Un compuesto de suero de leche con almidones espesantes se vende desde hace tiempo en el mercado nacional bajo la marca Tigolac. Si la naturaleza del sucedáneo lácteo podría generar escepticismo entre los consumidores conscientes, el asunto se acaba de volver más serio: en Brasil allanaron la fábrica donde se produce y le encontraron adulteraciones con sustancias abrasivas y antisépticas no aptas para la ingesta. Entre tanto, el importador en Venezuela y el Ministerio de Salud, que otorgó el permiso sanitario, guardaron silencio.
Impidamos que el país se convierta en un desierto informativo.
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El rótulo de letras blancas sobre un óvalo rojo impreso sobre el empaque del compuesto lácteo Tigolac se cuela por estos días en los anaqueles donde se exhiben los paquetes de leche en polvo de otras marcas, más tradicionales, en supermercados de Caracas y de otras ciudades venezolanas.
Aunque Tigo, la marca-paraguas del producto, es local, este sucedáneo de la leche en polvo en realidad proviene del sur de Brasil. Tigo, o Corporación R3 C.A., por su persona jurídica en Venezuela, no fabrica sino que se limita a importar todos los productos de su catálogo. Y Tigolac en particular -como se lee en la parte posterior del empaque, junto a la tabla nutricional- se produce en Taquara, Río Grande do Sul, a casi 7.000 kilómetros de Caracas.
Dielat Industria e Comercio de Laticinios Ltda, la lechería de Taquara que produce Tigolac, apareció el reciente diciembre en los noticiarios y primeras páginas de medios regionales en el sur de Brasil, y no por alguna campaña promocional, sino por un desastre para la reputación de la empresa: el 11 de diciembre de 2024, el Ministerio Público de Rio Grande do Sul suspendió la comercialización de varios productos lácteos de Dielat tras una inspección de la planta de Taquara, en la que detectó la adulteración de la leche, dañada o caduca, con sustancias tóxicas como la soda cáustica y el agua oxigenada, para seguir comercializándola. La Fiscalía local también encontró otras materias inadecuadas dentro de los envases de los productos de Dielat, como “pelos indefinidos” y manchas de suciedad.
Se trató de la llamada Operación Leche compensada 13, que produjo cuatro arrestos: los de los ejecutivos Antonio Ricardo Colombo Sader, copropietario de Dielat; Tales Bardo Laurindo, uno de sus directivos; Gustavo Lauck, supervisor de calidad; y Sergio Alberto Seewald, ingeniero químico y asesor de Dielat, a quien se le conoce en el mercado brasileño de lácteos con los apodos de El Alquimista o El Mago de la Leche.
No es la primera vez que Seewald aparece envuelto en un escándalo sanitario. Sus fórmulas químicas fraudulentas, ideadas para prolongar la vida útil y la buena apariencia de productos lácteos vencidos, a menudo los hacen no aptos para el consumo humano. En 2014 fue objeto de una investigación en otra empresa láctea del Vale do Taquari, también en Rio Grande do Sul, por agregar soda cáustica, bicarbonato de sodio y peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) a sus productos. Once años atrás, un tribunal lo había absuelto por un caso similar.
En respuesta a la redada del Ministerio Público, Dielat, que tumbó de inmediato su sitio web, emitió un comunicado en el que se comprometía a interrumpir temporalmente sus actividades que, confiaba, retomaría luego de que finalizaran las investigaciones necesarias y quedase demostrada, según la empresa, “la absoluta regularidad de sus procedimientos y de los excelentes productos puestos a disposición del mercado de consumo".
Pero fueron los fiscales brasileños quienes detuvieron la producción y circulación de los lácteos Megalac, Megamilk, Tentaçao y Cootall, que se distribuyen en todo Brasil, incluyendo comedores escolares. Y también prohibieron un quinto compuesto lácteo: Tigolac, destinado a Venezuela.
Apenas tres meses antes del allanamiento, en septiembre de 2024, una nota fiscal del Ministerio de Agricultura de Brasil había autorizado a Dielat la fabricación del “compuesto lácteo con maltodextrina Tigo 8x800g”. Un carbohidrato carente de fibra, vitaminas y minerales.
“Esos productos Tigo se venden bien, son muy baratos, por eso se los lleva la gente”, dice, entre tanto, Miguel V., dependiente de un abasto en el este de Caracas.
Corporación R3 C.A. es la firma importadora en Venezuela del compuesto lácteo fabricado por Dielat de Brasil que, como hace con otros productos de categorías y procedencias distintas, la empresa envasa y distribuye en Venezuela bajo la marca Tigo. Mientras otras empresas del sector cerraban por la crisis que la pandemia de la Covid-19 causó, la Corporación R3 comenzó operaciones en 2021. Al año siguiente empezó a registrar importaciones desde Brasil, Turquía, Argentina y Chile, según la base de datos de comercio internacional Importgenius.
La empresa está domiciliada en unos galpones del Centro Empresarial El Rosario, en Turmero, estado Aragua. Los hermanos Karim Ricardo y Jonathan José Rabbat Sabe son sus propietarios, en partes iguales. Corporación R3 C.A. sirve a estos jóvenes empresarios para incursionar en el mercado de los alimentos. lugar de acumular experiencia en la importación de electrodomésticos. Junto a otro hermano, Soubij Antonio Rabbat Sabe, registraron además Corporación Omega 3000 CA y Grupo Omega 3000, ambas dedicadas al mismo ramo en Aragua.
Con este corto historial, los Rabbat Sabe no son muy conocidos en medios empresariales de Turmero y Maracay, la vecina capital de Aragua. Entre los consultados para este reportaje que sí los conocen, no los asocian con la marca Tigo. Algunos los recuerdan de sus tiempos en el Colegio San José de Maracay y los orígenes humildes de esta familia con vocación de mercaderes.
Los hermanos Rabbat Sabe no limitaron sus operaciones a Venezuela. En mayo de 2020, registraron una empresa homónima en Panamá: Corporación R3 de RL. Dos meses después, abrieron en el istmo una firma con el nombre de Grupo Omega 3000 RL.
En 2023 patentaron la marca Tigo de Venezuela ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), adscrito al Ministerio de Comercio Nacional.
A lo largo de esa cronología, las importaciones de Corporación R3 C.A. han mantenido un ritmo creciente, no solo en cantidad sino también en variedad de productos y cartera de clientes. Entre enero de 2022 y agosto de 2024, Corporación R3 C.A. importó 19.604 toneladas de alimentos procesados, por un valor de 15,9 millones de dólares, desde una decena de países: Brasil, Turquía, Colombia, Argentina, Chile, China, Filipinas, Austria, Ecuador y España.
Corporación R3 C.A. no sólo importa de Brasil los compuestos lácteos de Dielat. Según las bases de datos Importgenius y Sayari, también compra a las fábricas brasileñas Conservas Oderich SA; Industria de Polpas y Conservas VAL Ltda; Konkreta Industrial Ltda; Laboratório Industrial Vida e Saude Ltda, Laticinios Rezende Ltda Unidad de procesamiento de leche y lácteos, y Moccoca S.A. Desde Argentina viene el dulce de leche o arequipe producido por PGB S.A., que en su país de origen se vende bajo la marca Windy.
Aunque Tigo de Venezuela se muestra en redes como una empresa distribuidora de alimentos importados, en realidad es una marca que R3 usa. No cuenta con registro de identificación fiscal, central telefónica, sitio web o correo corporativo. En los números telefónicos que muestra en las redes sociales no respondieron a las llamadas de Armando.info, aunque por allí promociona sus productos y abre con frecuencia procesos de reclutamiento de personal.
El portal del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS), adscrito al Ministerio de la Salud, indica que el número A-153.408 corresponde a la “bebida láctea entera Tigolac”. El permiso sanitario no tiene fecha de emisión pero sí de vigencia, hasta febrero de 2027.
Seis semanas después del escándalo en Brasil por la detección de la leche adulterada, el ministerio venezolano que otorgó los permisos de importación y comercialización del compuesto lácteo no ha emitido un comunicado o alerta pública alguna. Menos, una orden para retirar el producto de los mercados o cualquier otra medida de precaución, similar a la de las autoridades brasileñas al prohibir la circulación del producto. Se desconoce si las autoridades sanitarias venezolanas hicieron algún análisis de los lotes ya presentes en supermercados locales.
Armando.info entregó en la oficina de correspondencia del Ministerio de Salud, ubicado en la Torre Sur del Centro Simón Bolívar, en Plaza Caracas, una carta de petición de información a la ministra Magally Gutiérrez Viña. Gutiérrez, por cierto, es nuera de la primera combatiente del régimen, Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.
Una carta similar se entregó en el despacho del Sacs, situado en el tercer piso del Ministerio de Salud, dirigida a su nueva directora, América Isabel Salazar Mieres, quien desde diciembre de 2024 sustituyó en el cargo a Marliz del Carmen Diaz Fuentes.
De ambas, hasta el momento del cierre de esta historia, no se obtuvo respuesta.
Tampoco se ha obtenido la versión de la Corporación R3, importadora de la leche adulterada en Brasil y comercializada en Venezuela bajo la marca Tigo, a la que se envió un cuestionario por correo electrónico.
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Pasó sin pena ni gloria por tres cargos de media y alta relevancia dentro del cuestionado sistema de distribución de alimentos creado por la autodenominada Revolución Bolivariana, pero con una idea para reinventarse. La cercanía de Juan Carlos Salazar Labana con esa estructura de contrataciones públicas le sirvió de trampolín para una carrera empresarial entre las aguas del Estado Zulia y la cosmopolita costa de Miami Beach gracias a un exclusivo y raro producto, el cangrejo azul.
El contratista más favorecido por Nicolás Maduro recorre en ascenso su propia vía láctea, que le ha llevado de importar leche en polvo de mala calidad para las cajas Clap, a controlar una de las industrias con más tradición y marcas más conocidas del mercado venezolano. En marzo de 2019, poco más de un año antes de su arresto en Cabo Verde, el mercader colombiano compró Corporación Inlaca usando, para tratar de esconder su presencia, las fachadas que suele tener a disposición. Pero la detención de Saab y la desaparición del gerente delegado por él -un paisano de Barranquilla- precipitaron una crisis en la empresa, paralizada desde noviembre.
Un estudio de las autoridades mexicanas confirma lo que el paladar de los venezolanos detectó rápidamente: el atún enlatado mexicano que viene en los combos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) tiene algo raro. Al menos tres de las marcas que han consumido los hogares más pobres del país desde marzo de 2016, cuando se oficializó el plan estatal, presentaron elevadas proporciones de soya, una proteína vegetal que sin ser dañina, es distinta en sabor y aporte proteico al propio atún. Detrás de esa adición de soya hay una operación para abaratar costos de la que han participado los intermediarios escogidos a dedo por el Gobierno venezolano para comprar la mercancía.
El análisis químico a ocho marcas mexicanas que el Gobierno venezolano suministra a la población de bajos recursos a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), le da rigor científico a lo que pasaba por una leyenda urbana: en polvo será, pero leche no es. El fraude lesiona a la vez a las arcas y la salud pública, ofreciendo como alimento un amasijo pobre en calcio y proteínas pero repleto de carbohidratos y sodio.
En la frontera binacional, la extracción de minerales estratégicos ocurre en un lado y se comercializa en el otro, alimentando una economía ilícita transnacional que involucra a guerrilleros y redes criminales. Mientras Maduro y su némesis, María Corina Machado, ofrecen -con objetivos muy distintos- la explotación del subsuelo venezolano, esta ocurre ahora mismo de modo desregulado, invasivo y violento, parte de una guerra sucia global que se libra en pos de las materias primas indispensables para lograr un futuro ‘limpio’.
Una tendencia explica la otra: mientras el tajalí, una especie marina de alta calidad proteica y precio asequible, desapareció de los mercados nacionales, a la vez se convertía en el cuarto rubro pesquero de exportación desde Venezuela. Lo curioso de esta relación de proporcionalidad inversa está en quiénes terminan por disfrutar del manjar en el extranjero, porque tres cuartos de las ventas se hacen a Estados Unidos, aunque la propaganda oficial se ocupe tan solo de pregonar los despachos hacia China.
En tiempos en que el actual gobernante se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez, una comunicación de la representación diplomática venezolana en Líbano informaba con candidez a Caracas sobre un caso que expuso el mecanismo por el cual alijos de cocaína, transportados por compatriotas hasta Medio Oriente, se destinaban a financiar al grupo fundamentalista chií. Ese comercio ilícito se suma a otros nexos de coordinación y apoyo entre las dos partes, denunciados esta semana en una audiencia del Senado estadounidense.
El pasado 5 de septiembre, una noticia se difundió por todo el mundo: dos aviones de combate F16 venezolanos habían sobrevolado un buque de guerra estadounidense en el Caribe Sur. La maniobra, que se interpretó como un gesto de desafío, convirtió en celebridades fugaces al par de pilotos, uno de los cuales, el mayor general Alfredo Tanzella Rangel, cumple otra misión: formar parte de los 17 socios, todos altos oficiales activos de la Aviación Militar, de una empresa que vende desde dispositivos GPS hasta sacos de arroz.
Tras un cuarto de siglo de obras, Nicolás Maduro inauguró el lujoso hospedaje, de cuya regencia dejó a cargo a su otrora contratista favorito y actual ministro, en el rol de presidente del CIIP. Pero antes, en 2013, el comerciante colombiano había aceptado la misión de terminar la construcción en un año, tarea que incumplió. Entonces y ahora Saab ha tenido como contrapartes a miembros de la familia de Cilia Flores, inspirados por el lema “Juntos todo es posible”, mismo que denomina a una corporación estatal que controlan.
Hace un mes, el gobierno difundió el hallazgo de un almacén de explosivos que, en palabras del ministro del Interior, «si todo esto explotara (...) no quedaría nada ni nadie». Los registros en galpones de empresas proveedoras de Pdvsa sirvieron entonces para anunciar la desactivación de un plan terrorista de la oposición. Sin embargo, numerosas inconsistencias en el operativo contradicen la versión oficial: que los cartuchos encontrados los fabrique una empresa del Ministerio de Defensa ni siquiera es la más notoria.
Abogada. Ministra de Salud desde febrero de 2022 y presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) desde 2018. . Nuera de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Ha ocupado diferentes cargos bajo la administración de Nicolás Maduro. Asumió puestos de dirección general de la Asamblea Nacional y Procuraduría General de la República entre 2007 y 2011. Desde 2014 hasta 2017 fue presidenta del Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inass) y jefa de la Gran Misión Amor Mayor Venezuela y de la presidencia de la Fundación Nacional El Niño Simón.
Directora del Sacs desde el 17 de diciembre de 2024 en sustitución de Marliz Días Fuentes. Fue coordinadora general de la Fundación Nacional El Niño Simón (Fnns), adscrita al Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
Hermano de Karim Ricardo Rabbat Sabe con el que comparte sociedad de compañías domiciliadas en Turmero, estado Aragua, Panamá y Estados Unidos. Ambos son dueños de importadoras de electrodomésticos y a partir de 2021, del ramo alimenticio de productos ultraprocesados que se empaquetan y comercializan bajo la marca Tigo de Venezuela.
hermano de Jonathan José Rabbat Sabe con el que comparte sociedad de compañías domiciliadas en Turmero, estado Aragua, Panamá y Estados Unidos. Ambos son dueños de importadoras de electrodomésticos y a partir de 2021, del ramo alimenticio de productos ultraprocesados que se empaquetan y comercializan bajo la marca Tigo de Venezuela.
