Mientras su suerte se juega en un tosco edificio de oficinas color naranja, sede del Tribunal Constitucional de Praia, en la isla de Santiago, el empresario colombiano pasa las horas en un lujoso townhouse en la isla de Sal, meca del turismo del archipiélago, que cumple el papel de hogar para la medida de prisión domiciliaria concedida al contratista preferido de Nicolás Maduro. Al resort playero Vila Verde, con villas, centro comercial y caminerías, llegó tras meses de reclusión en el penitenciario de Terra Boa.
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Cabo Verde. Todo transcurre más lento en Cabo Verde. Un verano casi permanente invita al sopor en esas diez islas esparcidas en el océano Atlántico, frente a las costas noroccidentales de África. En una de esas islas, la más remota y turística de todas, donde abundan los hoteles a orillas de kilométricas playas, Alex Nain Saab Morán, buscado por la justicia de varios países, reclamado por el gobierno de Venezuela, sigue confinado. Pero no en una prisión sino en un resort.
Hace casi un año, el 12 de junio de 2020 a las 8:09 de la noche, el empresario colombiano aterrizó a bordo de su avión privado en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la isla de Sal, proveniente de Maiquetía. Debía recargar combustible y continuar rumbo a Teherán, la capital iraní, pero a las 9:30 de la noche quedó detenido por agentes de Interpol. Salvo una breve estancia en la prisión de Ribeirinha, ubicada en la isla de San Vicente, la misma donde nació y murió la cantante Cesária Évora, desde entonces Alex Saab no ha salido de la isla a la que en teoría llegó solo para una escala técnica de horas.
La única imagen que hay desde su captura corresponde al 14 de junio, dos días después de la detención. Es esa donde se le ve en jeans, franela negra, esposado y escoltado por dos policías, en dirección hacia el modesto Tribunal de la Comarca de Sal, muy cerca del aeropuerto. Para infortunio de Alex Saab, el edificio está a tan solo metros de la sede de la Radio Televisión de Cabo Verde, lo que facilitó el trabajo a un camarógrafo del canal para grabar una imagen que rápidamente se viralizó como el símbolo oficial de la caída del contratista preferido de Nicolás Maduro.
En la cárcel de Terra Boa, cuyo nombre oficial en portugués es Cadeia Regional Do Sal, al norte de la isla y en medio de kilómetros de aridez, Alex Saab pasó unos seis meses. Pero a finales de enero pasado sus abogados lograron una victoria legal, acaso la única que han obtenido, con la medida de prisión domiciliaria para el reo. El destino escogido fue el complejo de Vila Verde, al suroeste de la isla y muy cerca de Santa María, la parte más turística de Sal.
Vila Verde, en realidad, es un resort. Cuenta con apartamentos, villas y townhouses, una pequeña zona comercial y caminerías en las que visitantes y turistas pueden pasear desprevenidos. Colinda con hoteles cinco estrellas como el Meliá Tortuga Beach, justo antes de la extensa playa de Ponte Preta, cuya brisa marina debe sentirse en la estancia de Alex Saab.
Al llegar al punto exacto de reclusión queda claro que las autoridades no lo escogieron por esas bondades para el alojamiento. Nada parece al azar en el lugar de custodia para quien, tras su detención, fue revelado como “enviado especial” del gobierno de Maduro, rango que habría obtenido en abril de 2018 -según los documentos mostrados a posteriori-, y ascendido en diciembre pasado a embajador de Venezuela ante la Unión Africana. Hasta el riesgo de fuga parece haber sido previsto.
Por estos días el complejo Vila Verde luce desolado. La pandemia del Covid-19 golpeó al turismo, actividad económica que aporta entre 25% y 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde. La población local ha pasado así a depender cada vez más de las remesas de la diáspora: hay más caboverdianos entre Europa y Estados Unidos que en el archipiélago. De por sí, la economía es tan pequeña que alguno de los negocios manejados en Venezuela por Alex Saab, como el de Trenaco o el de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), supera en tamaño toda la economía del país.
En isla de Sal cualquier taxista conoce el complejo de Vila Verde y sabe también que allí está detenido Alex Saab. No es un asunto que inquiete a los locales o que marque el debate nacional, pero el caso sigue presente en la prensa caboverdiana y hasta allí también ha llegado la intensa campaña comunicacional organizada por su defensa y el chavismo en aras de convencer a la opinión pública internacional de que todo sería una injusta persecución.
En línea recta desde la entrada del recinto, donde unas grandes letras verdes con el nombre dan la bienvenida, hasta la calle donde está el townhouse de Alex Saab, apenas debe haber un kilómetro de distancia. En carro hay que ir bordeando la vía que circunda todo el espacio hasta llegar al fondo, a la calle Gleditsia o, en otras palabras, la calle en la que una patrulla de la policía de Cabo Verde hace de alcabala, con sus oficiales atentos a la entrada y salida de cualquiera.
Gleditsia es el nombre de un árbol, pero en esta historia es una calle con una sola entrada. Hacia el oeste y rumbo a la salida del complejo de Vila Verde le siguen en paralelo las calles Causarina, Papaya, Banana y Eucaliptus, todas con hileras de townhouses blancos de dos pisos, iguales al que hospeda a Alex Saab. De resto, la calle prácticamente está rodeada por terrenos baldíos que conectan al oeste con la playa de Ponte Preta, y hacia el sur con la zona turística de Santa María, lo que dificulta cualquier plan de fuga, de haberlo.
Quien logre pasar a la calle Gleditsia encontrará a mano izquierda la edificación donde está recluido el empresario colombiano. El townhouse es completamente blanco, con los marcos y puertas de ventanas verdes y un techo a dos aguas recubierto con tejas. Tiene un pequeño zaguán a la entrada y un jardín y hasta una pequeña piscina en la parte trasera. “Si salgo al jardín, la Policía Nacional sigue todos mis movimientos con drones”, se quejó el propio Alex Saab en una entrevista publicada por la agencia española EFE en marzo pasado.
“Estoy vigilado por 50 guardias armados, mis abogados son registrados cuando vienen y cuando se van”, detalló en esa misma conversación. Unos días después, su abogado principal en Cabo Verde, José Manuel Pinto Monteiro, fue brevemente arrestado por resistirse al registro en el puesto policial a la entrada de la calle Gleditsia. Por estos días, Pinto Monteiro y su equipo tiene su cuartel de trabajo en el cercano hotel Odjo D’Agua, también en la zona de Santa María. Pinto Monteiro no respondió a la solicitud de entrevista.
Al menos el día que Armando.info se acercó al lugar, los drones no se avistaban. Tampoco el medio centenar de policías que denunció Alex Saab. Sí había, en cambio, vigilancia en el techo de algún townhouse, probablemente el del propio Saab. Ese policía oteaba desde lo alto cualquier movimiento extraño. En otras de las pequeñas casas de la misma calle se alojan al menos una docena de policías a cargo de la custodia del que perfectamente puede ser el preso más famoso de Cabo Verde. Pero la suerte de Saab no se decidirá en esa casa, a orillas del mar.
A la batalla legal trazada por los abogados de Alex Saab, con el exjuez español Baltasar Garzón a la cabeza del equipo en lo que concierne al proceso de extradición, se le han ido agotando el tiempo y las opciones legales. Ha sido un año de recursos y estrategias para dilatar lo más posible el proceso, pero ahora sólo resta la decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde en Praia, la capital del país, en la isla de Santiago, a unos 40 minutos en avión desde Sal.
A la máxima instancia judicial caboverdiana se llegó tras meses de gestiones y pronunciamientos del Tribunal de Relaciones de Barlovento, en la isla de San Vicente, y el Supremo Tribunal de Justicia, también en Praia. Aún hoy, en la entrada del Supremo, puede verse en la cartelera de notificaciones judiciales el rastro de alguno de los recursos de la defensa de Alex Saab. Todos han sido derribados en términos jurídicos y hasta ahora los jueces han encontrado suficientes méritos para su extradición a Estados Unidos, donde le espera un tribunal del sur del estado de Florida.
Para que se confirme la entrega de Alex Saab a Estados Unidos, al menos dos de los tres jueces que integran el Tribunal Constitucional deben ratificarla. Algunas fuentes conocedoras del proceso aseguran que a finales de mayo o principios de junio podría producirse el dictamen, pero la defensa sigue tratando de demorar el desenlace.
Los despachos del máximo tribunal de Cabo Verde están en un pintoresco edificio anaranjado de siete pisos, imposible de asociar a priori con la majestad atribuible a una instancia como el Tribunal Constitucional. A diferencia de otras dependencias u organismos del Estado que están en Plateau -el centro histórico de Praia, asentado sobre una meseta; de allí el nombre-, como el propio Supremo Tribunal de Justicia, que funcionan en antiguos edificios coloniales de la época portuguesa, el Constitucional podría pasar por un simple edificio de oficinas o apartamentos, de arquitectura corriente y apenas llamativo por el color.
Justo ahí se definirá el destino de Alex Saab: si retoma su ascendente carrera como contratista predilecto de Maduro, ahora reconvertido en héroe por la propaganda oficial, o si termina ante la justicia norteamericana por la acusación de supuesto lavado de dinero que se remonta a julio de 2019 contra él y su socio Álvaro Pulido Vargas, vinculada a las operaciones de Fondo Global de Construcción, el primer negocio de los empresarios colombianos con el chavismo hace casi una década.
“Por Colombia, Alex Saab, representante legal de Fondo Global de Construcciones”, dijo el presentador de un acto transmitido en cadena de radio y televisión a finales de 2011 en el palacio de Miraflores. El entonces desconocido empresario enfiló hacia la mesa en la que estaban los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, para firmar su primer gran contrato en Venezuela. Con menos años, unos kilos de más, trajeado y la cabellera amarrada con una coleta, comenzó ese trayecto que casi una década después lo llevó en su avión privado a Cabo Verde como emisario del propio Maduro, quien aquel día de 2011 en Miraflores en su condición de Canciller fue testigo de excepción de la presentación en sociedad de Alex Saab.
Con el chavismo, pero especialmente con Maduro, pasó de la construcción de casas prefabricadas para la Misión Vivienda a los contratos para levantar los “gimnasios verticales”; de las divisas preferenciales de las subastas del Sicad al multimillonario contrato de Pdvsa a Trenaco; del suministro de materia prima a granel a proveedor de Abastos Bicentenario; de vendedor estelar para los CLAP a la comercialización del oro venezolano y más recientemente del petróleo salido de Pdvsa. Casi todo pasó discrecionalmente por las manos de Alex Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas (nacido como Germán Rubio), siempre a través de opacas estructuras corporativas y financieras en paraísos fiscales, en las que participaban familiares de ambos y una larga lista de colaboradores.
Ni la estela de sospechas que en su contra crecían año tras año, ni las investigaciones judiciales que se le iban abriendo en Ecuador, Colombia, México, Italia, el principado de Liechtentstein, entre otras jurisdicciones, lo frenaron. Tampoco a sus benefactores. Su parábola solo se alteró, casi de carambola, aquella noche del 12 de junio de 2020 en la que aterrizó en Cabo Verde, un país que, salvo un pasado colonial que lo convirtió en factoría para el comercio de esclavos con América, su creciente migración o que el 5 de julio sea el día de la independencia, poco tenía que ver con Venezuela y con el propio Alex Saab.
“No recuerdo haber recibido tantas llamadas de teléfono, llamadas de jefes de Estado extranjeros”, admitió el presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, semanas después de la captura del empresario colombiano. Desde hace meses tanto Fonseca, como el primer ministro, José Ulisses Correia, reelecto el reciente 18 de abril, evitan pronunciarse en público sobre el caso. En privado, otros funcionarios repiten que es un asunto de la “justicia caboverdiana” y evitan caer en la politización con la que la defensa intenta impregnar la causa.
En las calles de Praia el eco del caso tampoco es intenso, es algo alejado de las urgencias de la cotidianidad. Algunos ciudadanos evaden el tema, otros lo asumen como un asunto complejo en manos de la justicia y otros pocos temen consecuencias para el país por todos los intereses que están en juego detrás de Alex Saab y el rol que inesperadamente le ha tocado a Cabo Verde.
La vida transcurre tranquila, con la misma calma de siempre. En la céntrica calle 5 de julio, en Plateau, continúan esperando a los turistas con su cerveza creola o algún ron destilado de la caña de azúcar caboverdiana. De algún rincón sale música en vivo, otra invitación a conocer esa terra estimada, esa terra di paz, terra di gozo a la que Cesaria Evora cantaba y que los reclamos turísticos continúan prometiendo para todos, menos para Alex Saab.
Nuevos documentos demuestran que la empresa, registrada en Hong Kong, es una de las consentidas de Nicolás Maduro para hacer negocios. Mientras en el sector privado venezolano hay compañías que esperan años por la liquidación de divisas, en 2017 esta firma logró al menos dos contratos para el suministro de más de 20 millones de las cajas que el Gobierno vende a precios subsidiados y facturó en un solo día 113 millones de dólares al Ministerio de Alimentación. Los papeles confirman también la conexión de esta sociedad con Fondo Global de Construcción, un entramado levantado por los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas, gracias al cual obtuvieron contratos en tiempos de Hugo Chávez para la construcción de casas prefabricadas.
En México hay una larga tradición de trampas en el suministro de productos lácteos empacados para programas sociales. Así que no debe extrañar que en ese país la corrupción venezolana haya conseguido la fórmula perfecta para hacer pasar en las llamadas Cajas CLAP un engrudo adquirido a precio de remate por leche de vaca en polvo. Por una misteriosa razón, empresas fantasmales o apenas conocidas son las que acaparan las órdenes de compra expedidas desde Venezuela.
El análisis químico a ocho marcas mexicanas que el Gobierno venezolano suministra a la población de bajos recursos a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), le da rigor científico a lo que pasaba por una leyenda urbana: en polvo será, pero leche no es. El fraude lesiona a la vez a las arcas y la salud pública, ofreciendo como alimento un amasijo pobre en calcio y proteínas pero repleto de carbohidratos y sodio.
La Fiscal rebelde, Luisa Ortega Díaz, abrió una verdadera caja de Pandora. Su denuncia contra la empresa Group Grand Limited no sólo desnuda el negocio de la importación de alimentos para los populares Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Viene a confirmar también que el empresario barranquillero, Alex Nain Saab Morán, hasta ahora ligado a la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, es también una bisagra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde el puerto de Veracruz han salido hasta Venezuela al menos 7 millones de cajas con comida despachadas por una fantasmal sociedad sin oficina permanente en Caracas ni México, y gracias a un millonario contrato con el Gobierno venezolano.
La complicidad entre operadores de ambos países convirtió el fingimiento y la sobrefacturación de exportaciones de Ecuador a Venezuela en un negocio pingüe, pues daba acceso a liquidaciones en dólares preferenciales de Cadivi, todo ello en el marco del Sucre, el sistema de compensación de pagos creado por los países del Alba. Un ejemplo de tales esquemas es el caso en que una empresa, el Fondo Global de Construcción, en 2012-13 recibió de contratistas del Estado venezolano al menos 159 millones de dólares para el suministro de casas prefabricadas, pero solo entregó productos equivalentes a 3 millones de dólares.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
La participación de ProBiodiversa, una poco conocida organización ambientalista, fue una de las sorpresas en la operación de rescate del agonizante glaciar del pico Humboldt en Mérida, con la que Nicolás Maduro se apunta en la lucha contra el cambio climático. La relación de ese ente privado con las instituciones del Estado luce inusual, en tanto aparece, en vez del gobierno, como comprador en España del manto geotextil con el que se intenta, quizás inútilmente, detener el deshielo.
