Los negocios y propiedades offshore de políticos, millonarios, celebridades, fugitivos y hasta mafiosos quedan al descubierto en esta masiva filtración de documentos, que revela el funcionamiento interno de una economía en las sombras que beneficia a los ricos y bien conectados a expensas de todos los demás. Los casos del presidente de Ecuador; el Ministro de Economía de Brasil; el Rey de Jordania o magnates cercanos a Putin y Erdogan, permiten dar un vistazo a cómo las finanzas secretas han infiltrado la política internacional.
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Millones de documentos filtrados, que dieron pie a la mayor colaboración periodística en la historia, revelan los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios en 91 países y territorios, así como un abanico global de fugitivos, estafadores y asesinos.
Estos papeles secretos exhiben los negocios offshore del rey de Jordania, del presidente de Ecuador, del primer ministro de República Checa, del exprimer ministro británico Tony Blair y del ministro de Economía de Brasil, entre otros. Los archivos también detallan las actividades financieras del “ministro oficioso de propaganda” del presidente ruso Vladimir Putin, y de más de 130 multimillonarios de Rusia, Estados Unidos, Turquía y otras naciones.
La filtración permite identificar empresas offshore pertenecientes a más de 1.200 venezolanos, entre ellos exfuncionarios, empresarios y personas vinculadas a casos de corrupción. Esto ubica a Venezuela como el séptimo país con mayor cantidad de beneficiarios o propietarios de empresas en paraísos fiscales que figuran en los Pandora Papers.
Los documentos filtrados evidencian que muchos de los actores que podrían acabar con el sistema offshore son en realidad beneficiarios de sus servicios, escondiendo bienes en empresas de maletín y trusts –o fideicomisos--, mientras sus gobiernos hacen poco para frenar el flujo global de dinero ilícito que enriquece a los delincuentes y empobrece las naciones.
Entre los tesoros escondidos que revelan los documentos destacan:
Estos documentos secretos son conocidos como los Pandora Papers.
Los 11,9 millones de documentos filtrados provienen de 14 firmas de servicios offshore instaladas en varios países. Estos proveedores registran empresas de maletín y otros escondites offshore para sus clientes, quienes generalmente buscan mantener sus operaciones financieras en las sombras. La información en los archivos rebasa cerca de tres veces el número de operaciones offshore de jefes de Estado reveladas en las anteriores filtraciones de documentos sobre paraísos fiscales, y más de dos veces el número de transacciones de servidores públicos.
En una era de expansión del autoritarismo y de la desigualdad, la investigación de los Pandora Papers ofrece una perspectiva inédita sobre la manera en que el dinero y el poder operan en el siglo XXI, y cómo el secreto financiero impulsado por Estados Unidos y otras naciones doblaron y quebraron el imperio de la ley alrededor del mundo.
El imaginario popular suele reducir el sistema offshore a un grupo de islas lejanas y dispersas, cubiertas de palmas. Los Pandora Papers muestran que la maquinaria del dinero offshore opera en todos los rincones del mundo, incluyendo las capitales financieras de las economías más ricas y poderosas.
Los hallazgos del ICIJ y de sus medios aliados, con Armando.info por Venezuela, exhiben cómo las finanzas ultrasecretas han infiltrado la política internacional, y muestra por qué los gobiernos y las organizaciones globales han hecho tan poco para acabar con los abusos financieros offshore.
Un análisis realizado por ICIJ a los documentos secretos identificó 956 sociedades en paraísos fiscales vinculadas con 336 políticos y funcionarios de alto nivel, incluyendo jefes de Estado, ministros, embajadores y otros. Más de las dos terceras partes de estas sociedades estaban incorporadas en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción que durante mucho tiempo fue considerada como una pieza clave en el sistema offshore.
Por lo menos 11,3 billones de dólares están guardados en jurisdicciones offshore, según un estudio publicado en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, por sus siglas en inglés). Debido a la complejidad y el secreto de este sistema, resulta imposible distinguir cuántos de estos recursos están vinculados a la evasión fiscal y otros delitos y qué parte corresponde a fondos que proceden de fuentes legítimas y han sido declarados a las autoridades correspondientes.
La investigación de los Pandora Papers devela los dueños secretos de sociedades offshore, cuentas bancarias anónimas, jets privados, yates, mansiones, obras de arte de Picasso, Bansky y otros maestros. La información que ofrece es más detallada que la que suelen obtener las autoridades gubernamentales,que a menudo padecen medidas de austeridad.
Entre los personajes que los documentos vinculan con bienes offshore resaltan la diva de la música pop, Shakira, la supermodelo Claudia Schiffer y un mafioso italiano conocido como Lell El Gordo.
Este mafioso, Raffaelle Amato, ha sido vinculado con al menos una docena de asesinatos. Los documentos filtrados ofrecen detalles sobre una sociedad de papel registrada en Reino Unido, que Amato utilizó para comprar terrenos en España poco antes de huir de Italia, para instalar en la península ibérica su propio grupo criminal. Amato, cuya historia inspiró la multipremiada película Gomorra, está cumpliendo una pena de cárcel de 20 años. Los abogados de Amato no contestaron solicitudes de comentarios.
Un abogado de Shakira dijo que la cantante declaró sus sociedades offshore y que éstas no otorgaban ventajas fiscales. Representantes de Schiffer dijeron que la top model pagó sus impuestos en Reino Unido, donde reside.
En la mayoría de los países, controlar activos offshore o usar empresas de cascarón -shell companies- o de maletín para hacer negocios transfronterizos no es ilegal. Las personas que hacen negocios internacionales afirman que necesitan estas sociedades offshore para llevar a cabo sus asuntos financieros.
Sin embargo, estos asuntos suelen resumirse en canalizar las ganancias de los países con impuestos elevados -donde se generan estos ingresos- hasta sociedades que solo existen en papel en jurisdicciones de baja recaudación fiscal. El uso de estas guaridas offshore es particularmente controversial para figuras políticas, porque consiste a menudo en estrategias para alejar sus actividades impopulares -o incluso de corrupción- del escrutinio público.
El imaginario popular suele reducir el sistema offshore a un grupo de islas lejanas y dispersas, cubiertas de palmas. Los Pandora Papers muestran que la maquinaria del dinero offshore opera en todos los rincones del mundo, incluyendo las democracias más sólidas. El sistema se basa también en instituciones de las élites --como los bancos multinacionales, los despachos de abogados y las firmas de contaduría-- con sede en Estados Unidos y Europa.
La filtración revela la relación de las empresas extraterritoriales con el gigante de servicios financieros Morgan Stanley, y el papel Baker McKenzie, el despacho de abogados más grande de Estados Unidos, en la creación del sistema offshore moderno y la economía que se mueve en las sombras.
La investigación Pandora Papers es incluso más grande y más global que la investigación emblemática Panama Papers de ICIJ, que sacudió al mundo en 2016 y desembocó en operativos policiales, en la adopción de nuevas leyes en decenas de países, y provocó la caída de primeros ministros en Islandia y en Pakistán.
Los Panama Papers provenían de los archivos de un solo proveedor de servicios offshore: la firma panameña Mossack Fonseca. Los Pandora Papers arrojan luz sobre un abanico mucho más amplio de abogados, intermediarios y brokers que operan en el corazón de la industria offshore.
Los Pandora Papers proveen dos veces más información sobre los dueños de compañías offshore que los Panama Papers. En total, la nueva filtración exhibe a los dueños reales de más de 29.000 sociedades offshore. Estos beneficiarios vienen de más de 200 países; pero los grupos más numerosos son de Rusia, Reino Unido, Argentina y China. Venezuela ocupa la séptima casilla.
Los 14 proveedores de los que vienen los documentos tienen oficinas en todo el mundo, desde el Caribe hasta el Golfo Pérsico, pasando por el Mar de China Meridional. Tres de los proveedores pertenecen o son administrados por exfuncionarios; uno fue ministro y otro asesor del presidente en Panamá; un exprocurador general de Belice, por su parte, controla dos proveedores.
A cambio de unos cientos o escasos miles de dólares, los proveedores offshore pueden ayudar a sus clientes a registrar sociedades offshore cuyos dueños permanecen ocultos. O, a cambio de 2.000 hasta 25.000 dólares, pueden crear un fideicomiso que, en algunos casos, permite a sus beneficiarios administrar su dinero y a la vez crear la ficción legal de que no lo controlan; una forma creativa de usar un pedazo de papel que esconde los bienes de quiénes los podrían buscar, como potenciales acreedores, policías, agentes fiscales o exesposas.
Los operadores del mundo offshore no actúan de manera aislada. Trabajan de la mano de otros proveedores de servicios para entrelazar capas de sociedades y fideicomisos en el mundo. A mayor complejidad de las estructuras, mayores costos, pero también mayor secreto y protección para los clientes.
Los Pandora Papers muestran que un contador inglés basado en Suiza trabajó de la mano con abogados en las Islas Vírgenes Británicas para ayudar el rey de Jordania, Abdalá II, a comprar 14 casas en Estados Unidos y Reino Unido de manera secreta, por más de 106 millones de dólares. Sus asesores le ayudaron a crear al menos 36 compañías de maletín entre 1995 y 2017.
En 2017, el rey compró una propiedad de 23 millones de dólares, con vistas a una playa de surfistas de California, a través de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas. El rey pagó un extra para que otra empresa en esa misma jurisdicción, propiedad de sus gestores patrimoniales suizos, actuara como director nominee -nominado o fachada- de la compañía que compró la propiedad.
En el mundo offshore, los directores nominees son personas o compañías pagadas para actuar como fachada en lugar de la persona que realmente está detrás de una compañía. En un formulario de Alcogal, el despacho que trabajó para el rey, indicó que el uso de directores nominees ayudaría a “preservar la privacidad, al impedir que la identidad del beneficiario final (…) sea accesible al público”.
En correos, los asesores offshore se referían al rey de Jordania en clave: “Ya sabes quién”.
Abogados británicos del rey dijeron que la ley de Jordania no le obliga a pagar impuestos, y que tiene razones de seguridad y privacidad para controlar propiedades a través de sociedades offshore. Dijeron que el rey nunca malversó fondos públicos.
Figuras políticas en el mundo se han pronunciado contra el sistema offshore mientras están rodeadas de personas designadas y otros partidarios que tienen activos guardados en paraísos fiscales. Algunos incluso han usado el sistema personalmente.
En junio, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, propuso una reforma fiscal que contemplaba un nuevo impuesto de 30% a las ganancias obtenidas a través de entidades offshore. Expertos estiman que los más ricos de Brasil controlan cerca de 200.000 millones de dólares en entidades fuera del país, no sometidas al impuesto.
“No deberías sentir vergüenza por ser rico”, dijo Guedes. “Debes avergonzarte por no pagar impuestos”.
Después de que banqueros y líderes empresariales se opusieron al aumento de impuestos en la legislación, Guedes, también millonario y exbanquero, accedió a remover el impuesto sobre las ganancias offshore. Las negociaciones sobre la reforma fiscal siguen en curso.
Los Pandora Papers revelan que Guedes creó Dreadnoughts International Group en 2014 en las BVI.
En respuesta a la Revista Piauí, socio de ICIJ en Brasil, un vocero de Guedes dijo que el ministro declaró la compañía ante las autoridades de Brasil. El vocero no entregó documentos que lo demuestren, y no contestó a una pregunta sobre la remoción del impuesto offshore en la legislación.
Los documentos secretos contrastan ciertos pronunciamientos públicos expresados este año sobre riquezas, desigualdades y refugios offshore, en una época en que los gobiernos del mundo batallan con la caída de sus ingresos, una pandemia, el cambio climático y la desconfianza ciudadana.
En febrero pasado, el Instituto Tony Blair por un Cambio Global urgió a los tomadores de decisión a promover, entre otras medidas, más impuestos sobre las tierras y las residencias. Blair, expremier británico, fundador y presidente ejecutivo del instituto, habló de cómo los ricos y las personas bien conectadas han eludido el pago de impuestos desde por lo menos 1994, cuando hizo campaña para convertirse en el líder del Partido Laborista de Reino Unido.
“Para quiénes pueden pagar a los contadores adecuados, el sistema fiscal es un refugio para estafas, beneficios... y ganancias”, dijo durante un discurso en West Midlands. “No deberíamos convertir nuestras leyes tributarias en un campo de juego para los evasores fiscales, quienes pagan poco o nada, mientras otros pagan más de lo que les corresponde”.
Los Pandora Papers muestran que, en 2017, Blair y su esposa, Cherie, se hicieron dueños de un edificio victoriano de 8,8 millones de dólares, cuando adquirieron una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que controlaba la propiedad. El edificio, situado en Londres, es ahora la sede del despacho legal de Cherie Blair.
Los documentos indican que Cherie Blair y su esposo, quien fue diplomático en Medio Oriente después de renunciar al cargo de primer ministro en 2007, adquirieron la sociedad inmobiliaria offshore a la familia del ministro de Bahrein para la Industria y el Turismo, Zayed bin Rashid al-Zayani. Al comprar las acciones de la compañía en lugar del edificio, los Blair se beneficiaron de un arreglo legal que les permitió evitar el pago de 400.000 dólares en impuestos sobre la propiedad.
Cherie Blair dijo que su esposo no estuvo involucrado en la transacción, cuyo propósito –según ella-- consistió en “regresar la compañía y el edificio al régimen legal y regulatorio de Reino Unido”. También dijo que “no quería ser dueña de una compañía de Islas Vírgenes Británicas” y que “el vendedor, por sus motivos personales, solo quería vender la compañía”. La sociedad está ahora clausurada.
“Estos son vacíos legales que pueden aprovechar los ricos pero no las otras personas”, dijo Robert Palmer, director ejecutivo de la Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), a The Guardian. “Los políticos deben corregir el sistema fiscal para que todos paguen su justa parte”.
Los Pandora Papers revelan movimientos de decenas de millones de dólares desde paraísos fiscales del Caribe y Europa hacia Dakota del Sur, un estado de Estados Unidos escasamente poblado, que se ha convertido en un importante destino de activos extranjeros.
En la última década, Dakota del Sur, Nevada y más de una docena de otros estados de Estados Unidos se han transformado en líderes de la industria del secreto financiero. Al mismo tiempo, las naciones más poderosas han mantenido su atención, y la de sus autoridades, en los paraísos fiscales “tradicionales”, como las Bahamas, las islas Caimán y otras islas paradisíacas.
Estados Unidos es uno de los actores más pesados en el mundo offshore. Es, también, el país mejor posicionado para acabar con los abusos financieros offshore, gracias al papel central que juega en el sistema bancario internacional. Como el dólar es, de facto, la moneda global, la mayor parte de las transacciones internacionales fluyen desde y hacia plazas bancarias basadas en Nueva York..
En 2020, 17 de las 20 jurisdicciones más laxas del mundo en materia de fideicomisos eran estados de Estados Unidos, según un estudio elaborado por el académico israelí Adam Hofri-Winogradow.
A partir de los documentos de Pandora Papers, ICIJ y el Washington Post identificaron cerca de 30 fideicomisos basados en Estados Unidos vinculados a extranjeros acusados individualmente de irregularidades o cuyas empresas han sido señaladas por malas prácticas.
Guillermo Lasso, el exbanquero y electo presidente de Ecuador en abril pasado, es uno de los latinoamericanos adinerados que abrió un trust en Dakota del Sur. Documentos muestran que Lasso creó dos trusts en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después que el congreso de Ecuador aprobara una ley que prohibía a los funcionarios tener bienes en paraísos fiscales. Los documentos muestran que Lasso movió dos sociedades offshore a los trusts de Dakota del Sur, desde dos fundaciones secretas en Panamá.
Lasso dijo que el uso de estructuras offshore en el pasado fue “legal y legítimo” y que cumple con las leyes de Ecuador.
Los fideicomisos creados en Dakota del Sur y en muchos otros estados de EE.UU. siguen estando envueltos en el secreto, a pesar de la promulgación este año de la Ley Federal de Transparencia Corporativa, que hace más difícil para los dueños de ciertas sociedades esconder su identidad.
“Estados Unidos es, claramente, una gran, gran laguna en el mundo”, dijo Yehuda Shaffer, extitular la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel. “Estados Unidos critica a todos los demás en el mundo, pero tienen problemas muy, muy serios en su propia casa”.
El 2014 fue un gran año para el imperio de la construcción del multimillonario Erman Ilicak: la empresa del magnate turco, Rönesans Holding, terminó la construcción del palacio presidencial de 1.150 cuartos de su obstinado líder, Recep Tayyip Erdogan; lo hizo a pesar de las revelaciones mediáticas acerca de los sobrecostos y la corrupción, y del intento de un tribunal de suspender el proyecto.
También en 2014, la madre de 74 años del titán de los negocios, Ayse Ilicak, se hizo dueña de dos sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas, según los Pandora Papers. Ambas sociedades tenían como fachada a directores y accionistas de papel, que hacían muy difícil rastrear la sociedad hasta su dueño real.
Una de las compañías, Covar Trading Ltd, tenía activos del grupo empresarial familiar de la construcción, dicen los documentos. Durante su primer año en operación, Covar Trading ingresó 105.5 millones de dólares por dividendos, según estados financieros confidenciales. El dinero terminó en una cuenta bancaria en Suiza.
Y no se quedó allí mucho tiempo. El mismo año, según el estado de cuenta, la compañía desembolsó casi todos los 105.5 millones de dólares en “donativos”, justificados como “gastos extraordinarios”. El documento no describe quién ni qué recibió el dinero. Ilicak no contestó a un cuestionario sobre esta historia.
Ilicak y los otros multimillonarios de los Pandora Papers vienen de 45 países; el mayor número de ellos es de Rusia (52), Brasil (15), Reino Unido (13) e Israel (10).
Un despacho legal de Chipre, Nicor Chr. Anastasiades and Partners, aparece en los Pandora Papers como un intermediario offshore para millonarios de Rusia. La firma retoma el nombre de su fundador, el presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, y sus dos hijas son socias.
El despacho chipriota preparó cartas de recomendación para el magnate de la siderurgia ruso Alexander Abramov, incluso días después que el gobierno de Estados Unidos incluyó al multimillonario en su lista de oligarcas sancionados, cercanos al presidente Vladimir Putin.
Abramov no respondió a las solicitudes de comentario de ICIJ. Theophanis Philippou, el director de administración de la firma, dijo a la BBC –socio del ICIJ—que nunca burló las autoridades al esconder la identidad del dueño de una compañía. Se negó a comentar sobre sus clientes, citando las reglas de confidencialidad de su oficio.
Konstantin Ernst, ejecutivo de la televisión y productor nominado a un Oscar, es otro ruso ligado a Putin que aparece en los Pandora Papers. Se le identifica como el gran arquitecto de la imagen de Putin, cuyo talento creativo ha vendido a la nación la idea de que el presidente es el “sabio de fuerte carácter de Rusia”.
Los Pandora Papers revelan que Ernst tuvo la oportunidad de participar en un negocio altamente lucrativo, poco tiempo después de producir las ceremonias de apertura y de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 en Sochi, en espectáculos que impulsaron los niveles de aceptación de Putin dentro y fuera del país.
Ernst se convirtió en un socio discreto, oculto detrás de capas de empresas offshore, en un contrato de privatización financiado por el Estado: un acuerdo para comprar docenas de cines y otras propiedades de la ciudad de Moscú.
Los documentos filtrados muestran que, en 2019, las participaciones personales de Ernst en la operación superaban 140 millones de dólares. Ernst dijo a ICIJ que “nunca escondió” su participación en el negocio de la privatización, y que ese negocio no fue una retribución por su trabajo en las Olimpiadas de 2014. “No he cometido ninguna acción ilegal”, dijo.
En los últimos 20 años, líderes políticos han abogado por “erradicar” los paraísos fiscales. Se han referido a las empresas fachada y al lavado de dinero como “amenazas contra nuestra seguridad, nuestra democracia y nuestra forma de vida”. Han aprobado nuevas leyes y firmado acuerdos internacionales.
Sin embargo, el sistema offshore nunca ha dejado de adaptarse, y la delincuencia transfronteriza, la evasión de impuestos y la desigualdad siguen prosperando.
Cuando un proveedor de servicios offshore es expuesto o sufre presiones de las autoridades, otros aprovechan su mala suerte y la convierten en un argumento de mercadotecnia para atraer hacia ellos a sus clientes que huyen hacia refugios más seguros.
Un análisis del ICIJ identificó cientos de empresas offshore que terminaron sus relaciones con el bufete de abogados Mossack Fonseca, salpicado por el escándalo tras la publicación de la investigación de los Papeles de Panamá. Otros proveedores tomaron el relevo como agentes offshore de las empresas.
Después de los Panama Papers estallaron protestas en Islandia y Pakistán, que ayudaron a derrocar a sus líderes.
Muchos obstáculos permanecen. Los grandes bancos, despachos legales y otros grupos poderosos a menudo se oponen a la implementación de reglas de transparencia más fuertes, y a los controles más estrictos de las autoridades contra los abusos offshore. Y en muchos países, los activistas contra la corrupción enfrentan amenazas legales, detenciones y agresiones.
Pero la caja de Pandora ha comenzado a abrirse.
(*) Contribuyeron con la historia: Scilla Alecci, Michael W. Hudson, Will Fitzgibbon, Agustin Armendariz, Sydney P. Freedberg, Margot Gibbs, Malia Politzer, Delphine Reuter, Serdar Varder and Pelin Ünker (DW Turkey), Elyssa Christine Lopez and Karol Ilagan (Philippine Center of Investigative Journalism), Pavla Holcová (Investigace, Czech Republic), Hala Nassredine (Daraj, Lebanon), Allan de Abreu (Rivista Piauí, Brazil), Leo Sisti (L’Espresso, Italy), Simon Goodley (The Guardian, U.K.), Ritu Sarin (The Indian Express), Nassos Stylianou (BBC, U.K.), Francisco Rodriguez and Enrique Naveda (Plaza Pública, Guatemala), Debra Cenziper (Washington Post, U.S.), Emilia Díaz-Struck, Gerard Ryle, Ben Hallman, Dean Starkman, Fergus Shiel, Jelena Cosic, Spencer Woodman, Brenda Medina, Maggie Michael, Richard H.P. Sia, Kathleen Cahill, Joe Hillhouse, Mia Zuckerkandel, Asraa Mustufa, Hamish Boland-Rudder, Miguel Fiandor Gutiérrez, Pierre Romera, Madeline O’Leary, Tom Stites, Kathryn Kranhold, Margot Williams, Antonio Cucho Gamboa, Soline Ledésert, Miguel Fiandor, Bruno Thomas, Anne L’Hôte, Madeline O’Leary, Maxime Vanza Lutaonda, Denise Hassanzade Ajiri, Jesús Escudero, Marcos García Rey, Mago Torres, Karrie Kehoe, Sean McGoey, Anisha Kohli, Fakhar Durrani, Carlos Monteiro, Douglas Dalby y Laura Bullard.
Los Pandora Papers son una colaboración global de 117 medios, entre ellos Armando.info, y la organización sin fines de lucro Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Si te gusta el periodismo, por favor haz un donativo a ICIJ para apoyarlo.
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra. De buena gana lo hizo, no solo gestionando empresas, sino participando de manera activa en la suscripción de contratos por servicios ficticios; luego, cuando el escándalo estalló, de mala gana se desligó de los negocios con clientes riesgosos como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar o Nervis Villalobos.
La mayor investigación sobre el mundo offshore realizada hasta ahora devela los secretos financieros de políticos, multimillonarios, celebridades y varios venezolanos vinculados a la élite del chavismo. El proyecto, liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y trabajado durante casi dos años, contó con la participación de más de 600 periodistas y 150 medios de comunicación de 117 países. Esta es su historia tras bastidores.
Según los documentos filtrados, Alcogal creó empresas offshore o extraterritoriales para 160 políticos y funcionarios públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países.
El coronel Elías Plasencia Mondragón marca varias casillas del funcionario ejemplar de la autodenominada Revolución Bolivariana: militar, dispuesto a llevar decenas de casos de presos políticos, y empresario tras bambalinas con vínculos privilegiados al poder. Uno de ellos es con Luis Daniel Ramírez, un exfuncionario del ente comicial, hoy contratista, que ha intentado borrar sus rastros en Internet pero que no consigue hacer lo mismo con los lazos que le unen al “cerebro técnico” y rector de esa institución, Carlos Quintero.
Pocas figuras ilustran mejor la reconfiguración del poder judicial chavista que la del juez Edward Miguel Briceño Cisneros. Hasta entonces un perfecto desconocido con una carrera gris como defensor público, y luego de que probara suerte en Chile, le bastó un chasquido de dedos desde el poder para convertirse, en abril reciente, en titular del Tribunal Primero Antiterrorismo. En su debut tuvo que retribuir los favores recibidos con la firma del auto de detención contra Edmundo González Urrutia.
Poco conocido, aunque se codee con artistas de fama global, Rafael Jiménez Dan, compañero de promoción de Diosdado Cabello y Jesse Chacón en la Academia Militar, vio su perfil reflotar este mes en medios de Puerto Rico y el hemisferio. Una política borinqueña pidió al FBI investigar los lazos con Bad Bunny de una empresa creada en Miami por el excapitán del Ejército venezolano. Días antes, el astro del reguetón había dado indicios de su apoyo al que puede ser el primer gobernador independentista -y cercano al chavismo- de la isla.
El informático venezolano Marcos Machado Requena es accionista de Ex-Cle, la compañía de origen argentino que goza de contratos multimillonarios del CNE. Su complicidad en esa operación le expuso a las sanciones de Washington. Así que se sigue esforzando en mantener su perfil bajo aún en el otro ramo al que se dedica, donde dejarse ver es clave: la gestión de lugares de rumba y café que son tendencia en Caracas.
Una producción al estilo de la serie ‘CSI’ fue preparada por el oficialismo para hacer un simulacro de revisión pericial de las actas de votación, con un desenlace previsto en el guion: la ratificación judicial del dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28J. Contó con un grupo de extras disfrazados de investigadores de una escena del crimen donde las víctimas eran la verdad y la democracia. Pero, en realidad, se trataba de funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero y, muchos de ellos, miembros también del PSUV.
Las autoridades de la Universidad Arturo Michelena se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los descubiertos les ofrecieron la “oportunidad” de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. La universidad prolongaba así su historial de cruce con prácticas y cuerpos de represión.