Casi dos de cada diez cuentas en la filtración de 18.000 registros del segundo banco más importante de Suiza corresponden a ciudadanos de Venezuela o clientes que reportaron vivir en el país, lo que hace de la venezolana la campeona entre 120 nacionalidades incluidas en la data de los Suisse Secrets. En la lista criolla despuntan decenas de nombres relacionados con esquemas de corrupción.
Si el secreto bancario fuera una competencia de alpinismo, podría decirse que los venezolanos coronaron de primeros la cima del Credit Suisse, entidad equivalente al Matterhorn o Monte Cervino -la montaña que aparece en el emblema de Toblerone, marca quintaesencialmente helvética- de la banca suiza.
Resulta que no son ni millonarios europeos ni magnates asiáticos quienes detentan el liderazgo entre los cuentahabientes del segundo banco más grande y quizás el más icónico de Suiza, país bajo cuyo secreto bancario hasta no hace mucho llegaron a refugiarse 25% de las fortunas del mundo. Según se desprende de la muestra obtenida en la presente filtración, que incluye 18.000 cuentas abiertas desde 1940 hasta la década de 2010 y por las que fluyeron más de 100.000 millones de dólares, la mayor porción de clientes del Credit Suisse son ciudadanos nacidos en Venezuela o que declararon vivir en el país sudamericano.
Esa muestra se encuentra en la filtración de datos bancarios del Credit Suisse que hace más de un año recibió el diario alemán Süddeutsche Zeitung, coordinada por Occrp (siglas del Organized Crime and Corruption Reporting Project) y trabajada por 46 medios aliados alrededor del mundo, entre ellos Armando.info, en un proyecto colaborativo transfronterizo bautizado como los Suisse Secrets.
De estas cuentas, 16% corresponden a ciudadanos que viven en Venezuela, seguidos por los que viven en Egipto (12%), Ucrania (7%) y Tailandia (5%), entre un total de 120 nacionalidades detectadas en los datos. Este hallazgo es el primero de muchos que se revelarán en este proyecto en el que 163 periodistas de 39 países revisaron miles de registros bancarios, entrevistaron fuentes internas, reguladores, fiscales, y examinaron documentos judiciales y financieros para corroborar los datos.
Tener una cuenta bancaria en Suiza no constituye un delito per se y el secreto bancario se levantó oficialmente en ese país en 2015. Sin embargo, se puede comprobar que a menudo el Credit Suisse funcionó de hecho como una caja negra para esconder fortunas producto del lavado de dinero, la corrupción o la evasión de impuestos, bien por el escaso rigor del banco al buscar y aceptar clientes o por una pobre ejecución de las tareas internas de due dilligence. Son esos casos los que busca exponer Suisse Secrets.
De Venezuela, además de la cantidad de clientes, despuntan decenas de nombres relacionados con esquemas de corrupción y con la administración pública, muchos de ellos vinculados al chavismo gobernante desde 1999, que buscaron en Credit Suisse un lugar para guardar sus fortunas. Ya en 2016, la Finma (Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero) encontraba “deficiencias en el cumplimiento por parte de Credit Suisse de las obligaciones de diligencia debida en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y sospechas de corrupción” relacionadas con Pdvsa.
En los años siguientes, alertas como estas también se hicieron con otros nombres y empresas de interés público. Suisse Secrets revelará cómo el banco funcionó como bóveda segura para dineros opacos de funcionarios públicos, políticos de todo tenor, espías e incluso criminales confesos, a pesar de la defensa de su directiva y abogados, que puede leer completa aquí.
"Credit Suisse rechaza enérgicamente las acusaciones e inferencias sobre las supuestas prácticas comerciales del banco. Los asuntos presentados son predominantemente históricos, en algunos casos se remontan a la década de 1970, y los relatos de estos asuntos se basan en información parcial y selectiva sacada de contexto, lo que da lugar a interpretaciones tendenciosas de la conducta empresarial del banco”, respondió el banco al ser consultado por la coalición periodística.
La fuente de la filtración, que desde siempre ha solicitado la protección de su identidad, ha explicado a los periodistas del Süddeutsche Zeitung su motivación para canalizar los datos: “Creo que las leyes del secreto bancario suizo son inmorales. El pretexto de proteger la privacidad financiera no es más que una hoja de parra que cubre el vergonzoso papel de los bancos suizos como colaboradores de los evasores fiscales”.
“Quiero subrayar que la responsabilidad de esta situación no recae sobre los bancos suizos, sino más bien sobre el sistema jurídico suizo. Los bancos simplemente están siendo buenos capitalistas al maximizar los beneficios dentro del marco legal en el que operan. En pocas palabras, los legisladores suizos son responsables de permitir los delitos financieros y -en virtud de su democracia directa- el pueblo suizo tiene el poder de hacer algo al respecto. Aunque soy consciente de que las leyes sobre el secreto bancario son en parte responsables del éxito económico de Suiza, tengo la firme opinión de que un país tan rico puede permitirse tener una conciencia”.
Una cuenta en el Credit Suisse tuvo entre 2007 y 2017 como signatarios a Luis Alfonso de Borbón -bisnieto de Francisco Franco, pretendiente a la corona francesa, y señuelo viviente para clientes adinerados del Grupo BOD-, y su esposa, Margarita Vargas, hija de Víctor Vargas, ‘el banquero de Chávez’. Su saldo se vinculaba a una empresa constituida en Panamá, que compartía con otra compañía de la misma pareja, pero en España, el origen de los fondos: las mesadas millonarias que el magnate venezolano destinaba a su yerno e hija.
Los datos obtenidos en la filtración de los 'Suisse Secrets' revelan que más de dos docenas de ciudadanos venezolanos, vinculados a cuatro tramas de corrupción en Pdvsa, acumularon activos por al menos 273 millones de dólares en 25 cuentas abiertas en Credit Suisse entre 2004 y 2015, fondos procedentes de negociados turbios con la principal empresa del Estado. De esas cuentas, una docena constituyen hallazgos que hasta ahora no se reportaban en los documentos judiciales sobre los casos.
Aunque Credit Suisse, segundo mayor banco de la federación helvética, lleva dos décadas prometiendo erradicar el dinero sucio de sus bóvedas, la filtración de los Suisse Secrets revela que el banco conservó los fondos de clientes de alto riesgo de todo el planeta por años. Credit Suisse pudo haberse dado cuenta de los problemáticos antecedentes de estos individuos, en ocasiones, con una sencilla búsqueda en Google. Pero no tuvo problemas para abrirles cuentas y mantenerlas por años.
A la práctica delictiva del secuestro extorsivo la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) la ha convertido en una industria, informal pero boyante. Agentes de una brigada motorizada de ese cuerpo de seguridad cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media en el este de la capital venezolana, a los que planta drogas para acusarlos de posesión ilegal. La guarida donde se retiene a los rehenes y se cobran los rescates, en dólares, funciona a plena luz del día en el icónico edificio que también aloja a la policía política.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad madrileña. Ocurre que en esa épica del inmigrante hecho a sí mismo que le gusta relatar a la prensa, a Gustavo Eustache se le olvida mencionar la vez que en 2015 se asoció -sabiéndolo o no- con un estafador serial venezolano, José Trinidad Márquez.
Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a lo largo de su carrera en la burocracia estatal chavista tejió una red de empresas, favorecidas por su gestión, y cuyos accionistas eran familiares o personas cercanas.
Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien equipada’ constituyen la avanzada de una campaña que ya no tacha la religión como el ‘opio del pueblo’, sino que la tiene por una palanca de captación de nuevas voluntades. Pero no toda la feligresía se presta al juego.
Que la OFAC estadounidense le aplicara sanciones no fue impedimento para que López siguiera haciendo negocios con el Estado venezolano. Por el contrario: hasta pudo servirle de aval para que Pdvsa le otorgara, al menos, un nuevo contrato para gestionar un campo petrolero, vínculo que todavía en 2022 negaba. Este y otros hallazgos se encontraron al revisar archivos filtrados de Oryx Resources, una de las tantas empresas del -según Washington- presunto testaferro del hoy caído en desgracia ex VP de la República, exgobernador y exministro.
