Especialistas indican que, si bien para los venezolanos es legal tener inversiones en paraísos fiscales, lo ilícito es dejar de declararlas. La sanción penal contemplada para ello en las normas tributarias se queda, sin embargo, como una mera declaración de intenciones. Como no hay ni infraestructura ni disposición para supervisar efectivamente, todo descansa en la buena fe y transparencia de los contribuyentes. Virtudes que no abundan.
Las inversiones realizadas por residentes en Venezuela en paraísos fiscales están sujetas a la legislación tributaria del país. Según indican especialistas en esta área, la Ley de Impuestos sobre la Renta y el Código Orgánico Tributario las incluyen como parte de la declaración fiscal. Aunque el no cumplimiento de esta norma está penado por la ley, algunos coinciden en que es una materia pendiente el desarrollo de una estructura judicial que haga seguimiento a casos de ilícitos cometidos a través de paraísos fiscales.
La abogada especialista en derecho tributario, Elvira Dupouy, explica que es legal para los venezolanos tener empresas y cuentas en distintas jurisdicciones incluidas las de baja imposición fiscal, por lo general conocidas como paraísos fiscales, y que las mismas deben ser declaradas al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) como inversiones extraterritoriales de acuerdo con el régimen de transparencia fiscal internacional presente en la legislación vigente. Termina siendo un ilícito cuando no son declaradas ante el fisco.
“Según el Código Orgánico Tributario es una de las presunciones de defraudación fiscal el no informar sobre las inversiones realizadas o mantenidas en jurisdicciones de baja imposición fiscal. Esto lo establece el numeral 15 del artículo 117. Es uno de los pocos ilícitos tributarios sancionados con penas restrictivas de libertad. Es el famoso ilícito por el cual a Al Capone por fin lo pusieron preso”, aclara Dupouy.
Existe una lista de paraísos fiscales elaborada por el Seniat –conocida también como la lista negra- para efectos de la declaración tributaria. El artículo 1 de la providencia administrativa que aborda este tema indica que para Venezuela “se califican como jurisdicciones de baja imposición fiscal, aquellas donde la tributación que grave a la totalidad de la renta, la totalidad del patrimonio, o cualquier parte de los mismos, sea nula o hasta una alícuota igual o inferior al 20% por este concepto”.
El listado de territorios que para Venezuela cumplen con esta clasificación es de 83 jurisdicciones e incluye a lugares como Aruba, Islas Caimán, Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas y Panamá, entre otros.
Sin embargo, Dupouy comenta que no ha visto procedimientos llevados cabo en Venezuela relacionados con el ilícito de defraudación fiscal por no declarar inversiones en paraísos fiscales. “Al final, se depende de la buena fe y transparencia del contribuyente”.
Por su parte, el abogado Ramón Medina, especialista en Derecho asociado con legitimación de capitales, cuenta que en el país no hay tradición de investigar ilícitos cometidos por venezolanos a través de paraísos fiscales. “No hay una verdadera supervisión de estos temas, pues la estructura judicial venezolana no está capacitada para investigarlos”. Explica que se trata de temas que demandarían tiempo y que son complejos de seguir.
Mientras no existe la declaración de la inversión offshore, para el país es inexistente y solo se podría investigar si se llega a conocer y puede guardar relación con algún ilícito como podrían ser la corrupción o enriquecimiento ilícito. Sin embargo, “en Venezuela no existe la infraestructura para detectar esas situaciones”, añade el abogado.
También para Medina esto responde a un asunto cultural, pues según explica, cuando un caso lleva más de dos meses en investigación, se convierte en los llamados “cangrejos” que tienden a ser engavetados, pues, a su juicio, en Venezuela la justicia busca respuestas rápidas. Por eso, casos asociados con paraísos fiscales –que tomarían más tiempo investigar y son más complicados de demostrar- no se encuentran en la lista de prioridades. Para Medina, se trata de una deuda pendiente de la justicia venezolana.
Euzenando Azevedo tuvo puertas abiertas con Chávez en el Palacio de Miraflores y a la vez línea directa con el CEO Marcelo Odebrecht. Luego se convirtió en testigo clave en el desfile de las delaciones premiadas del caso Lava Jato. Entre tantos privilegios, sin embargo, su testimonio se quedó corto: de las cosas que dejó de contar resaltan unas cuentas bancarias en Suiza que revelan que guardó dinero con uno de los mismos comisionistas a los que había delatado, el abogado venezolano Héctor Dáger
La paradisíaca isla turística del Caribe venezolano se convirtió, poco después de la muerte del presidente Hugo Chávez, en el lugar de una trama vinculada a los paraísos fiscales. Hasta allí viajaron un dirigente de la coalición de extrema izquierda Syriza y hoy poderoso ministro del Gobierno griego, junto a un abogado chipriota especialista en negocios offshore que apareció en los Panama Papers. No sé sabe con quién se reunieron, pero sí cómo completaron su misteriosa odisea: a bordo de un jet privado de Majed Khalil, un empresario vinculado al régimen de Caracas.
El ex edecán del comandante revolucionario era cliente desde 2013 de Mossack Fonseca, que había registrado en su nombre una empresa en el paraíso fiscal de Seychelles para manejar una cuenta bancaria del militar venezolano en Suiza. Pero en 2016, luego de las revelaciones de Panama Papers, esa relación se volvió indeseable para el bufete, que intentó deslindarse a toda costa de la cuenta. Ahora el mayor retirado y su esposa, ex tesorera de la Nación, esperan en Madrid su posible extradición a Venezuela.
Las autoridades suizas encontraron relación entre la esposa y la suegra del ex ministro venezolano con al menos 40 millones de dólares depositados en ocho cuentas bancarias. Aunque enviaron las pruebas a la justicia venezolana, los tribunales negaron cualquier posibilidad de abordar el caso y la Fiscalía venezolana, liderada por Tarek William Saab, ni se da por enterada…
El Gobierno venezolano ha recurrido a una miríada de intermediarios comerciales para proveer de mercancía importada a los Clap, su programa estelar de asistencia alimentaria. Con compras masivas en mercados internacionales amaina de manera imperfecta el hambre de los sectores populares, mientras alimenta, esta vez sí de forma segura, los flujos financieros que van a dar a cuentas bancarias en Hong Kong o Suiza.
Como si fueran pedazos de un espejo roto regados por varias islas del mundo, varias empresas off shore forman una red de negocios de trading de petróleo que revela la trayectoria de Alessandro Bazzoni y Francisco D’Agostino, quienes junto al magnate de las telecomunicaciones venezolano Oswaldo Cisneros, desembarcaron en 2016 en la Faja del Orinoco para ocupar la plaza vacante del socio original, Harvest Natural Resources
Ni las consignas patrióticas, ni la tensión diplomática entre ambas naciones han frenado la compra por parte de Venezuela del arroz de Guyana para los CLAP, el programa bandera del régimen de Nicolás Maduro. Aunque de manera extraoficial las compras a ese país están prohibidas desde mediados de año, los contratistas del gobierno han ideado la fórmula para simular un origen distinto del producto: los barcos salen de Georgetown, pero justo antes de llegar a Venezuela, atracan durante unas horas en otros puertos del Caribe.
Mientras los habitantes de El Cigarral y La Boyera se quejan de dos años de trastornos demenciales por la construcción del Centro Comercial Traki, las autoridades municipales de El Hatillo aseguran que la obra es legal “guste o no”. Detrás del edificio, que la administración del alcalde Elías Sayegh trató con benevolencia hacia la cadena de tiendas de los Chambra -hasta se reformó una ordenanza clave-, despuntan un terreno que era propiedad de dos constructores cercanos al chavismo y la necesidad de aumentar la recaudación a casi cualquier costa.
Con una tecnología tan ambiciosa como rudimentaria, desde principios del s.XXI y hasta fecha reciente el tráfico de drogas encontró en los semisumergibles uno de los vehículos más eficientes –e inusitados– para mover estupefacientes entre América y Europa. Estos artefactos «parten de Colombia, cruzando el Atlántico, hasta España», asegura la Fiscalía General de Colombia, mientras las autoridades buscan capturar a ‘Juan’, el misterioso capo gallego detrás de la operación.
Las negociaciones de tres fincas vinculadas al crimen organizado fueron parte de los esquemas de lavado de activos usados para el pago de sobornos de la multinacional de origen brasileño. También algunos intermediarios en la distribución de coimas por contratos de obras obtenidos por la constructora tienen un largo historial con el narcotráfico. A pesar de todas las evidencias al respecto, la Fiscalía no termina de hacer ni esas conexiones ni las acusaciones a las que haya lugar.
Colombia prohibió la pesca y comercialización de tiburones en 2021. Apenas un año más tarde, un cargamento con algo más de 3.400 aletas de tiburón, con destino a Hong Kong, fue interceptado en el aeropuerto de Bogotá. Los miembros de estos escualos iban camuflados con vejigas natatorias de pescado que provendrían del Lago de Maracaibo, todas exquisiteces apreciadas por los gourmets chinos. Esta investigación sigue el rastro de parte del cargamento desde la Guajira venezolana hasta la capital colombiana y revela quién es el propietario de tan inusitado contrabando.
Ya alcanzaron Estados Unidos los forajidos que, siguiendo la ola migratoria venezolana, cometen fechorías en una docena de países. A todo tren esta megabanda se ha convertido en la que el general de policía Óscar Naranjo llama la organización criminal “más disruptiva” de Latinoamérica, una que le ha ganado escaramuzas hasta a la guerrilla colombiana. Ahora la Patrulla Fronteriza norteamericana reporta intentos de infiltrar la franquicia al norte del río Bravo.
