Un compuesto de suero de leche con almidones espesantes se vende desde hace tiempo en el mercado nacional bajo la marca Tigolac. Si la naturaleza del sucedáneo lácteo podría generar escepticismo entre los consumidores conscientes, el asunto se acaba de volver más serio: en Brasil allanaron la fábrica donde se produce y le encontraron adulteraciones con sustancias abrasivas y antisépticas no aptas para la ingesta. Entre tanto, el importador en Venezuela y el Ministerio de Salud, que otorgó el permiso sanitario, guardaron silencio.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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El rótulo de letras blancas sobre un óvalo rojo impreso sobre el empaque del compuesto lácteo Tigolac se cuela por estos días en los anaqueles donde se exhiben los paquetes de leche en polvo de otras marcas, más tradicionales, en supermercados de Caracas y de otras ciudades venezolanas.
Aunque Tigo, la marca-paraguas del producto, es local, este sucedáneo de la leche en polvo en realidad proviene del sur de Brasil. Tigo, o Corporación R3 C.A., por su persona jurídica en Venezuela, no fabrica sino que se limita a importar todos los productos de su catálogo. Y Tigolac en particular -como se lee en la parte posterior del empaque, junto a la tabla nutricional- se produce en Taquara, Río Grande do Sul, a casi 7.000 kilómetros de Caracas.
Dielat Industria e Comercio de Laticinios Ltda, la lechería de Taquara que produce Tigolac, apareció el reciente diciembre en los noticiarios y primeras páginas de medios regionales en el sur de Brasil, y no por alguna campaña promocional, sino por un desastre para la reputación de la empresa: el 11 de diciembre de 2024, el Ministerio Público de Rio Grande do Sul suspendió la comercialización de varios productos lácteos de Dielat tras una inspección de la planta de Taquara, en la que detectó la adulteración de la leche, dañada o caduca, con sustancias tóxicas como la soda cáustica y el agua oxigenada, para seguir comercializándola. La Fiscalía local también encontró otras materias inadecuadas dentro de los envases de los productos de Dielat, como “pelos indefinidos” y manchas de suciedad.
Se trató de la llamada Operación Leche compensada 13, que produjo cuatro arrestos: los de los ejecutivos Antonio Ricardo Colombo Sader, copropietario de Dielat; Tales Bardo Laurindo, uno de sus directivos; Gustavo Lauck, supervisor de calidad; y Sergio Alberto Seewald, ingeniero químico y asesor de Dielat, a quien se le conoce en el mercado brasileño de lácteos con los apodos de El Alquimista o El Mago de la Leche.
No es la primera vez que Seewald aparece envuelto en un escándalo sanitario. Sus fórmulas químicas fraudulentas, ideadas para prolongar la vida útil y la buena apariencia de productos lácteos vencidos, a menudo los hacen no aptos para el consumo humano. En 2014 fue objeto de una investigación en otra empresa láctea del Vale do Taquari, también en Rio Grande do Sul, por agregar soda cáustica, bicarbonato de sodio y peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) a sus productos. Once años atrás, un tribunal lo había absuelto por un caso similar.
En respuesta a la redada del Ministerio Público, Dielat, que tumbó de inmediato su sitio web, emitió un comunicado en el que se comprometía a interrumpir temporalmente sus actividades que, confiaba, retomaría luego de que finalizaran las investigaciones necesarias y quedase demostrada, según la empresa, “la absoluta regularidad de sus procedimientos y de los excelentes productos puestos a disposición del mercado de consumo".
Pero fueron los fiscales brasileños quienes detuvieron la producción y circulación de los lácteos Megalac, Megamilk, Tentaçao y Cootall, que se distribuyen en todo Brasil, incluyendo comedores escolares. Y también prohibieron un quinto compuesto lácteo: Tigolac, destinado a Venezuela.
Apenas tres meses antes del allanamiento, en septiembre de 2024, una nota fiscal del Ministerio de Agricultura de Brasil había autorizado a Dielat la fabricación del “compuesto lácteo con maltodextrina Tigo 8x800g”. Un carbohidrato carente de fibra, vitaminas y minerales.
“Esos productos Tigo se venden bien, son muy baratos, por eso se los lleva la gente”, dice, entre tanto, Miguel V., dependiente de un abasto en el este de Caracas.
Corporación R3 C.A. es la firma importadora en Venezuela del compuesto lácteo fabricado por Dielat de Brasil que, como hace con otros productos de categorías y procedencias distintas, la empresa envasa y distribuye en Venezuela bajo la marca Tigo. Mientras otras empresas del sector cerraban por la crisis que la pandemia de la Covid-19 causó, la Corporación R3 comenzó operaciones en 2021. Al año siguiente empezó a registrar importaciones desde Brasil, Turquía, Argentina y Chile, según la base de datos de comercio internacional Importgenius.
La empresa está domiciliada en unos galpones del Centro Empresarial El Rosario, en Turmero, estado Aragua. Los hermanos Karim Ricardo y Jonathan José Rabbat Sabe son sus propietarios, en partes iguales. Corporación R3 C.A. sirve a estos jóvenes empresarios para incursionar en el mercado de los alimentos. lugar de acumular experiencia en la importación de electrodomésticos. Junto a otro hermano, Soubij Antonio Rabbat Sabe, registraron además Corporación Omega 3000 CA y Grupo Omega 3000, ambas dedicadas al mismo ramo en Aragua.
Con este corto historial, los Rabbat Sabe no son muy conocidos en medios empresariales de Turmero y Maracay, la vecina capital de Aragua. Entre los consultados para este reportaje que sí los conocen, no los asocian con la marca Tigo. Algunos los recuerdan de sus tiempos en el Colegio San José de Maracay y los orígenes humildes de esta familia con vocación de mercaderes.
Los hermanos Rabbat Sabe no limitaron sus operaciones a Venezuela. En mayo de 2020, registraron una empresa homónima en Panamá: Corporación R3 de RL. Dos meses después, abrieron en el istmo una firma con el nombre de Grupo Omega 3000 RL.
En 2023 patentaron la marca Tigo de Venezuela ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), adscrito al Ministerio de Comercio Nacional.
A lo largo de esa cronología, las importaciones de Corporación R3 C.A. han mantenido un ritmo creciente, no solo en cantidad sino también en variedad de productos y cartera de clientes. Entre enero de 2022 y agosto de 2024, Corporación R3 C.A. importó 19.604 toneladas de alimentos procesados, por un valor de 15,9 millones de dólares, desde una decena de países: Brasil, Turquía, Colombia, Argentina, Chile, China, Filipinas, Austria, Ecuador y España.
Corporación R3 C.A. no sólo importa de Brasil los compuestos lácteos de Dielat. Según las bases de datos Importgenius y Sayari, también compra a las fábricas brasileñas Conservas Oderich SA; Industria de Polpas y Conservas VAL Ltda; Konkreta Industrial Ltda; Laboratório Industrial Vida e Saude Ltda, Laticinios Rezende Ltda Unidad de procesamiento de leche y lácteos, y Moccoca S.A. Desde Argentina viene el dulce de leche o arequipe producido por PGB S.A., que en su país de origen se vende bajo la marca Windy.
Aunque Tigo de Venezuela se muestra en redes como una empresa distribuidora de alimentos importados, en realidad es una marca que R3 usa. No cuenta con registro de identificación fiscal, central telefónica, sitio web o correo corporativo. En los números telefónicos que muestra en las redes sociales no respondieron a las llamadas de Armando.info, aunque por allí promociona sus productos y abre con frecuencia procesos de reclutamiento de personal.
El portal del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS), adscrito al Ministerio de la Salud, indica que el número A-153.408 corresponde a la “bebida láctea entera Tigolac”. El permiso sanitario no tiene fecha de emisión pero sí de vigencia, hasta febrero de 2027.
Seis semanas después del escándalo en Brasil por la detección de la leche adulterada, el ministerio venezolano que otorgó los permisos de importación y comercialización del compuesto lácteo no ha emitido un comunicado o alerta pública alguna. Menos, una orden para retirar el producto de los mercados o cualquier otra medida de precaución, similar a la de las autoridades brasileñas al prohibir la circulación del producto. Se desconoce si las autoridades sanitarias venezolanas hicieron algún análisis de los lotes ya presentes en supermercados locales.
Armando.info entregó en la oficina de correspondencia del Ministerio de Salud, ubicado en la Torre Sur del Centro Simón Bolívar, en Plaza Caracas, una carta de petición de información a la ministra Magally Gutiérrez Viña. Gutiérrez, por cierto, es nuera de la primera combatiente del régimen, Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.
Una carta similar se entregó en el despacho del Sacs, situado en el tercer piso del Ministerio de Salud, dirigida a su nueva directora, América Isabel Salazar Mieres, quien desde diciembre de 2024 sustituyó en el cargo a Marliz del Carmen Diaz Fuentes.
De ambas, hasta el momento del cierre de esta historia, no se obtuvo respuesta.
Tampoco se ha obtenido la versión de la Corporación R3, importadora de la leche adulterada en Brasil y comercializada en Venezuela bajo la marca Tigo, a la que se envió un cuestionario por correo electrónico.
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Pasó sin pena ni gloria por tres cargos de media y alta relevancia dentro del cuestionado sistema de distribución de alimentos creado por la autodenominada Revolución Bolivariana, pero con una idea para reinventarse. La cercanía de Juan Carlos Salazar Labana con esa estructura de contrataciones públicas le sirvió de trampolín para una carrera empresarial entre las aguas del Estado Zulia y la cosmopolita costa de Miami Beach gracias a un exclusivo y raro producto, el cangrejo azul.
El contratista más favorecido por Nicolás Maduro recorre en ascenso su propia vía láctea, que le ha llevado de importar leche en polvo de mala calidad para las cajas Clap, a controlar una de las industrias con más tradición y marcas más conocidas del mercado venezolano. En marzo de 2019, poco más de un año antes de su arresto en Cabo Verde, el mercader colombiano compró Corporación Inlaca usando, para tratar de esconder su presencia, las fachadas que suele tener a disposición. Pero la detención de Saab y la desaparición del gerente delegado por él -un paisano de Barranquilla- precipitaron una crisis en la empresa, paralizada desde noviembre.
Un estudio de las autoridades mexicanas confirma lo que el paladar de los venezolanos detectó rápidamente: el atún enlatado mexicano que viene en los combos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) tiene algo raro. Al menos tres de las marcas que han consumido los hogares más pobres del país desde marzo de 2016, cuando se oficializó el plan estatal, presentaron elevadas proporciones de soya, una proteína vegetal que sin ser dañina, es distinta en sabor y aporte proteico al propio atún. Detrás de esa adición de soya hay una operación para abaratar costos de la que han participado los intermediarios escogidos a dedo por el Gobierno venezolano para comprar la mercancía.
El análisis químico a ocho marcas mexicanas que el Gobierno venezolano suministra a la población de bajos recursos a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), le da rigor científico a lo que pasaba por una leyenda urbana: en polvo será, pero leche no es. El fraude lesiona a la vez a las arcas y la salud pública, ofreciendo como alimento un amasijo pobre en calcio y proteínas pero repleto de carbohidratos y sodio.
Un empresario de Anzoátegui, con un ascenso meteórico a la sombra del chavismo, está en la mira de la fiscalía de Bulgaria por su presunta participación en una trama que se tejió alrededor del Investbank de ese país, donde se lavaron 500 millones de euros sustraídos de entidades estatales venezolanas. Aunque, por informaciones de farándula y litigios judiciales, los medios y el público ya lo conocían como Gianfranco Rondón, recientemente intercaló el apellido paterno, Anzellini. Y sí: tiene una cuenta en el banco, pero dice no saber cómo o por qué la implican.
Un esquema comercial utilizó documentación engañosa para mover unas 90 toneladas de oro venezolano, valoradas en 3.000 millones de dólares, contribuyendo a perpetuar la catástrofe ambiental y de derechos humanos del sur de Venezuela. La refinería europea Argor-Heraeus, que figura en la cadena de suministro de gigantes tecnológicos como Apple y Nvidia, procesó buena parte del metal que se colaba entre las fallas del régimen de debida diligencia del metal precioso
Antes de caer rendida ante las órdenes de Washington, Delcy Rodríguez también otorgó dos Contratos de Participación Productiva (CPP) para la explotación de crudo venezolano a personajes del círculo amistoso del presidente Gustavo Petro. La empresa beneficiada se llama Colven Business & Corp y podrá operar los campos de la cuenca Barinas-Apure, muy cerca del departamento de Arauca, con reservas equivalentes a un poco más de la mitad de las que tiene toda Colombia.
Entre millones de correos electrónicos de los Epstein Files algunos reflejan una relación desconocida hasta ahora: la del empresario venezolano Francisco D'Agostino con Jeffrey Epstein, a quien aconsejó invertir en la estatal petrolera venezolana. En el intercambio de mensajes, el venezolano -investigado por su conexión con Derwick Associates y sancionado por triangulaciones fraudulentas de venta de crudo- deja cuenta de su visita a la famosa isla privada del magnate, en la que quedó prendado de una muchacha a la que llamó su “gacela acuática”
Aunque no hubiera quien les llamara ‘pitiyanquis’, familiares de la ahora cautiva pareja presidencial y del ministro de Defensa, junto a la claque empresarial que se formó al cobijo del régimen, se aficionaron a un caro recreo de ‘cowboys’ en las instalaciones del principal cuartel militar de Venezuela. Importaron caballos cuarto de milla con precios de hasta medio millón de dólares y colonizaron la asociación deportiva correspondiente, hasta que el ataque de Estados Unidos, paradójicamente, detuvo el jolgorio.
Desde la filial de Pdvsa se emitieron contratos para blanquear capitales; en paralelo, el colapso del viaducto 1 de la autopista Caracas-La Guaira forzaba a los carteles a implementar un puente aéreo con helicópteros desde el aeropuerto de Maiquetía. Estas son apenas un par de viñetas entre los indicios duros que se acumulan en documentos judiciales, recién desclasificados en tribunales de Nueva York, que relatan cómo el crimen organizado se confabuló con las estructuras del poder estatal en Venezuela hasta involucrar a Nicolás Maduro.
Abogada. Ministra de Salud desde febrero de 2022 y presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) desde 2018. . Nuera de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Ha ocupado diferentes cargos bajo la administración de Nicolás Maduro. Asumió puestos de dirección general de la Asamblea Nacional y Procuraduría General de la República entre 2007 y 2011. Desde 2014 hasta 2017 fue presidenta del Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inass) y jefa de la Gran Misión Amor Mayor Venezuela y de la presidencia de la Fundación Nacional El Niño Simón.
Directora del Sacs desde el 17 de diciembre de 2024 en sustitución de Marliz Días Fuentes. Fue coordinadora general de la Fundación Nacional El Niño Simón (Fnns), adscrita al Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
Hermano de Karim Ricardo Rabbat Sabe con el que comparte sociedad de compañías domiciliadas en Turmero, estado Aragua, Panamá y Estados Unidos. Ambos son dueños de importadoras de electrodomésticos y a partir de 2021, del ramo alimenticio de productos ultraprocesados que se empaquetan y comercializan bajo la marca Tigo de Venezuela.
hermano de Jonathan José Rabbat Sabe con el que comparte sociedad de compañías domiciliadas en Turmero, estado Aragua, Panamá y Estados Unidos. Ambos son dueños de importadoras de electrodomésticos y a partir de 2021, del ramo alimenticio de productos ultraprocesados que se empaquetan y comercializan bajo la marca Tigo de Venezuela.
