edad, vota lejos de Caracas, en un centro electoral de Ortiz, estado Guárico, donde también aparecen registrados sus hermanos y socios, Claudio Alberto Monasterios González y Michel Jerez Córdoba; este último, como el propio Dias, también fue imputado por tráfico de oro por el Ministerio Público. La variación de los apellidos tiene que ver con la parábola vital del patriarca portugués, Leonel Dias, quien tuvo tres familias.A comienzos del chavismo, César Dias creó empresas en el ramo de la ferretería y la construcción en Caracas mientras que, a mediados de los 2000, aterrizó en Guayana para abrir hoteles y una empresa de transporte aéreo para prestar servicios turísticos como taxi aéreo. Se dio a conocer en Canaima mediante la instalación de los campamentos premium Ara Merú Lodge y Waka Wená, para lo que se requiere la autorización de Inparques (adscrito al Ministerio de Ecosocialismo) y la alianza con al menos un representante del pueblo pemón que habita este territorio desde tiempos ancestrales.
En la misma época se convirtió en asesor del general de división del Ejército, Noel Martínez Rivero, presidente de la procesadora de aluminio Alunasa, con sede en Costa Rica pero propiedad de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Pese a levantar tantas banderas rojas como supuesto traficante de oro, Dias continuó sin tropiezos con sus iniciativas empresariales, mientras era solicitado por la justicia venezolana.
Poco después del pedido de extradición ante España, abrió tres compañías en Madrid, según la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (Borme) de ese país. La primera, Rusti Taxi SL, cuyo objeto social es el transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros, fue creada el 18 de noviembre de 2019, el mismo mes de la orden de extradición. Dias comparte acciones de esta empresa con el venezolano Joseph Rodríguez de Sousa, quien, a su vez, es socio de la compañía Uruyén Camp C.A. y presidente de la junta directiva de Transportes del Sur, Transur C.A.
Muerdes O Chupas SL es la segunda empresa que Dias registró en Madrid, en marzo de 2020. Al comienzo se dedicó a la actividad de restaurantes, cafeterías y hoteles, pero en febrero de 2021 amplió su objeto al ramo de “peluquerías y otros tratamientos de belleza”. La de más reciente creación es Trazo Digital SL, registrada el 10 de agosto de 2021, cuyo objeto social es el alquiler y compraventa de bienes inmobiliarios, así como el comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería.
Para la apertura de cada una de estas tres empresas, Dias requirió de un capital social de 3.000 euros por cada firma, es decir, un total de 9.000 euros. Las tres se encuentran activas y su dirección original fue en el Paseo La Castellana 167, un sector céntrico y costoso de la capital española. Actualmente sus sedes se ubican en San Agustín del Guadalix, un municipio extraurbano de la Comunidad de Madrid.
Al mismo tiempo que abría empresas en España y desde Venezuela aprobaban su extradición, César Dias enfrentaba litigios en Estados Unidos.
El 11 de mayo de 2020, Italbank International, un banco del grupo Italcambio con sede en San Juan de Puerto Rico cuyo presidente es el magnate venezolano Carlos Dorado, introdujo una demanda ante los tribunales del condado de Broward, en el sureste de Florida, contra el empresario venezolano y su empresa 2701 Hide LLC (creada en 2014) por el pago vencido de una hipoteca de un inmueble por casi 800.000 dólares. Se trata de un apartamento ubicado en el lujoso condominio 4111 South Ocean Drive, en Hollywood, Florida. Según las páginas de bienes raíces locales, el valor del inmueble para octubre de 2023 es de cerca de 1,7 millones de dólares.
Aunque se suponía que estaba fuera de Venezuela en el momento de la demanda, los tribunales de Broward enviaron el 12 de mayo de 2020 una citación a Dias a su domicilio en la urbanización Santa Mónica de Caracas. El expediente del caso CACE20007838 indica que las partes llegaron a un acuerdo. En noviembre de 2020, Dias había pagado en su totalidad los 772.700 dólares de la hipoteca adeudada.
Dias también había sido demandado en los tribunales de Miami-Dade, un poco antes y más al sur, por un cheque “rebotado”. El venezolano Ettore Piacquadio, su socio en la empresa Global Service Express MC, Inc, registrada en 2016 en Fort Lauderdale, abrió un juicio contra Dias por adeudarle 151.500 dólares. Piacquadio no pudo cobrar un cheque por esa cantidad firmado por Dias, el 19 de enero de 2018 en una agencia del Citibank, por no tener suficientes fondos. En abril de 2019 -es decir, después de que se le solicitara en Manos de Metal y poco antes de que se le pidiera en extradición-, una testigo en Miami aseguró que Dias residía para ese entonces en Caracas. Después de un recurso de apelación de Dias, el caso fue cerrado en 2021 por inactividad del demandante.
Waka Wená toma el nombre que el pueblo local pemón le da al Salto El Hacha, por el que el río Carrao se precipita sobre la Laguna de Canaima. El salto ofrece un privilegiado mural natural al hotel con piscina de borde infinito, situado en la isla de Anatoli, a la que solo se puede acceder en curiara. El paquete todo incluído de cuatro y tres noches supera los 2.300 dólares por persona.
Cuando Dias “se metió en líos” en 2019, dejó de merodear por Canaima aunque mantuvo el control de sus negocios de forma remota. Los lugareños consultados para este reportaje concuerdan en que se comunicaba constantemente con sus empleados y vigilaba las cuentas online. Habitantes de la laguna, aseguraban que en el último año lo habían visto con mayor frecuencia inspeccionando la zona.
El nombre de César Dias no aparece ni en la junta directiva ni en la composición accionaria de Waka Wená, como tampoco en la del campamento Ara Merú Lodge, inaugurado en 2017. Aún así, figuran los nombres de sus socios en otras compañías, muchos de ellos sus hermanos. En la Laguna de Canaima ningún vecino ni empleado pone en duda que quien está detrás de estos alojamientos de lujo es César Dias.
Otra examinación cruzada de su entramado empresarial termina de confirmar esa presunción. Al igual que en el caso de Ara Merú Lodge, el socio mayoritario de Waka Wená es Inversiones CDL 2012 C.A, una empresa registrada en los Altos Mirandinos, en las afueras de Caracas, y a unos 1.100 kilómetros de distancia del Parque Nacional Canaima. El propietario de esta compañía -cuyas siglas coinciden con las iniciales de César Leonel Dias- es Claudio Alberto Monasterios González, su hermano por parte de madre, quien también es dueño de 51% de las acciones del Hotel Gran Sabana en Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana del estado Bolívar, en la frontera con Brasil. Monasterios, además, es accionista de Ara Merú Lodge y comparte con Dias la propiedad accionaria de otra empresa, CLD Construcciones 2012, en condiciones de igualdad, 50-50.
Aunque el campamento haya sido inaugurado hace poco, la constitución de Waka Wená como empresa se remonta a septiembre de 2007. Fue creada entonces por José Simon Figueroa (99% de las acciones) y Casilda Berti Manrique (1%), ambos indígenas del pueblo pemón, para la “promoción, organización, planificación y desarrollo de actividades relacionadas con el sector turístico nacional e internacional”. La compañía también enfatiza la educación para la conservación del medio ambiente así como la promoción y defensa de las comunidades indígenas.
Siete años después, el 15 de abril de 2014, Figueroa y Berti cedieron sus acciones a nuevos socios: Inversiones CLD 2012, C.A, representada por el socio de Dias, Claudio Alberto Monasterios González (30.000 acciones); Miguel Malte Fritz Hauschild Groening (36.000 acciones); José Luis Hernández Santana (7.500 acciones) y Darío González (2.500 acciones).
Cuando aún Dias no se había ido a España, Ara Merú Lodge fue escenario de un oscuro episodio en la historia de Canaima. El 8 diciembre de 2018, albergó en sus lujosas instalaciones a los agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que llevaron a cabo la llamada Operación Tepuy Protector, que asesinó a un indígena pemón e hirió a otros dos en un ataque armado en el sector Arenales del río Carrao.
“Eso fue una operación encubierta. Nunca supimos que esos agentes se alojarían en Ara Merú. Hicieron la reservación para conocer las instalaciones para una boda y contrataron un tour para supuestamente visitar el Salto Ángel (Kerepakupai Vená en pemón), navegando en curiara por el Carrao, pero nunca volvieron. Poco después nos enteramos del ataque a los mineros”, comentó una empleada del hotel.
Dias también ha emprendido negocios de la mano del poder. Entre 2015 y 2016, en vísperas de la apertura de Ara Merú Lodge, estuvo vinculado al general de división del Ejército, Noel Martínez Rivero, conocido como el General Guasipati, quien en marzo de 2015 fue designado presidente de CVG Aluminios Nacionales S.A, Alunasa, empresa del Estado venezolano con sede en Costa Rica y dedicada a la manufactura y mercadeo de productos de aluminio.
Martínez Rivero, quien participó en la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 junto al entonces teniente coronel Hugo Chávez, fue acusado desde el exilio en mayo de 2012 por el exmagistrado Luis Velásquez Alvaray de haber sido el autor intelectual del secuestro y asesinato de los hermanos Faddoul y de su chofer, Miguel Rivas, en 2006, uno de los crímenes más sonados en Venezuela en lo que va del siglo XXI. En aquel entonces, Martínez Rivero trabajaba en el Seniat, el organismo tributario y de aduanas de Venezuela, entidad desde la cual, según el exmagistrado, el oficial castrense podía monitorear las grandes cantidades de dinero que movía el padre de los niños Faddoul. Estos movimientos financieros le habrían dado la idea de secuestrar a sus hijos para extorsionarlo.
La administración de Martínez Rivero en Alunasa estuvo salpicada por escándalos de corrupción y nepotismo y por el deshonor de llevar a la quiebra a una empresa adquirida por la CVG en 1990, que exportaba productos de aluminio a más de 10 clientes en 27 países. Fue removido del cargo en 2018. Tres años después, en noviembre de 2021, Alunasa fue cerrada y más de 400 trabajadores resultaron despedidos.
El propio César Dias, entre tanto, fue señalado por los trabajadores de Alunasa por sus manejos presuntamente irregulares dentro de la empresa. Le atribuían el haber construido dentro de las instalaciones de la fábrica una suerte de “mini cuartel de la montaña” en homenaje al presidente fallecido, Hugo Chávez, además de una piscina y un gimnasio. También lo acusaron de utilizar sus avionetas para el traslado no solo de mercancía (que nunca habría sido inspeccionada), sino también de familiares de Martínez Rivero y del embajador de Venezuela en Costa Rica para aquel entonces, Jesús Javier Arias Fuenmayor, hijo del excomandante golpista, exgobernador del estado Zulia y actual embajador de Venezuela en México, Francisco Arias Cárdenas.
Martínez Rivero admitió que Dias trabajaba como asesor de la presidencia de Alunasa en una entrevista con la periodista Sebastiana Barráez publicada en el semanario Quinto Día del 21 de abril de 2016. De hecho, el oficial asistió a la cita periodística acompañado de Alejandra Dias, hermana del comerciante, actual directora comercial de Ara Merú Lodge y Waka Wená. Pero otros documentos a los que tuvo acceso Armando.info indican que Dias tenía el cargo de vocal 2 en la junta directiva.
Tras hacer algo de memoria, Dias admite que conoció a Guasipati y realizó algunos trabajos para Alunasa, pero niega de manera rotunda que haya formado parte de la nómina o que fuera asesor del presidente de esta empresa de la CVG. También desmiente que haya construido algunas obras dentro de las instalaciones o haya realizado traslados aéreos con su flota de aviones.
Extrabajadores de Alunasa cuentan que Dias portaba carnet y uniforme de la empresa. El exjefe de logística de la empresa, Francisco Javier Rivas Ramos, le contó a Barráez en abril de 2016 que Dias y su hermano eran “los que mandan en Alunasa”.
Este reportaje contó con la cobertura informativa de Marcos Valverde
Con la entrada al corro bursátil caraqueño de Corporación Berakah, el joven Julio Mendoza Delgado corona su éxito casi instantáneo en la actividad minera de Guayana. Claro: solo si por éxito se entiende la incorporación de empresas fantasmas con sedes intangibles, la puesta en marcha de una procesadora de arenas auríferas sin casi ninguna factibilidad económica que no hace más que demandar nuevas inversiones, y la obtención de unos cuantos contratos estatales. Según coinciden expertos consultados, el oro no es precisamente lo que acá brilla.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
En Puerto Ordaz lo señalaron como contrabandista, en Boa Vista como blanqueador de capitales y en La Romana como el hombre fuerte detrás de una red de aviones que transportaban minerales clandestinos. Las aventuras de Roberto Espejo son legendarias desde los tiempos del exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, y el rastro elusivo de sus negocios ayudan a armar el mapa del tráfico de oro en el Caribe.
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Sin querer, queriendo, se dio a conocer recientemente desde la cumbre del tepuy Kusari, en el parque nacional Canaima. Era la fecha de su cumpleaños y la inusual locación del festejo hizo las delicias del ‘jet set’ bolivariano tanto como alimentó la indignación y el resentimiento en las redes. Solo entonces se supo que el operador turístico modélico de la Revolución llevaba años escalando posiciones, desde su natal isla de Margarita, en una parábola expansiva de carisma e influencia donde los límites entre lo público y lo privado a menudo se esfuman.
Fracasado el “turismo socialista” que tanto mentó el presidente Hugo Chávez, la revolución bolivariana hoy apunta directamente a quienes tienen los bolsillos llenos de divisas y están dispuestos a gastarlas en Venezuela en un exótico turismo de lujo en medio de un país en crisis. Para ello se ha apuntalado en una serie de empresarios privados que hoy operan buena parte de la infraestructura hotelera del Estado venezolano, especialmente en la costa venezolana y provenientes de la Isla de Margarita, la que fuera la “perla del Caribe” y otrora paraíso para la clase media venezolana.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
General de división del Ejército. Conocido como el general Guasipati. Presidente de CVG Aluminios Nacionales S.A, Alunasa (2015-2017) con sede en Costa Rica. Participó en la asonada del 4 de febrero de 1992 junto al entonces teniente coronel Hugo Chávez. Fue acusado por el exmagistrado Luis Velásquez Alvaray de haber sido el autor intelectual del secuestro y asesinato de los hermanos Faddoul y de su chofer, Miguel Rivas, en 2006.
Socio y fundador de Waka Wená, Indígena del pueblo pemón, hijo del capitán de la comunidad de Kanaimö (Canaima), Roberto Simon.
Hermano de César Dias y su socio en el grupo empresarial familiar.
Empresario luso venezolano. Líder de un grupo de empresas familiares con más de 20 años de trayectoria en el ramo de la construcción, ferretería, hotelería y transporte aéreo. Propietario de los hoteles Ara Merú Lodge, Waka Wená y Transportes Aéreos del Sur, Transur C.A. entre otras.
