APÓYANOS

Oro (de sangre) por alimentos

Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.

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Pacaraima.- La estatal petrolera venezolana Pdvsa concedió hace no mucho la administración de la estación de gasolina que se halla entre las localidades de Santa Elena de Uairén y Pacaraima, justo sobre la frontera entre Venezuela y Brasil, a un individuo con el nombre de Marco Antonio Flores Moreno. El nombre y los datos de identidad del concesionario coinciden con los de un ciudadano venezolano solicitado no solo en Brasil por tráfico de oro, sino también en su momento imputado en la propia Venezuela por otro caso de contrabando de oro, develado en una de las varias redadas que los organismos policiales han presentado como parte de la Operación Manos de Metal.

Se trata de uno de los mayores fornecedores –o “proveedores”, en portugués– de oro de la frontera, según apunta el expediente judicial de la llamada Operación Hespérides que las autoridades brasileñas han adelantado. Ese individuo maneja ahora el combustible que el gobierno de Venezuela lleva a esa zona remota del sur del estado Bolívar.

Después de mucho tiempo cerrada, Pdvsa reabrió la estación de gasolina de la frontera con Brasil en agosto de 2022. En la región el evento se vivió como una señal de reactivación económica, de que lo peor de la crisis ya había pasado. 

Aunque en la gasolinera no se expiden ni facturas ni recibos de pago a nombre de una persona jurídica, los lugareños de ese paso fronterizo no tienen dudas de que el expendio de combustible está en manos de Marco Flores.

Marco Antonio Flores Moreno era un maestro de Educación Física cuya prosperidad floreció en los últimos años a contracorriente de la debacle de la economía nacional. En Santa Elena coinciden en que la compraventa de oro lo convirtió en prominente empresario, nuevo vecino de una urbanización cerrada en el sector Laguna de Cielo Azul, y en propietario de un par de locales comerciales que quedaron a medio hacer en el centro, en una zona estratégica de la carretera troncal 10 que atraviesa de norte a sur el estado Bolívar.

Apenas dos años antes de estrenarse como distribuidor de gasolina, Flores Moreno había sido arrestado por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La detención ocurrió el 22 de agosto de 2020 en el estacionamiento del Hotel Eurobuilding de Puerto Ordaz, el ala occidental de Ciudad Guayana, capital de la industria pesada, mucho más al norte, sobre la intersección de los ríos Caroní y Orinoco.

Flores Moreno quedó detenido junto a otros dos venezolanos. Entonces, la noticia no pasó de unos breves en las páginas locales de prensa del estado Bolívar. Pero en otras páginas, algunas de las más de 30.000 del expediente judicial número 0000491-85.2019.4.01.4200 que reposan en el 4° Juzgado Penal Federal de Brasil, con sede en la ciudad de Boa Vista, capital del fronterizo estado de Roraima, a Flores Moreno lo retratan con detalle como uno de los cabecillas del primer caso en el que, hasta ahora, hayan quedado documentadas y judicializadas las redes de oro que trafican desde las cada vez más grandes y abundantes minas furtivas que emergen en la selva de Guayana, al sur del río Orinoco. 

Como una muestra de las necesidades materiales que enfrentaba la Venezuela chavista, entonces y todavía, ese tráfico de mineral áureo se saldaba desde el lado brasileño mediante el pago con alimentos y productos de la cesta básica.

La fotosíntesis del oro

Se trata de una lavadora singular, según los detalles que el expediente brasileño saca a la luz. Oro de sangre extraído ilegalmente en el Arco Minero del Orinoco, a cambio de camiones de comida. “Los hechos se relacionan con la supuesta exportación de productos, incluidos alimentos, a Venezuela por parte de empresas brasileñas que reciben oro como pago, sin ningún control aduanero y fiscal”, resumió el juez Olindo Menezes, del Tribunal Federal Regional de la Primera Región, en una de las tantas sentencias de apelaciones en las que ha derivado el caso. “Las investigaciones apuntan a distribuidores de alimentos con sede en Boa Vista y Manaos, que exportan insumos básicos a Venezuela y reciben metales preciosos como forma de pago”, añadió la Policía Federal de Roraima en un informe sobre el caso.

Un esquema que involucra a 35 imputados y otros 50 actores investigados en una enrevesada cadena que entre 2017 y 2019 blanqueó al menos 1,2 toneladas de oro, que salieron de las minas ilegales del estado Bolívar y que –vía Brasil– terminaron en el mercado global.

Todo empezó con un racimo de facturas de joyas usadas. La empresa MC Produtos da Extração Mineral, de Pacaraima, de repente registró un aumento inusitado de chatarra de oro, mineral de baja pureza a menudo obtenido de sobrantes de prendas. Justificaba el auge con recibos de ciudadanos venezolanos, que, de paso, vendían y empeñaban prendas de segunda mano por no más de 10.000 reales, equivalentes a 2.000 dólares. La versión de los implicados refería que un tropel de venezolanos cruzaba a diario para empeñar sus joyas al otro lado de la frontera, pero las identidades de los supuestos clientes y el peso y el tamaño de sus supuestas prendas nunca terminaron de cuadrar. “Sorprendería que 148 venezolanos pudieran haber buscado a (la empresa) MC en la ciudad de Boa Vista, en un solo día, para realizar negociaciones que ascendieron a 10 kilos de oro”, resume el oficial Walacson Gomes de Oliveira, de la Policía Federal de ese país, en el informe 0098/2019.

El oro fundido de MC destacaba por su 98% de pureza, mucho más que el 75% de lo que suele tener una joya procesada; ni qué decir en comparación con la declarada chatarra de oro. Aún así, las sospechas en realidad lucieron fundadas sólo cuando se corroboró que esa actividad inusual de compraventa de oro la hacía el propietario del negocio, el brasileño Marcelo Camacho, en una empresa que originalmente había registrado como una embotelladora de agua, bajo la razón jurídica de MC Agua Mineral Ltda.

Su hija, Marcela Camacho, tampoco supo justificar uno de los tantos envíos de oro que venía haciendo desde Boa Vista hasta São Paulo, la capital industrial y empresarial de Brasil, en el sureste del país. A partir de allí empezó un proceso legal, aún inconcluso, que investiga una red de venezolanos, con Marco Flores a la cabeza, que entregaba el oro a Marcelo Camacho y otros empresarios brasileños.

Roraima potencia

En menos de cinco años, el estado de Roraima multiplicó más de 20 veces sus exportaciones de todo tipo a mercados externos. Pasó de exportar 15 millones de dólares, en 2018, a más de US$ 336 millones, en 2021. De ese estallido, dos terceras partes correspondieron al vecino estado Bolívar venezolano como destino.

La crisis humanitaria de Venezuela, las sanciones de Estados Unidos, la pandemia y la migración de más de 100.000 venezolanos a Roraima, son algunas de las variables que explican el crecimiento de los últimos años. Un boom que, según relata el economista Fabio Rodríguez Martínez, director de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo de la Gobernación de Roraima, se refleja en récords en las exportaciones de arroz y azúcar, entre otros productos. 

El estado más pequeño, selvático y despoblado de Brasil –también el de mayor concentración de pueblos indígenas de todo el país– por primera vez destaca por su balanza comercial. “[La economía de Roraima] sólo aumentó 0,1% en ese periodo, pero fue la única entidad que creció en medio de la pandemia, en un país cuya economía menguó -3,3%”. Aunque invisible en los cuadros macroeconómicos, Rodríguez reconoce que la minería ilegal, incluido el oro de Venezuela, es piedra angular en este crecimiento súbito.

El Monumento al Garimpeiro de Boa Vista es el mejor testimonio de que en Roraima la minería es omnipresente. Una estatua de cemento de siete metros se alza en medio de una redoma con fuente de agua, en el punto más céntrico de la ciudad. Allí  confluyen todos los poderes de la región y, precisamente desde allí, la imagen de un hombre con sombrero y suruca recuerda que, aunque ilegales en estos días, la historia de Boa Vista, la única capital regional de Brasil ubicada en el hemisferio norte, se forjó a la zaga de los cazadores de fortunas.

En 2021, Brasil registró una producción estimada de 97 toneladas de oro. De ese monto, 54% tiene graves indicios de ilegalidad, de acuerdo con el estudio Oro bajo el microscopio: más de 200 toneladas del oro brasileño son potencialmente ilegales, del Instituto Escolhas, una organización no gubernamental con sede en São Paulo, que aborda temas socioambientales y de desarrollo sustentable. Según el documento, 21% (20 toneladas) de la producción nacional corresponde a oro con “títulos fantasmas” sin indicios de su fuente de extracción, mientras 7% (6,7 toneladas) fue exportado sin registros de producción oficial.

Los principales receptores de ese oro –Canadá, Polonia, Reino Unido, Suiza, India y Bélgica– están expuestos al riesgo de que sus importaciones resulten ilegales y procedan de la Amazonía, recalca el Instituto Escolhas.

Rastros sobre papel

Como pocas veces se ha podido documentar, parte del oro movido por la red de Moreno Flores se pagó con pollo, arroz y aceite, entre otros productos, en aquella época en que los alimentos eran precisamente oro en Venezuela. Los movimientos bancarios de MC Agua Mineral Ltda –la empresa que recibió el oro en Pacaraima y que quedó al descubierto al no poder justificar tantas remesas hacia São Paulo– dejan en evidencia que algunas de sus transferencias, para colmo las más voluminosas, se dirigieron a proveedores nada convencionales: empresas del sector alimentario, y hasta supermercados de Boa Vista, que entonces empezaron a enviar gandolas a la venezolana Santa Elena de Uairén, según la información que consta en aduana.

Esos depósitos se intensificaron en 2018. Solo para diciembre de ese año, los movimientos bancarios de MC dejan ver transferencias a la empresa de alimentos Big Trading Empreendimentos Ltda, por poco más de 1,64 millones de reales, equivalentes a casi 320.000 dólares. También para una fábrica de pastas y otros comestibles, llamada Ricca Comércio Ltda, por 1,36 millones de reales, o unos 260.000 dólares, así como a la distribuidora de arroz Faccio Alimentos. Entre los beneficiarios destacan Araújo & Saraiva Ltda, la firma que representa a la cadena local del Supermercado Goiana, otro supermercado llamado Gaviao, y la Distribuidora Solimoes Ltda, en la que uno de sus dueños, Antonio Parima Vieira, es socio en otra empresa –el frigorífico Frigo 10 Ltda– del gobernador de Roraima, Antonio Denarium.

En la Gobernación de Roraima no dicen ni una palabra sobre este asunto. Ni vía telefónica ni en persona aceptaron dar, en noviembre pasado, un balance de una trama que involucra hasta a socios del primer mandatario regional. “¿Qué socios?”, ponía en duda Leandro Freitas, director de Prensa de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno regional. “Está mal informado”, resolvió tras despachar el caso.

Pornomiseria en la selva

Aliado del hoy expresidente Jair Bolsonaro, Denarium ganó las elecciones de diciembre de 2018 con la tarjeta del Partido Social Liberal. Su gestión se ha desarrollado en un periodo en el que Venezuela y los venezolanos se volvieron tema local, con impacto entre los electores. En plena frontera las carpas blancas de un campamento de la agencia de Naciones Unidas para Refugiados, Acnur, ya advierten sobre el desplazamiento de venezolanos. Pero el fenómeno ha penetrado cientos de kilómetros tierra adentro: en las calles de Boa Vista es común encontrar migrantes con poca ropa y hasta descalzos, hablando español de Venezuela. Ni hablar de Pacaraima, en plenos linderos binacionales.

“Venimos de Caracas y vamos para Río Grande do Sul”, contaba Rodney Niño, junto a su mamá, su esposa y sus dos hijos menores de edad, que se acomodaban en un rincón de la calle Parima de Pacaraima, junto a otras familias de diferentes puntos de Venezuela que tenían sus cabezas puestas en diferentes destinos de Brasil. Compartían provisionalmente acera y circunstancia a la espera del permiso de tránsito para seguir su peregrinaje. La escena, de noviembre del año pasado –en un viaje especial para este reportaje– mostraba postales de inmigrantes pidiendo limosna y comida, entre cajas de cartón a modo de cojines y con una niña quitándole los piojos a su hermano menor a la luz del sol.

En todo el estado de Roraima hay quienes afirman que la inseguridad se incrementó por causa de esos huéspedes. También hablan de un repunte en las tarifas de los alquileres de apartamentos tipo estudio o piezas, popularmente conocidas en Brasil como kitnets. Son muchas las noticias y rumores que acompañan no solo el paso de los venezolanos por el territorio de Brasil al norte del Amazonas, sino también a la minería ilegal y la cadena de negocios –directos e indirectos– que se tejen alrededor de las explotaciones en la Guayana venezolana. Varios de los choferes de las líneas de transporte que transitan las más de tres horas de camino entre Pacaraima y Boa Vista son los primeros en advertir las señas del contrabando de oro. “Uno los reconoce porque te compran todos los asientos del carro”, cuenta uno de ellos a condición de anonimato.

Todos saben del fenómeno, pero es algo que difícilmente pasa de las conversaciones informales. En las compraventas es bienvenido el oro venezolano, no así un periodista venezolano que pregunte por las transacciones. 

En un informe de la Superintendencia Regional de Roraima de la Policía Federal de Brasil, los investigadores del caso llamaron la atención sobre las fotos que encontraron en la cuenta de Whatsapp y el correo electrónico del brasileño Cleber Felisberto de Aguiar, dueño de Ricca Comércio Ltda, la misma fábrica de pastas y otros comestibles que se constituyó como el tercer mayor beneficiario de los depósitos de la empresa MC: “Se identificaron decenas de fotografías con imágenes de lingotes de oro e informes de análisis de pureza de estos metales preciosos”.

También hay indicios de que el oro ilegal venezolano pagó despachos de medicinas brasileñas. Eso ocurrió en, al menos, dos ocasiones: el 15 de noviembre de 2018 y el 12 de marzo de 2019, según refiere la Receita Federal de Brasil, el organismo fiscal de ese país. Fueron operaciones clandestinas, sin autorización o supervisión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil. Mucho menos del Ministerio de Salud de Venezuela.

Algunas transferencias bancarias de la empresa MC fueron a dar a la Drogaria Monte Roraima y el laboratorio Laboanalise de Pacaraima. A su dueño, Fabiano Coelho, le encontraron barras de oro en su carro cuando la Policía Federal allanó los establecimientos.

No fue posible dar con Coelho en Pacaraima. En su farmacia remitieron a un teléfono en el que nunca contestó. Ninguno de los otros involucrados quiso dar respuesta. Cleber Felisberto, dueño de la empresa Ricca Comércio Ltda, abrió la puerta de su oficina, sí, pero solo para pedir que le anotaran los nombres de los reporteros y medios que hoy publican esta historia.

Lingotes a India

En primera instancia, la jueza Luzia Farias da Silva Mendonça resolvió el 28 de noviembre de 2019 otorgar prisión preventiva o temporal para 22 ciudadanos de Brasil y Venezuela, entre ellos Flores y otros que no llegaron a ser arrestados. El juicio no ha terminado, como tampoco el tráfico de oro del sur de Venezuela al norte de Brasil. Lo dicen los comerciantes de la frontera, lo susurran algunos de los contrabandistas y, de alguna forma, también los fiscales del caso. Aunque no contestaron una solicitud de información para este trabajo, se disculparon vía electrónica advirtiendo que no podían referirse al tema, porque se trata de un caso “con ramificaciones hasta la actualidad”.

En una primera audiencia, el brasileño Marcelo Camacho declaró que el oro era guardado en Boa Vista, en casa de la venezolana Libia Cristancho, una de las asistentes de Marco Flores. No fue posible obtener respuesta alguna de su parte, a pesar de que se le contactó por diferentes vías en Venezuela, donde ahora reside. La contabilidad paralela que encontraron en su correo electrónico y en apuntes de su cuenta de Whatsapp muestra que el oro llegaba a Brasil con recibos y certificados procesados en oficinas de análisis de los municipios Sifontes, Roscio, Piar y Gran Sabana del estado Bolívar, donde la escasez de fuentes de trabajo y la histórica explotación ilegal ha fomentado laboratorios informales donde determinan la pureza del material. 

En la calle Zea de Santa Elena de Uairén, a dos cuadras de la plaza Bolívar, abrieron la puerta del cubículo de la empresa Orka. Les llamó la atención que los reporteros preguntaran por el nombre que tienen en su registro fiscal, pero luego no hubo más intercambios. Dejaron en claro que no les conviene hablar. En ese y otros laboratorios del pueblo sobreviven en medio de las condiciones de un mercado que, en Venezuela, es cada vez más informal.

El rastro del dinero muestra que tres supermercados de Santa Elena de Uairén llenaron sus anaqueles con las mismas distribuidoras brasileñas que recibieron depósitos de MC. Al menos 50,5 toneladas de azúcar llegaron a la Distribuidora Pague Barato C.A. desde el Supermercado Gaviao de Roraima. Otras 60 toneladas de azúcar llegaron al Hipermercado Maxi Oriental C.A. y Big Market Amazonia C.A. desde los depósitos que tiene el Supermercado Goaina, de acuerdo con las facturas que se han podido encontrar. La base de datos de Import Genius, una de las más grandes de información aduanera del mundo, muestra muchos más registros de embarque entre las mismas empresas.

Ninguno de los encargados de esos supermercados han aceptado referirse al tema. Al contrario: cuando se les abordó en sus locales comerciales, se limitaron a remitir las solicitudes de información a unos ejecutivos que nunca respondieron. Pero algo indica que hay cosas que no han cambiado en la frontera: el antiguo Hotel Jean Bistró de Pacaraima –adquirido por Marcelo Camacho, a nombre de Nayslan Spagnolo, esposa de Marco Flores, y en el que encontraron balanzas y piezas de hierro utilizadas para la fundición de oro–, acaba de abrir nuevamente.

Pintado y remodelado, ahora con el nombre de Roraima Suites, el establecimiento muestra nueva imagen y fachada. Pero al pagar 120 reales por una noche, los comprobantes de pago asoman el nombre de una empresa llamada M&N Import, cuyos datos conducen al mismo grupo. La firma está a nombre de Migdonia Nayibe Álvarez Moreno, hermana de Marco Flores Moreno.

El oro entretanto siguió fluyendo a São Paulo, donde la Recuperadora Brasileira de Metais (RBM) –una de las más grandes procesadoras de Brasil y toda la región– lo despachó al otro lado del mundo, en Asia. El caso sigue en tribunales y es poca la información que más de dos años después precisan tanto las autoridades como las partes involucradas, pero unas facturas sueltas que quedaron en aduana dejan ver que al menos parte del botín llegó –a finales de enero de 2019– al norte de la India, a más de 9.000 millas náuticas de distancia, a las refinerías que la empresa Kundan Care Products Limited tiene en la ciudad de Haridwar, junto a la frontera con China.

La versión de Flores

Allí llegaron 46,62 kilos de oro en seis barras, pero a nombre de una empresa de Dubai, llamada PMG Overseas Trading FZC, cuyo número de teléfono no conduce al de una corporación, como dicen en su página web, sino al celular de alguien que se presenta como Sachin y que enseguida evade cualquier solicitud de información. 

PMG Overseas Trading FZC es una empresa registrada en Dubai, la misma ciudad-estado donde Marco Flores, el de la estación de gasolina de Santa Elena de Uairén, abrió una cuenta bancaria a nombre de la empresa Fast Support General Trading el mismo año en que llegaron los lingotes.

Aunque no hay detalles del cargamento de oro y de la empresa consignataria, sí se encuentra un intercambio de correos electrónicos en los que Flores plantea el día 21 de mayo de 2019 –poco menos de un año antes de ser apresado en Venezuela por la Operación Manos de Metal– abrir la cuenta bancaria en el Abu Dhabi Islamic Bank a través del gerente Nimr Noor.

“Todo fue legal”, responde Flores al otro lado de una videollamada. Atendió los llamados de los reporteros para afirmar que nada tiene que ocultar. Reconoció que está al frente de la gasolinera, añadió que consiguió la concesión de una nueva mina, ahora amparadas bajo el formato de “alianzas mineras” según el argot del gobierno venezolano. “Se llama inversiones El Amanecer y queda en Upata”, dijo para luego advertir que el caso por el que lo solicitan en Brasil corresponde en realidad a una cadena de malentendidos: “Teníamos licencias y permisos, y así lo demostramos, pero el volumen fue tan alto que llamó la atención de las autoridades”.

Libre, desde algún sitio de Caracas con terraza, Flores se presenta en la pantalla de una videoconferencia dejando claro que atrás quedó el episodio de Brasil. También superó, añade, la ristra de denuncias que llegó a mantenerlo preso en Venezuela, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Flores Moreno accedió a una entrevista a través de la plataforma Zoom en noviembre de 2022.  Crédito: Armando.info

Libertad a toda costa

La detención de Flores en Caracas fue, ciertamente, un revés momentáneo que tuvo solución en la justicia chavista. Pero en el proceso quedaron trazas de los hilos que el tráfico de oro mueve a lo interno del Estado venezolano. 

En sentencia redactada por el magistrado Maikel Moreno, cuando aún presidía el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Penal ordenó en noviembre de 2021 volver a detener a dos personas que entonces gozaban de un régimen de libertad condicional: Antonio José Briceño Vera y Luis Miguel Vivas Mata. Moreno tomó la decisión luego de que el diputado chavista, Antonio Benavides Torres, interrumpiera el 1 de agosto de 2021 en la audiencia del Juzgado 5° de Control de Bolívar, en la ciudad de Puerto Ordaz, para usurpar la autoridad del juez y exigir medidas sustitutivas de libertad a los dos imputados.

Mayor general y excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, soldado de la Revolución e hijo de Chávez, como se presenta en sus redes sociales, Benavides Torres se hizo célebre por su protagonismo en las calles de Caracas durante la represión de las revueltas de febrero a agosto de 2014. Tristemente célebre, se diría, hasta el punto de ser objeto de sanciones en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Panamá y México, bajo acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos.

Hoy Benavides es un parlamentario oficialista al que se tiene por cercano al poderoso número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Investido de ese rol, Benavides intervino en la audiencia judicial de agosto de 2021. Allí afirmó que “él era la máxima autoridad y se encontraba por encima de la autoridad del Tribunal, Ministerio Público y Defensa Pública”.

“En virtud de las constantes amenazas a la libertad personal y judicial por parte de los representantes de la Asamblea Nacional, a este Juzgado, dejo constancia que firmé la correspondiente boleta de libertad de los imputados”. Eso resolvió el juez Darwin Bastardo, del tribunal local que llevaba la causa, en una decisión que tres meses después revirtió Maikel Moreno desde Caracas.

La intervención de Benavides Torres ante el tribunal benefició a Briceño Vera y Vivas Mata. El tercero del trío de imputados era el propio Marco Flores, entonces ya detenido y apresado en la urbanización Boleíta de Caracas, en los calabozos de la Dgcim. Poco después apareció libre en Caracas.

Interrogado al respecto, Marco Flores niega cualquier relación con autoridades, dirigentes políticos o mandos militares. ¿Cuál es su relación con el general Benavides Torres? “Lo conozco desde hace años cuando era general activo, trató de ayudarme lo más posible sin ningún trasfondo”, responde sin más.

Pero en el expediente judicial de Roraima resaltan diversos datos y testimonios que demuestran que las partes del negocio de oro por alimentos estaban conscientes de que había que reservar un papel a los militares venezolanos. De hecho, llegaron a sostener alguna reunión en Santa Elena de Uairén con ellos. 

Se pone en evidencia, por ejemplo, en la transcripción de los mensajes que intercambió Marcelo Camacho, considerado como el cabecilla de la mafia y dueño de la empresa MC, con una funcionaria de la aduana brasileña llamada Yonara Pinho, que formaba parte de la conspiración. 

“Esta reunión contaría con la participación de un comandante que podría ser un militar venezolano. En esta negociación, Marcelo Camacho muestra interés en adquirir hasta cinco kilos de oro por semana de ese proveedor”, refiere el informe 0098/2019 de la Policía Federal. “El primer encuentro de Yonara con el comandante se produjo el 14/07/2016 (como todo indica el lugar fue el Hotel Villa Fairmont)”. La próxima reunión tendría lugar en Puerto Ordaz, según las comunicaciones que interceptaron hasta entonces. Pero la llamada Operación Hespérides cambió todos los planes.

Varias redadas destaparon la trama en agosto de 2020. Algunos de los actores huyeron o fueron detenidos; las empresas fueron allanadas y el pudor llegó a las compraventas de oro en la frontera. Las autoridades brasileñas no han cerrado el caso, entretanto, algunos de los protagonistas de esta historia han vuelto a la zona. Es el caso de Marco Flores Moreno, que se asoma nuevamente en ese rincón minero ahora desde el nuevo hotel Roraima Suites y al frente de la única estación de gasolina que Pdvsa tiene en la frontera.

(*) Esta es la primera entrega de una serie investigada y publicada por Armando.info, Occrp y Correo del Caroní, con el acompañamiento y apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center.

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