Pese a la codicia que despiertan las riquezas minerales de ese territorio del sur del estado Bolívar, ningún grupo irregular ha logrado adueñarse de él gracias a la vigilancia de los pemones, sus propietarios colectivos. Sin embargo, las dragas de guyaneses y brasileños, conocidas como ‘misiles’, han llegado a Ikabarú y podrían causar una destrucción nunca antes vista.
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Ikabarú.- En las orillas del río Ikabarú, una de las joyas hídricas en el municipio Gran Sabana, al sur de Venezuela, aún se ven lavadoras de diamantes abandonadas. Los conocedores de este afluente del río Caroní cuentan que allí quedaron luego de que el Plan Caura, un operativo militar para erradicar la minería ilegal, fuera desplegado en la selva venezolana en 2010. A simple vista, a lo largo del caudal, se observan un par de minas a cielo abierto y más de una decena de yacimientos abandonados.
Pero la turbiedad del agua en este río serpenteante, aún rodeado por espesos bosques, es una señal de que los mineros no se han ido.
En una playa, un par de hombres ensamblan enormes piezas metálicas de color verde. El movimiento de vehículos pesados cargados de alimentos y gasolina es habitual, pero el traslado de plataformas ha sido la comidilla del pueblo.
Después del punto de acople de la barcaza minera, otras tres enormes balsas funcionan de forma continua. Son operadas por guyaneses que han introducido plataformas descomunales para dragar el lecho de los tributarios de la cuenca alta del río Caroní, el principal generador de hidroelectricidad en el país. Ya antes se han visto balsas de este tipo, que se usan regularmente en Brasil y Colombia, así como otras más rudimentarias en el Parque Nacional Canaima, pero es la primera vez que se documenta su actividad a gran escala en esta parte casi inaccesible del estado Bolívar.
Los llaman misiles por la fuerza con la que excavan el fondo del cauce. Pero en nada se parecen a los proyectiles autopropulsados con objetivos bélicos; más bien lucen como una casa flotante en medio del río, que obliga al conductor de la embarcación a maniobrar para continuar el rumbo. Operan ilegalmente día y noche. Sus estructuras son tan amplias que además de los equipos pesados para golpear el lecho del río y succionar el material desprendido para tamizarlo en la superficie, tienen espacio para que hasta cinco operarios se muevan con facilidad y cuenten con área de descanso.
La zona de Ikabarú se encuentra en un confín selvático rodeado por una variedad de grupos armados que operan al norte y este de la selva de la Guayana venezolana: guerrillas y bandas delictivas conocidas como sindicatos o sistemas, que se han repartido el control de yacimientos mineros en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, y que financian sus operaciones con las rentas que obtienen de la extorsión y el tráfico de minerales, drogas y armas.
La presión sobre estos frágiles ecosistemas y el nativo pueblo pemón viene también de los garimpeiros, que trabajan la minería en suelo brasileño, a escasos 12 kilómetros al sur. En el propio Brasil, también han penetrado tierras ancestrales del pueblo yanomami, que se reparte a ambos lados de la frontera venezolano-brasileña.
Los ciudadanos venidos desde la vecina Guyana son otros de los actores foráneos atraídos por las riquezas de Ikabarú, uno de los últimos puntos de la cuenca aurífera del sur del país que no han sido tomados por las organizaciones criminales.
La actividad ilegal de mineros y grupos delictivos no solo amenaza la vida de las comunidades indígenas. Esta zona de la Amazonía venezolana alimenta al Caroní, segundo río más importante de Venezuela y principal fuente de hidroelectricidad del país. La importancia estratégica de esta área es tan crítica que en 1975 un decreto presidencial la declaró Zona Protectora Sur del estado Bolívar. En 1992 se creó la Reserva Nacional del río Ikabarú con el fin de proteger aún más esta fuente de agua.
En este contexto, Ikabarú es como una isla en un océano de criminalidad. Desde mediados de la década del 2000, grupos armados estatales y no estatales compiten violentamente por el control de las zonas mineras en el sur de Venezuela. La mayor presión se ha concentrado en Bolívar, el estado con la mayor porción de la Amazonía venezolana y el más extenso del país, donde masacres, desapariciones y violaciones de Derechos Humanos han sido documentadas por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La violencia ha alcanzado un pico en los años de mayor depresión de la producción petrolera, la principal fuente de ingresos de la nación con las reservas probadas de crudo más grandes del mundo. Urgido por la necesidad de generar fuentes de ingreso, el gobierno de Nicolás Maduro creó en 2016 el Arco Minero del Orinoco, con la pretensión de “reordenar” la minería en el sur de la nación. Pero este propósito no cristalizó y la minería ilegal se expandió con la participación de grupos armados irregulares, que ejercen una gobernanza criminal.
A Ikabarú se llega luego de recorrer una tortuosa carretera de tierra que, en lugar de acceso vial, parece el lecho rocoso de un río desecado. Está en el sector VII del territorio indígena pemón en el municipio Gran Sabana al sur del estado Bolívar, a ocho horas aproximadamente de Santa Elena de Uairén, la principal localidad de esa jurisdicción, y muy cerca de la frontera con Brasil.
A medida de que uno se acerca a Ikabarú, comienza a ver indígenas con detectores de metales al borde de la trocha, esperando el sonido que alerta sobre la presencia de oro. El nuevo negocio en auge en la comunidad es el alquiler de los equipos para la detección de metales, al precio de una décima de gramo de oro por día. La búsqueda ocurre entre innumerables montículos de tierra extraída de zonas ya explotadas principalmente en los años noventa, cuando el Estado llevaba las riendas de la minería bajo el régimen de concesiones. El paisaje ha sido alterado por la minería artesanal: las aguas de riachuelos como el Chaveru, antes cristalinas, están ahora revueltas y fangosas por los sedimentos exacerbados del relave de las minas.
Mientras la capitanía indígena intenta reforzar los controles de acceso para evitar la incursión de garimpeiros y mineros en general, los planes de expandir la explotación minera bajo las riendas del propio pueblo indígena comienzan a tomar forma. Muchos pemones quieren abrir la puerta a la explotación legal. Su propuesta es legalizar la extracción de minerales para consignar ellos directamente el oro al gobierno de Nicolás Maduro. "Ya no queremos escondernos o pagar vacuna, sino lo debido", dice el capitán general, Juan Gabriel González.
El interés por la extracción minera ha generado conflictos internos entre los pemones, pues también es cierto que buena parte de esa comunidad la rechaza por la destrucción ambiental y las amenazas sobre la identidad cultural que conlleva. Por ahora, el desacuerdo y las amenazas latentes que se podrían agudizar con el aumento de la minería parecen no preocuparle tanto a la autoridad tradicional. "Este es nuestro territorio y lo vamos a mantener".
A diferencia de otras zonas mineras en el sur venezolano, el pueblo indígena pemón en Ikabarú tiene en sus manos desde abril de 2013 un título de propiedad colectiva que abarca 597.982 hectáreas de tierra. Pero el reto de los grupos criminales y la llegada de garimpeiros desplazados desde Brasil tornan espinosa y lejana la posibilidad de llevar adelante la idea de que sólo los indígenas exploten las riquezas de Ikabarú.
La actividad minera es el principal sustento económico en Ikabarú desde hace décadas. En la localidad, de población mayoritariamente criolla o no indígena, los avisos de venta de dulces y pan se mezclan con los de compra de oro y diamante, así como los de venta de gasolina, gasoil y generadores eléctricos, entre otros suministros requeridos por la minería.
Para llegar al puerto Los Caribes, punto estratégico de la actividad minera en el río Ikabarú, hay que recorrer más de dos horas por una vía empedrada que hace casi imposible el acceso. Desde allí, a bordo de una embarcación a motor, se constata la extracción minera en tierra y agua. Una de las imágenes más llamativas es la de los misiles que puntean el río y en cuyos amplios tamices, parecidos a toboganes, se desliza sin parar el material succionado desde el lecho del río.
El primer misil que se encuentra, cuando ha quedado atrás la plataforma en construcción, es operado por un grupo de guyaneses, cuyo campamento está a escasos kilómetros. “La capitanía tiene total conocimiento de esas balsas de guyaneses y brasileños. Ellos son los que tienen los equipos más grandes”, dijo un indígena pemón de la comunidad de Playa Blanca, que pidió mantener su nombre en reserva.
Delgados tributarios del Ikabarú, de color ámbar, muestran el impacto de estas máquinas al unirse con el espeso y revuelto río, en cuyas orillas habitan al menos una decena de comunidades indígenas. Tanto en las explotaciones en tierra como en las balsas, usan el tóxico mercurio para aglomerar las partículas de oro extraídas. Ese metal pesado de alta volatilidad luego retorna al aire en forma de vapor, se deposita en el suelo o va a dar al agua, donde se transforma en metilmercurio y se acumula en los órganos de los peces de los que, a su vez, se alimentan los indígenas.
“Sabemos que esto es ilegal y que dañamos el ambiente”, reconoce un miembro de un consejo comunal en proceso de creación en el puerto de Los Caribes. Esta organización no indígena, amparada en la Ley de Consejos Comunales, es otro de los factores en conflicto en el territorio, pues la capitanía indígena sostiene que los criollos han querido interpretar a su conveniencia los reglamentos que rigen los consejos comunales. De acuerdo con la norma, se trata de instancias de participación para la ejecución y control de políticas públicas, así como de proyectos de desarrollo comunitario, pero la capitanía indígena señala que quienes promueven el consejo comunal lo hacen para controlar la minería y saltarse las normas de la jurisdicción indígena.
Al menos en algo están de acuerdo aborígenes y criollos: al igual que los indígenas que apoyan la minería, el representante del consejo comunal en ciernes justifica el control de la seguridad y el acceso a las minas. Ante la falta de Estado, los promotores del consejo comunal en el puerto de Los Caribes han tomado la ley en sus manos redactando "actas de expulsión" contra personas que ingresan "a portarse mal": cometer abusos o generar violencia.
El activista comunal que declara para este reportaje asegura que el impacto ambiental de las balsas es mínimo. Pero, en realidad, su operación tiende a cambiar el perfil topográfico del lecho del río a largo plazo e incrementa la cantidad de sedimentos en circulación y la química del agua, provocando una disrupción total del sistema ecológico fluvial, incluidas los ciclos reproductivos y de crecimiento de los peces, explicó la especialista en ecohidrología fluvial, Judith Rosales. Sin embargo, esta visión sobre una presunta extracción inocua beneficia tanto a los mineros en tierra como a los que operan balsas en el río. Unos y otros saben que el Ikabarú es un enorme reservorio de oro y diamantes.
Un estudio de 2021, publicado en una revista del Ministerio de Ciencia y Tecnología, posiciona a Ikabarú como el territorio del estado Bolívar con mayor potencial diamantífero. La mayoría de los diamantes de Ikabarú, explican los autores del estudio, son de alto valor, pues presentan la forma cristalográfica de octaedros, con altos porcentajes de talla, superior a 60%.
Ramón S., de 31 años, es uno de los pocos mineros en Ikabarú que hablan de la extracción diamantífera. Mientras espera en el puerto de Los Caribes una embarcación que lo lleve a la mina más cercana, saca de su bolsillo un pequeño envase de plástico y vacía sobre su mano diamantes diminutos de formas perfectas.
Venezuela registró entre 2004 y 2010 una producción promedio anual de cerca de 18.000 quilates de la gema, reportados ante el llamado Proceso Kimberley, un acuerdo voluntario en el que participan 82 países en la búsqueda de estándares mínimos para el suministro de diamantes libres de conflicto. Los países participantes se comprometen a poner en práctica controles internos y publicar su comercio anual de diamantes, además de ser transparentes en cuanto a la información sobre producción y comercio. Por la imposibilidad de monitorear el origen de las piedras, Venezuela salió del acuerdo en 2008, pero volvió en 2016. En 2020, el país reportó la producción de 794 quilates en el portal del sistema de certificación internacional. Pero en un territorio donde la informalidad es la norma, la explotación es ilegal y un grueso de la producción escapa de las estadísticas oficiales, esas cifras no resultan confiables. De hecho, Venezuela no ha presentado los reportes correspondientes a 2021 y 2022.
Pese a la ilegalidad que envuelve a la minería en Ikabarú, la Corporación Venezolana de Minería (CVM), el ente estatal rector en el país, ha llegado a un acuerdo verbal de suministro de insumos. Como en estos puntos mineros los precios se establecen en oro, la CVM vende un bidón de 230 litros de combustible -necesario para los equipos de extracción- en 6,5 gramos de oro.
Otras amenazas se ciernen sobre Ikabarú. Aunque las organizaciones criminales no han tomado el control de este territorio, como en otros municipios mineros del sur de Venezuela, ya lo han intentado.
Es viernes por la noche y en el centro de la comunidad la prédica de un par de pastores evangélicos trae malos recuerdos a los pobladores. La escena revive el bullicio y los cantos de los días previos a la llamada masacre de Ikabarú, un ataque armado en el que fueron asesinadas ocho personas la noche del viernes 22 de noviembre de 2019.
El suceso sirvió como aviso de que este territorio indígena había quedado en medio del fuego cruzado entre grupos criminales.
Aquella infausta noche, alrededor de las siete, una decena de hombres armados, vestidos de negro y encapuchados, dispararon contra un grupo de personas frente a un comercio. “Se te acabó el liderazgo, Cristóbal; esta es la banda de El Ciego”, gritaban los atacantes, según recuerdan los habitantes de la comunidad. El cadáver de Cristóbal Ruiz Barrios apareció un par de días después en las cercanías de Ikabarú. Ruiz era minero en un yacimiento conocido como La Caraota.
El Ciego, señalado como jefe detrás del ataque, es cabecilla de uno de los, al menos, siete grupos criminales con control de otras zonas mineras en la selva venezolana, donde operan con la venia de fuerzas estatales desde hace más de una década. Pero por las características del suceso de noviembre de 2019, dirigentes locales -indígenas y no indígenas- tendieron a descartar la autoría inicialmente atribuida a El Ciego y, en cambio, culparon de la masacre a fuerzas de seguridad estatales que buscaban camuflar sus propias intenciones: justificar una mayor militarización del territorio pemón y lograr, así, el control absoluto de las riquezas mineras.
“De julio de 2016 a marzo de 2017 habían ingresado más de 8.000 mineros a Ikabarú, incluso caminando”, recuerda Lisa Henrito, capitana de la cercana comunidad indígena Maurak, sobre la carretera hacia Ikabarú. El secuestro de los habitantes de otra comunidad indígena vecina, Hachaken, por parte de hombres armados, obligó a que la guardia territorial indígena desalojara a 648 de esos mineros, precisa. “En ese grupo detectamos a siete sujetos de La Paragua [población del municipio Angostura del mismo estado Bolívar, pero más al norte] vinculados con El Ciego. Ya estaban asomando la cabeza”, afirma.
“Esa masacre tuvo la intención de apoderarse de las minas y meter su personal, pero sabemos de dónde vienen esas intenciones, del mismo gobierno”, asegura el capitán general del sector VII del pueblo pemón, Juan Gabriel González, quien explica que en 2020, seis meses después de la masacre, miembros del grupo criminal lo contactaron. “Empezaron a escribirnos, que querían meter gente para controlar las minas, pero los rechazamos mediante un pronunciamiento con los consejos comunales. No aceptaremos esos elementos (...) [En los mensajes] decía que era El Ciego, que quería conversar conmigo”.
Apenas tres años después de la entrega del título de propiedad colectiva, por parte de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación del Bloque Especial Ikabarú como parte del Arco Minero del Orinoco, aunque el área de 1.754 kilómetros cuadrados de extensión no fue incluida en el decreto de constitución del megaproyecto estatal minero, publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.855.
El reconocimiento de tierras al pueblo pemón no ha frenado la riada de la minería y las amenazas. La Misión internacional independiente de la Organización de Naciones Unidas resaltó, en un informe de septiembre de 2022, que “dada su posición estratégica y riqueza aurífera, los territorios indígenas en Gran Sabana y otros municipios colindantes han sido un foco de interés tanto para el Estado como para grupos armados criminales. La población indígena de estas zonas ha resistido estos intereses, lo cual ha dado lugar a conflictos y enfrentamientos violentos”.
Cuando la entrada masiva de personas a Ikabarú escaló, la capitanía indígena radicalizó las medidas para controlar el acceso y suspendió el libre ingreso. “El sector 7 Ikabarú se reserva el derecho de admisión a su territorio”, indica el documento de estadía temporal, que señala que este es un sector titulado, regido por reglamentos de carácter interno. Quienes desean entrar a esta zona deben solicitar una autorización en la capitanía general en Santa Elena de Uairén.
Por ello, el reciente desplazamiento de garimpeiros que llegan al territorio pemón desde Brasil ha encendido las alarmas. Mientras en el punto limítrofe que conecta a la localidad venezolana de Santa Elena de Uairén con la brasileña Pacaraima, las tiendas de campaña de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) reciben la masiva migración de venezolanos que salen del país, otros puntos informales, selva adentro, canalizan un reflujo en sentido inverso.
Se trata de una nueva oleada migratoria de garimpeiros. Ciertamente, la presencia de brasileños en el municipio Gran Sabana de Bolívar no es inusual. Por años han entrado a cuentagotas y su participación en la minería ha sido normalizada. “Los brasileños enseñaron a los indígenas venezolanos a sondear”, admite un habitante, en alusión a la técnica de exploración para analizar muestras de suelo y determinar la localización de los reservorios minerales.
Pero en un contexto de minería sin control, con operativos militares anunciados por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y puestos en práctica para acabar con la minería ilegal en territorio yanomami, una nueva oleada de garimpeiros en suelo venezolano representa una amenaza para los pueblos indígenas en los estados limítrofes venezolanos de Bolívar y Amazonas.
En las riberas del Ikabarú y de su tributario, el río Uaiparú, hay minas a cielo abierto con máquinas que retumban mientras fracturan la corteza terrestre. Estos equipos, los más potentes, suelen ser propiedad de brasileños, coinciden mineros consultados. Los estragos socioculturales y ambientales de estas minas generan críticas sobre el control territorial que la capitanía indígena, autoridad que otorga los permisos para las operaciones mineras, dice ejercer. “Hay capitanes demasiado permisivos que no están haciendo su trabajo, se han creado vicios”, sostiene un indígena pemón.
El líder indígena, Juan Gabriel González, afirma que en Ikabarú hay brasileños trabajando desde hace más de 30 años, siempre bajo las reglas de la capitanía indígena. Con la presión de desalojo creada desde Brasil por las recientes operaciones militares, no obstante, un nuevo flujo de garimpeiros sin control ha empezado a entrar a Ikabarú por viejas trochas, como Sierra Beleza o La Leoncia, que conectan el estado brasileño de Roraima con la Gran Sabana venezolana.
“Han querido meterse a Ikabarú, pero los estamos rechazando. Han venido desplazados y desalojados, pero no permitimos que entren a nuestro territorio”, dijo González. Para conseguir su entrada, los garimpeiros han ofrecido financiar equipos mineros a habitantes de Ikabarú, a manera de carnadas. “Ya sabemos cuáles son los mecanismos que quieren usar para entrar a la zona y hemos cerrado los permisos”. Luego, agregó: “Estamos montando vigilancia, estamos alertas”.
Ikabarú es el destino de una cruzada en marcha. “Van ingresando a las comunidades, poco a poco, como una invasión pacífica”, advierte un habitante de la zona, que pidió mantener su nombre en reserva. Además de reforzar la seguridad, la capitanía indígena continúa organizándose para legalizar la extracción minera, pese a los conflictos internos que esta iniciativa genera y el impacto socioambiental que conlleva. Está por verse si los pemones lograrán un papel más fuerte en las operaciones. Pero, al menos por ahora, el control de los misiles y las máquinas más potentes y destructivas en las minas a cielo abierto está en manos de guyaneses y brasileños.
El Estado chavista ha patrocinado desde hace unos años una especie de gentrificación de la explotación del oro al noreste del estado Bolívar: los mineros artesanales e informales están siendo desplazados para abrir paso a operaciones de escala industrial. Alrededor de El Callao la tendencia adquiere matices de drama social, mientras prosperan alianzas mixtas de autoridades oficiales con sujetos de cuyas identidades y credenciales se sabe poco (excepto de su cercanía al gobierno).
Tiene un nombre de leyenda y una realidad cruda. El Dorado es un pueblo de frontera en el estado Bolívar que debe su existencia a la minería de oro y a las instalaciones penitenciarias. La confluencia de ambas ha dado lugar ahora a una especie de populismo delictivo por el que un ‘pran’ y su banda armada no solo controlan la vida de la localidad con la violencia necesaria y desde las sombras, sino que hacen actos cívicos y de beneficencia a través de una fundación que actúa a plena luz.
La disputa por el control de un lujoso campamento de selva al pie del Auyántepuy, predilecto de los hijos de la Primera Dama, se ha agudizado en los últimos meses hasta volverse un conflicto, sin solución a la vista, entre la justicia ordinaria y la soberanía pemón. En el enredo tienen que ver un fondo inmobiliario de los dueños de la controvertida aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra y una familia indígena heredera con intereses divididos, pero podría resumirse como un pleito entre capitanes: uno, de aviones comerciales, y el otro, del colectivo aborigen.
Construyó una integración vertical del ciclo del oro ilegal, desde la extracción en reservas indígenas de la Gran Sabana hasta su transporte a Florida, donde blanqueaba y procesaba el mineral. Era una época en la que contaba con el favor de las autoridades venezolanas. Pero la suerte de Andrés Antonio Fernández Soto, ‘Toñito’, empezó a torcerse cuando debió agregar a su negocio una escala en Brasil. Ahora el traficante, que hasta herido de bala salió de una fuga de película, enfrenta un juicio en ese país y, tras más de un año con una tobillera electrónica, desde marzo reciente está de nuevo prófugo.
Se cumple un año del ataque de militares venezolanos contra un campamento de las disidencias de las FARC en territorio del estado Amazonas. La aparición de una mujer ‘jiwi’ entre los caídos reveló al público algo que todavía era un secreto a voces: los irregulares colombianos reclutan a indígenas venezolanos. Un recorrido por distintas comunidades aborígenes permite comprobar los anzuelos, con frecuencia pueriles, que los guerrilleros usan para seducir a los jóvenes y atraerlos a sus filas.
A partir de imágenes satelitales y con la ayuda de Inteligencia Artificial, fue posible identificar 3.718 puntos de actividad minera, en su mayoría ilegal, en los estados Bolívar y Amazonas, entidades que juntas suman casi la mitad del territorio venezolano. Aledañas a esas áreas deforestadas, que en total equivalen a 40.000 campos de fútbol, a menudo se encuentran pistas clandestinas -hasta 42 se detectaron- que sirven al crimen organizado transfronterizo para despachar valiosos cargamentos de oro y drogas, como se muestra en esta primera entrega de la serie ‘Corredor Furtivo’.
En este distrito del sureste de Caracas se preguntan quién manda a quién: si la alcaldía local o su proveedor de recolección de basura, del que el influyente abogado José Simón Elarba es dueño. En este caso, la duda no ofende. Desde que Fospuca obtuvo la concesión en 2015, corre un historial de complacencias del gobierno de Baruta con las demandas de la empresa, aunque implique transgredir normas o perjudicar los propios ingresos del municipio. Y lo que falta, porque todo indica que en 2025 se renovará la adjudicación por una década más.
El Ministerio de la Defensa contrató en 2014 el ‘overhaul’ de tres helicópteros del Ejército con un proveedor de Florida. Transportados por un avión Antonov, fueron a dar a Suiza. Una década y 17 millones de dólares después, las aeronaves no han regresado. En la fallida operación se combinan incumplimientos del contratista y omisiones de altos oficiales venezolanos.
Especializado en el oficio de prestanombres como secuaz de Tareck El Aissami, con quien fue arrestado esta semana por lavado de dinero y demás cargos, el empresario Samark López ofreció una asistencia similar a otro amigo en aprietos. Según la fiscalía lusa, López abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
Un grupo de raperos afines al gobierno lleva casi un lustro buscando hacerse de los derechos de la música de su ilustre colega, fallecido en 2015 y calificado como el rapero más influyente de Hispanoamérica. Mientras voceros del oficialismo se suman al litigio, atacando al productor fonográfico de la obra de Canserbero, sus canciones, con letras de protesta contra el poder, se escuchan hasta en Miraflores.
La retención en Buenos Aires de un avión de carga de una aerolínea filial de Conviasa, así como su decomiso final, pusieron en la palestra las relaciones de la comercializadora venezolana Mundo Factory con empresas del Grupo Cartes, un conglomerado que ha sido señalado de inundar el mercado latinoamericano de tabaco ilegal y es propiedad de un expresidente paraguayo, sobre quien pesan sanciones de Washington. Tras esta maraña de relaciones, se asoma la familia de la primera dama, Cilia Flores.
Una disputa familiar por el control de la Universidad Arturo Michelena, en el estado Carabobo, está en el origen de una profusa madeja de corrupción educativa. Desde que se hizo del rectorado, Giovanni Nani Lozada, uno de los herederos, ha entregado decenas de títulos de diversos grados a amigos y relacionados que no habrían cumplido con los requisitos para obtenerlos. A cambio, el Rector ha ganado acceso a funcionarios públicos, jefes de cuerpos de seguridad y otras figuras de poder.
