En el estado de Roraima, al norte de Brasil, la organización delictiva ‘Primer Comando da Capital’ funciona como un grupo empresarial multinivel a cargo de negocios que van del tráfico de drogas a la minería y de la prostitición a las criptomonedas. Hoy, cuatro de cada diez integrantes del PCC en ese estado son venezolanos, inmigrantes a los que abre sus brazos para integrarlos a una gran hermandad criminal de la que solo se escapa a precio de la propia vida.
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M.* tiene un nuevo trabajo: administra una cafetería. En el local, un joven sirve café a un grupo de brasileños. Todos parecen menores de 18 años y están sentados en una mesa de madera, en un bosque de palmas con vista a un pequeño arroyo.
Sin embargo, los muchachos no están ahí por el café. Van tras las drogas.
M. llegó a Brasil desde su Venezuela natal en 2014 para escapar de la crisis económica, política y humanitaria que ha sacudido al país durante casi una década. Y su nuevo trabajo, administrando un local del narcotráfico en Boa Vista, en el estado brasileño de Roraima, es una recompensa de su empleador.
Su jefe es del Primeiro Comando da Capital (PCC), un grupo criminal nacido en las cárceles de São Paulo en la década de los noventa, que tiene sucursales en todo el país y está vinculado a otros grupos criminales en países vecinos, con fuerte presencia en la región amazónica. Allí, el PCC se ha diversificado y ha encontrado nuevas formas de financiarse: además del narcotráfico está activo en la pesca ilegal y en la minería ilegal de oro.
¿Cómo un venezolano se convirtió en engranaje de confianza de la maquinaria de una organización criminal brasileña?
M., un hombre carismático de unos 30 años, cruzó la frontera con Brasil hace casi diez años y se instaló en la ciudad de Pacaraima, a unos 200 kilómetros al norte de Boa Vista. En 2013, un año antes de su llegada, la economía de Venezuela se había derrumbado bajo el peso de la agitación política, la corrupción generalizada y el devastador declive del sector petrolero mal administrado, que había sido la columna vertebral de la economía del país. La situación empeoró en 2017, cuando Estados Unidos impuso sanciones financieras y económicas, aislando aún más a Venezuela, que ya enfrentaba dificultades relacionadas con la hiperinflación y la devaluación.
La miseria reinante ha provocado que al menos 7,3 millones de venezolanos, especialmente jóvenes, abandonen el país, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). De ellos, casi 500.000 han emigrado a Brasil.
Es común ver familias venezolanas enteras durmiendo durante días o semanas en las calles de Pacaraima, mientras esperan obtener los documentos que necesitan para ingresar legalmente a Brasil. Algunos se quedan en improvisados refugios de lona y cartón porque carecen de dinero para continuar su viaje, o porque no quieren alejarse mucho de la frontera con su país.
Cuando M. llegó, pasó unas semanas en una casa con otros venezolanos, compartiendo el espacio con personas que estaban en tránsito y necesitaban refugio. Algunas estaban involucradas en el tráfico de drogas a pequeña y gran escala. Cuenta que cuando la policía allanó la casa, él y otros residentes del lugar fueron arrestados.
“Nos ataron el uno al otro y nos hicieron caminar por las calles de Pacaraima. Nunca había sentido tanta vergüenza en toda mi vida”, dice.
Terminó en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo en Boa Vista, donde fue encerrado con líderes del PCC. Ellos se consideraban más civilizados que otros grupos porque mantenían una especie de código interno de conducta y apoyo mutuo.
Reclutado en prisión por el PCC, M. comenzó a vender drogas para el grupo criminal después de quedar libre. Es un oficio que se aprende con el ejemplo, dice, y habla de “hermandad”.
Carlos Alberto Melotto, fiscal de un grupo encargado de combatir el crimen organizado en Roraima, ha comentado en la justicia que los presos venezolanos en las cárceles brasileñas son reclutados por grupos criminales brasileños. También ha dicho que los investigadores han detectado comunicación entre líderes de bajo nivel del PCC de Brasil y venezolanos vinculados al Tren de Aragua, un grupo criminal que nació en la penitenciaría de Tocorón, en el estado Aragua, a unos 130 kilómetros al oeste de Caracas.
Al igual que el PCC, la organización venezolana aprovecha el flujo de migrantes para expandir su influencia, creando alianzas para el tráfico de drogas y oro, así como para la explotación sexual de mujeres. Es una de las principales organizaciones criminales de Venezuela, que opera no solo en Roraima, sino en otros estados del norte de Brasil, así como en otros países de la región.
Uno de los lugares donde han convergido el narcotráfico, el crimen organizado y la minería ilegal de oro, conocido como garimpo, en portugués, está en el Territorio Indígena Yanomami brasileño, que comparte una larga frontera con Venezuela, país donde el pueblo yanomami también se asienta. Durante décadas, esta zona al oeste de Boa Vista ha sido un imán para los mineros ilegales, o garimpeiros, pero la presencia del PCC llamó especialmente la atención en 2021, cuando miembros del grupo participaron en una serie de ataques contra comunidades indígenas en la región de Palimiú, que se resistían a las invasiones de los mineros.
Este año, la zona ha sido nuevamente escenario de conflictos y asesinatos que involucran a indígenas y mineros. En la primera semana de mayo hubo al menos 14 muertes alrededor de la comunidad indígena de Uxiu, una zona con un gran número de garimpeiros. Entre las víctimas hubo tres venezolanos, dos hombres y una mujer. Las muertes ocurrieron después de que los mineros atacaran a los indígenas. Tres fueron baleados y uno murió.
Según una investigación publicada en 2022 por la Asociación Hutukara Yanomami, delincuentes brasileños del PCC se infiltraron entre los mineros de Roraima, primero brindando seguridad y, luego, diversificándose en la gestión de servicios de carga y la administración de casas de prostitución. La investigación estimó que la mitad de los casi 30.000 habitantes de la reserva indígena se vieron directamente afectados por la minería.
La facción local del PCC controla burdeles y servicios cercanos a puertos mineros clandestinos y pistas de aterrizaje. Construye locales en puntos estratégicos, conocidos como corrutelas –a menudo equipados con bares, burdeles y servicio de Internet– para recibir mercancías y personas. Fue en uno de estos lugares donde S.* trabajó como prostituta, en una zona minera ilegal cerca del río Uraricuera, en el Territorio Indígena Yanomami.
Delincuentes brasileños del PCC se infiltraron entre los mineros de Roraima, primero brindando seguridad y, luego, gestionando servicios de carga y administrando casas de prostitución. Una encuesta de 2022 estimó que la mitad de los casi 30.000 habitantes del Territorio Indígena Yanomami han sido directamente afectados por la minería.
S. es una atractiva mujer brasileña de poco más de 20 años, con manicure y numerosos tatuajes. Habla nerviosa de una escena grotesca que presenció. Un garimpeiro había pagado por sexo y quería obligar a una trabajadora sexual a casarse con él y dedicarse exclusivamente a las tareas domésticas: lavar la ropa, cocinar y tener relaciones sexuales. La joven, que había ido a las minas para ganar dinero como prostituta, no quería casarse. Ella se quejó con el “dueño” de la currutela, quien mató al hombre a plena vista, con un solo disparo.
S. dejó la región después de eso, pero finalmente regresó y estaba saliendo con un miembro del PCC. Sin embargo, la tensión era constante y ella estaba pensando en escapar a una zona minera más “familiar”.
Y*, un venezolano de 23 años que trabajó seis meses como garimpeiro en Brasil, dice que muchos migrantes van a las minas a través de la ciudad de Mucajaí, en el sur de Roraima. Actualmente vive en Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas y la mayor ciudad de toda la cuenca fluvial amazónica. Trabaja en la construcción. Afirma que nunca vio actos de violencia o personas portando armas de fuego durante ese tiempo en las minas.
“La violencia ocurre en ese lugar cuando haces cosas malas”, dice, y agrega que las personas pueden mantenerse alejadas de los problemas “si trabajas y no te metes con nadie”.
Él envió parte de sus ganancias de la minería a su familia en Venezuela y usó la otra parte para comprar artefactos domésticos, como un televisor y una nevera, para la casa donde vive en Manaos. Pero no planea volver a las minas.
“Nunca más”, dice. “Es muy duro en las minas. No me gustó. Estuve en ese lugar por necesidad. Por eso me fui”.
Un informe de 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), advirtió sobre el riesgo de la trata de personas en la región fronteriza del norte de Brasil, y resaltó la mayor vulnerabilidad de las mujeres, niños y adolescentes venezolanos no acompañados. A pesar de esos riesgos, los venezolanos siguen llegando. En los primeros tres meses de 2023, Brasil estableció un récord de entrada de venezolanos. Solo en marzo, 17.471 migrantes ingresaron al país, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Murillo Martins, de la Unidad de Defensores Públicos, que trabaja con niños y adolescentes venezolanos en Pacaraima, dice que es común que los menores lleguen de las zonas mineras de ese país.
“Ellos dicen que estaban con sus padres en las minas de Venezuela o que estaban solos trabajando allí, y su historia es que venían principalmente en busca de mejores condiciones de trabajo en Brasil”, dice.
En 2018, Brasil lanzó el programa Operación Acogida (Operação Acolhida, en portugués), un esfuerzo humanitario militarizado para manejar el flujo de venezolanos en la frontera norte. Según un informe de la plataforma de coordinación interinstitucional R4V, de enero de 2022, que recopila datos sobre los venezolanos atendidos por la Operación Acogida, 39% de las personas en 800 hogares encuestados tenía 17 años o menos. De esos hogares, 42% estaban en Roraima o en el vecino Amazonas, y 25% de esos migrantes –quienes tenían entre 15 y 17 años– no iban a la escuela, que es un derecho básico, según la legislación brasileña. En 15% de los hogares había al menos un niño o adolescente cuyos padres se habían quedado en Venezuela o vivían en otro estado brasileño.
Algunos menores llegan solos, sin documentos de identidad, y otros llegan con adultos que no son sus familiares. Vulnerables, se convierten en presa fácil de los grupos criminales, cuya influencia se ha extendido de las cárceles a las calles.
Las autoridades locales se han preocupado durante años por el crecimiento de grupos criminales como el PCC y el Comando Vermelho (CV; “Comando Rojo”, en español), que tiene sus raíces en Río de Janeiro y se extendió a Roraima a partir de 2013.
La situación ha empeorado en los últimos años. Entre 2016 y 2017, dos masacres en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo, la prisión más grande del estado Roraima, dejaron 43 reclusos muertos. Los motines estallaron después de una división entre el PCC y el CV que condujo a una serie de matanzas carcelarias en Brasil, lo que refleja la forma en que los grupos se han expandido a través del sistema penitenciario del país. En 2018, una serie de ataques a bancos y agencias públicas en cinco ciudades de Roraima fue una prueba más de la presencia del PCC.
Después de los motines, la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo estuvo bajo control federal hasta 2022, cuando tenía una población carcelaria de 1.800 hombres, 226 de ellos, venezolanos.
Según datos obtenidos para esta cobertura a través de la Ley de Acceso a la Información, entre 2020 y 2022 la Policía Federal en Roraima realizó 19 operativos contra grupos criminales en el estado, 18 contra miembros del PCC y solo uno contra miembros del CV.
La más conocida fue la Operación Triunfo en 2020, que identificó un núcleo de venezolanos en el PCC en Roraima. En agosto de ese año, la Fiscalía del Estado acusó a 19 extranjeros de entre 24 y 46 años de coordinar los procedimientos disciplinarios internos de la organización, conocidos como tribunales penales, así como de administrar puntos de venta de drogas y almacenar armas y municiones.
Los investigadores en ese caso afirmaron haber encontrado que, al menos. 740 venezolanos eran miembros del PCC, más del triple de los que están en el sistema penitenciario local y equivalente a 40% de los 2.000 miembros que las autoridades locales calculan que el PCC tiene actualmente en el estado, donde el CV tiene alrededor de 500.
“Primero viene la desintegración familiar”, dice Aminadabi dos Santos, coordinador del Departamento de Protección Especial de la Secretaría de Trabajo y Bienestar Social de Roraima. Él ha trabajado durante 20 años con jóvenes y adolescentes de la región y dirigió un refugio público en Boa Vista durante cuatro años. En 2020, el refugio albergaba a 30 residentes, casi el doble de su capacidad, principalmente adolescentes venezolanos que habían llegado solos a Brasil.
En un refugio similar en Boa Vista, J.* se sienta en un banco de madera.
“Me gusta tejer crochet. Cuando estoy quieto, mis manos y pies están así, moviéndose”, dice, con la pierna izquierda balanceándose frenéticamente hacia arriba y hacia abajo. Con solo 15 años de edad, J. ha pasado casi la mitad de su vida entre las calles de Ciudad Bolívar, en su Venezuela natal, y los refugios públicos en Roraima.
Antes de cruzar en solitario la frontera brasileña, J. estaba en la región minera del sureste de Venezuela, donde servía mesas en un puesto de perros calientes, en el Kilómetro 88 del municipio Sifontes del estado Bolívar, puerta a la Gran Sabana y al Parque Nacional Canaima. Ganaba apenas lo necesario para comprar comida mientras veía a niños más pequeños, algunos de tan solo nueve años, ya involucrados en el tráfico de drogas. Asustado, decidió irse.
“Les caí bien y me dijeron que me quedara, pero no quise y vine aquí”, dice, sentado en el patio del refugio recién renovado donde vive, a casi 1.000 kilómetros de su casa. Está vestido con pantalones cortos negros, una camisa polo gris de una talla demasiado grande y sandalias de goma gastadas. En sus manos sostiene dos piezas de crochet de naranja neón; sus creaciones sin terminar. No hay lana, dice.
Con solo 16 años, Jesús Alisandro Salmerón Pérez, otro menor venezolano, llegó a Pacaraima diciéndole al servicio de bienestar social en la frontera que estaba buscando una oportunidad en el país. En junio de 2019 su caso fue procesado y se le dio refugio en la ciudad.
Cuatro meses después, Samerón Pérez -como lo identificó la prensa- fue encontrado muerto cerca de un refugio para venezolanos en Boa Vista. Su cuerpo, con signos de tortura, fue envuelto en una bolsa de basura y abandonado en una carretilla. Los culpables, al menos ocho venezolanos y un brasileño, fueron identificados como miembros locales del PCC.
Según una investigación policial, Jesús fue asesinado por una deuda de drogas de 200 reales brasileños (alrededor de 40 dólares). Cuatro años después del asesinato, y a pesar de la atención de los medios en ese momento, ninguno de ellos está en prisión.
Samerón Pérez es uno más en las crecientes y tristes estadísticas de asesinatos de adolescentes y adultos jóvenes en Roraima, el estado brasileño con la población más pequeña del país, con apenas un poco más de 630.000 personas repartidas en 15 ciudades. Pero Boa Vista concentra casi dos tercios de la población del estado. Además, con un aumento en su población de 45% entre 2010 y 2022, Boa Vista es hoy la ciudad de más rápido crecimiento en todo Brasil
Los datos obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información muestran que entre 2019 y 2022, siete de cada 10 adolescentes víctimas de homicidio en Roraima eran hombres; 80 % de ellos brasileños y 20 % venezolanos, y casi todos, 92%, eran indígenas o mestizos.
A pesar de que su nombre suena militar, “el PCC no opera con la lógica de controlar, dominar territorios, cooptar personas, obligarlas a trabajar, o extorsionar”, dice Gabriel Feltran, profesor de sociología de la Universidad Federal de São Carlos en el estado de São Paulo, quien ha escrito sobre el grupo. “Siempre funciona con la lógica de convencer; convencer de su utilidad, de lo bueno que es ser parte de estas redes; ser un hermano y de que será bueno para sus negocios y vidas. Es una alternativa”.
Ese discurso ha ayudado al grupo a expandirse y también a protegerse de los esfuerzos del gobierno por combatir el crimen organizado. En sus 30 años de existencia, el PCC ha ido diversificando sus negocios más allá del narcotráfico.
“Varios otros mercados, que anteriormente no eran el foco de las actividades del grupo, entraron en escena en estos 30 años. El mercado del oro, criptomonedas, madera, tierra urbana y rural, eventos, jugadores de fútbol... Donde hay dinero, y quien tenga dinero puede entrar”, dice Feltran.
“De esta manera logran tener un mayor acceso a armas, abogados, contadores, redes nacionales e internacionales, llegando a las áreas fronterizas, que son muy importantes para el comercio nacional e internacional. También ocupan posiciones en el comercio minorista, mayorista, trasladándose de un estado a otro, estableciendo alianzas, conociendo a personas de otras mafias internacionales, italianas, rusas, mexicanas, nigerianas”, agrega.
“El PCC siempre funciona con la lógica de convencer; convencer de su utilidad, de lo bueno que es ser parte de estas redes; ser un hermano y de que será bueno para sus negocios y vidas. Es una alternativa”.
- Gabriel Feltran.
Las operaciones comerciales del grupo en las regiones mineras del oro son posibles gracias a la cantidad de dinero que circula y a la falta de supervisión.
“Si ganas dos millones de reales [alrededor de 400.000 dólares] del tráfico de cocaína puedes abrir y administrar tu propio restaurante. Si ganas 200 millones de reales [alrededor de 40 millones de dólares], en unos pocos años puedes comprar un garimpo y poner a un montón de gente a trabajar para ti en ese lugar. Y usas esa operación minera para lavar tu dinero, mientras produces oro y obtienes riqueza”, dice Feltran. “Y así llegó el PCC, no solo a la Amazonía, sino a todos los estados brasileños y a muchos otros países. En varias regiones del mundo de varios continentes”.
El experto no ve ninguna diferencia entre la atracción de jóvenes brasileños y venezolanos hacia las filas del PCC en el norte de Brasil.
“Lo que importa es el compromiso de la persona con el crimen, la actitud hacia sus compañeros y priorizar la facción sobre todo lo demás, incluida su propia familia”, dice. “Porque este es el entorno: ser antisistema”.
Sin embargo, el PCC no tiene el control absoluto y se enfrenta a enemigos en la región.
“En la Amazonía hay muchos otros grupos armados que no están vinculados al PCC, que también son opositores, como la FdN [Familia do Norte, que opera principalmente en la Amazonía], y el CV mismo, que estuvo aliado con el PCC durante mucho tiempo”, dice Feltran. “Y todavía hay grupos armados que son milicias locales, vinculadas con la policía; coroneles, élites locales y terratenientes en la Amazonía. Entonces, no todo lo que sucede en la Amazonía tiene que ver con el PCC”.
En Pacaraima, un grupo de venezolanos recién llegados camina en fila india por la carretera hacia la oficina de migración. No muy lejos, en un refugio, otros extienden ropa y zapatos al aire libre para que se sequen, formando un mosaico multicolor sobre el césped. La presencia de migrantes cambió el paisaje de esta ciudad, de unos 20.000 habitantes, y motivó esfuerzos para ayudarlos a asentarse.
“Trabajamos para obtener un estatus legal de inmigración para estos niños y adolescentes, y para identificar situaciones de vulnerabilidad y riesgo”, señala Murillo Martins, el defensor público, en una entrevista en el marco de la Operación Acogida, en Pacaraima. De esta manera se pueden tomar medidas de protección adecuadas. Los menores no acompañados que llegan son llevados a refugios específicos para menores de 18 años.
“Roraima está en una triple frontera”, con Venezuela y Guyana, dice Moacir Collini, uno de los fundadores de Crescer, un proyecto que ofrece a los jóvenes de entre 15 y 24 años de las afueras de Boa Vista, actividades como manualidades, repostería y deportes. “Las instituciones deben tener la misma presencia que los delincuentes, para dar a los jóvenes perspectivas de futuro”.
B.*, un brasileño de 20 años, dice que su padre y hermano estaban vinculados al PCC y fueron asesinados. Participó en los talleres de Crescer a fines de 2022. Aprender carpintería y repostería le dio una alternativa, dice.
“Vi a mi padre morir, y luego a mi hermano. Y ahora tengo a mi hijo de un año. Y luego sigo pensando en la vida que tengo por delante, en qué camino estoy caminando, en las amistades... Ya me han llamado: para beber, fumar, matar, robar, ir a las minas”, dice. “No voy a ir”.
**Se usan las iniciales M, S, Y, J, y B. para proteger la identidad de los entrevistados.
Este pueblo indígena casi extinto del Amazonas venezolano tuvo que abandonar sus tierras ancestrales para poner las aguas del Orinoco entre sus jóvenes y los reclutadores de la subversión colombiana. Pero el desplazamiento no les garantiza nada, excepto el deterioro de sus ya pobres condiciones de vida, frente a las tentaciones de las armas y el narcotráfico.
Pese a la codicia que despiertan las riquezas minerales de ese territorio del sur del estado Bolívar, ningún grupo irregular ha logrado adueñarse de él gracias a la vigilancia de los pemones, sus propietarios colectivos. Sin embargo, las dragas de guyaneses y brasileños, conocidas como ‘misiles’, han llegado a Ikabarú y podrían causar una destrucción nunca antes vista.
El Estado chavista ha patrocinado desde hace unos años una especie de gentrificación de la explotación del oro al noreste del estado Bolívar: los mineros artesanales e informales están siendo desplazados para abrir paso a operaciones de escala industrial. Alrededor de El Callao la tendencia adquiere matices de drama social, mientras prosperan alianzas mixtas de autoridades oficiales con sujetos de cuyas identidades y credenciales se sabe poco (excepto de su cercanía al gobierno).
Tiene un nombre de leyenda y una realidad cruda. El Dorado es un pueblo de frontera en el estado Bolívar que debe su existencia a la minería de oro y a las instalaciones penitenciarias. La confluencia de ambas ha dado lugar ahora a una especie de populismo delictivo por el que un ‘pran’ y su banda armada no solo controlan la vida de la localidad con la violencia necesaria y desde las sombras, sino que hacen actos cívicos y de beneficencia a través de una fundación que actúa a plena luz.
Armando.info logra conversar con líderes de los mineros informales brasileños tras el asesinato de cuatro de ellos y un venezolano en el sur del estado Amazonas, justo en el nacimiento del principal río del país. Los relatos de la zona permiten corroborar lo que voceros indígenas y organizaciones ambientales vienen denunciando: los garimpeiros están de vuelta en Venezuela y esta nueva oleada entra y sale a su antojo. La soberanía se ha vuelto una quimera en la frontera más septentrional.
La lección de química mejor aprendida por los mineros de ese rincón selvático del sureste de Venezuela es que para obtener el elemento 'Au' debes contar primero con el 'Hg'. A ella desde hace poco se le agregó otra de geografía económica: mientras más cerca de Guyana, al oriente, más barato encontrarás el codiciado 'azogue'. La apertura el año pasado de una ruta aérea entre la capital, Georgetown, y el pueblo de Eterimbán, amenazó con convertir el cruce del río, que hace de frontera entre los dos países, en un pasadizo para el contrabando del tóxico material; la Covid-19 mantiene en suspenso ese pronosticado auge. Pero de todas maneras el mercurio es allí plata líquida con la que resulta más seguro y rentable comerciar que con el mismo oro. Nadie, ni siquiera las autoridades militares, se da por enterado del decreto de Nicolás Maduro que en 2016 prohibió su uso.
En este distrito del sureste de Caracas se preguntan quién manda a quién: si la alcaldía local o su proveedor de recolección de basura, del que el influyente abogado José Simón Elarba es dueño. En este caso, la duda no ofende. Desde que Fospuca obtuvo la concesión en 2015, corre un historial de complacencias del gobierno de Baruta con las demandas de la empresa, aunque implique transgredir normas o perjudicar los propios ingresos del municipio. Y lo que falta, porque todo indica que en 2025 se renovará la adjudicación por una década más.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
