Un trabuco de pilotos venezolanos con base en Florida se acercó demasiado a las llamas del poder económico que emanó de aquel chavismo rebosante de petrodólares, y se quemó. Algunos muy respetados y hasta con piruetas heroicas, no pudieron evadir las consecuencias de contar con una oscura cartera de clientes entre las que despuntan los ministros más buscados del chavismo por la justicia internacional.
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En septiembre de 2017, el día que el ojo del devastador huracán María entró a Puerto Rico, el piloto venezolano Alejandro Javier Marín vivió una revelación mística. Manejaba hacia la oficina de su empresa de vuelos chárter ubicada en el Aeropuerto de Opa-locka -ciudad del norte del condado de Miami-Dade en Florida- mientras, con toda probabilidad, escuchaba en la radio las noticias sobre los destrozos que el furioso ciclón iba dejando a su paso por territorio boricua. Estaba en camisa y bermudas, casual, pero no relajado, pues decidió convertirse en héroe.
Llenó así el avión privado modelo Hawker siglas N595US de insumos no perecederos y comida para llevar a las víctimas de la isla, junto a su compañero Félix Terán. No había comunicación en la torre de control, era una noche sin luna y le agarró la penumbra tratando de aterrizar en Puerto Rico. Solo con la luz de dos carros que medio alumbraban una pista pequeña logró hacer el aterrizaje. La hazaña llevó a su empresa, My Jet Saver, a figurar en los medios.
El huracán María fue una catástrofe de la que Puerto Rico todavía se recupera. Hubo alrededor de 3.000 muertos y la ayuda federal dejó mucho que desear, mientras Washington y el propio gobierno local trataban de minimizar la dimensión del desastre. En medio de la pobre asistencia ofrecida a la isla en las primeras de cambio, contrastó el desprendimiento de ese venezolano, próspero empresario que no tenía nada que ganar y que, sin embargo, corrió enormes riesgos en medio de una aventura casi cinematográfica para llevar la primera ayuda a los damnificados.
La vena altruista es parte de la personalidad de este piloto, quien, arropado por el agradecimiento, no detalló en sus entrevistas el doble propósito que tenía su aeronave, que, así como se había aventurado en el vendaval, solía también viajar a Venezuela, pero sin ayuda humanitaria y atravesando otro tipo de tormenta: la política.
La anécdota queda hoy más lejos que nunca para Marín, arrestado el 4 de septiembre de este año por mentir respecto a un dinero que retuvo durante una operación encubierta en la que participaba como informante del gobierno federal de Estados Unidos desde enero de 2018. Está acusado de encubrimiento deliberado de información y declaraciones fraudulentas.
La denuncia, que se origina en una corte federal de Nueva York, afirma que el empresario y piloto sustrajo 140.000 dólares de un paquete de dinero en efectivo que sería incautado a una organización criminal internacional y mintió sobre su destino.
De pronto, Robin Hood se volvió el villano. Marín quedó tras las rejas casi dos años después de que un par de colegas, los pilotos Victor Mones y Alejandro León Maal, fueran detenidos en marzo de 2019 junto al piloto Michol Orsini, bajo cargos de violación a la Ley contra Narcotraficantes Extranjeros. Otro de los acusados es el piloto Alejandro Quintavalle Yrady que se encuentra prófugo de la justicia. En ese momento Marín logró escabullirse. ¿Qué pasa con los pilotos venezolanos basados en Florida?
La historia de Marín no comenzó como informante encubierto. Estudió en la Escuela Naval de la Armada venezolana en el año 1991. Dejó su carrera militar para convertirse en piloto privado, profesión con la que trabajó para nombres de mucho peso político del ecosistema revolucionario.
En pleno auge de su fama tras el aterrizaje boricua, Marín fue invitado al programa en Miami del escritor peruano Jaime Bayly, donde evadió astutamente comentar sobre la crisis venezolana o su postura política, afirmando con sonrisa inmaculada que era “genéticamente adeco”. Por lo demás, el piloto carga consigo un anecdotario lleno de relatos bondadosos, historias con mucha inyección de adrenalina y selfies mostrando su negocio opulento y exclusivo para público especial.
Pero lo cierto es que Marín formaba parte de un verdadero dream team de pilotos venezolanos residenciados en Miami que movilizaba a funcionarios del gobierno venezolano sancionados por Estados Unidos, acusados de presunta vinculación con el narcotráfico.
Marín fundó con su esposa, María Alejandra Martínez, la empresa My Jet Saver en Opa-locka, en 2012. El matrimonio venezolano intentó hacer un guiño a alguna iglesia cristiana con el significado de Mi Jesús Salvador, un raro juego de palabras con el que bautizaron su empresa de vuelos chárter, que comenzó con una flota de cinco aviones. Ella era la dueña en papeles y él, piloto, buscador de negocios entre sus contactos y prestador de los servicios.
El despegue económico que experimentó entre 2015 y 2017 llamó la atención entre sus colegas de la aviación civil en Florida. En el gremio Marín no gozaba de una imagen de hombre de negocios.
Antes de My Jet Saver, Marín fue empleado de la empresa Dameveca, encargada de obras de ingeniería eléctrica en Venezuela, según datos del Seguro Social de Venezuela, y durante quince años trabajó como piloto de la empresa Darmiven, una editorial con capital de la familia DeArmas, propietaria del grupo editorial bajo el que se reúnen marcas como las del diario 2001, el diario y canal de TV Meridiano, la revista Ronda y la Editorial Primavera.
María Alejandra Martínez, por su parte, provenía de una familia acomodada y es hija de un ex piloto de la línea Aeropostal.
Para cuando puso a funcionar su emprendimiento con cinco aeronaves en Florida, Marín ya estaba listo para gestionarle la certificación RAV 135, un trámite que exige a la empresa no sólo ser dueña de aeronaves sino también contar con pilotos, un manual de operaciones, manual de procedimientos, licencias y personal suficiente. La certificación otorga el derecho a tener una aerolínea de aviones pequeños y exclusivos, cuyos clientes suelen ser very important person (VIP). Para poder lograr esta certificación, Marín compró una operación que ya estaba certificada y cuyo precio pudo haber llegado a 500 mil dólares, según explicaron fuentes del medio aeronáutico consultadas para este reportaje.
El perfil de los clientes que muy pronto tuvo My Jet Saver podría explicar ese meteórico ascenso. Según documentos de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), su cartera de clientes incluyó a Abelardo De La Espriella, ex abogado de Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro y principal proveedor para su gobierno, que se encuentra detenido en Cabo Verde en espera de una decisión para la solicitud de extradición presentada por Washington. En 2017, De La Espriella cedió a Marín su avión Falcon 50 siglas N504JS -alegando que fue producto del pago de una deuda de un cliente- para que Marín lo administrara y lo volara. Sus fotos inundan la red social de la empresa en Instagram.
Para ese año también resaltó entre sus clientes el empresario venezolano José Manuel González Testino, acusado actualmente por el gobierno de Estados Unidos por delitos de corrupción, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y su filial Citgo. Su avión Hawker 800 XP con siglas N820JS era otra de las aeronaves administradas por My Jet Saver.
Además de estos clientes, la lista incluyó a algunos de mayor calado que suelen moverse con discreción absoluta. Camuflado por intermediarios que pedían vuelos a Venezuela, República Dominicana, Rusia y Turquía estaba encubierto Tarek El Aissami, el ex vicepresidente de Venezuela y uno de los hombres más poderosos de la autodenominada Revolución Bolivariana, actualmente a cargo del “rescate” de la petrolera estatal Pdvsa.
El Aissami no sólo está sancionado por el gobierno de Estados Unidos, sino que también está en la lista de los más buscados por sus presumibles nexos con el narcotráfico. Pero este perfil no amilanó a los pilotos, quienes desafiaron la ley y las sanciones del país donde vivían para servir a ese cliente, al que se referían con alias como Tango Alfa o El Turpial, según documentos del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York por el caso de tres pilotos que están detenidos desde el año pasado.
Samark López Bello, un empresario venezolano y fugitivo de la justicia estadounidense, era otro de los clientes ocultos de este grupo de pilotos. Entre ellos era conocido como alias Sierra Lima. Desde 2017 López Bello está acusado de lavar dinero del narcotráfico y señalado como testaferro de Tareck El Aissami.
Lógicamente, movilizar a personajes como El Aissami y Samark López en aviones estadounidenses no era tarea fácil. Pero los pilotos conformaron una estructura que, durante un tiempo, logró el objetivo. Marín prestaba servicios de vuelos chárter a la empresa American Charter Services LLC, que pertenece al piloto Víctor Mones, y a la empresa SVMI Solution, LLC, del piloto Alejandro Miguel León Maal. Hoy todos están tras las rejas por su vinculación con López Bello y El Aissami.
La Ley contra Narcotraficantes Extranjeros, conocida como la Ley Kingpin, fue aprobada en 1999 por el Congreso estadounidense y firmada por el entonces presidente Bill Clinton y es la que enfrentan los mencionados pilotos. Se diseñó a partir de la aplicación de sanciones económicas realizada en 1995 contra el cártel colombiano de Cali y establece la imposición de sanciones en todo el mundo contra los principales narcotraficantes internacionales, sus organizaciones y las personas y entidades extranjeras que prestan apoyo a esos traficantes y sus organizaciones.
Mones era el intermediario que, a través de su empresa American Charter, arrendaba dos aviones a My Jet Saver: el avión de González Testino, la aeronave Hawker 800 de siglas N820JS que en el año 2015 estaba a nombre de su empresa Agriculture Opportunities Investments y cuyo costo por hora de vuelo se presupuesta en 3.500 dólares. Y el Hawker 800A con siglas N595US, el mismo que se usó para la ayuda a los boricuas y que estuvo a nombre de My Jet Saver hasta el año 2018, que solía ser pilotado por Alejandro León Maal, según datos de la FAA.
Una fuente vinculada a la empresa detalló que cuando Mones se llevaba los aviones que administraba My Jet Saver no avisaba sobre la identidad de los pasajeros y que, muchas veces, las aeronaves sobrevolaban dos semanas el territorio venezolano.
La cosa cambiaba cuando los vuelos eran internacionales. Entonces sí había identificación de pasajeros y se entregaban copias de los pasaportes, de lo cual se desprende evidencia de que Samark López, luego de estar en la lista de la Ofac, fuera cliente de My Jet Saver junto con su familia.
También, que la madre de El Aissami fue trasladada desde Aruba a Venezuela. En una ocasión, hasta el avión se regresó porque se quedó una maleta en la isla y volvió al país. En México, el hijo de Jorge Rodríguez Gómez usó el avión N595US para volar a Caracas a celebrar su cumpleaños.
El hasta hace poco ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, general Néstor Reverol, también usó estos servicios con un viaje interno de Maracaibo a Maiquetía en noviembre de 2017. Sobre Reverol pesa una acusación de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York por recibir supuestos pagos provenientes del narcotráfico a cambio de colaborar con la importación de cocaína hacia Estados Unidos, cuando se desempeñaba como director de la Oficina Nacional Antidrogas. En 2018 fue sancionado por la Unión Europea por su papel como artífice del deterioro de la democracia del país. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá también le impusieron sanciones.
Para este reportaje se contactó en dos oportunidades a la esposa de Marín, quien era la dueña de la empresa antes de pasarla a nombre de su hija el año pasado, pero solo respondió vía whatsapp con la palabra: “Stop”. También se contactó al jefe de pilotos de My Jet Saver, John Canino y al piloto Félix Terán, quien era uno de los compañeros de Marín en sus vuelos. Ambos se negaron a dar declaraciones para Armando.info.
Mones se declaró culpable el 26 de noviembre de 2019 por violar las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra El Aissami y Samark López al prestarle el servicio de alquiler de aviones privados de manera ilícita. Al momento de su detención no hubo quien dejara de preguntarse cómo Marín salió ileso pues su vinculación comercial con Mones era pública y notoria.
Desde principios de septiembre ya hay algunas respuestas. Marín finalmente fue detenido luego de formar parte de un operativo encubierto en donde cumplía un rol de informante. Solo hay dos opciones por las que este piloto estaba en estas labores: porque se ofreció voluntariamente a cooperar con las autoridades o que lo hizo bajo presión por haber sido vinculado a alguna investigación criminal y a cambio de reducciones de penas.
Hace pocos días, el pasado 28 de octubre, se registró un revés en esta historia, relacionado con la detención de Marín. El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, que lleva el caso de Victor Mones, informó a la abogada del empresario aeronáutico, Christine Chung, que su cliente estaba autorizado para retirar la declaración de culpabilidad. El juez fundamentó esta decisión asegurando que la defensa no tenía conocimiento de nuevas pruebas recabadas tras un allanamiento efectuado a las oficinas de My Jet Saver.
La abogada Chung había entregado una moción al juez, asegurando que las nuevas pruebas probaban “que Marín implicó falsamente a Mones en vuelos prohibidos”, según publicó Univisión. En declaraciones a ese medio, Chung indicó que aceptará la opción ofrecida por el juez. Los fiscales federales en Manhattan informaron a la agencia Associated Press que no se oponen a que Víctor Mones retire su declaración de culpabilidad, pero se negaron a admitir que violaron las reglas que les obligan a entregar todas las pruebas exculpatorias al acusado.
El avión con matrícula venezolana, cargado con armas e incautado en Estados Unidos el fin de semana pasado, era parte de la flotilla privada, pilotada por ex oficiales de la Fuerza Aérea, de la que disponían para viajes de negocios y placer los dos comerciantes colombianos, proveedores favoritos del régimen de Nicolás Maduro. Si bien sigue siendo un misterio el destino que se le iba a dar al arsenal, hay pistas para sospechar que formaba parte de una maniobra que se iniciaría en el Caribe para liberar a Alex Saab en Cabo Verde.
Un jet ejecutivo venezolano, listado como sospechoso por Estados Unidos, que aterriza en una remota capital africana; un grupo de pasajeros que incluye agentes de operaciones especiales y se aloja en un cuartel militar; un misterioso avión de transporte ruso; un barco anclado en una isla paradisíaca: son los mimbres con los que en días recientes se tejió una trama digna de una serie de espionaje. La misión era tantear un posible rescate del empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro de su cautiverio, en el vecino archipiélago de Cabo Verde, antes de que se le extradite a Estados Unidos. Todo eso, justo cuando se cumple un mes de su detención.
El empresario venezolano levantó sigilosamente una compleja estructura corporativa hasta que en febrero pasado el Departamento del Tesoro estadounidense lo acusó de ser el “testaferro” del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. La filtración de los Paradise Papers ahora revela que su patrimonio empresarial es más amplio al bloqueado inicialmente por las autoridades norteamericanas y que la isla de Barbados fue la escogida para crear una suerte de holding que agrupara a las compañías con las que participó en el negocio petrolero y alimentario, entre otros, y a través de las cuales consiguió millonarios contratos con el gobierno venezolano.
La inclusión del empresario venezolano en la lista de narcotraficantes y lavadores de dinero en Estados Unidos deja al descubierto la trama de sus negocios con el régimen de Nicolás Maduro: primero vendió kits para los programas de construcción de viviendas del gobierno, luego se benefició de la venta masiva de alimentos y hasta adornos decembrinos. Todo a través de una estructura que hasta ahora ha encontrado hospicio en la jurisdicción de Barbados; la pequeña isla caribeña funciona como la guarida que esconde algunos de sus activos al Departamento del Tesoro norteamericano.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
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