Más de 100 millones de dólares han sido congelados en cuentas bancarias suizas, a petición de autoridades norteamericanas que investigan casos de corrupción de Pdvsa, la empresa estatal petrolera de Venezuela. Sin embargo, el monto definitivo de los decomisos podría ser de más de 1.000 millones de dólares. Casi una veintena de bancos en ese país alpino estarían en la mira por alojar fondos negros de la revolución bolivariana.
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TDG Ginebra.- Después de Brasil con el gigante petrolero Petrobras y de Malasia con su brazo financiero 1MDB, ahora empieza la era de Venezuela. Un tercer caso de corrupción en un plazo de 18 meses viene de nuevo a empañar la reputación de la plaza financiera suiza. Se trata en esta ocasión de Caracas. En concreto, de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), envuelta en negocios por debajo de la mesa cuyos dineros sucios a menudo se esconden en Suiza con montos por más de 1.000 millones de dólares.
En el lapso de tres años, al menos tres investigaciones sobre corrupción en Venezuela fueron abiertas en el extranjero, y produjeron solicitudes de asistencia dirigidas a tribunales suizos. Una de esas peticiones desembocó en la confiscación de 100 millones de dólares depositados en cuentas bancarias suizas.
En el primer caso, la alerta fue emitida por las autoridades de Estados Unidos en diciembre pasado, con la detención de dos hombres en Houston, Texas: Roberto Rincón y Abraham Shiera. Motivo: violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero –la normativa federal estadounidense que hace seguimiento a la corrupción empresarial en todo el mundo– y lavado de dinero. Los dos hombres de negocios y cuatro cómplices se declararon culpables. Fueron puestos en libertad bajo fianza en agosto reciente con la obligación de portar un brazalete electrónico que permite localizarlos.
Se les acusa de formar alrededor de 30 empresas que participaban en las licitaciones de Pdvsa para la compra de equipos. A través de contactos muy bien pagados en la petrolera venezolana, se aseguraban de que las ofertas seleccionadas siempre fueran las suyas. Para ganar esos contratos, los imputados vertieron más de 1.000 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2014, de acuerdo con la justicia de Texas, a través de 730 cuentas bancarias diferentes.
En la demanda, el tribunal de Estados Unidos menciona, en particular, la apertura de tres cuentas en el banco Credit Suisse por Roberto Rincón. Dos solicitudes de asistencia judicial fueron enviadas por ese caso a Suiza, incluyendo una emitida el mismo día de la detención de Rincón y Shiera. Según la Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza, un total de ocho entidades bancarias helvéticas están incluidas en la petición de información desde Estados Unidos. Un primer intento judicial por bloquear en Suiza la información solicitada desde Estados Unidos, fue rechazado por los tribunales federales suizos. Un segundo intento todavía aguarda por una decisión.
Una primera serie de documentos ya fue enviada a Washington en junio, seguida de una segunda en agosto, según la OFJ. Las cuentas congeladas corresponden a “uno de los ocho bancos” y “más de 100 millones de dólares han sido bloqueados”, dijo Folco Galli, portavoz de la institución gubernamental.
Al ser contactada, el organismo suizo de supervisión del mercado financiero, Finma (por sus siglas en francés), dijo apenas “estar al tanto del caso” y mantenerse “en contacto con varios bancos” para evaluar su nivel de participación. “En principio, Credit Suisse coopera con las autoridades cuando se le requiere, pero nunca informa sobre los casos judiciales en curso”, declaró, por su parte, un vocero del segundo banco en el ranking financiero suizo.
El gigante petrolero del Estado venezolano es objeto de otro procedimiento judicial en Estados Unidos con conexiones en Suiza. La acción está a cargo del temible fiscal de Nueva York, Preet Bharara, quien ya ha sancionado a otros bancos suizos en el pasado. Bharara está muy interesado en el grupo industrial venezolano Derwick Associates, también sospechoso de corrupción con Pdvsa, después de obtener contratos lucrativos del sector eléctrico en un tiempo récord. La compañía está especializada en la construcción de centrales eléctricas, de gas natural y equipos relacionados con estas industrias pesadas.
En Berna se comprobó que el fiscal neoyorquino envió en junio de 2015 una solicitud de información en relación con este caso, que comprende a 18 bancos suizos. El mes pasado, la agencia Bloomberg reportó que UBS y EFG están entre esos bancos. Ninguna de las dos instituciones quiso comentar la versión. Por su parte, la OFJ afirma que está examinando los documentos recopilados antes de enviarlos a Estados Unidos.
En Venezuela, estas historias encolerizan a los ciudadanos. No solo porque el Gobierno no haya puesto en marcha ninguna investigación de lo que sucede en Pdvsa, a pesar de los indicios, sino también porque la población está llevando la peor parte de la severa crisis económica por la que atraviesa el país. En un informe publicado el mes pasado, la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos, observa que la producción de petróleo de Venezuela –que representa 96% de sus exportaciones– cae no solo porque los precios del petróleo han ido a la baja, sino también porque Pdvsa está mal gestionada y carece de dinero en efectivo para reaccionar.
El malestar en la opinión pública venezolana es alimentado por la proliferación de escándalos. En mayo de 2013, el fiscal Bharara –ya para entonces era él– anunció la apertura de un procedimiento en torno a un lucrativo acuerdo entre la vicepresidente del todopoderoso Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela –Bandes, que finanza la infraestructura del país– y dos operadores de una firma de corretaje neoyorquina, Direct Access Partners. El patrón era casi el mismo: infringir la Ley contra la Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros y lavado de dinero. Las jugosas comisiones compartidas entre la banquera venezolana y los traders –que la llamaban “la hormiga” en su correo electrónico– quedaron a la sombra en Suiza después de convertirse en fondos anónimos a través de empresas de fachada.
Los documentos de la justicia estadounidense mencionaban entonces a las entidades Mirabaud y Compagnie Bancaire Helvetique (CBH), así como a Julius Baer, la sucursal suiza de Hapoalim y UBP. En su momento ninguna de esas empresas financieras ha comentado nada acerca del caso, del que el ministerio público federal suizo se hizo cargo en septiembre, como respuesta a las demandas de Estados Unidos. Ahora solo el UBP ha reportado que de momento “por supuesto, responde a una solicitud formal de información por parte de las autoridades suizas” a la que “no ha seguido ninguna otra”. Según se supo, el dinero depositado en cuentas diferentes –la causa en Estados Unidos menciona 30 millones de dólares– quedó confiscado y fue reembolsado.
Con los casos venezolanos, los fondos bloqueados en cuentas suizas por investigaciones de lavado de dinero rebasaron oficialmente de los 1.000 millones de francos suizos. En marzo, el ministerio público federal anunció que 800 millones de francos quedaron congelados en relación al caso de Petrobras. Otras decenas de millones quedaron secuestrados tras el escándalo del 1MDB malayo. Con los casos de Pdvsa se superan los 1.000 millones.
Un cuarto caso de presuntos sobornos conecta Pdvsa con Ginebra. Se trata de la sociedad mercantil, también especializada en la exploración y extracción de petróleo, Trenaco, cuyas oficinas en Suiza se hallan en la Rue du Marché. Según la agencia Reuters, se sospecha que la compañía cometió engaños el año pasado para conseguir un contrato por 4,5 mil millones de dólares con Pdvsa para perforar 600 pozos en la Faja Petrolífera del Orinoco, reservorio de los mayores volúmenes de crudo en el planeta. Su oferta ganó el concurso, para sorpresa de gigantes como Chevron y Halliburton. También de acuerdo con Reuters, la compañía con sede en Ginebra habría contratado personal e invertido en equipamiento técnico antes de que la licitación fuera decidida.
Las multinacionales, que deberían haber estado trabajando con Trenaco, protestaron, argumentando que Ginebra no tenía las habilidades requeridas. Tuvieron éxito en sus reclamos, a pesar de la resistencia dentro de Pdvsa: el contrato se dio por terminado el invierno pasado.
Así mismo, el banco JP Morgan Commodities introdujo en febrero una demanda contra Trenaco. La historia podría ser un síntoma más de la disfunción dentro de Pdvsa, según observadores venezolanos. Trenaco ya ha sido liquidada. Sus representantes no pudieron localizarse ni por teléfono ni en el local de la Rue du Marché.
(*) Armando.info publica este reportaje con la autorización expresa de sus autores y de la Tribune de Genève, Ginebra, Suiza. Autores: RICHARD ETIENNE/ PIERRE-ALEXANDRE SALLIER (Tribune de Genève) // Colaboración: LAURA AKROYD
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En 2016 Venezuela galopaba hacia la hiperinflación y la crisis hospitalaria comenzaba a pintar sus escenarios más crudos, con pacientes cada vez más pobres encargados de comprar hasta la gasa para ser atendidos. Aún así algunos doctores trastocaron en improvisados empresarios que lograron venderle al estado -a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior- varios lotes de guantes y material médico quirúrgico 20 veces por encima del precio del mercado. En todos los casos, los productos tuvieron que cruzar al menos tres fronteras: salieron del país donde fueron fabricados para llegar al del intermediario, que luego los envió a El Salvador antes de su final arribo a Venezuela. La carga estaba valorada en 500 mil dólares pero la revolución bolivariana decidió pagar 11 millones de dólares.
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Presta ‘in extremis’ a los más desesperados. Compra deuda de empresas y países rumbo a la quiebra y con su músculo financiero se dispone a esperar hasta que pueda cobrarla en valiosos activos. Así, por ejemplo, terminó por adueñarse de buena parte del negocio de las telecomunicaciones en Argentina, una de las casi medio centenar de naciones en cuyas reestructuraciones de deuda, tal como se jacta, ha participado “en los últimos 25 años”. El mexicano David Martínez y su fondo buitre se dedicaron a acumular bonos de la colapsada economía chavista, y algunos creen que ha llegado la hora de que cobre con el control de alguna empresa estatal, como la eléctrica. Pero, según ha trascendido, es probable que en esta apuesta deban pagar un precio al que no están acostumbrados: las sanciones financieras de Estados Unidos.
A partir de su inauguración en 2017, la Torre Porsche Design se convirtió rápidamente en un símbolo de lujo y ostentación en el Sur de Florida. Magnates de todo el mundo se refugian tras la discreción de sus cristales ahumados y de personas jurídicas casi anónimas. Pero en los últimos días dos investigaciones policiales sobre flujos financieros ilegales desde el exterior pusieron el edificio bajo un inconveniente foco. Un apartamento de más de cinco millones de dólares acaba de ser confiscado por la justicia a un gestor venezolano.
Nicolás Maduro se ha comprometido con China a atender la demanda de ese mercado por las también llamadas ‘holoturias’, criaturas de aspecto repelente que en la cocina de Asia Oriental pasan por un manjar. Esa oferta no tiene en cuenta los fracasos anteriores de iniciativas para criar la especie en Margarita, lo que abre paso a su pesca indiscriminada. A costa del hábitat natural, la nueva fiebre ofrece una fuente de ingresos a los pescadores, así como un negocio en el que ya entraron amigos del régimen.
El régimen de Caracas trató de instaurar una versión según la cual la tardanza en dar a conocer los resultados de las elecciones del 28J, y su posterior anuncio sin actas públicas, se debieron a un ataque cibernético desde esa nación del sureste de Europa. La narrativa, que resultó un infundio, sin embargo tenía un inesperado correlato con la realidad: la quiebra de un banco en Skopje reveló la existencia de un anillo de empresas y sus dueños venezolanos, algunos muy cercanos a Pdvsa, por cuyas cuentas habrían pasado hasta 110 millones de euros
El programa social del gobierno bolivariano que ofreció “carros baratos para el pueblo” es, en realidad, un negocio privado apuntalado por el Estado venezolano, que vende vehículos traídos de Irán hasta por 16.000 dólares. Aiko Motors, una novel empresa tan desconocida como su dueña, es la intermediaria de un acuerdo entre los gobiernos de Caracas y Teherán y que, según estimaciones, ha movido más de 42 millones de dólares en dos años
Desde una residencia hoy abandonada en Guacara a las páginas que la prensa de España dedica a la cobertura del mayor escándalo de corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez: tal ha sido el periplo de Bancasa S.A. y de su propietario, David Pita Bracho. Ambos aparecen mencionados como partícipes de una operación irregular de compra de lingotes por más de 68 millones dólares al Estado venezolano acordada, tras bastidores, entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el empresario español Víctor de Aldama, ahora preso. Desde Suiza, Pita ofrece su versión sobre el caso, del que se desvincula.
Es conocida ya la entronización de la empresa Railteco en las labores de mantenimiento de teleféricos y trenes en Venezuela, así como su espasmódica eficiencia. Pero poco o nada se sabe que detrás de su fulgurante ascenso está una maquinaria conformada por tres funcionarios del Ejército: Víctor Cruz, presidente de Ventel, Graciliano Ruiz, presidente del Metro de Caracas, y Pablo Peña Chaparro, gerente general de la novel compañía que firma y cobra más de lo que ejecuta
Hoy exhiben tímidos perfiles empresariales, pero en la investigación de la Fiscalía de Portugal sobre la caída del Banco Espírito Santo se detallan los movimientos de un antiguo lugarteniente de Hugo Chávez, el exministro Alcides Rondón Rivero y su abogado y asesor, Carlos Caripe Ruiz, quienes formaron parte de la red de funcionarios que apoyó el flujo de dinero venezolano al banco en apuros y, según el documento judicial, recibieron poco más de 800.000 dólares por los favores recibidos.