El militar que importa los alimentos en Venezuela también es contratista del Estado

Al lado de las condecoraciones que luce en su guerrera, el mayor general Luis Medina Ramírez, presidente de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, la instancia recién creada por el presidente Nicolás Maduro para que los militares intenten revertir la crónica escasez y el desabastecimiento que han lastrado a su gobierno, también puede presumir de haber tenido una pequeña distribuidora de enlatados y productos básicos que contrató con el Estado y de fungir como contralor de una cooperativa inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, que está autorizada para comprar y vender productos perecederos y no perecederos. Sus negocios con Mercal, la principal red estatal de distribución de alimentos del país, eran desconocidos hasta ahora

En la Venezuela bolivariana puede que el nombre de Luis Alberto Medina Ramírez permanezca a la sombra de otros militares reconocidos por la opinión pública, pero su reciente nombramiento como presidente de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios –una súper compañía que ahora agrupa a 13 empresas públicas de alimentos y elimina a otras como LA CASA, principal importadora del país– lo ha sacado del cómodo anonimato donde se encontraba. Hoy es el número tres del sistema alimentario nacional. Después del general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa y jefe de la Misión Gran Abastecimiento Seguro, y el general de división Rodolfo Marco Torres, ministro de Alimentación, este mayor general del Ejército tendrá la responsabilidad de manejar un cuantioso presupuesto para la importación, producción y distribución de comida para los venezolanos, quienes padecen las consecuencias de una escasa oferta y se mantienen en colas para conseguir productos de la cesta básica.

Medina Ramírez carece de experiencia en el manejo de empresas públicas de alimentos, pero no lo ignora del todo. Este oficial superior del Ejército era accionista y tesorero de Inversiones Vensoc C.A, empresa que en 2012 vendió a Mercal víveres y colados de frutas tropicales, peras y manzanas para los centros de acopio ubicados en el Distrito Capital. Para ese momento esta red estatal de distribución de comida estaba presidida por el entonces coronel Félix Osorio.

Abogados y expertos en contrataciones públicas consultados afirman que la presencia de militares activos en empresas que se benefician de negocios estatales contradice disposiciones constitucionales y la normativa establecida por la Ley del Estatuto de la Función Pública, que impide a funcionarios públicos celebrar contratos con el Estado. El general vendió sus acciones de Inversiones Vensoc en febrero de 2013, pero sigue siendo copropietario y contralor de la Asociación Cooperativa Turmero Azul 657987 R.L, empresa dedicada a la importación, distribución y comercialización de productos alimenticios, artículos de ferretería y materiales de construcción, y que estuvo domiciliada en un terreno donde actualmente opera el servicio de mantenimiento de una de las empresas adscritas a la súper compañía alimentaria, Logicasa. Las sociedades de Medina Ramírez también están vinculadas a otro mayor del Ejército pero ya retirado, Orlando Toro García, quien es el actual propietario de Vensoc.

Con esta nueva batida de sociedades en manos de militares, el hallazgo de 36 oficiales superiores en cargos directivos dentro del Ministerio de Alimentación en el último trienio y la reciente designación de Padrino López al frente de la nueva Gran Misión, dejan ver que la tradición iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez de ocupar a la FANB del abastecimiento alimentario ha llegado a su clímax y se ha convertido en una suerte de masonería castrense.

Un grupo de al menos 36 funcionarios castrenses, se repartió los cargos en las juntas directivas de nueve empresas públicas de alimentos manejando un poco más de 500 mil millones de bolívares

El 10 de julio de 2016, Armando.info publicó la investigación “El Ministerio de Alimentación es un cuartel de amigos”. En este reportaje se reveló, después de la revisión de más de 1.250 documentos públicos, que en la presidencia de Nicolás Maduro no ha habido distinciones con respecto a las jerarquías militares y los nombramientos de oficiales del Ejército en cargos de alto rango dentro del Ministerio de Alimentación. Un grupo de al menos 36 funcionarios castrenses, algunos beneficiados por sus compañeros de promoción, se repartió en los últimos tres años los cargos en las juntas directivas de nueve empresas públicas de alimentos que durante el período manejaron un poco más de 500 mil millones de bolívares para abastecer de comida a los venezolanos. Sin embargo, la inversión parece haber fallado: hoy en día, según el último estudio de la consultora nacional Datanálisis, ocho de cada 10 venezolanos no tiene acceso a la canasta básica familiar.

Entre esa dinastía verde se encuentra el general Medina Ramírez. A su cargo actual -presidente de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios- llegó en virtud de su aventajada relación con su compañero de estudios, el ministro Rodolfo Marco Torres, ambos graduados en la promoción “Manuel Manrique” de 1988. Poco antes había sido nombrado director principal de la Comisión de Reorganización y/o Reestructuración del Ministerio de Alimentación, en febrero.

La súper compañía administra la comercializadora y distribuidora Red Venezuela, Mercado de Alimentos (Mercal), Productora y Distribuidora de Alimentos (Pdval), Red de Abastos Bicentenario y sus empresas filiales, Logística Casa (Logicasa), Centro de Alimentos Congelados (Cealco), Empresa Nacional de Almacenes (Enaca), Lácteo Los Andes y sus filiales, Industrias Diana, Indugram, Palmeras Diana del Lago, Productos La Fina, Planta Procesadora de Plátanos Argelia Laya, Fábrica para Procesamiento de Sábila de Venezuela (Sabilven) y Venezolana de Alimentos Casa (Venalcasa), que también pasó a manos del oficial en junio de 2016, cuando fue designado su presidente encargado. Estas empresas han recibido más de 300 mil millones de bolívares en los últimos tres años para la compra y distribución de alimentos, según revelan los datos consignados a través de las memorias y cuentas del Ministerio de Alimentación.

Antes de ascender hasta el tercer puesto dentro de la logia militar que controla la distribución de alimentos en Venezuela, Medina ocupó otros dos cargos públicos relacionados con negocios un poco más boscosos. A mediados de 2015 fue designado al frente de Maderas del Orinoco, una empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para Industrias; y en diciembre comandó, en calidad de encargado, la Corporación Socialista de Economía Forestal, también adscrita al mismo ente ministerial. Los nombramientos fueron realizados por el ministro José David Cabello Rondón, hermano del segundo abordo del gobierno chavista, Diosdado Cabello; ambos militares.

De acuerdo con Cruz Manrique, actual secretario de trabajo y reclamo del sindicato Sintraemfor de Maderas del Orinoco, el general Medina tuvo toda la disposición de trabajo durante su gestión, pero parte del sindicato le hizo la vida imposible: “Una vez agarraron un cuadro con una foto de él y lo metieron en una poceta. Tomaron fotos y la pasaron por whatsapp a todos… El general Medina todavía nos apoya enviando la cesta alimentaria. Ha hecho tres operativos de comida (mercados obreros) desde que dejó el puesto en febrero”, comenta Manrique.

La llegada de Medina Ramírez a la administración pública coincidió con el peor año para el gobierno de Nicolás Maduro: la escasez de alimentos se acentuó, la inflación llegó a tres dígitos, la popularidad del Presidente disminuyó y el chavismo perdió por amplio margen las elecciones parlamentarias, un hito en los últimos 17 años. Quizás sus destrezas en estrategia política y conocimiento sobre el manejo del mercado privado de alimentos le haya valido el ascenso.

El oficial cursó estudios sobre política y estrategia en la Escuela Superior de Guerra del Instituto de Altos Estudios de Política, Defensa y Estrategia, en Río de Janeiro, Brasil, y para 2013 trabajaba como ayudante general del Ejército. Pero sus ocupaciones militares no fueron obstáculo para que también manejara, al mismo tiempo, las finanzas de Inversiones Vensoc y ejerciera de contralor en la Cooperativa Turmero Azul 657987 R.L, compañía con la que obtenía doble ganancia cada vez que la colocaba como cliente de la primera. Un claro ejemplo sobre cómo administrar y reinvertir el dinero.

Pagar y darse el vuelto

“Esa gente ya no está ahí. Se fueron hace como siete meses. Creo que uno de los socios se fue a Chile y los otros a Valencia”, comenta el vigilante de un complejo empresarial ubicado en una zona de clase media en Maracay, estado Aragua, donde se ubica el domicilio fiscal de Inversiones Vensoc, C.A. “Sí, ellos vendían enlatados y productos de Mercal”, agrega para confirmar que, en efecto, era una empresa que mantenía vínculos comerciales con la estatal. Los números telefónicos registrados aparecen inactivos o pertenecen a otros propietarios.

De acuerdo con una de las tres inscripciones de Vensoc en el Registro Nacional de Contratistas, la empresa firmó con Mercal tres contratos en mayo, junio y septiembre de 2012. Para la fecha, según se constata en el registro mercantil de la empresa, Medina Ramírez era uno de sus accionistas y ocupaba el cargo de tesorero. Un año después, en febrero de 2013, el general del Ejército decidió vender sus acciones y abandonar la compañía.

Aunque no existe ninguna normativa que prohíba a un militar activo tener una empresa privada o formar parte de la junta directiva de la misma, sí la hay al contratar con el Gobierno. “El problema está cuando esa empresa mantiene contratos con el Estado, en ese caso entonces comete delito”, advierte la presidenta de la ONG Control Ciudadano y abogada Rocío San Miguel.

La legislación que rige a la administración pública, amparada en la Constitución Nacional, indica que los funcionarios no pueden contratar con el Estado por sí mismos o en representación de otros, y tampoco intervenir directa o indirectamente en las gestiones de un tercero. Tal prohibición está establecida en el artículo 34 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y en el numeral 4 de la disposición 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal donde se pena con responsabilidad administrativa la infracción de este precepto.

“Según lo dispone el artículo 145 de la Constitución, un militar activo, en virtud de su condición de funcionario, deberá abstenerse de celebrar contrato alguno con el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, con la Administración Pública Nacional Central y Descentralizada, la Estadal y la Municipal, ni por sí mismo ni por interpósita o interpuestas personas, ni en representación de otro o de otra”, aclara el abogado César Esteves, experto en contrataciones públicas y ex asesor jurídico de Petróleos de Venezuela.

Medina Ramírez figura actualmente como contralor de la Asociación Cooperativa Turmero Azul 657987 R.L., sociedad que se desempeña, según su registro mercantil, en la compra, venta, exportación, importación, distribución y comercialización de todo tipo de material de ferretería, materiales de construcción y cualquier otra actividad lícita de comercio, aunque en su inscripción en el Registro Nacional de Contratistas aparece que también se dedica a la compra y venta de productos perecederos y no perecederos. Esta cooperativa forma parte del programa de Empresas de Producción Social (EPS), promovido por el Ejecutivo Nacional e implementado por Petróleos de Venezuela, Pdvsa, y que tiene entre sus beneficios la posibilidad de que los proyectos desarrollados por las compañías reciban financiamiento por parte de la estatal petrolera.

El Ministerio del Poder Popular para la Salud autorizó a esta empresa en 2010 para comercializar enlatados de sardina y atún sólido, marca Marcaribe, según consta en la Gaceta Oficial N° 39.495. Estos productos son elaborados por Conservas del Centro C.A., compañía que también le vende a Mercal y Pdval y que tiene dentro de su directiva a un allegado de la familia de Roberto Rincón, empresario zuliano acusado en Estados Unidos por sobornos en la estatal petrolera Pdvsa. Edgar Faroh Cano, uno de los directores de la compañía, es suegro de uno de sus hijos y mano derecha, José Roberto Rincón.

El socio de Medina

En las sociedades de Medina Ramírez un apellido se repite: Toro. El mayor Orlando Toro García, graduado ocho año antes que Medina en la promoción “Alejandro Petion” de 1980, ha estado al frente de Inversiones Vensoc como su presidente desde los inicios. Además, este militar retirado, ha constituido otras empresas en Panamá y Venezuela colocando como accionistas y miembros de las juntas directivas a familiares y allegados. Tal es el caso de Transportes Toga, C.A.

“Con la finalidad de demostrar la mala fe y el velo corporativo para burlar y no pagar a alguno de los trabajadores más antiguos de la empresa, Transportes Toga, por medio de su representante legal Orlando Toro García, conjuntamente con su cónyuge Nancy Coromoto Rivero de Toro, arrendaron dicho inmueble a la empresa Turmero Azul, cuyos representantes son su hija, ciudadana Nancy Melisa Toro Rivero, y tío de esta señora, ciudadano Eligio José Leal, para hacer creer que es un tercero de buena fe. He de hacer notar que el día de la entrega de material en el lugar se encontraban pertenencias que verifican la presencia del ciudadano mayor Orlando Toro García”, reza un texto de apelación consignado por la representación judicial del Banco Mercantil en una demanda por ejecución de hipoteca introducida en 2011 contra la sociedad mercantil Transporte Toga, que la entidad bancaria ganó.

La parte demandante detalla que al visitar un terreno en la carretera nacional Turmero-Maracay, estado Aragua, el domicilio fiscal de Transporte Toga, encontró documentos propios de una empresa que contrata con el Estado. Entre ellos destaca una autorización de Mercal que autoriza a Toro García para distribuir alimentos a los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas y Zulia.

De estos hallazgos se desprende que tanto Orlando Toro García como Medina Ramírez, accionista y contralor de Turmero Azul, sí podrían haber mantenido en el pasado nexos comerciales con la distribuidora estatal y otras empresas del Estado.

Pero la relación de Toro García y Medina Ramírez con las empresas públicas de alimentos va más allá de los contratos. En el domicilio de Transporte Toga, que anteriormente perteneció a Inversiones Vensoc y Turmero Azul, se encuentra un galpón abandonado con una valla en la entrada que dice “Servicio de Mantenimiento Logicasa”, empresa del Estado encargada del almacenamiento, empaquetado y transporte de productos alimenticios y que está adscrita a la súper corporación dirigida por el general Medina.

Armando.info intentó contactar vía telefónica a Orlando Toro García, pero no se recibió respuesta. Una solicitud de entrevista a Luis Alberto Medina Ramírez, introducida en el Ministerio de Alimentación, tampoco fue contestada.

Mapa relaciones de Medina Ramírez:

(*) Este trabajo forma parte del proyecto de liberación de datos públicos Vendata, desarrollado por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y Transparencia Venezuela. Asesor de investigación: David González

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