El régimen de Nicolás Maduro pretende ganar simpatías con una campaña para reverdecer los laureles que, en su época dorada, cosechó el baloncesto venezolano. Pero ese propósito, en su ejecución actual a través de la llamada Superliga, arrastra una tara de nacimiento: el campeonato mismo y, al menos, dos de sus equipos, están vinculados a jerarcas de los organismos de represión, mientras muchos juegos se disputan sobre la cima de El Helicoide, el tenebroso centro de reclusión y torturas en Caracas.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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Es sábado por la noche en Caracas y el ambiente en el coliseo de baloncesto es eléctrico.
Las luces se atenúan, suenan tambores, estalla un chorro dorado de fuegos artificiales y retumban en las paredes los cánticos de “¡Vamos, Pioneros!”. Enfundados en brillantes uniformes naranjas, los jugadores del equipo local saltan a la cancha, escoltados por porristas con vestidos del mismo color que se ciñen a sus cuerpos. Los Pioneros del Ávila están listos para jugar.
En apariencia, este juego pasaría por un encuentro deportivo de una liga profesional más. Pero el partido tiene un lado oscuro y particular.
La cancha donde los Pioneros disputan sus partidos de local está justo encima de El Helicoide, una de las prisiones políticas más infames de Venezuela. Unos pisos más abajo, mientras los espectadores beben cerveza y comen cotufas, más de 80 presos políticos permanecen encerrados en condiciones que organizaciones de derechos humanos describen como infrahumanas.
Los equipos que juegan esta noche son parte de la nueva Superliga Profesional de Baloncesto de Venezuela, impulsada por el gobierno desde hace unos años con el objetivo explícito de revivir la reputación del básket venezolano.
Pero en la práctica, sostienen expertos, la Superliga se ha convertido en un terreno de juego para el régimen del líder autoritario, Nicolás Maduro, y sus aliados. Funciona como una pantalla para desviar la atención frente a los abusos contra los derechos humanos en el país, un mecanismo conocido como “lavado de imagen deportivo” (sportswashing en inglés). En un informe publicado este año, Transparencia Venezuela calificó la nueva liga como “una red de influencia que abrillanta la imagen de un régimen represor y opaco”.
“[Este] es un intento del Estado y de las fuerzas de seguridad por posicionarse en la sociedad, y eso no puede ir a favor de los valores del deporte”, dijo para esta historia Jans Sejer Andersen, periodista deportivo y fundador de Play the Game, un grupo danés que promueve la equidad y sostenibilidad en el deporte global.
Al menos dos de los 14 equipos activos de la Superliga pertenecen a, o están efectivamente controlados por, altos mandos de seguridad acusados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de cometer violaciones a los derechos humanos, según documentó Occrp tras revisar registros públicos y hablar con fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la liga. Hay además una presunción amplia de que muchos otros equipos también podrían tener nexos con el gobierno, aunque no fue posible confirmar estas estructuras de propiedad por la falta de transparencia corporativa en Venezuela.
Por si fuera poco, el año pasado se anunció que los partidos de la Superliga se jugarían regularmente dentro de El Helicoide, para consternación de activistas de derechos humanos y opositores al régimen de Maduro.
El veterano periodista deportivo venezolano, Cándido Pérez, que reside en España, describió la situación como “escalofriante”.
“En el piso alto juegan baloncesto y en el piso de abajo torturan gente. Dudo que exista algo así en otra parte del mundo”.
Occrp se puso en contacto con el gobierno venezolano, la Federación Venezolana de Baloncesto, la Superliga y varios equipos de baloncesto, entre ellos los Pioneros del Ávila, para solicitarles comentarios sobre la liga y sus vínculos con presuntas violaciones de derechos humanos. Ninguno de ellos respondió.
Los Pioneros del Ávila establecieron su sede en la cancha de La montaña, como se conoce un domo geodésico de concreto gris que corona a El Helicoide, a manera de un mini Poliedro.
Según en su momento reportaron diversos medios, La montaña fue renovada y convertida en una instalación deportiva en 2022, para bautizarla como Gimnasio Elio Estrada Paredes, en honor al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Washington sancionó al general Elio Estrada Paredes en septiembre de 2024 por su rol en “la represión del pueblo venezolano”. También Naciones Unidas identificó al oficial como parte de la cadena de mando responsable de torturas y el maltrato de prisioneros en, precisamente, El Helicoide.
Allí los Pioneros del Ávila, una divisa fundada en abril de 2024, juega de local. No hay información pública sobre sus propietarios. Lo que sí está a la vista es que sus uniformes llevan logos impresos del Ministerio de Interior, de la petrolera estatal Pdvsa y de la marca nacional de turismo de Venezuela.
Quien da la cara en público por el club es Adelis Pamela Peña Soto, su presidenta. Documentos de seguridad social obtenidos por Occrp muestran que ha sido funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desde 2023.
Pero tres personas diferentes, todas relacionadas desde hace décadas con el baloncesto venezolano, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a su seguridad, afirmaron a Occrp que el propietario de facto del equipo es Rubén Darío Santiago Servigna, comandante general de la PNB, cuya sede está en El Helicoide junto a la del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, la policía política del chavismo).
Rubén Santiago Servigna también ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, que le responsabiliza por las detenciones arbitrarias cometidas por la policía venezolana tras las elecciones presidenciales y fraude electoral de julio de 2024.
El oficial de policía no respondió a preguntas sobre su relación con los Pioneros del Ávila. Pero ha sido muy abierto y explícito en medios electrónicos sobre su pasión por el baloncesto y la Superliga.
“En este momento, aquí en El Helicoide, no solamente se está jugando la Superliga Nacional de Baloncesto, se está jugando un torneo maravilloso, un torneo de la milicia”, dijo Santiago en un programa de radio que presenta, Al Ritmo de la Seguridad.
“Hemos tenido la suerte y la oportunidad de estar en la Superliga, una Superliga que cada día se desarrolla de la mejor manera, ahí a empujones, a brincos y a pesar de todos los bloqueos es una Superliga que hoy más que nunca se convierte en una de las ligas más importantes de toda Latinoamérica”.
Otro equipo de la Superliga que juega en El Helicoide es Spartans Distrito Capital.
Los Spartans, cuya insignia es la cabeza de un guerrero de la antigüedad con mandíbula cincelada que porta un casco de estilo helénico, son liderados de manera abierta por Leonel Alberto García Rivas, director de fuerzas especiales de la PNB.
Al igual que Santiago Servigna, García Rivas fue identificado por la Misión de la ONU como parte de la cadena de mando de grupos policiales especiales que estuvieron activos en la comisión de torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, así como tortura y malos tratos, incluida la violencia sexual y otras violaciones de derechos humanos de presos políticos. En marzo de este año, García Rivas fue sancionado por el gobierno canadiense por sus vínculos con violaciones a los derechos humanos.
Pero a diferencia de Santiago Servigna y de otros dueños de equipos de la Superliga, García Rivas asume de manera pública su papel de propietario del equipo y aparece en eventos vinculados a los Spartans. A principios de este año, por ejemplo, participó en una conferencia de prensa en un restaurante de Caracas donde se presentó la nueva plantilla a los fanáticos y los medios.
Su esposa, Qweany Vanessa Torres Toro, es la presidenta del equipo, según indican cuentas de Spartans en redes sociales. Torres Toro presta su rostro a muchas de las iniciativas públicas del club, que incluyen clínicas de entrenamiento de baloncesto y la donación de balones y uniformes deportivos para niños desfavorecidos.
Las redes sociales del equipo publican a menudo imágenes de Torres Toro mientras asiste a los juegos de los Spartans, a veces lanzando el balón al aire en el saque inicial. En una de esas publicaciones, de marzo de 2023, posa con su esposo en el centro de la cancha antes de un partido entre los Spartans y los Diablos de Miranda. “Nuestro salto entre dos de la mano de nuestra presidenta, Vanessa Torres 😍”, señalaba el pie de foto.
Un tercer equipo de la Superliga también parece tener profundos vínculos con la inteligencia venezolana. Según su cuenta de redes sociales, los Gladiadores de Anzoátegui son propiedad de Fabián Carmine Eliantonio Gamboa, un empresario farmacéutico y contratista del gobierno.
Sin embargo, los Gladiadores llevan el logo amarillo y negro del Team Espartanos, un colectivo de deportes que promueve el teniente coronel Alexander Granko Arteaga, director de asuntos especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y reconocido en los medios de prensa independiente como el torturador emblemático del régimen de Nicolás Maduro.
Granko Arteaga, al igual que sus subordinados, lleva el logo de los Espartanos en la manga de su uniforme de faena. Y la marca se ha extendido hasta el embotellamiento de ron añejo, entre otros negocios que familiares y allegados de Granko controlan según sus expedientes mercantiles.
La Dgcim es una de las fuerzas de seguridad más temidas de Venezuela y una de las principales autoras de violaciones a los derechos humanos, según la Misión de Determinación de Hechos de la ONU. Por su propio papel en estas violaciones, en 2019 Granko Arteaga fue blanco de sanciones en Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza. El sonido de su nombre, según el reciente informe sobre baloncesto de Transparencia Venezuela, “despierta escalofríos en miembros de la sociedad civil de Venezuela”.
El jolgorio de los partidos de baloncesto y la parafernalia que rodea a la Superliga no perturban la aterradora cotidianidad de los presos políticos que el régimen mantiene confinados unos pisos más abajo. Los prisioneros saben que hay partidos de baloncesto que se juegan encima de ellos, pero no pueden escucharlos por las gruesas paredes de concreto, según un familiar que habló con Occrp y solicitó la reserva de su identidad.
La reconversión de El Helicoide como recinto deportivo es la enésima metamorfosis de ese edificio, cuya estructura se levantó en los años 50 como reflejo de la reciente bonanza petrolera que favorecía a Venezuela, y de la proyección futurista que al país auguraba la propaganda de la dictadura desarrollista entonces en el poder dictadura, al mando del general Marcos Pérez Jiménez (1952-58).
El proyecto fue abandonado tras la caída de Pérez Jiménez en enero de 1958 y, con ello, dio comienzo a una serie de propuestas especulativas sobre cómo reciclar la mole que ya estaba en pie. Durante décadas permaneció vacío, ocupado solo por invasores y rodeado por ranchos y barrios de clase baja, hasta que, en los años 80, en la época del llamado puntofijismo, el amplio espacio fue adaptado para servir de sede a cuerpos policiales e inteligencia, que ya para entonces mostraban un oscuro historial de irrespeto a los derechos humanos. También se convirtió en centro de reclusión.
El uso del espacio como prisión se intensificó bajo los gobiernos de Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro. En la actualidad alberga a unos 80 presos, incluidos disidentes, periodistas y activistas, muchos de los cuales reportan haber sido torturados o maltratados, especialmente a manos del Sebin.
El político opositor Freddy Superlano, por ejemplo, lleva más de un año detenido allí sin juicio, sin poder ver a su familia ni recibir asistencia legal, según su esposa Aurora. Ella le contó a Occrp que lo único que recibe son prendas usadas de su marido que las autoridades penitenciarias le entregan periódicamente.
“Las huelo y sé que son de él”, dijo.
El exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, encarcelado varias veces tras romper con el chavismo, murió en El Helicoide en 2021 después de que le negaran atención médica, según su familia y grupos de derechos humanos que monitorean su caso (el gobierno venezolano refutó esa versión y afirmó que murió mientras recibía tratamiento por Covid-19). Su hijo Josnars, detenido junto a él, afirmó haber sido sometido a torturas extremas, entre las que mencionó la de ser suspendido de las paredes y la de recibir descargas eléctricas en los testículos.
“Estos lugares están hechos para quebrar voluntades”, dijo Andreina Baduel, hija de Raúl Baduel.
Uno de los presos actuales es Javier Tarazona, un reputado defensor de derechos humanos y director desde 2005 de la ONG Fundaredes del estado Táchira. La ONU sostiene que fue golpeado, asfixiado con bolsas plásticas y mantenido en una celda de castigo con la luz encendida las 24 horas del día. También en El Helicoide está recluido el periodista Carlos Julio Rojas, que llevaba más de cuatro meses en aislamiento hasta que, el 17 de noviembre pasado, representantes gremiales pudieron visitarlo. La abogada y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, está confinada en El Helicoide desde febrero de 2024 sin derecho a contactar a su abogado. Su familia relata que sufrió una fractura de hombro que no fue tratada por meses.
“Para nosotros es una preocupación que usen El Helicoide, un lugar donde se tortura de forma sistemática, como una herramienta para blanquear a aquellos responsables de crímenes de lesa humanidad a través de actos deportivos”, dijo Víctor Navarro, exprisionero político y director de una ONG dedicada a preservar la memoria histórica de los presos políticos, en una entrevista con Efecto Cocuyo.
Esta Superliga que, sin reparos, juega ahora en El Helicoide, invoca recuerdos de torneos anteriores y muy exitosos, así como de una era dorada que el baloncesto forjó en esas justas.
Cándido Pérez, el periodista deportivo, dijo que él y otros recordaban esa era con profunda nostalgia.
“Veías los partidos del domingo o sábado, que se celebraban en Caracas, iban hasta el tope de gente... Dondequiera que se celebraran”, dijo. “Y cuando se profesionalizó, todo el negocio se abrió y ganaban muy buen dinero”.
Este sistema y la consecuente evolución de la disciplina deportiva en Venezuela se sostuvieron primero en la Liga Especial de Baloncesto, fundada en 1974 por el periodista y promotor deportivo Leonardo Rodríguez, y en la posterior Liga Profesional.
De ese período data la gesta de La Vinotinto de básket, cuando quedó segunda en el torneo preolímpico de 1992 en la ciudad de Portland, Oregon, solo detrás del legendario Dream Team estadounidense de Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley y demás astros, que deslumbraría al mundo en los Juegos Olímpicos de Barcelona. La selección masculina a la postre llegaría a clasificar para cinco Mundiales y dos Juegos Olímpicos, y se coronó tres veces campeona sudamericana.
Pero en la década de 2000, el declive económico y las cambiantes prioridades políticas comenzaron a erosionar los cimientos de la liga. “El problema fue que, financieramente, las ganancias estaban disminuyendo, y entonces la calidad de las importaciones [de jugadores] que traían también disminuyó y, en general, la calidad de los juegos era baja, y algunos sintieron que la inversión que habían hecho no estaba dando frutos”, explicó Pérez. “Así que renunciaron a los equipos, algunos los vendieron, otros los pasaron a familiares, pero eso fue lo que pasó. Ese fue el fin de esa edad de oro”.
La crisis del deporte ofreció una oportunidad al régimen de Nicolás Maduro. En diciembre de 2019, Hanthony Coello, entonces viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, fue nombrado presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), el organismo rector que supervisa la disciplina a todos los niveles.
En una conferencia de prensa en ocasión de su nombramiento, Coello anunció que se crearía una nueva Superliga de Baloncesto al año siguiente, en un esfuerzo por revivir el deporte. “Tuvimos algunas buenas décadas de baloncesto profesional, pero los tiempos han cambiado, y necesitamos adaptarnos a los nuevos tiempos, necesitamos nuevas formas de gestionar, necesitamos mirar a los mercados internacionales”, dijo entonces.
La Superliga de Baloncesto comenzó en 2020, con 13 equipos. Algunos eran clubes respetados con largas trayectorias, como los Cocodrilos de Caracas y los Trotamundos de Carabobo, pero la liga también incluía varios clubes completamente nuevos, entre ellos, uno que ahora juega en El Helicoide: Spartans Distrito Capital. (En 2022, la composición de la liga se ajustó ligeramente y su nombre cambió a Superliga Profesional de Baloncesto después de fusionarse con otra liga).
La liga ha reclutado con éxito a varios jugadores internacionales, entre estos, a veteranos del baloncesto universitario de Estados Unidos, e incluso a dos exjugadores de la NBA, Dwight Buycks y Hollis Thompson.
Coello mantiene estrechos vínculos con la Superliga, aparece regularmente en los partidos y asistió a la asamblea general de la liga el año pasado como invitado de honor. No respondió a una solicitud de comentarios.
Aunque la Superliga es una reciente creación venezolana, hace gala de vínculos con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) a través de la FVB, miembro del ente global.
La FVF ayudó a fundar y promueve con insistencia la Superliga, y su presidente, Hanthony Coello, ha elogiado la asistencia de la FIBA para ayudar a desarrollar el baloncesto en el país, incluyendo la mejora del “sistema de competencia nacional”, que incluye a la Superliga.
Además, la liga también muestra el logo de la FIBA en su sitio web.
Cuando se le pidió que comentara sobre su relación con la Superliga y el baloncesto venezolano, y si esta asociación pudiera estar cometiendo una violación de sus políticas internas sobre derechos humanos, la FIBA respondió que “no tenía información sobre las posibles violaciones de derechos humanos a las que se refiere su consulta”.
“No tenemos ninguna relación directa con la Superliga Profesional de Baloncesto de Venezuela (SPB)”, afirmó un portavoz de la FIBA. “La presencia del logotipo de la FIBA se debe únicamente al uso por parte de la SPB de FIBA Live Stats, la solución de estadísticas de baloncesto reconocida a nivel mundial, que es ampliamente utilizada por numerosas federaciones nacionales, ligas y clubes de todo el mundo”.
Aunque no está claro cuánta gente apoya de manera genuina la Superliga y sigue sus incidencias, los partidos se transmiten en televisión pública y las entradas son gratuitas, lo que propicia estadios llenos. En el partido al que asistieron reporteros de Occrp, algunos espectadores hicieron filas de hasta dos horas para obtener una pulsera roja que permitía entrar sin pagar al gimnasio de El Helicoide.
El lugar se llenó con velocidad hasta llegar a su capacidad total. En las gradas de aluminio, la gente se apretujaba, algunos sentaron a sus hijos en sus regazos para hacer más espacio, mientras los Pioneros, vestidos de naranja, se enfrentaban a los Trotamundos de Carabobo.
Dominándolo todo, en lo más alto de La montaña, cuelga un gran cartel con tres rostros enormes que sirven como un recordatorio constante de la presencia del régimen venezolano: el difunto líder autocrático Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, junto a Simón Bolívar, El Libertador, cuyo legado Chávez dijo encarnar hasta el punto de llamar a la suya como la Revolución Bolivariana.
Grandes letras blancas en la parte inferior del cartel sentencian: “Mandar obedeciendo al pueblo”.
La última gran apuesta de Vito Recchimurzo Díaz, un jugador irredento de póker en torneos internacionales, consiste en unas semanas de lujosas ‘caimaneras’ de fútbol que convocan a ‘influencers’ y viejas glorias del balompié mundial. Aunque la asistencia a sus partidos es pobre y los números del negocio no cuadran, los beneficios de la Liga Monumental por ahora son, más que financieros, de otra naturaleza: le hacen un favor reputacional al régimen y a sus propios promotores, muchos de ellos contratistas del gobierno.
No fue solo que a través de terceros adquirió un centro deportivo para que los jugadores de su equipo, el UCV-FC, tuvieran un complejo de entrenamiento de primer nivel: Alexander Granko Arteaga, el temido oficial de la contrainteligencia militar chavista, ahora está a punto de conseguir que los ejidos municipales sobre los que se levantan ‘sus’ canchas se conviertan en propiedad privada. Pero no por arte de magia, sino por la previsible conformidad de las autoridades de este cantón del sureste de Caracas.
A la manera de una operación comando, una dupla tomó control, tanto en los registros como en la cancha, de la oncena que lleva los colores usurpados a la máxima casa de estudios del país. La conforman el ‘rambo’ de la contrainteligencia militar, el coronel Alexander Granko -camuflado tras el nombre de su esposa-, y un oficial de la Fuerza Aérea, José Gelvez -con apoyo de su hermano-. Si uno desde las sombras sigue ampliando su emporio comercial, el otro se vincula a una trama de negociados en la Aviación.
La operación militar estadounidense del 3 de enero dejó una baja inesperada: la continuidad de los Contratos de Participación Productiva (CPP) otorgados entre 2024 y 2025 por la actual Presidenta Encargada, entonces Ministra del Petróleo. Aunque ya se conocen concesiones ligadas al magnate Harry Sargeant III y al entorno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, la mayoría de los beneficiarios son empresas pequeñas, poco conocidas y con vínculos previos con el Estado chavista, que quedaron bajo la amenaza de la toma del petróleo venezolano que Donald Trump patrocina.
Mientras se desempeñaba como Ministra de Petróleo de Nicolás Maduro, la flamante Presidente Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, repartió campos petroleros bajo la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP). Entre los favorecidos de la piñata estuvo una oscura empresa registrada en España, sin experiencia en actividades de producción de hidrocarburos, propiedad en los papeles de un ciudadano ecuatoriano que se vincula al entorno del expresidente Rafael Correa.
Con apenas 32 años de edad y una formación académica exigua, Alejandra Romero Castillo ya es titular del Tribunal Tercero de Juicio contra el Terrorismo, una posición clave en las prácticas del régimen para reprimir e intimidar a la oposición democrática. Ser hija de un militar chavista y su disposición a impartir castigos con severidad revolucionaria le sirven como únicas credenciales para imponer recientemente la pena máxima al yerno de Edmundo González Urrutia y conducir causas destacadas de prisioneros políticos.
El extrañamiento fue el destino que debieron adoptar unos 408 activistas, según comprobó esta cobertura, tras sufrir la represión que siguió al fraude electoral de julio de 2024. Año y medio después, el desarraigo se extiende más de lo esperado y la subsistencia se les vuelve una batalla diaria, a la que suman su militancia remota por Venezuela. Aunque escaparon de peligros inminentes, muchos comprueban que la distancia no los separa del todo ni del riesgo ni de las memorias que les acosan.
Un accidente aéreo hace dos meses en Maiquetía expuso una red de influencias tejida por el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano -uno de los sobrevivientes del avión siniestrado- que involucra a las cúpulas de los regímenes de Cuba y Venezuela. La bitácora de la aeronave muestra numerosos vuelos entre el istmo, Caracas y La Habana, y que en algunos de ellos viajó un nieto de Raúl Castro. Y hasta un empleado suyo fue nombrado embajador de Panamá ante el castrismo.
De una a otra orilla del río Orinoco transcurre un episodio de la competencia global por el control de las tierras raras y otros minerales estratégicos, que enfrenta sobre todo a China y Estados Unidos. Por la densa capilaridad de la frontera fluvial y selvática se van los tesoros geológicos, a los que arrancan del Escudo Guayanés bajo la supervisión de grupos irregulares, y van a dar a empresas de dudosa reputación en Colombia, hasta finalmente alcanzar las refinerías en China.
