Tiene un nombre de leyenda y una realidad cruda. El Dorado es un pueblo de frontera en el estado Bolívar que debe su existencia a la minería de oro y a las instalaciones penitenciarias. La confluencia de ambas ha dado lugar ahora a una especie de populismo delictivo por el que un ‘pran’ y su banda armada no solo controlan la vida de la localidad con la violencia necesaria y desde las sombras, sino que hacen actos cívicos y de beneficencia a través de una fundación que actúa a plena luz.
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El Dorado.– “¡Pendiente! ¡Baja la mano! ¡Esconde el teléfono! Si nos ven grabando, nos detienen", advierte el conductor mientras avanza por un sendero de la Troncal 10, una de las carreteras más extensas de Venezuela y una de las principales vías de acceso al Arco Minero del Orinoco: el territorio que desde Caracas el gobierno ha delimitado para la explotación de minerales, que se extiende sobre un parche de 11.843 kilómetros cuadrados de selva.
En la confluencia de los ríos Yuruari y Cuyuní se asienta El Dorado, la población más grande del área. Para todos y cada uno de sus 5.000 habitantes, la extracción de oro es su razón de ser. Perdidos en la selva, entre montañas antediluvianas, sirven a mercados globales del mineral, sea en Amsterdam, Amberes o Londres. La vía fluvial les ofrece una rápida conexión con el mundo exterior.
Pero desde la carretera, los pueblos mineros parecen una mancha de polvo y metal en el paisaje. A lo lejos, se pueden divisar los fogones de los campamentos, que expulsan una densa nube de humo negro hacia el cielo. A medida que uno se acerca, el panorama se muestra con más crudeza. El sonido de los motores, hasta entonces lejano, se intensifica. El bosque desaparece y los claros se transforman en desiertos que se extienden hasta donde alcanza la vista. En miserables tiendas de campaña, recubiertas de plástico, viven los mineros.
En la zona es constante la presencia de las fuerzas militares y policiales. En los puntos de control, que buscan detener el contrabando de minerales, se realizan registros y controles rigurosos. Está en curso una operación militar, la Roraima –llamada así en honor al tepuy o meseta que sirve, mucho más al sur, de frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana–. De allí la advertencia apremiante del conductor. Bastaría cualquier excusa para decomisar un teléfono celular o una cámara.
Y, sin embargo, en la región de El Dorado se ha impuesto otra ley que no es la castrense. Tampoco la del Estado. Rige el sistema de la F, presidido por El Negro Fabio, al que todos le pagan un tributo llamado la causa. Nadie se anima a mencionarlo a viva voz, pero tampoco nadie se da el lujo de ignorar su existencia. Murmuraciones y miradas de complicidad dan los primeros indicios de la soberanía del pran local.
A unos cuantos kilómetros antes de la entrada del pueblo, se encuentra un control militar conocido como Casablanca. En este acceso, no menos de 10 uniformados con pantalones de tela de camuflaje, armas largas y rostros cubiertos con paños negros, se identifican como pertenecientes al Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (Gpamo), una unidad militar activada en enero del año pasado y adscrita al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada.
Pero cuando se entra a la propia población de El Dorado esa presencia se esfuma, como por arte de magia. No se consigue ningún efectivo de los cuerpos de seguridad ni para dirigir el tránsito de vehículos. Aún así, reina la calma. Todo parece normal. Otro régimen preserva la convivencia.
El día que Armando.info llegó a la zona, una protesta trancó por varias horas el tráfico en la Troncal 10, la principal carretera que atraviesa de norte a sur el estado Bolívar y llega hasta la frontera con Brasil. Con el corte, los lugareños protestaban contra la actuación de los militares y denunciaban el desalojo irregular de mineros en la cercana Sierra de Imataca, así como detenciones arbitrarias.
Se trata de la denominada Operación Roraima, que la Fuerza Armada de Venezuela empezó la última semana de octubre del año pasado, entre mucha publicidad.
"Esta es una toma selectiva por parte del gobierno y sus intereses", denunciaban los habitantes que trancaron la vía. "Han entrado en El Callao y en Tumeremo [dos poblaciones cercanas, en la cuenca aurífera tradicional del mismo municipio Sifontes del estado Bolívar donde se encuentra El Dorado], pero en El Dorado y Las Claritas ni siquiera han hecho acto de presencia. En lugar de llevarse a los delincuentes, se están llevando a trabajadores honestos".
En los últimos meses, el municipio Sifontes ha adquirido una reputación sangrienta. Se han descubierto fosas comunes y se han llevado a cabo asesinatos selectivos. Entre enero y mayo de este año se han reportado un total de cinco desapariciones forzadas, según la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadania, una organización que realiza monitoreo de estos casos en la zona.
Los habitantes de la región hablan de una guerra que se libra en lo profundo de la selva, entre militares y grupos irregulares, en la Sierra de Imataca.
“Unos 2.000 mineros atrapados en las zonas montañosas están pagando las consecuencias de la guerra que tienen los militares, pero para los pueblos no se meten. Aquí en El Dorado se convive con los malandros”, cuenta Leoncio, un minero octogenario de barba blanca, mientras barre la puerta de su rancho.
"Estos nuevos encapuchados en vez de cuidar al pueblo lo que hacen es abusar de nosotros y quitarnos lo poco que ganamos y proteger a la guerrilla que está a unos poquitos pasos de este fuerte”, también se queja Helena. Ella es una joven que llegó desde Caracas hace ocho años, en principio, para trabajar en una mina como cocinera. En vez de hacer fortuna terminó en las calles como buhonera. Contrajo malaria y se vio forzada a dejar su oficio.
“¡Tengan cuidado! El pueblo de El Dorado es un lugar que exige responsabilidad personal y donde los visitantes no son bienvenidos”, advierte Helena.
Eso sí: a nadie aquí, ni en la carretera ni en el pueblo, se le ocurriría organizar una manifestación contra el sistema de la F.
Cuando en el lugar se menciona el nombre del sistema de la F, todos se miran entre sí y abren bien los ojos, como señal de peligro. Hay algo de místico en su poder. Aunque con frecuencia se hace invisible y a muchos les cuesta reconocerlo, consigue que todos le paguen un muy tangible diezmo.
Desde los humildes vendedores ambulantes de café, que se multiplican en cada esquina, hasta las recuperadoras de materiales, todos deben pagar un impuesto semanal conocido como causa. Si no, no pueden trabajar.
El monto de este tributo varía según el rubro, y puede oscilar desde unos pocos puntos hasta el valor de un kilo de oro, o incluso más. Esa recaudación alimenta a una estructura de control compleja pero que acude a la violencia más brutal cuando es necesaria para mantener su influjo.
El Sistema de El Dorado, o el Sistema de la F, o la pandilla del Negro Fabio –diferentes nombres de lo mismo– ejerce el poder local. Aunque nominalmente está solicitada por la justicia, esta banda armada se las ha arreglado para evadir la persecución de las fuerzas de seguridad. Esa tregua de hecho le ha permitido consolidar su dominio en la región.
“El sistema es el que aquí trajo la estabilidad”, dice María, una muchacha dedicada a la prostitución. “Ellos ayudan a todo aquel que no se mete con ellos”.
Fabio Enrique González Isaza, el Negro Fabio, es el pran –el caudillo, en la jerga carcelaria y de los bajos fondos delictivos– de El Dorado. Es un personaje que se mantiene en las sombras, pero cuando se deja ver en el pueblo, lo hace con un propósito claro: lleva a cabo actividades sociales que le otorgan popularidad y le permiten mantener su estatus de líder.
En esas ocasiones, Fabio lleva a cabo actos entre caritativos y demagógicos. Regala comida, reinaugura plazas y escuelas, y recibe abiertamente a representantes políticos. Su comportamiento en esos eventos imita, e involuntariamente parodia, al que correspondería al alcalde de la localidad.
Durante la reinauguración de la Plaza Bolívar de El Dorado, por ejemplo, Fabio y su equipo se encargaron de organizar el acto, que contó con la presencia de Alexander Mimou Vargas, antiguo basquetbolista profesional venezolano. Vargas, cercano a Nicolás Maduro, ha sido viceministro de la Juventud y Alto Comisionado del Movimiento por la Paz y la Vida, organización adscrita al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia.
Fabio se esfuerza en presentarse ante el público como un benefactor de la gente, un hombre de bien. En esta suerte de populismo delictivo que se legitima con el visto bueno de la gente común, a menudo se puede ver al Negro Fabio tomándose fotografías con personas que se lo piden durante las actividades. Muchas de esas fotos luego se publican en las redes sociales o el sitio web de la Fundación Corazón de Azúcar, una institución que aparenta tener más de 15 años de trayectoria y que, en los últimos tiempos, le ha servido como una especie de plataforma política ad hoc.
Fabio, en cualquier caso, se cuida de mostrarse como representante de Corazón de Azúcar. Su dirigente formal es Xiomalirys Antequera, una residente del pueblo que coordina todas las actividades de la fundación desde su hogar.
El poder económico y mediático de esta institución ha sido tal que en el último año ha inaugurado alrededor de cinco escuelas, en presencia de la prensa nacional y local. La primera de estas escuelas fue bautizada en honor al fallecido presidente, Hugo Chávez, en el sector Payapal del municipio Sifontes. La información oficial emanada desde la fundación y reproducida en los medios sostiene que los recursos para llevar a cabo estas obras se obtuvieron a través de la "responsabilidad social" de la industria minera local. Sin embargo, en el pueblo se rumora que detrás está el sistema de la F.
Moreno y corpulento, con una estatura de media a alta, Fabio es un hombre que por sí solo impone respeto y temor. La mayoría de las veces se viste de negro y utiliza una gorra para tapar su rostro y, así, evitar que se le reconozca. Pero aún más grande que su complexión es su prontuario policial.
La justicia lo requiere por una serie de delitos que van desde la extorsión hasta el homicidio, pasando por el secuestro, la venta de armas, el contrabando de material estratégico, la minería ilegal y, más recientemente, la explotación sexual.
Durante la Operación Manos de Metal, adelantada por los cuerpos de seguridad del Estado en 2018, se expidió una orden de captura contra este sujeto, que lidera una banda de un centenar de hombres. Mantiene bajo su control el río Cuyuní, un vedado que comprende poblaciones ribereñas como San Luis de Morichal, El Chivato, La Pelota y La Pelotica.
Los hombres de confianza del Negro Fabio se desplazan en camionetas lujosas, sin placas y con vidrios tintados, de una mina a otra, sin que nadie los detenga. Todos en el pueblo conocen sus apelativos y credenciales. Como las del hermano de Fabio, conocido como Higuita, un gatillero desquiciado; el Diego, un hombre frío y calculador; el Mínimo, un sicario sin escrúpulos; Wilker, un hombre de negocios turbios; y el Parcero, un capo de la droga.
Pero quien estaba en un poblado colindante al río, en el patio desolado, antes de llegar a El Dorado, bajo la protección de un cambuche de palma y techos de zinc, cuando lo encontró el reportero, era J.
J. es un integrante de baja jerarquía del sistema de la F. Es apenas lo que llaman un garitero. Un centinela. En el sistema, todos comienzan gariteando, como quien canta la zona, es decir, vigila un área determinada. “Hasta que te ven que estás pa'plomo, que ya estás activo para lanzarte un enfrentamiento y, así, vas ascendiendo”, dice.
J. luce un pantalón negro desgastado, botas de goma y lentes oscuros que ocultan su rostro tostado por el sol de las minas. No pasa de 20 años de edad. Lleva una camiseta roja raída, con el logo de la gubernamental Misión Piar. Mata el tiempo lanzando piedras a unas latas de cerveza arrumadas.
Todo lo que se mueve por la Troncal 10, desde la salida de Tumeremo hasta el módulo del Kilómetro 0 en la entrada de El Dorado, está monitoreado por una red artesanal de informantes del Negro Fabio. Es una red compleja, diseñada para mantener el poder sobre el territorio y las personas que lo habitan. Los gariteros son los ojos y oídos del sistema. A cambio de su labor, reciben protección y beneficios, como la oportunidad de realizar negocios ilícitos sin temor a represalias.
“Los gariteros somos la primera línea de defensa del Negro. Por las noches ahora también volamos drones sobre el pueblo”, puntualiza J.
El cura Lisandro Urbina, quien ha trabajado como párroco del pueblo por ocho años, asegura que aquellos que osan romper la ley interna son denunciados ante los miembros del sistema y corren el riesgo de sufrir terribles consecuencias, como la decapitación, el descuartizamiento, la mutilación o quemaduras.
“Mira que no es mentira lo que te cuento”, dice Urbina mientras muestra algunas fotografías en su celular, donde se puede apreciar la figura de un hombre gravemente golpeado y con grandes hematomas por todo el cuerpo. Añade: “Acá se perdieron una cantidad de kilos de oro de una compra-venta y los miembros de la banda llegaron y se llevaron al encargado, quien casi no sobrevive. Al día siguiente, las fotos del hombre se viralizaron por todo el pueblo, con el fin de generar miedo y zozobra”.
Este testimonio coincide con el informe de la Misión de Verificación de los Hechos de la ONU, que confirmó que, como castigo a los rebeldes, el sistema los azota en público, sean hombres o mujeres. Además, se han confirmado mutilaciones, desapariciones, descuartizamientos y otras formas violentas de ejecución. Según el mismo documento, entre 2014 y 2022 en el estado Bolívar se registraron, en relación con las actividades del llamado Arco Minero del Orinoco, 96 personas desaparecidas.
J., el garitero, que muestra orgullosamente el revólver que carga en sus manos, explica que muchos de estos actos de parajusticia sumaria se llevan a cabo en un edificio detrás de la comisaría de policía, a orillas del río Cuyuní, conocido popularmente como el Cohue ("hueco", con el orden volteado de sus sílabas).
Las particularidades del modo en que el crimen organizado se ha hecho del control de El Dorado quizás puedan explicarse por la historia del lugar. El Dorado surgió como un asentamiento minero improvisado, conformado por estructuras de madera y láminas de plástico que se erigieron a la orilla del río. En este lugar, se construyó una cárcel de máxima seguridad que, aún hoy, se mantiene en pie. Era una prisión concebida a la manera de Alcatraz, pero con sello venezolano. En los años 40 del siglo pasado tuvo un huésped célebre: Henri Charrière, Papillon, el aventurero francés de cuya biografía Hollywood ha producido dos largometrajes.
Oro y prisión, riqueza y violencia. Y el río Cuyuní. Es la fórmula simple de la localidad, que todavía funciona. De hecho, se ve cierta prosperidad. Abundan los edificios de hasta cuatro pisos, grandes clubes nocturnos, hoteles, supermercados.
Cuando se llega a El Dorado, se siente como si se estuviera en un mercado persa, pero en medio de la selva. Los vendedores gritan: "¡Combo minero! ¡Se compra oro! ¡Se compra oro!".
La mayoría de los pobladores de la región llegan en lanchas a El Dorado desde campamentos lejanos, río adentro, para abastecerse. Cuentan que, a diferencia de otras localidades de la cuenca aurífera de Sifontes, como El Callao y Guasipati, “aquí todo se paga en oro con gramas, equivalente a un decigramo de oro, ya que resulta más económico”
En este universo paralelo, el "punto y la grama" es la unidad de medida que rige todas las transacciones.
Por lo general en los restaurantes de la zona, los menúes destacan tres precios: el primero en dólares, el segundo en miligramos de oro amarillo y el tercero en miligramos de oro verde, un metal de menor pureza. Aquí, el oro es la moneda que manda y que determina el valor de cada bien y cada servicio. Es la vida misma.
Una noche en un modesto hotel local se paga con media grama de oro. Una cena para dos personas y un corte de pelo: un cuarto de gramo y un octavo de gramo, respectivamente. Con destreza, los cobradores cortan los guijarros de oro con un pequeño alicate y luego los colocan en cubos para pesarlos con sumo cuidado. Las pequeñas láminas de oro se guardan en los bolsillos de la gente, a menudo envueltas en billetes de bolívares, la moneda nacional que ha perdido su valor como resultado de varios años de hiperinflación.
Todas las tiendas están equipadas con balanzas para pesar las hojuelas de oro que se intercambian. Es la forma de pago más común, pero no la única. También se transan reales brasileños, dólares, euros y criptomonedas.
“Le podemos dar el cambio como mejor prefiera”, comenta la mesera de un restaurante, con marcado acento portugués, “incluso en bitcoin, porque tenemos internet satelital”.
A pesar de la violencia y la anarquía reinantes, muchos venezolanos acuden a las minas ilegales de la zona en busca de trabajo. A cambio de su esfuerzo, reciben pepitas de oro que les permiten subsistir. En este lugar, la ley y la civilización parecen diluirse. Resulta tentador afirmar que se trata de una tierra de nadie. Pero ocurre que la ley es otra, sí, la del más fuerte, que ahora se llama el Negro Fabio.
* Esta publicación es parte del proyecto Amazon Underworld, una investigación conjunta de InfoAmazonia (Brasil), La Liga Contra el Silencio (Colombia) y Armando.Info (Venezuela). El proyecto tiene como objetivo mapear las acciones de los grupos armados en la Amazonía y su totalidad se publicará en julio. El trabajo se realiza en colaboración con la Red de Investigaciones sobre la Selva Tropical del Centro Pulitzer y está financiado por la Open Society Foundation y la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido.
En Puerto Ordaz lo señalaron como contrabandista, en Boa Vista como blanqueador de capitales y en La Romana como el hombre fuerte detrás de una red de aviones que transportaban minerales clandestinos. Las aventuras de Roberto Espejo son legendarias desde los tiempos del exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, y el rastro elusivo de sus negocios ayudan a armar el mapa del tráfico de oro en el Caribe.
Construyó una integración vertical del ciclo del oro ilegal, desde la extracción en reservas indígenas de la Gran Sabana hasta su transporte a Florida, donde blanqueaba y procesaba el mineral. Era una época en la que contaba con el favor de las autoridades venezolanas. Pero la suerte de Andrés Antonio Fernández Soto, ‘Toñito’, empezó a torcerse cuando debió agregar a su negocio una escala en Brasil. Ahora el traficante, que hasta herido de bala salió de una fuga de película, enfrenta un juicio en ese país y, tras más de un año con una tobillera electrónica, desde marzo reciente está de nuevo prófugo.
Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Asociado a las redes de tráfico de mercurio y de otras mercancías ilícitas en el noreste de la cuenca amazónica, el comercio clandestino del metal precioso que se extrae en Venezuela atraviesa las selvas del país vecino del este. A pesar de la pandemia y otros frenos, la producción local muestra un incremento de casi una tonelada, volumen que con probabilidad procede de la Guayana venezolana. Exportadores de escala industrial compran sin distingo el 'oro de sangre' a militares corruptos, mineros artesanales y guerrilleros, para luego blanquearlo con envíos a refinerías que lo venden a algunas de las más importantes corporaciones globales.
La lección de química mejor aprendida por los mineros de ese rincón selvático del sureste de Venezuela es que para obtener el elemento 'Au' debes contar primero con el 'Hg'. A ella desde hace poco se le agregó otra de geografía económica: mientras más cerca de Guyana, al oriente, más barato encontrarás el codiciado 'azogue'. La apertura el año pasado de una ruta aérea entre la capital, Georgetown, y el pueblo de Eterimbán, amenazó con convertir el cruce del río, que hace de frontera entre los dos países, en un pasadizo para el contrabando del tóxico material; la Covid-19 mantiene en suspenso ese pronosticado auge. Pero de todas maneras el mercurio es allí plata líquida con la que resulta más seguro y rentable comerciar que con el mismo oro. Nadie, ni siquiera las autoridades militares, se da por enterado del decreto de Nicolás Maduro que en 2016 prohibió su uso.
Eduardo Rivas salió de la nada para consagrarse como el zar de la explotación del oro, el último maná que permite obtener divisas para las arcas del Gobierno después del colapso de la industria petrolera. Se expuso a la luz pública por primera vez en 2018, al frente de un complejo de procesamiento del metal precioso, pero desde entonces hace sentir su poder al sur del Orinoco mediante campañas de prensa regional y el amedrentamiento con su guardia pretoriana constituida por agentes de la contrainteligencia militar. Más que por credenciales técnicas o antecedentes -casi nulos- en la actividad minera, debe su figuración a la cercanía que tiene con los Nicolás Maduro, padre e hijo.
En este distrito del sureste de Caracas se preguntan quién manda a quién: si la alcaldía local o su proveedor de recolección de basura, del que el influyente abogado José Simón Elarba es dueño. En este caso, la duda no ofende. Desde que Fospuca obtuvo la concesión en 2015, corre un historial de complacencias del gobierno de Baruta con las demandas de la empresa, aunque implique transgredir normas o perjudicar los propios ingresos del municipio. Y lo que falta, porque todo indica que en 2025 se renovará la adjudicación por una década más.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
