En Puerto Ordaz lo señalaron como contrabandista, en Boa Vista como blanqueador de capitales y en La Romana como el hombre fuerte detrás de una red de aviones que transportaban minerales clandestinos. Las aventuras de Roberto Espejo son legendarias desde los tiempos del exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, y el rastro elusivo de sus negocios ayudan a armar el mapa del tráfico de oro en el Caribe.
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El prófugo que buscaban en República Dominicana y Venezuela terminó preso en Brasil. A Roberto Espejo lo detuvieron en este país en los últimos días de 2019, acusado de formar parte de una red de tráfico de oro. Pero su captura permitió a la vez añadir algunas piezas hasta entonces faltantes de un acertijo todavía sin resolver en el Caribe.
El hallazgo de una caja con más de 1,3 millones de dólares en efectivo sorprendió la tarde del 25 de junio de 2019 a las autoridades del Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana, tras registrar la avioneta de matrícula venezolana YV2887, que estaba a punto de partir con destino a la ciudad de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, oriente de Venezuela.
Los reportes de las autoridades dominicanas atribuyeron el botín a una mafia de tráfico de oro que, entre otros, involucraba a Roberto Espejo, nacido en Venezuela pero también con nacionalidad dominicana. El fiscal general de Venezuela, nombrado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente de 2017, Tarek William Saab, reiteró la información un mes después, y volvió a mencionar al mismo Roberto Espejo, pero esta vez como cabecilla de la maniobra.
A Espejo lo detuvieron en Brasil en diciembre de ese mismo año pero no por el caso dominicano, sino como consecuencia de la llamada Operación Hespérides, por la que los cuerpos de seguridad brasileños destaparon un modus operandi complejo que sacó al menos 1,2 toneladas de oro de las minas ilegales del Arco Minero del Orinoco en Venezuela a través de empresas brasileñas. Una de las más señaladas por la investigación, la firma MC Produtos da Extração Mineral, legalizaba el oro como chatarra y joyas usadas para luego depositar parte del botín en cuentas de supermercados y distribuidoras de alimentos de Pacaraima y Boa Vista, en el fronterizo estado de Roraima, que, a su vez, a manera de pago del oro, despachaban gandolas repletas de comida al sur de Venezuela, país que entonces enfrentaba lo más álgido de una crisis socioeconómica y humanitaria.
El nombre de Espejo fue apenas mencionado unas cuantas veces entre los más de 80 individuos involucrados en la Operación Hespérides. Pero ello no impide percatarse de que se trata de un personaje singular. El expediente del caso deja ver que este sujeto, solicitado simultáneamente en República Dominicana por mover avionetas con millones de dólares sin declarar y en efectivo, es quien estaba detrás de al menos una de las empresas brasileñas que, entre 2017 y 2019, blanquearon oro, ocultaron bienes y encubrieron transacciones con cargamentos de comida.
“En el transcurso de las investigaciones, se reveló que el prófugo de la justicia en Venezuela y República Dominicana esconde en Brasil parte de sus bienes obtenidos a través del contrabando de oro”, cita un informe firmado el 8 de noviembre de 2019 por el oficial Vinicius Venturini, entonces a cargo de la delegación de la Policía Federal de Brasil en la población fronteriza de Pacaraima.
El venezolano-dominicano Roberto Espejo tiene domicilio en una residencia del barrio Aparecida de Boa Vista, capital del estado de Roraima, que hace frontera con el estado Bolívar, en Venezuela. Es un town-house típico de urbanizaciones de clase media del norte de Brasil. Al tocar el timbre, un perro ladra desde el interior. Las sospechas de la policía empezaron precisamente allí, en esa casa, pero a partir de los vehículos que usualmente estaban estacionados en el garaje.
Se trata de dos vehículos de la marca Volkswagen que, no obstante, no aparecen registrados a nombre de Espejo, sino del brasileño Cleber Felisberto de Aguiar, dueño de Ricca Comércio Ltda, una distribuidora de alimentos que se constituyó como el tercer mayor beneficiario de los depósitos de MC Produtos da Extração Mineral, la empresa que recibía el oro ilegal venezolano.
Si esa situación ya advertía acerca de una relación sospechosa, las autoridades terminaron de señalar a Felisberto como “testaferro” de Espejo cuando, primero, se toparon con una transferencia bancaria del brasileño al venezolano por 10.000 reales –unos 2.000 dólares– y, luego, encontraron la contabilidad de la empresa Ricca apuntada en español, con varios depósitos a nombre del mismo Roberto Espejo y de algunos de sus familiares.
“¿Por qué una hoja de cálculo financiera de una empresa brasileña estaría escrita en español? Porque el movimiento económico lo controla el propio Roberto Espejo”, concluye la Policía Federal de Brasil en el expediente de la investigación. “Cleber no muestra riqueza acorde con el volumen de oro que comercia a su nombre con MC, lo que representaría un indicio de que sería el ‘testaferro’ de Roberto Espejo”.
Felisberto prefirió guardar silencio cuando se le contactó en persona en Boa Vista. Abrió la puerta de su oficina, sí, pero sólo para pedir que le anotaran los nombres de los reporteros y medios que hoy publican esta historia.
Desde luego, a Espejo no se le encuentra ya en su town-house. Está detenido desde diciembre de 2019. Primero fue enviado a la Prisión Pública Masculina del Estado de Roraima y, un año después, en diciembre de 2020, trasladado al noreste de Brasil, para confinarlo en la Penitenciaria Federal de Mossoró, estado de Rio Grande Do Norte.
Aunque nunca contestó a los llamados de los reporteros –ni siquiera a través del mensaje que recibieron en su casa– se sabe de él por los amparos y medidas cautelares que su defensa solicitó desde noviembre de 2020, cuando fue sometido a una cirugía para extirpar un “tumor en el lóbulo tiroideo derecho con desviación traqueal con indicios de malignidad”.
Su destino, por lo pronto, está en manos de la justicia brasileña, que también debe decidir una solicitud de extradición que formalizó República Dominicana tras conocer su detención. Consultado sobre el tema, el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil aseguró que “la extradición aún no se ha producido, ya que el caso aún no se encuentra en firme y hay recursos pendientes de sentencia ante el Supremo Tribunal Federal”.
Mientras espera por la eventual extradición de Roberto Espejo, el proceso legal continúa en República Dominicana. El juicio se fue dilatando durante más de tres años hasta que el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, en el sureste de la Isla de la Española, celebró la primera audiencia apenas el pasado 30 de marzo contra otros dos venezolanos y cuatro dominicanos imputados por el caso de los 1,3 millones varados en la avioneta.
La próxima audiencia quedó pautada para el martes 9 de mayo de este año. Entonces comparecerán, en ausencia de Espejo, dos venezolanos detenidos en flagrancia, quienes siguen en República Dominicana bajo libertad condicional: el piloto de la avioneta, Claudio Alejandro Di Genova Fistarol, y la madrastra de Espejo, Estela Gómez de Rodríguez, que también iba a bordo.
Otro venezolano, el copiloto Jonnathan Luciano del Valle Mata Figueroa, se fugó. “Realmente se fue y está en rebeldía”, confirma al otro lado del teléfono, desde Santo Domingo, José Rafael Ariza, el abogado que lo asistía.
El juicio irá recogiendo el testimonio de los testigos. Pero Ariza, que también representa al piloto Claudio Di Genova, asegura que no puede probarse ninguna acusación de lavado de activos desde el momento en que los investigadores no han llegado a probar el origen de los 1,3 millones de dólares: “No hay un delito precedente que justifique que ese dinero proviene del narcotráfico y se supone que, si es producto del contrabando de oro, debieron encontrarlo en el momento en que entraba al país”.
El fiscal Tarek William Saab denunció el caso como una mafia de oro y señaló a Espejo al frente de ella. Crédito: Youtube/MP venezolano
Entre tanto en Caracas, a casi 500 millas náuticas de La Romana, hay indicios de que estos y otros actores integraban el elenco de una trama que hacía despegar avionetas cargadas de oro venezolano desde el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui de la ciudad de Barcelona.
“Ese dinero incautado fue producto de esta venta ilícita de oro, que pertenece a toda la República”, declaró en agosto de 2019, en rueda de prensa, el fiscal Tarek William Saab. “Se logró establecer que Roberto Antonio Espejo Camacho era quien financiaba estos vuelos; los utilizaba para extraer oro del territorio nacional y comercializarlo de manera ilegal, en este caso en República Dominicana”.
Además de la YV2887 que encontraron en Dominicana con el botín, hay otras cinco avionetas –con las siglas YV3140, YV2660, YV3363, YV3165 y YV3166– que, entre enero y junio de 2019, despegaron y regresaron a Barcelona con escala principalmente en La Romana, según reflejan los registros del Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui.
Algunos vuelos de esas aeronaves tuvieron como destinos Medellín, Colombia, así como Aruba, Curazao y Trinidad. Entre los tripulantes de estos viajes figuran los mismos tripulantes procesados en República Dominicana, Claudio Di Genova y Jonathan Mata Figueroa, así como el propio Roberto Espejo.
Las avionetas estaban arropadas bajo el paraguas de la empresa Transportes del Sur, propiedad del venezolano César Leonel Díaz González, detenido en España a finales de 2019 y solicitado desde entonces por la justicia venezolana como uno de los líderes de la organización. “Presentaban múltiples salidas desde el Aeropuerto Internacional de Barcelona hacia República Dominicana, utilizando reiteradamente cuatro (4) aeronaves privadas (…) propiedad de César Días [sic], lo que hace presumir la existencia de una ruta de tráfico o tránsito para la comercialización de material estratégico, legitimación de capitales y movimientos de divisas”, refiere el expediente AA30-P-2020-00004 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Las autoridades dominicanas encontraron el botín en junio de 2019. Casi cuatro años tuvieron que pasar para que el proceso judicial se reactivara el mes pasado. Crédito: Periódico El Caribe
La red sacaba el oro por vía aérea y regresaba con dólares en efectivo que debían lavar en una red de al menos 10 empresas registradas en Venezuela, entre las que destacan varias constructoras, ferreterías e importadoras: Corporación y Suministros Romjeca C.A., Ferremateriales La 24 C.A., Ferremateriales La Excelencia C.A., Ferretería y Materiales de Construcción Arcihierro C.A., Importaciones y Exportaciones Pacífico C.A., Inversiones Moda Guayana C.A., Maquinarias La Excelencia C.A., Suministros Hierrollanos C.A., Supermercado Guayana Mall C.A. y Taboada Hermanos S.A.
“Se estableció que las personas investigadas por el presente hecho son representantes legales de múltiples empresas a nivel nacional, que están relacionadas entre sí”, añade la acusación fiscal. "Las mismas son utilizadas como fachadas por este grupo de delincuencia organizada para legitimar los capitales obtenidos producto de la comercialización ilegal de material estratégico (oro), en provecho propio”.
Al menos parte de ese emporio comercial se ha venido a menos desde que la ruta quedó en evidencia y varios de sus actores han sido detenidos o solicitados. Es el caso del Supermercado Guayana Mall C.A., propiedad de Espejo y registrado en Venezuela antes de caer preso en Brasil.
El Supermercado Guayana Mall estaba ubicado en el centro comercial homónimo en la popular parroquia Unare de Ciudad Guayana, la urbe industrial del norte del estado Bolívar. Los vigilantes del local hacen memoria y estiman que cerró hace poco más de un año. En la fachada principal del establecimiento aún se ve el nombre en los adhesivos de los ventanales, mientras que en sus redes sociales quedan fotos de unos pasillos llenos con una cartera de productos importados de Brasil, que van desde Leite em po integral CCGL (leche en polvo CCGL) hasta Farinha de trigo Turmalina (Harina de trigo Turmalina).
Quienes lo conocieron, recuerdan a Espejo como un muchacho de palabra, trabajador, de trato fácil y avezado para los negocios. Cercano, sí, al general Francisco Rangel Gómez –gobernador y caudillo del estado Bolívar durante 16 años, primero como presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y luego como máxima autoridad de la entidad–, pero en su defensa, advierten que siempre tuvo los permisos exigidos por el Banco Central de Venezuela para comprar y vender oro.
Todo cambió en 2017, cuando Rangel Gómez termina su tercer período y se aparta, en un exilio voluntario, en México. El nuevo gobernador, Justo Noguera, también militar, llegó con nuevas condiciones, que Espejo no aceptó. “Yo no puedo trabajar a pérdida”, justificó entonces entre amigos.
Ironías de esta historia, luego el entonces Vicepresidente Ejecutivo de la República, hoy caído en desgracia, Tarek El Aissami, llegó a Guayana con la llamada Operación Manos de Metal, una serie de redadas que persiguieron a más de 200 personas vinculadas al tráfico de oro. Entre los blancos de la operación figuraron el mismo Roberto Espejo y su hermano, José Miguel Espejo, que, aún cuando ya cumplió su condena, permanece preso en la antigua cárcel de La Planta de Caracas, hoy reabierta con el nombre de Centro de Reclusión Simón Bolívar.
Actuando entonces como un campeón de la cruzada contra el crimen organizado y la corrupción, El Aissami anunció en junio de 2018 que Manos de Metal estaba dirigida a contrarrestar mafias del contrabando de oro y las criptomonedas. “Hasta ahora hemos evitado la extracción ilegal de 2,5 toneladas de oro”, indicó. “Han querido imponer precios especulativos del Petro”.
Desde entonces hubo que esperar hasta 2019 para volver a tener noticias de Roberto Espejo, con la incautación de más de un millón de dólares en efectivo en República Dominicana, y su posterior arresto en Brasil.
Hoy permanece preso y a merced de la burocracia judicial de no uno ni dos, sino de tres países que le cobran cuentas pendientes. Pero sus aventuras incluso han trascendido más allá: un cuarto país también ha tomado nota de su rastro. Según se lee en el expediente en Brasil, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, (FBI, por sus siglas en inglés), formalizó una solicitud “para que agentes estadounidenses puedan entrevistar informalmente a la persona extraditada”.
(*) Esta es la tercera entrega de la serie 'Los Señores del Oro', investigada y publicada por Armando.info y Correo del Caroní, en español; Occrp, en inglés; y la revista 'Piauí', en portugués; con el acompañamiento y apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center.
Construyó una integración vertical del ciclo del oro ilegal, desde la extracción en reservas indígenas de la Gran Sabana hasta su transporte a Florida, donde blanqueaba y procesaba el mineral. Era una época en la que contaba con el favor de las autoridades venezolanas. Pero la suerte de Andrés Antonio Fernández Soto, ‘Toñito’, empezó a torcerse cuando debió agregar a su negocio una escala en Brasil. Ahora el traficante, que hasta herido de bala salió de una fuga de película, enfrenta un juicio en ese país y, tras más de un año con una tobillera electrónica, desde marzo reciente está de nuevo prófugo.
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
A partir de imágenes satelitales y con la ayuda de Inteligencia Artificial, fue posible identificar 3.718 puntos de actividad minera, en su mayoría ilegal, en los estados Bolívar y Amazonas, entidades que juntas suman casi la mitad del territorio venezolano. Aledañas a esas áreas deforestadas, que en total equivalen a 40.000 campos de fútbol, a menudo se encuentran pistas clandestinas -hasta 42 se detectaron- que sirven al crimen organizado transfronterizo para despachar valiosos cargamentos de oro y drogas, como se muestra en esta primera entrega de la serie ‘Corredor Furtivo’.
Asociado a las redes de tráfico de mercurio y de otras mercancías ilícitas en el noreste de la cuenca amazónica, el comercio clandestino del metal precioso que se extrae en Venezuela atraviesa las selvas del país vecino del este. A pesar de la pandemia y otros frenos, la producción local muestra un incremento de casi una tonelada, volumen que con probabilidad procede de la Guayana venezolana. Exportadores de escala industrial compran sin distingo el 'oro de sangre' a militares corruptos, mineros artesanales y guerrilleros, para luego blanquearlo con envíos a refinerías que lo venden a algunas de las más importantes corporaciones globales.
La lección de química mejor aprendida por los mineros de ese rincón selvático del sureste de Venezuela es que para obtener el elemento 'Au' debes contar primero con el 'Hg'. A ella desde hace poco se le agregó otra de geografía económica: mientras más cerca de Guyana, al oriente, más barato encontrarás el codiciado 'azogue'. La apertura el año pasado de una ruta aérea entre la capital, Georgetown, y el pueblo de Eterimbán, amenazó con convertir el cruce del río, que hace de frontera entre los dos países, en un pasadizo para el contrabando del tóxico material; la Covid-19 mantiene en suspenso ese pronosticado auge. Pero de todas maneras el mercurio es allí plata líquida con la que resulta más seguro y rentable comerciar que con el mismo oro. Nadie, ni siquiera las autoridades militares, se da por enterado del decreto de Nicolás Maduro que en 2016 prohibió su uso.
Eduardo Rivas salió de la nada para consagrarse como el zar de la explotación del oro, el último maná que permite obtener divisas para las arcas del Gobierno después del colapso de la industria petrolera. Se expuso a la luz pública por primera vez en 2018, al frente de un complejo de procesamiento del metal precioso, pero desde entonces hace sentir su poder al sur del Orinoco mediante campañas de prensa regional y el amedrentamiento con su guardia pretoriana constituida por agentes de la contrainteligencia militar. Más que por credenciales técnicas o antecedentes -casi nulos- en la actividad minera, debe su figuración a la cercanía que tiene con los Nicolás Maduro, padre e hijo.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.
Desde sus tribunales antiterrorismo en Caracas, cuatro jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Actúan de manera expedita e implacable, en medio de arbitrariedades y sin detenerse en formalidades, no solo concertados con el gobierno de Nicolás Maduro, sino teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y del Circuito Penal de Caracas. Su propósito: propinar castigos ejemplarizantes a quienes se manifiesten en desacuerdo con el fraude electoral.
Detenido en España a finales de 2019 y solicitado desde entonces por la justicia venezolana como uno de los líderes de la red de tráfico de oro vinculada a Roberto Espejo.
Procesado en República Dominicana como el copiloto de la aeronave YV2887, que encontraron cargada de 1,3 millones de dólares. Actualmente está evadido y no se sabe de su paradero.
Piloto de avión. Procesado en República Dominicana por estar al frente de la tripulación de la aeronave YV2887, que encontraron cargada de 1,3 millones de dólares.
Imputado en Brasil por la Operación Hespérides, en Dominicana por el caso de la caso de la aeronave YV2887 que iba a salir con 1,3 millones de dólares en efectivo y en Venezuela por la Operación Manos de Metal.
Participó como exportadora de alimentos brasileños a Venezuela en el esquema a cambio de oro ilegal. Fue la tercera mayor beneficiaria de las transferencias bancarias de MC Produtos de Extracao Mineral. Su director es Cleber Feslisberto de Aguiar.
Abogado brasileño. Es uno de los socios directores de Ricca Comercio LTDA, una de las empresas investigadas por el intercambio de oro por alimentos.
