Según investigaciones de la fiscalía de Portugal, Clippon Finance, una empresa constituida en Panamá por el despacho de abogados Alcogal, fue usada entre 2011 y 2014 por el Banco Espírito Santo como canal para enviar pagos irregulares por 29 millones de dólares a un alto ejecutivo de Pdvsa a través de su testaferro, ambos de Barinas. Pero los Pandora Papers revelan que, años después, una compañía inglesa se presentó en Panamá con el único interés de adquirir a Clippon, apenas poco antes de que los mismos inversionistas de Londres trataran de comprar el Novo Banco, sucesor “sano” del Espírito Santo.
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En Ciudad de Panamá, el abogado Raúl Zuñiga registró el 8 de septiembre de 2016 el ingreso de un cliente especial al despacho de Alemán, Cordero, Galindo & Lee. También conocido por la abreviatura Alcogal, este bufete de abogados se especializa en la constitución de sociedades offshore. Es una especie de maternidad y cementerio de empresas de cascarón, donde nacen y mueren artificialmente. Y donde se encargan.
Este cliente era especial. De un total de 58 intermediarios financieros reclutados por Zúñiga ese año para Alcogal, era el único del Reino Unido. Su nombre: Aethel Partners.
Fundada en Londres en mayo de 2014 por dos directores financieros, la británica Aba Schubert y el portugués Ricardo dos Santos Silva -exempleado de BES Investimento, una filial del poco después desaparecido Grupo Espírito Santo (GES)-, Aethel Partners se ha presentado desde el principio como una firma de capital privado, gestión de “activos alternativos" y servicios financieros de alcance "global", aunque ha centrado gran parte de su atención en Portugal.
En 2015, Aethel ganó la licitación lanzada para vender el banco Efisa. Este era el brazo de inversión del Banco Portugués de Negocios (BPN), entidad que entró en bancarrota en 2008 y que desde entonces estaba bajo control del Estado portugués. El banco fue asignado a Pivot, un “cliente” de Aethel, pero el resultado del concurso fue anulado a la postre por falta de autorización del Banco Central Europeo (BCE).
La frustración por esa operación trunca no fue suficiente para disuadir a Aethel de intentar apuestas mayores. En 2017, intentó comprar por 3.800 millones de euros los restos del ex Banco Espírito Santo (BES), colapsado e intervenido en agosto de 2014. A partir de esa fecha, el Estado portugués aisló la parte “sana” de los negocios del BES y con ella constituyó una nueva entidad, Novo Banco, que fue por la que Aethel hizo la oferta. Finalmente, Novo Banco fue adjudicado al fondo estadounidense Lone Star, una decisión que Aethel cuestionó en su momento. Como parte del mismo proceso de reprivatización y descarga de activos y deudas, Novo Banco vendió en 2017 su operación en Venezuela al banco local Bancamiga, de la familia De Grazia, y en 2021 su operación en España a Abanca, del financiero venezolano Juan Carlos Escotet.
Todavía en 2019, Aethel adquirió la concesión de las minas de hierro de Torre de Moncorvo, en el distrito de Braganza, noreste de Portugal. Y como para confirmar su capacidad de incidencia, tiene al exministro de Asuntos Parlamentarios (2011-13), Miguel Relvas, como uno de sus principales socios y colaboradores.
Según documentos confidenciales encontrados en la filtración de 11,9 millones de documentos que sirve de base para los Pandora Papers, un proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con el diario Expresso de Lisboa y Armando.info de Venezuela, entre 150 medios socios en todo el mundo, hubo otra circunstancia que reforzó el perfil único de Aethel Partners -no solo su origen británico- en esa lista de intermediarios financieros elaborada por Zuñiga en Panamá.
A diferencia de lo que es habitual con los intermediarios que buscan oficinas como Alcogal para encargar empresas de maletín para que sus propios clientes puedan mantener cuentas bancarias u ocultar activos en paraísos fiscales, Aethel no buscaba registrar un nuevo nombre, sino que solo estaba interesada en tomar la propiedad de una empresa offshore que había estado bajo el cuidado de Alcogal desde 2011.
Esa empresa offshore, Clippon Finance S.A., tenía un pasado complicado, envuelto en sospechas de corrupción. Estuvo estrechamente asociado con el lado más oscuro del último período del banquero Ricardo Salgado al frente de BES y del Grupo Espírito Santo (GES), cuando algunos de sus colaboradores más cercanos recaudaron dinero ilegalmente para inyectar en Espírito Santo International (ESI), el principal holding, empresa del grupo entonces todavía controlada por la familia Espírito Santo, que tenía un agujero de 1.300 millones de euros a finales de 2013.
Los Pandora Papers muestran que ese mismo 8 de septiembre de 2016, el abogado Raúl Zúñiga entregó varios documentos de Clippon a uno de los dos accionistas y directores de Aethel. Según todos los indicios, fue la británica Aba Schubert quien viajó a la Ciudad de Panamá con el solo propósito de manejar el asunto. Uno de esos documentos que recibió era un poder notarial para que Schubert pudiera actuar en nombre de Clippon.
Una investigación del diario Expresso de Lisboa, en colaboración con Armando.info en Venezuela, revela exactamente qué había detrás de esa empresa fantasma. Y lo que pasó después.
Entre 2011 y 2014, Grupo Espírito Santo (GES) transfirió un total de 29 millones de dólares a Clippon. Estos montos fueron constatados durante la investigación del caso penal principal presentado por el Ministerio Público en Portugal sobre las gestiones oscuras o abiertamente delictivas que condujeron al BES a su colapso. Las acusaciones fueron conocidas en julio de 2020. Pero también en 2020 los fiscales abrieron una segunda investigación penal centrada específicamente en el pago de sobornos a funcionarios públicos de Venezuela, que debe desembocar pronto en nuevas acusaciones.
La mayor parte del dinero para Clippon provino de Espirito Santo Enterprises (luego rebautizada como Enterprises Management Services), una empresa que actuó como un fondo ilícito para GES, que canalizaba cientos de millones de euros en pagos por debajo de la mesa según los intereses de la familia Espírito Santo, incluyendo presuntos sobornos.
Los documentos incautados en una redada realizada en Suiza a Michel Ostertag, socio de Ricardo Salgado desde hace mucho tiempo, revelan que uno de sus empleados, Paulo Murta, fue a Venezuela en el otoño de 2011 para establecer Clippon. Con él también viajó a Caracas João Alexandre Silva, director de la Sucursal de Finanzas Extranjeras (SFE) de BES en Funchal, isla de Madeira.
En los Pandora Papers, en los que Alcogal sirvió como uno de los orígenes de la filtración, el documento más antiguo que se encontró en relación con Clippon es un certificado de incorporación con fecha del 8 de noviembre de 2011, acompañado de una autorización para abrir una cuenta en Espírito Santo Bankers Dubai (ESBD). El derecho de firma en esa cuenta y el certificado de acciones de Clippon se emitieron a nombre de dos sociedades instrumentales de Michel Ostertag.
En ninguno de los archivos de Alcogal aparece el nombre del beneficiario final de Clippon, lo que significa que Ostertag y Murta nunca pasaron esta información al bufete de abogados en Panamá. En respuesta a una solicitud de aclaratoria del reportero de Expresso de Lisboa, Alcogal justificó este fallo como de costumbre: “El conocimiento de la legislación de su cliente en ese momento permitió que los agentes residentes confiaran en intermediarios profesionales para realizar la debida diligencia adecuada, incluida la identidad y la documentación de respaldo del beneficiario último".
Pero en los Pandora Papers se encontró un contrato de préstamo por tres millones de dólares otorgado por ESBD a Clippon el 20 de diciembre de 2011, seguido de una transferencia de ese monto al día siguiente desde la cuenta de Clippon a una cuenta del ciudadano venezolano Trino Gori González en Bancaribe Curazao Bank, en la principal de las ex Antillas Neerlandesas, frente a las costas de Venezuela. Gori González es un conocido productor agropecuario del estado Barinas, tierra natal del fallecido comandante Hugo Chávez, en los llanos occidentales de Venezuela. Esa es la única referencia a su nombre en la filtración. Ni siquiera cuando los directores de Clippon proporcionados por Alcogal autorizaron la apertura de una segunda cuenta bancaria en abril de 2013 en BES en Madeira, se volvió a mencionar su nombre.
Sin embargo, en un informe elaborado por la Policía Judicial de Portugal para el Ministerio Público en marzo de 2019, un inspector informó no solo que Ostertag y Murta declararon al venezolano Gori González como beneficiario de la cuenta de Clippon en Dubai, sino que agregó otros detalles.
En diciembre de 2011, João Alexandre Silva -el director de la sucursal del banco en Madeira, que era la sede de la oficina de negocios internacionales, pero a la que Ricardo Salgado encargó de manejar especialmente los asuntos con Venezuela- aseguró internamente a BES que el venezolano Gori era rico. Esto fue al mismo tiempo que Silva y otro empleado de BES en Madeira, Paulo Nacif, estaban negociando con la compañía petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa, una inversión de 1.500 millones de dólares en títulos de deuda de GES.
Pdvsa comunicó la aprobación de esta inversión a Paulo Nacif el 20 de diciembre de 2011, el día exacto en que se aprobó el préstamo de tres millones de dólares de la emiratí ESBD a Clippon. El comité de Pdvsa que dio el visto bueno a la compra de los bonos a GES incluyó al entonces director general de Finanzas de la corporación, Víctor Aular, quien eventualmente sería promovido como vicepresidente de la petrolera estatal.
La cuenta en ESBD de Clippon realizó varias transferencias para pagar una tarjeta de crédito emitida por BES en Cabo Verde -nación-archipiélago frente a las costas noroccidentales de África, excolonia portuguesa- en abril de 2013 a nombre, precisamente, de Victor Aular. Era una tarjeta de crédito BES Platinum con un límite de 50.000 euros.
Posteriormente, en noviembre de 2019, una información de la embajada italiana en Lisboa enviada a la fiscalía portuguesa confirmó lo que los fiscales ya sospechaban: Gori González, quien también tiene pasaporte italiano, es hermano de la pareja de Víctor Aular y también, por lo tanto, tío del hijo de Aular. Una interesante relación de proximidad y confianza a la hora de contar con un testaferro. Por cierto, la misma comunicación de la embajada italiana respondía a los requerimientos de las autoridades portuguesas sobre otros dos ciudadanos ítalo-venezolanos señalados por las investigaciones policiales: Beatrice Daniela Sanso y Baldo Antonio Sansó, esposa y cuñado de Rafael Ramírez Carreño, el exzar del petróleo del chavismo.
Consultado por correo electrónico, Gori González no respondió. Cuando fue abordado por teléfono por un periodista de Armando.info, inmediatamente colgó. A pesar de los intentos de contactarlo, no ha sido posible localizar a Víctor Aular, quien también tiene una dirección en la ciudad de Barinas, de acuerdo a la documentación disponible.
Después de que Aba Schubert visitara Panamá, Aethel asumió la propiedad de Clippon con Alcogal. Seis meses después, en marzo de 2017, su rol de accionista fue transferido a una compañía offshore en las Islas Caimán, Perseus Ltd, con la propia Schubert y su socio portugués, Ricardo dos Santos Silva, declarados como sus beneficiarios finales.
En Lisboa, a la primera oportunidad que tuvo, Aethel intentó acceder a dos cuentas que Clippon tenía en Novo Banco, pero que estaban incautadas desde 2015 por orden del juez Carlos Alexandre.
Mediante la lectura de los registros de la causa penal principal de BES en el Ministerio Público, el reportero de Expresso se enteró de que Novo Banco escribió a los fiscales portugueses el 7 de octubre de 2016 pidiendo instrucciones sobre cómo actuar frente a Aethel. En una comunicación enviada el 26 de octubre, un fiscal respondió que no se autorizaría la entrega de información a esa firma londinense hasta que se reunieran más elementos al respecto.
Menos de dos semanas después, el 7 de noviembre de 2016, la Policía Judicial de Portugal interceptó una llamada realizada al celular de João Alexandre Silva, quien aún trabajaba en BES, ya para entonces Novo Banco. En el informe del inspector se describe que el autor de la llamada era desconocido. Al otro lado de la línea, ese alguien desconocido preguntaba cuándo sería posible obtener "la información" sobre la cuenta de Clippon. Silva le dijo a la persona que llamaba que hablara con el cuartel general y colgó. La persona que llamaba hablaba en portugués y el número al que acababa de llamar era británico, idéntico en todos los sentidos al asociado con Aethel en los archivos de Pandora Papers, excepto por el último dígito.
En diciembre de 2016, la cuenta principal de Clippon en Novo Banco tenía cuatro carteras de bonos al portador de Pdvsa por valor de 6,1 millones de dólares, con tipos de interés anuales entre 5,25% y 12,75%, y con 112.000 euros de interés devengado. En la cuenta secundaria había 1,5 millones de dólares, como resultado de los intereses transferidos de la cuenta principal. Es decir, en total las dos cuentas acumulaban más de 7,5 millones de dólares para ese momento.
En una carta enviada al juez de instrucción en abril de 2017, que el reportero de Expresso ubicó en el expediente de la causa penal, un abogado portugués contratado por Aethel describió los pasos previos tomados en un intento por liberar esas cuentas y acceder a ellas, refiriéndose a una primera solicitud presentada ante el tribunal el 15 de noviembre.
El abogado escribió, para alegar la legitimidad de la solicitud, que en septiembre de 2016 la totalidad de las acciones de Clippon habían sido adquiridas por Aethel Partners, seguido de un largo argumento de varias decenas de páginas sobre la posible fragilidad de las pruebas encontradas por los fiscales en relación con esa empresa offshore. Pero en ningún momento explicó a quién se compraron esas acciones de Clippon. Ni por cuánto.
Estas preguntas fueron formuladas por el autor a Aba Schubert y Ricardo dos Santos Silva, los directores de Aethel y de Clippon. También si conocen a Trino Gori González y a Víctor Aular. Y si tienen alguna relación, directa o indirecta, con Michel Ostertag, Paulo Murta, el Grupo Espírito Santo o Ricardo Salgado.
Con parquedad, la respuesta la envió el socio portugués de Aethel, quien explicó que uno de los negocios de la empresa es la "adquisición de activos en dificultades" y que la compra de Clippon "se realizó en este contexto", refiriendo todas las demás cuestiones a los requisitos presentados en la causa penal de BES. También confrontado por correo electrónico, Salgado decidió no responder.
Rafael Reiter se convirtió en una suerte de comando de película al frente de la, de otro modo, aburrida Gerencia de Control de Pérdidas de Pdvsa. Llevaba maletines de efectivo a aliados de la revolución en el extranjero y se convirtió en la mano derecha de Hugo Chávez y Rafael Ramírez a la hora de las encomiendas peligrosas. Todo ello tenía compensación en esquemas de corrupción, como el que lo llevó a recibir pagos como proveedor de la misma petrolera estatal para la que trabajaba. Para ocultar esos ingresos, preparó una compleja estructura financiera que nace en el oriente venezolano, pasa por Barbados e Islas Vírgenes Británicas y termina en las islas Cook, en el remoto sur del océano Pacífico.
En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares que Odebrecht depositó al círculo del exministro de Transporte. Lo que no se sabía era que buena parte de ese dinero aterrizó en la banca portuguesa, que ‘financió’ la compra de un lujoso apartamento en Lisboa por parte de la esposa de El Troudi. Parte de los fondos para el Metro de Caracas, entre otras obras, terminó perdida en el colapso de la entidad financiera.
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra. De buena gana lo hizo, no solo gestionando empresas, sino participando de manera activa en la suscripción de contratos por servicios ficticios; luego, cuando el escándalo estalló, de mala gana se desligó de los negocios con clientes riesgosos como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar o Nervis Villalobos.
Los negocios y propiedades offshore de políticos, millonarios, celebridades, fugitivos y hasta mafiosos quedan al descubierto en esta masiva filtración de documentos, que revela el funcionamiento interno de una economía en las sombras que beneficia a los ricos y bien conectados a expensas de todos los demás. Los casos del presidente de Ecuador; el Ministro de Economía de Brasil; el Rey de Jordania o magnates cercanos a Putin y Erdogan, permiten dar un vistazo a cómo las finanzas secretas han infiltrado la política internacional.
La mayor investigación sobre el mundo offshore realizada hasta ahora devela los secretos financieros de políticos, multimillonarios, celebridades y varios venezolanos vinculados a la élite del chavismo. El proyecto, liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y trabajado durante casi dos años, contó con la participación de más de 600 periodistas y 150 medios de comunicación de 117 países. Esta es su historia tras bastidores.
Según los documentos filtrados, Alcogal creó empresas offshore o extraterritoriales para 160 políticos y funcionarios públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países.
Es conocida ya la entronización de la empresa Railteco en las labores de mantenimiento de teleféricos y trenes en Venezuela, así como su espasmódica eficiencia. Pero poco o nada se sabe que detrás de su fulgurante ascenso está una maquinaria conformada por tres funcionarios del Ejército: Víctor Cruz, presidente de Ventel, Graciliano Ruiz, presidente del Metro de Caracas, y Pablo Peña Chaparro, gerente general de la novel compañía que firma y cobra más de lo que ejecuta
Hoy exhiben tímidos perfiles empresariales, pero en la investigación de la Fiscalía de Portugal sobre la caída del Banco Espírito Santo se detallan los movimientos de un antiguo lugarteniente de Hugo Chávez, el exministro Alcides Rondón Rivero y su abogado y asesor, Carlos Caripe Ruiz, quienes formaron parte de la red de funcionarios que apoyó el flujo de dinero venezolano al banco en apuros y, según el documento judicial, recibieron poco más de 800.000 dólares por los favores recibidos.
Desde hace una década, Julio César Sequera Rojas ha sido favorecido con negocios millonarios que le otorgaron altos oficiales de la Fuerza Armada, incluyendo recomendaciones del ministro Vladimir Padrino y del mayor general Alejandro José Guevara Hernández. A empresas relacionadas con este último han ido a parar algunos pagos tras contrataciones con errores formales y omisiones inexplicables, como la desaparición de dos helicópteros.
A Jorge Silva la suerte le sonríe desde hace más de una década, cuando el sargento de la GNB y funcionario del Seniat empezó su consagración como magnate de la agroindustria. Aún así, 2024 le está resultando especialmente dichoso: pidió la mano a una exMiss Venezuela, se casó con ella y espera su primer hijo. También siguió con el engorde de sus negocios, que ahora pastan en campos petroleros. Pero nada de esto habría sido posible sin conexiones privilegiadas, que incluyen a Diosdado Cabello y a la pareja del exministro Pedro Morejón.
De la abnegación e idealismo que se les supone a los defensores públicos ya quedaba poco; pero, después del 28 de julio, eso se extinguió. Entonces pasaron a ser parte de un tubo judicial al servicio del régimen de Nicolás Maduro. A fin de castigar a quienes protestaron el fraude electoral, no han tenido pudor alguno en llevar con desgano cómplice la representación, impuesta, de sus presuntos defendidos. También coaccionan para grabar videos de denuncia contra la oposición, no informan de sus acciones, cuando las hay, y hasta se inhiben de apelar las decisiones de los tribunales chavistas.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Gestora de activos creadas a la medida por el Espírito Santo para diseñar la ingeniería financiera por la que debían fluir los pagos ocultos del banco. Con oficinas en Suiza y Emiratos Árabes Unidos, era la interlocutora de Alcogal en el manejo de la red de empresas de cascarón del Espírito Santo. El suizo Michel Ostertag y el portugués Paulo Murta estaban al frente.
Director de la Oficina de Negocios Internacionales del Espírito Santo en Madeira, estuvo a cargo de los asuntos encubiertos en Venezuela.
Integrante de la familia Espírito Santo, fundadora del grupo financiero homónimo en 1884, y último presidente del mismo de 1991 a 2014. Una de los principales imputados en el caso del derrumbe del banco, permanece en arresto domiciliario.
Siglas del bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee, un actor principal en el mercado de los servicios offshore en ese país. Raúl Zú{iga es uno de sus abogados.
Al intervenir el Banco Espírito Santo en 2014, en vez de liquidarlo, el Estado portugués aisló los activos tóxicos del banco y los agrupó en un banco "malo", mientras hacía lo mismo con la cartera sana para dar lugar a una nueva entidad "buena", el Novo Banco. Además de prevenir una crisis mayopr en el sistema financiero, la maniobra buscaba restringir los costos del Estado para reflotar el negocio y posibilitar una pronta reprivatización de la operación. En 2017, 75% de las acciones del Novo Banco fueron vendidas a un fondo buitre de Estados Unidos, Lone Star.
Segundo grupo financiero en importancia en Portugal. Manejos irregulares y dolosos en su administración provocaron una situación de insolvencia, que la alta gerencia del banco y de sus múltiples filiales pudieron solventar entre 2009 y 2014 mediante la captación de depósitos y suscripción de papeles del grupo por parte de diversos entes estatales de Venezuela. Para la obtención de esos recursos las autoridades ejecutivas del Espírito Santo comprometían jugosos montos para el pago de sobornos y comisiones a funcionarios venezolanos. En agosto de 2014 la bicicleta financiera del BES se trancó. El banco quebró y fue intervenido por el Estado.
Productor del campo de Barinas, cuñado de Víctror Aular. Figura en los papeles del bufete panameño Alcogal como propietario último de Clippon Finance y receptor de fondos transferidos a una cuenta de Clippon en una filial del Espírito Santo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
Ex Director General y Vicepresidente de Pdvsa.
Empresa de cascarón (shell companies) registrada en 2011 por el despacho de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) en Panamá a petición de la gestora ICG, que se dedicaba a gestionar los circuitos para el pago de sobornos y comisiones del Banco Espírito Santo. Aunque se registró al ciudadano TRino Gori, de Barinas, como su beneficial owner, los pagos a través de Clippon iban dirigidos a Víctor Aular. Entre 2011 y 2014, por Clippon circularon 29 millones de dólares en pagos desde el Espírito Santo.
Empresa de gestión de activos e inversión creada en Londres en 2014 por la británica Aba Schubert y el portugués, exempleado del Espírito Santo, Ricardo Dos Santos Silva. En 2017 Aethel intentó comprar el Novo Banco de Portugal, sin éxito, pero el año anterior había logrado controlar a Clippon Finance en Panamá. Diversas publicaciones han insinuado que Aethel trabaja en concierto con la familia Espírito Santo para recuperar algunos bienes.