Dineros fugitivos: si los vi, no me acuerdo

Especialistas indican que, si bien para los venezolanos es legal tener inversiones en paraísos fiscales, lo ilícito es dejar de declararlas. La sanción penal contemplada para ello en las normas tributarias se queda, sin embargo, como una mera declaración de intenciones. Como no hay ni infraestructura ni disposición para supervisar efectivamente, todo descansa en la buena fe y transparencia de los contribuyentes. Virtudes que no abundan.

4 abril 2013

Las inversiones realizadas por residentes en Venezuela en paraísos fiscales están sujetas a la legislación tributaria del país. Según indican especialistas en esta área, la Ley de Impuestos sobre la Renta y el Código Orgánico Tributario las incluyen como parte de la declaración fiscal. Aunque el no cumplimiento de esta norma está penado por la ley, algunos coinciden en que es una materia pendiente el desarrollo de una estructura judicial que haga seguimiento a casos de ilícitos cometidos a través de paraísos fiscales.

La abogada especialista en derecho tributario, Elvira Dupouy, explica que es legal para los venezolanos tener empresas y cuentas en distintas jurisdicciones incluidas las de baja imposición fiscal, por lo general conocidas como paraísos fiscales, y que las mismas deben ser declaradas al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) como inversiones extraterritoriales de acuerdo con el régimen de transparencia fiscal internacional presente en la legislación vigente. Termina siendo un ilícito cuando no son declaradas ante el fisco.

“Según el Código Orgánico Tributario es una de las presunciones de defraudación fiscal el no informar sobre las inversiones realizadas o mantenidas en jurisdicciones de baja imposición fiscal. Esto lo establece el numeral 15 del artículo 117. Es uno de los pocos ilícitos tributarios sancionados con penas restrictivas de libertad. Es el famoso ilícito por el cual a Al Capone por fin lo pusieron preso”, aclara Dupouy.

Existe una lista de paraísos fiscales elaborada por el Seniat –conocida también como la lista negra- para efectos de la declaración tributaria. El artículo 1 de la providencia administrativa que aborda este tema indica que para Venezuela “se califican como jurisdicciones de baja imposición fiscal, aquellas donde la tributación que grave a la totalidad de la renta, la totalidad del patrimonio, o cualquier parte de los mismos, sea nula o hasta una alícuota igual o inferior al 20% por este concepto”.

El listado de territorios que para Venezuela cumplen con esta clasificación es de 83 jurisdicciones e incluye a lugares como Aruba, Islas Caimán, Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas y Panamá, entre otros.

Sin embargo, Dupouy comenta que no ha visto procedimientos llevados cabo en Venezuela relacionados con el ilícito de defraudación fiscal por no declarar inversiones en paraísos fiscales. “Al final, se depende de la buena fe y transparencia del contribuyente”.

Por su parte, el abogado Ramón Medina, especialista en Derecho asociado con legitimación de capitales, cuenta que en el país no hay tradición de investigar ilícitos cometidos por venezolanos a través de paraísos fiscales. “No hay una verdadera supervisión de estos temas, pues la estructura judicial venezolana no está capacitada para investigarlos”. Explica que se trata de temas que demandarían tiempo y que son complejos de seguir.

Mientras no existe la declaración de la inversión offshore, para el país es inexistente y solo se podría investigar si se llega a conocer y puede guardar relación con algún ilícito como podrían ser la corrupción o enriquecimiento ilícito. Sin embargo, “en Venezuela no existe la infraestructura para detectar esas situaciones”, añade el abogado.

También para Medina esto responde a un asunto cultural, pues según explica, cuando un caso lleva más de dos meses en investigación, se convierte en los llamados “cangrejos” que tienden a ser engavetados, pues, a su juicio, en Venezuela la justicia busca respuestas rápidas. Por eso, casos asociados con paraísos fiscales –que tomarían más tiempo investigar y son más complicados de demostrar- no se encuentran en la lista de prioridades. Para Medina, se trata de una deuda pendiente de la justicia venezolana.

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